Faustino Pérez Cordova

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Faustino Pérez Cordova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitió la autoridad responsable Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación que remitió la autoridad responsable Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 129/2022, promovido por **************, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y otras autoridades, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ************* acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades que se precisan: "A)- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1.- C. JUEZ DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL, LIC. LULIO GUADALUPE VALENZUELA DOMÍNGUEZ; con residencia en la ciudad de Orizaba, Ver., con domicilio en PARCELA No. 8, EX HACIENDA JALAPILLA COL. RINCÓN GRANDE SUR C.P. 94393, Orizaba, Ver. 2.- FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PERSONAS DESAPARECIDAS EN CÓRDOBA, VER., con domicilio en Av. 9 esq. Calle 9 número 714, Córdoba, 94500, Ver. 3.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ; Verónica Hernández Giadans, con domicilio en Circuito Rafael Guizar y Valencia, número 707, col. Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Ver. 4.- DIRECTORA DE INVESTIGACIONES MINISTERIALES; con domicilio en Circuito Rafael Guizar y Valencia, número 707, col. Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Ver. 5.- C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, Isabel Inés Romero Cruz; con domicilio en Lázaro Cárdenas número 373 Colonia El Mirador, Xalapa 91170, Ver. ACTO RECLAMADO LA ILEGAL VINCULACIÓN A PROCESO A QUE SE ME TIENE SUJETO EN EL PROCESO PENAL 04/2021 POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Y de las autoridades señaladas con los numerales 3, 4 y 5, reclamo el incumplimiento de un deber legal al no ser garantes de la correcta aplicación de la Ley y el Debido Proceso por parte de sus subalternos, lo que evidencia el desconocimiento del Derecho, así como de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, que alguna vez juraron cumplir y hacer cumplir". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo desahogo a la prevención que se realizó al quejoso por auto de dos de marzo del presente año, para que manifestara si señalaba también como acto reclamado el auto que decretó la prisión preventiva extendida dentro del proceso penal 4/2021 (fojas 15 y 16); por diverso de catorce del mismo mes y año se ordenó tramitar el presente juicio bajo el número 129/2022, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la participación que legalmente compete al representante social de la adscripción, y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 25 a 28). TERCERO. Inexistencia de autoridad. Por auto de once de julio de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada por el quejoso como "directora de investigaciones ministeriales, con residencia en Xalapa, Veracruz" (foja 130). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que tanto el auto de vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión extendida reclamados, tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que reclama: Del C. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Lic. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y de la Fiscal Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Córdoba, Veracruz: a) El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso. b) El auto que decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Ambos dentro de los autos del proceso penal 4/2021, del índice del Juzgado de Control, de Proceso y Juicio Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, en Orizaba, Veracruz. c) La ejecución de dichos actos. De la Fiscal General del Estado y de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado: d) El incumplimiento de un deber legal al no ser garantes de la correcta aplicación de la Ley y el debido proceso por parte de sus subalternos, lo que evidencia el desconocimiento del Derecho, así como de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, que alguna vez juraron cumplir y hacer cumplir. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PERSONAS DESAPARECIDAS, ZONA CENTRO, CÓRDOBA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO Las autoridades responsables 3. Fiscal Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Zona Centro, Córdoba, y 4. Fiscal General del Estado; al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen El quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa; además, al haberse emitido el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se que decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, y el auto de vinculación a proceso de cuatro de mayo siguiente; ello implica que el asunto fue judicializado, y quien emitió dichos actos fue el 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez. Por su parte, la 5. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; en su informe justificado también negó la omisión que se le atribuye (fojas 50 a 55); señaló que los órganos jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia judicial en el ejercicio de sus funciones; y que si bien tiene atribuciones de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, existe un procedimiento tendente a hacerlo valer. En ese entendido, dado que el impetrante no acreditó haber promovido el procedimiento administrativo sancionador a que alude el artículo 167, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se tiene por inexistente el acto que se le reclama. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos reclamados de las autoridades de que trata este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis (...) También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número (...) CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman del 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, consistentes en el auto de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de veintiocho de abril de dos mil veintiuno; y de vinculación a proceso de cuatro de mayo del mismo año, dictados en contra del quejoso dentro de los autos del proceso penal 4/2021, del índice del Juzgado de Control, de Proceso y Juicio Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, en Orizaba, Veracruz; así lo refirió al rendir su informe justificado y la aclaración de éste (fojas 65, 143 y 144). Lo que se corrobora con la copia autentificada de los archivos informáticos de las audiencias celebradas, relativas al proceso 4/2021, del índice del juzgado de la adscripción del juez responsable, contenidas en el disco versátil digital y en los registros escritos, remitidos por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado. La copia autorizada de los registros de las mencionadas audiencias cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital también tienen la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia (...) Cabe destacar que el quejoso designó a la medida cautelar reclamada como "el auto que decretó la prisión preventiva extendida"; empero, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio deriva que lo que impugna es el auto en que se le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. En lo conducente, resulta aplicable la Jurisprudencia (...) QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN EL AUTO DE IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Y DE VINCULACIÓN A PROCESO. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no presentó la demanda respectiva dentro del término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en cita prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Por su parte, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, deriva que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto. En el asunto que nos ocupa, del análisis del disco versátil que acompañó el juez responsable a su informe justificado, se advierte con certeza que el auto mediante el cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso se le notificó el veintiocho de abril de dos mil veintiuno; y el auto de vinculación a proceso reclamado, se le notificó el cuatro de mayo siguiente Por tanto, de conformidad con el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dichas notificaciones surtieron efectos al día siguiente, esto es, el veintinueve de abril y seis de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente. En ese entendido, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió, en relación con el acuerdo por el que se impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, del veintinueve de abril al veinte de mayo de dos mil veintiuno; y en cuanto al auto de vinculación a proceso, del seis al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Sin contar en dichos lapsos los días uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo del año próximo pasado, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de la Materia. Luego, si la demanda fue presentada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; entonces, es extemporánea, pues a esa fecha ya había transcurrido el plazo de quince días hábiles con que contaba el inconforme para acudir al juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, resulta improcedente el análisis de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, se cita la jurisprudencia (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, en el auto de admisión de catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituiría información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en juicio de amparo 129/2022, promovido por **************, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de ésta. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el telegrama remitido por el Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz; mediante el cual aclara su informe justificado, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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