Fausto Hernández Reyes
Expediente 143/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fausto Hernández Reyes
Actuaciones
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 2484/2021, por el cual se le notificó el auto de dos de febrero del año en curso. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 2484/2021, por el cual se le notificó el auto de dos de febrero del año en curso. Cúmplase.
- Principal
LA PARTE TERCERO INTERESADA NO ATENDIO AL CITATORIO, POR LO QUE SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DE 26/11/2020 QUE EN SINTESIS DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 143/2020, promovido por. contra un acto del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que a continuación se precisan. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORA. ACTOS RECLAMADOS. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, registró y admitió la demanda bajo el número 143/2020; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercera interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a juicio a la tercera interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción. de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama. Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: La resolución de veinte de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil. en la que declaró improcedente la reclamación interpuesta por el demandado en dicho litigio. contra la pensión alimenticia provisional decretada en dicho expediente. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, precisado en el considerando anterior, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil. remitidas por el citado Juzgador en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal. ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó personalmente a la parte quejosa el treinta de enero de dos mil veinte. por lo que dicha notificación surtió efectos ese mismo día, en términos de la jurisprudencia. En consecuencia, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo previsto en el artículo 17, de la Ley de la Materia, transcurrió del treinta y uno de enero al veintiséis de febrero, sin contar los días uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de febrero, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y de la Circular 3 emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. respectivamente. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el veinticinco de febrero de dos mil veinte; entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil. las cuales cuentan con el valor probatorio antes precisado, a saber. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz. en representación de su menor hijo de apellidos. demandó en la vía ordinaria civil, de. el pago de una pensión alimenticia provisional, y en su momento definitiva, así como otras prestaciones. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve. el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, radicó y admitió la demanda bajo el número. ordenó emplazar al demandado, y fijó provisionalmente como monto por concepto de pensión alimenticia a favor de la parte actora, el equivalente a. Mediante escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. el demandado. dio contestación a la demanda e interpuso reclamación. Por auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve. se ordenó dar trámite al recurso hecho valer en contra de la pensión alimenticia provisional, y vista a la contraparte por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera, la cual desahogó mediante escrito de catorce de octubre siguiente. Por auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. se turnaron los autos al Juez a fin de que resolviera la reclamación planteada; y el veinte de enero de dos mil veinte resolvió. PRIMERO. Resulta improcedente la reclamación planteada, por consiguiente. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el considerando tercero de esta resolución, de acuerdo a lo que dispone el artículo 242 de la ley civil, se estima justo y equitativo CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos generales diarios en favor del menor. representado por su madre. ello sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador -aun de oficio- antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. S CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo. de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo, y algunos de ellos de forma conjunta dada su estrecha vinculación; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. En lo conducente se invoca como apoyo, la jurisprudencia. En principio, resulta ineficaz el concepto de violación en el que el quejoso sostiene toralmente que la resolución reclamada es ilegal, dado que la responsable en ningún momento se allegó con alguna prueba para corroborar que efectivamente cuenta con ingreso alguno y bastante que le permita cumplir con la obligación alimentaria que le fue impuesta. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que si bien es cierto la responsable no ordenó de manera oficiosa el desahogo de algún medio de convicción para corroborar el extremo que refiere el inconforme; ello obedece a que ante el término perentorio que fija el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad para resolver la reclamación, y dada la urgencia que implica definir los alimentos provisionales, no es posible en dicha fase recabar pruebas que necesiten una preparación especial y, por ende, lograr su perfeccionamiento a través de la mecánica establecida en la ley adjetiva civil. En lo conducente, sirve de apoyo la tesis. También resulta ineficaz el argumento en el que el solicitante de la protección constitucional sostiene, sustancialmente, que la responsable no tomó en cuenta que en el caso, el menor acreedor no tiene necesidad de que se le proporcione una pensión alimenticia, pues su madre cuenta con dos plazas de maestra y él siempre lo ha apoyado con algunos gastos. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica, esencialmente, en que el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. que prevé la existencia del recurso de reclamación con motivo del cual se emitió el acto reclamado, señala que cuando se reclamen alimentos el Juez podrá, en el auto en que se admite la demanda, cuando exista petición de parte y atendiendo a las circunstancias del caso, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o parentesco con el deudor alimentista. Asimismo, que cualquier reclamación sobre la fijación de la aludida pensión se podrá formular dentro del escrito de contestación de la demanda, en donde el inconforme podrá exhibir los documentos que considere necesarios para acreditar los extremos de su reclamación, corriéndose vista a la contraria del reclamante, resolviéndose dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado. Por tanto, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tiene como objetivo únicamente equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, sin cuestionar aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados, esto es, cuestiones de fondo propias del estudio de la acción principal intentada. En otras palabras, la materia de la reclamación se constriñe a examinar exclusivamente la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente por el juzgador, que es integrada por los elementos consistentes en la posibilidad del deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario; ello, atendiendo al principio que rige el otorgamiento de los alimentos, contenido en el artículo 242 del Código Civil de esta entidad federativa. Sobre esa base, en la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrán cuestionarse aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados, mucho menos tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos. De ahí que si el motivo de disenso en análisis va encaminado a cuestionar aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados por la actora aquí tercera interesada, como lo es si el menor involucrado tiene necesidad o no de reclamarle alimentos a su progenitor, es patente que resulta ineficaz. Por otra parte, también resultan ineficaces los motivos de inconformidad en los que el quejoso aduce, sustancialmente, lo siguiente. Que la parte actora en ningún momento acreditó con medio de prueba alguno, que el demandado cuente con ingresos económicos suficientes que le permitan hacer frente a la obligación alimentaria que se le impuso. Que la responsable erróneamente concedió valor probatorio a las facturas ofrecidas por la actora, con el fin de justificar que el accionado cuenta con una negociación de la cual obtiene ingresos; no obstante que dichas documentales, dice, datan de más de siete años y, por ende, su situación económica pudo cambiar. La ineficacia de dichos conceptos de violación radica, esencialmente, en que la circunstancia de que el deudor alimentario, por el momento, cuente con un empleo o no, no constituye, per se, una causa justificada para reducir el monto de la pensión alimenticia provisional, dado que el aseguramiento de los alimentos no está limitado estrictamente a que el deudor alimentario tenga o no un trabajo remunerado, es decir, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, aun cuando se estuviera en el extremo de que el impetrante no contara con ingresos fijos o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores. Máxime si, como acertadamente se dijo en la resolución reclamada, el deudor alimentario no acreditó de forma fehaciente que estuviera física o psicológicamente imposibilitado para desempeñar alguna actividad, sino únicamente que padece de una enfermedad que según el certificado médico que ofreció sólo lo imposibilita para cargar cosas pesadas y trabajar jornadas laborales prolongadas, pero se insiste no que se encuentre en impedido para trabajar. En atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de la resolución reclamada. En tales condiciones, al resultar ineficaces los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo. de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA a. contra el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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