Fausto Rolando Gonzalez Urzaiz
Expediente 898/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fausto Rolando Gonzalez Urzaiz
- Juez Octavo Civil de Primera Instancia Dl Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 898/2020-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formaron los anexos del I al XII; en esas condiciones, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 898/2020-IV, promovido por FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 898/2020-IV, el quince de octubre de dos mil veinte, se desechó por notoria improcedencia. Inconforme con dicha determinación, el quejoso promovió recurso de queja del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito donde se radicó bajo el recurso de queja civil 167/2020 y, en sesión de doce de febrero de dos mil veintiuno, se declaró fundada la queja y se ordenó proveer sobre la demanda de amparo. Por ello, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno se admitió la demanda, por lo que se requirió el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a la tercera interesada, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde radican las autoridades responsables y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: El auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 555/2015-1 relativo a la controversia del orden familiar sobre guarda y custodia, en virtud del cual la Jueza responsable negó librar exhorto al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California con la finalidad de que el demandado (aquí quejoso) ratificara diversos escritos. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." No pasa inadvertido para esta juzgadora lo alegado por el quejoso en el sentido de que dentro del juicio de origen la responsable omitió pronunciarse sobre las peticiones de medidas provisionales respecto al cambio de custodia del menor; sin embargo del análisis integral a la demanda, y a las actuaciones desplegadas durante el trámite del juicio constitucional, se estima que el acto reclamado es el precisado líneas arriba, del cual se duele el quejoso sobre la base de que la jueza del proceso no accedió a la solicitud de girar un exhorto a Tijuana, Baja California para ratificar una firma; sin reclamar la omisión de proveer sobre las medidas provisionales referidas. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado ya que así lo refirió la responsable al rendir el informe con justificación, lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 555/2015-1, las cuales ameritan pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Las causas de improcedencia -lo invoquen o no las partes- son de orden público y por tanto, de análisis preferente. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto se trascribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.." Conforme al numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la fracción V del artículo 107 define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Como apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro digital 2009478 de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". A manera de antecedentes se estima conveniente hacer la siguiente relatoría que se obtienen de las constancias remitidas por la Jueza responsable como complemento al informe justificado: Se encuentra radicada ante el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial la controversia del orden familiar registrada bajo el expediente 555/2015, promovido por ALEJANDRA CAREAGA IGLESIAS, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. en contra de FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ. El seis de enero de dos mil veinte, el quejoso solicitó a la Jueza responsable el cambio y/o modificación de guarda y custodia respecto del menor en favor de FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, el cambio del depósito del infante, la modificación del pago de pensión alimenticia, entre otras peticiones. Con dicha solicitud, la responsable ordenó dar vista a la contraparte. El trece de enero del mismo año, el aquí quejoso presentó diverso escrito por el que solicitó la suspensión del descuento por pensión alimenticia provisional, toda vez que el menor se encontraba viviendo con su padre. En respuesta a lo anterior, la responsable emitió un auto el catorce de enero siguiente, mediante el cual ordenó dar vista a la contraria y reservó acordar lo conducente hasta en tanto la Agente del ministerio público desahogue las vistas que se le dio. El diez de septiembre de dos mil veinte, el quejoso solicitó por escrito a la Jueza responsable que acordara las peticiones efectuadas mediante diversos escritos y resolviera lo relativo a las medidas precautorias respecto a su menor hijo, a lo que recayó el auto de once de septiembre de dos mil veinte mediante el cual la Jueza responsables estimó que la firma que lo calzaba era diferente de las que obraban en autos por lo que requirió al quejoso para que compareciera ante la presencia judicial a ratificar dicho escrito para estar en condiciones de proveer su contenido. Lo mismo acordó, al recibir los diversos escritos de once de septiembre (dos escritos) y catorce de septiembre de dos mil veinte, requiriendo al promovente -aquí quejoso- para que compareciera a ratificar las firmas de los escritos presentados a su nombre. En respuesta a dichos proveídos, el quejoso -por conducto de sus autorizados- solicitó a la Jueza responsable que la diligencia de ratificación de las firmas se realizara mediante exhorto que se girara al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California, debido a que en dicha localidad radica el promovente y le resulta complicado trasladarse a la ciudad de Cuernavaca, Morelos donde se tramita la controversia del orden familiar de origen. En respuesta a dicha petición, la responsable emitió el auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte mediante el cual no acordó favorable la solicitud del quejoso al referir que si bien es cierto es servidor público, también cierto es que en el juicio de origen funge como parte, por lo que debe cumplir con las cargas procesales impuestas, aunado a que el código adjetivo de la materia no prevé la ratificación de escritos mediante exhortos. El referido acuerdo constituye el acto reclamado en la presente contienda constitucional. Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso está cuestionando la regularidad constitucional del auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 555/2015-1 relativo a la controversia del orden familiar sobre guarda y custodia en el cual el quejoso figura como demandado, en virtud del cual la Jueza responsable negó librar exhorto al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California con la finalidad de que el demandado (aquí quejoso) ratificara diversos escritos. Como se advierte, el acuerdo combatido no produce una afectación material a derechos sustantivos, esto es, las consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, el acto reclamado únicamente recae sobre derechos procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; ello es así, al advertirse que la materia del acuerdo lo constituye la negativa a enviar exhorto a la ciudad de Tijuana, Baja California para que el quejoso ratificara diversos escritos, habida cuenta que las consecuencias de dicho acuerdo no son de imposible reparación, porque no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior puesto que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos; en sentido contrario, no resulta procedente el juicio promovido contra actos que únicamente produzcan una afectación de carácter formal dentro de un proceso seguido en forma de juicio, que atañe a cuestiones procesales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar resolución definitiva, sino en que, con motivo de una resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el juicio de amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla de la fracción V del artículo 107 Constitucional. Por ello, resulta incuestionable que el reclamado no es un acto de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, pues el hecho de que la autoridad responsable no haya acordado favorable la solicitud de girar exhorto a la ciudad de Tijuana Baja California donde radica el quejoso para que ratifique el contenido de diversos escritos, no priva del derecho de defensa que en el procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que esa determinación, en su caso, podría constituir violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sin que constituya un obstáculo para lo anterior el hecho de que para cumplir con la carga procesal impuesta el quejoso deba trasladarse a esta ciudad, por lo cual debe realizar diversas erogaciones económicas, habida cuenta que esa circunstancia no se trata de un acto de imposible reparación, pues algunas actuaciones procesales requieren necesariamente la asunción de gastos ordinarios, por ejemplo, la contratación de los servicios profesionales de abogados y peritos, la obtención de copias simples o certificadas, o el traslado al recinto judicial, aun cuando sea en la misma ciudad o lugar en el que se practiquen las diligencias para estar presente durante su desahogo. Estimar lo contrario implicaría que cualquier desahogo de pruebas que conlleve una erogación se traduciría en un acto de imposible reparación; sin embargo, en el caso no se afectan los derechos sustantivos en tanto le corresponden esas cargas procesales por ser parte en el controvertido de origen. Apoya a lo anterior por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 37/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II página 1290, número de registro 2014395 de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PATRÓN. LA DESIGNACIÓN POR LA AUTORIDAD LABORAL DE UN DOMICILIO EN UNA CIUDAD DIFERENTE A LA SEÑALADA POR AQUÉL PARA SU DESAHOGO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin soslayar los argumentos a partir de los cuales el quejoso aduce haber formulado la petición que le fue negada por la responsable en el juicio de origen y que reitera en la demanda de amparo, relativos a la función pública que desempeña (Juez de Distrito) y los efectos que a su parecer se producirían ante la negativa de la jueza natural; habida cuenta que el juicio de amparo no se constituyó para los efectos que pretende en los artículos 103 y 107 constitucionales como un medio extraordinario de defensa, en la medida que en el mismo se busca tutelar los derechos humanos de los justiciables y que éstos no se vean afectados por actos de autoridad que ostenten el carácter antes indicado (imposible reparación), desde luego en relación a los derechos que se ventilen como en el caso en el juicio natural y no respecto a cuestiones personales o profesionales. Máxime que pretender irrogar consecuencias irreparables a razón del servicio público que desarrolla, conlleva la desnaturalización del juicio introduciendo aspectos que no integrarían la litis precisamente al no formar parte del controvertido en el que se pronunció el acto, lo que incluso implicaría atender a aspectos que no corresponden al mismo, ya que como lo refiere, el carácter en que actúa en el juicio natural es como parte no como servidor público. Por ello, al margen de cualquier consideración sobre lo correcto o no de la resolución reclamada en amparo, la misma no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y con apoyo en la fracción V del artículo 63, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. QUINTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anteiror, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve; ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, contra los actos reclamados que se precisaron en el considerando segundo del presente fallo por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada: Alejandra Careaga Iglesias, el auto y/o resolución del siete de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 898/2020-IV, promovido por FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 898/2020-IV, el quince de octubre de dos mil veinte, se desechó por notoria improcedencia. Inconforme con dicha determinación, el quejoso promovió recurso de queja del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito donde se radicó bajo el recurso de queja civil 167/2020 y, en sesión de doce de febrero de dos mil veintiuno, se declaró fundada la queja y se ordenó proveer sobre la demanda de amparo. Por ello, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno se admitió la demanda, por lo que se requirió el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a la tercera interesada, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde radican las autoridades responsables y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: El auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 555/2015-1 relativo a la controversia del orden familiar sobre guarda y custodia, en virtud del cual la Jueza responsable negó librar exhorto al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California con la finalidad de que el demandado (aquí quejoso) ratificara diversos escritos. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." No pasa inadvertido para esta juzgadora lo alegado por el quejoso en el sentido de que dentro del juicio de origen la responsable omitió pronunciarse sobre las peticiones de medidas provisionales respecto al cambio de custodia del menor; sin embargo del análisis integral a la demanda, y a las actuaciones desplegadas durante el trámite del juicio constitucional, se estima que el acto reclamado es el precisado líneas arriba, del cual se duele el quejoso sobre la base de que la jueza del proceso no accedió a la solicitud de girar un exhorto a Tijuana, Baja California para ratificar una firma; sin reclamar la omisión de proveer sobre las medidas provisionales referidas. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado ya que así lo refirió la responsable al rendir el informe con justificación, lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 555/2015-1, las cuales ameritan pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Las causas de improcedencia -lo invoquen o no las partes- son de orden público y por tanto, de análisis preferente. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto se trascribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.." Conforme al numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la fracción V del artículo 107 define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Como apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro digital 2009478 de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". A manera de antecedentes se estima conveniente hacer la siguiente relatoría que se obtienen de las constancias remitidas por la Jueza responsable como complemento al informe justificado: Se encuentra radicada ante el Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial la controversia del orden familiar registrada bajo el expediente 555/2015, promovido por ALEJANDRA CAREAGA IGLESIAS, por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales C.E.G.C. en contra de FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ. El seis de enero de dos mil veinte, el quejoso solicitó a la Jueza responsable el cambio y/o modificación de guarda y custodia respecto del menor en favor de FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, el cambio del depósito del infante, la modificación del pago de pensión alimenticia, entre otras peticiones. Con dicha solicitud, la responsable ordenó dar vista a la contraparte. El trece de enero del mismo año, el aquí quejoso presentó diverso escrito por el que solicitó la suspensión del descuento por pensión alimenticia provisional, toda vez que el menor se encontraba viviendo con su padre. En respuesta a lo anterior, la responsable emitió un auto el catorce de enero siguiente, mediante el cual ordenó dar vista a la contraria y reservó acordar lo conducente hasta en tanto la Agente del ministerio público desahogue las vistas que se le dio. El diez de septiembre de dos mil veinte, el quejoso solicitó por escrito a la Jueza responsable que acordara las peticiones efectuadas mediante diversos escritos y resolviera lo relativo a las medidas precautorias respecto a su menor hijo, a lo que recayó el auto de once de septiembre de dos mil veinte mediante el cual la Jueza responsables estimó que la firma que lo calzaba era diferente de las que obraban en autos por lo que requirió al quejoso para que compareciera ante la presencia judicial a ratificar dicho escrito para estar en condiciones de proveer su contenido. Lo mismo acordó, al recibir los diversos escritos de once de septiembre (dos escritos) y catorce de septiembre de dos mil veinte, requiriendo al promovente -aquí quejoso- para que compareciera a ratificar las firmas de los escritos presentados a su nombre. En respuesta a dichos proveídos, el quejoso -por conducto de sus autorizados- solicitó a la Jueza responsable que la diligencia de ratificación de las firmas se realizara mediante exhorto que se girara al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California, debido a que en dicha localidad radica el promovente y le resulta complicado trasladarse a la ciudad de Cuernavaca, Morelos donde se tramita la controversia del orden familiar de origen. En respuesta a dicha petición, la responsable emitió el auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte mediante el cual no acordó favorable la solicitud del quejoso al referir que si bien es cierto es servidor público, también cierto es que en el juicio de origen funge como parte, por lo que debe cumplir con las cargas procesales impuestas, aunado a que el código adjetivo de la materia no prevé la ratificación de escritos mediante exhortos. El referido acuerdo constituye el acto reclamado en la presente contienda constitucional. Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso está cuestionando la regularidad constitucional del auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte dictado en el expediente 555/2015-1 relativo a la controversia del orden familiar sobre guarda y custodia en el cual el quejoso figura como demandado, en virtud del cual la Jueza responsable negó librar exhorto al Juez competente en la ciudad de Tijuana, Baja California con la finalidad de que el demandado (aquí quejoso) ratificara diversos escritos. Como se advierte, el acuerdo combatido no produce una afectación material a derechos sustantivos, esto es, las consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, el acto reclamado únicamente recae sobre derechos procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; ello es así, al advertirse que la materia del acuerdo lo constituye la negativa a enviar exhorto a la ciudad de Tijuana, Baja California para que el quejoso ratificara diversos escritos, habida cuenta que las consecuencias de dicho acuerdo no son de imposible reparación, porque no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior puesto que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos; en sentido contrario, no resulta procedente el juicio promovido contra actos que únicamente produzcan una afectación de carácter formal dentro de un proceso seguido en forma de juicio, que atañe a cuestiones procesales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar resolución definitiva, sino en que, con motivo de una resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el juicio de amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla de la fracción V del artículo 107 Constitucional. Por ello, resulta incuestionable que el reclamado no es un acto de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, pues el hecho de que la autoridad responsable no haya acordado favorable la solicitud de girar exhorto a la ciudad de Tijuana Baja California donde radica el quejoso para que ratifique el contenido de diversos escritos, no priva del derecho de defensa que en el procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que esa determinación, en su caso, podría constituir violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sin que constituya un obstáculo para lo anterior el hecho de que para cumplir con la carga procesal impuesta el quejoso deba trasladarse a esta ciudad, por lo cual debe realizar diversas erogaciones económicas, habida cuenta que esa circunstancia no se trata de un acto de imposible reparación, pues algunas actuaciones procesales requieren necesariamente la asunción de gastos ordinarios, por ejemplo, la contratación de los servicios profesionales de abogados y peritos, la obtención de copias simples o certificadas, o el traslado al recinto judicial, aun cuando sea en la misma ciudad o lugar en el que se practiquen las diligencias para estar presente durante su desahogo. Estimar lo contrario implicaría que cualquier desahogo de pruebas que conlleve una erogación se traduciría en un acto de imposible reparación; sin embargo, en el caso no se afectan los derechos sustantivos en tanto le corresponden esas cargas procesales por ser parte en el controvertido de origen. Apoya a lo anterior por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 37/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II página 1290, número de registro 2014395 de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PATRÓN. LA DESIGNACIÓN POR LA AUTORIDAD LABORAL DE UN DOMICILIO EN UNA CIUDAD DIFERENTE A LA SEÑALADA POR AQUÉL PARA SU DESAHOGO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin soslayar los argumentos a partir de los cuales el quejoso aduce haber formulado la petición que le fue negada por la responsable en el juicio de origen y que reitera en la demanda de amparo, relativos a la función pública que desempeña (Juez de Distrito) y los efectos que a su parecer se producirían ante la negativa de la jueza natural; habida cuenta que el juicio de amparo no se constituyó para los efectos que pretende en los artículos 103 y 107 constitucionales como un medio extraordinario de defensa, en la medida que en el mismo se busca tutelar los derechos humanos de los justiciables y que éstos no se vean afectados por actos de autoridad que ostenten el carácter antes indicado (imposible reparación), desde luego en relación a los derechos que se ventilen como en el caso en el juicio natural y no respecto a cuestiones personales o profesionales. Máxime que pretender irrogar consecuencias irreparables a razón del servicio público que desarrolla, conlleva la desnaturalización del juicio introduciendo aspectos que no integrarían la litis precisamente al no formar parte del controvertido en el que se pronunció el acto, lo que incluso implicaría atender a aspectos que no corresponden al mismo, ya que como lo refiere, el carácter en que actúa en el juicio natural es como parte no como servidor público. Por ello, al margen de cualquier consideración sobre lo correcto o no de la resolución reclamada en amparo, la misma no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y con apoyo en la fracción V del artículo 63, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. QUINTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anteiror, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve; ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por FAUSTO ROLANDO GONZÁLEZ URZAIZ, contra los actos reclamados que se precisaron en el considerando segundo del presente fallo por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de la tercera interesada ALEJANDRA CAREAGA IGLESIAS, mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correos electrónicos como medios de comunicación, designa autorizados, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece pruebas. Se apersona tercera interesada. Dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que se le tuvo por apersonada al juicio de garantías en que se actúa y se reconoció su personalidad de tercera interesada. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Privada del Arroyo, número 5-"A", tercer piso, Barrio de Gualupita, código postal 62180, Cuernavaca, Morelos. Indíquese a la promovente que no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones los correos electrónicos que proporciona, toda vez que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la serie de medidas preventivas frente al coronavirus covid-19; éstos únicamente son formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales; no así notificaciones formales; máxime que tampoco se encuentran en el Código de la Materia. No obstante lo anterior, acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Personas autorizadas. Se tienen como autorizados con las facultades que refiere a las personas propuestas en el escrito de cuenta. Alegatos. De conformidad en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional respectiva y podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Pruebas. En otro aspecto, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones marcadas con el numeral III y IV del escrito de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional respectiva y tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Desechamiento de las pruebas marcadas con los numerales I y II. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se desechan las pruebas documentales públicas consistente en todas y cada una de las actuaciones del juicio de amparo indirecto 325/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California y la diversa consistente en la transcripción de la prueba pericial en materia de reproducción de figuras o de sonidos, de la MEMORIA SD (en copia simple), desahoga en audiencia de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, que obra en el expediente 555/2015, radicado en la Primera Secretaria del Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; lo anterior, por los motivos que se explican a continuación. Lo anterior, en razón de que el juzgador debe apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable; por ello, el acto se examinará a la luz de las pruebas que se hubieren presentado ante la autoridad responsable para comprobar los hechos que lo motivaron, pues el principio de limitación de pruebas que rige en el juicio de garantías, implica que los tribunales de amparo sólo deben analizar la constitucionalidad de éste tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que les sea dable admitir ni tomar en cuenta las pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos y las consideraciones que lo motivaron, requiriéndose como requisito ineludible para su operancia, que las partes en ejercicio de la garantía de audiencia hayan tenido la oportunidad legal de aportar pruebas ante la propia autoridad responsable. No obstante lo anterior, se le hace del conocimiento a la parte tercera interesada que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias que obren en el expediente 555/2015-1 de su índice, por lo que se formaron los anexos del I al XII. Vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Respecto a la solicitud que se dé vista a la Representación Social de la Federación, respecto a lo señalado en el artículo 261 de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos; en su atención, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, debido a que en la presente contienda constitucional no se ha celebrado la audiencia constitucional que será cuando -al dictar sentencia- se analizará la existencia o no de lo reclamado por la parte quejosa. Sin perjuicio que este juzgado en ejercicio de su potestad decisoria proceda en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo y se dé vista al ministerio público correspondiente. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con número de registro digital 2014917, del rubro "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, queda expedito el derecho de la promovente para hacerlo valer directamente ante la representación social. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1890/2021 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Fausto García Romero668/2016
- Fausto Hernández Díaz471/2015
- Fausto Lino Salinas Jaimes1512/2017
- Fausto Ocampo González27/2019
- Fausto Ocampo González1451/2019
- Fausto Rolando González Urzaiz789/2017
- Faviola Infante Delgado1897/2017
- Faviola Infante Delgado1284/2017
- Faviola Infante Delgado942/2017
- Faviola Infante Delgado279/2018
- Faviola Infante Delgado738/2018
- Febe Álvarez Vivar2791/2014