Fausto Galindo Balderas

Expediente 1115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1115/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Fausto Galindo Balderas
  • Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio 5878/2018, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, asistido del Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.Jc

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de seis de septiembre de dos mil dieciocho; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo correspondiente en el juicio ********************y lo notifique a las partes en la forma que proceda." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, a la parte tercera interesada Ruta 10, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.DCSM* AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE.. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1115/2018-V-B, promovido por Fausto Galindo Balderas, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de julio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día en este juzgado, Fausto Galindo Balderas, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. (fojas 3 y 4) SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. (fojas 6 a 9) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en:  La omisión de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en dictar el laudo en el juicio laboral 01/1099/03. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 18 y 19). Lo anterior se corrobora de la copia certificada del acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio natural 01/1099/03 (foja 21) de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La Presidenta de la Junta responsable, arguyó que el acto reclamado no obedece a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo; además, manifestó que la omisión reclamada no afecta intereses jurídicos de las partes ni el goce de sus garantías, por lo que el presente juicio debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. El argumento relativo a que el acto reclamado no afecta a la parte quejosa, debe desestimarse porque está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Además, el argumento de la autoridad responsable de que sea decretado el sobreseimiento en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desestima en virtud que de los autos no se advierte la cesación de la omisión reclamada. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, respaldada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pág. 209 Jurisprudencia(Constitucional) "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. La Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado y exhibió como prueba, entre otras constancias, copia certificada de la actuación de doce de enero de dos mil dieciocho, relativa al juicio 01/1099/03, de la que se advierte que decretó el cierre de instrucción y turnó los autos para proyecto de resolución de laudo (fojas 21 y 22). Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho, porque el conflicto de origen fue iniciado el dos mil tres, siendo que dicho ordenamiento sufrió nueva reforma hasta en fecha posterior, esto es, el diecisiete de enero de dos mil seis. Así, el plazo para la emisión del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Los referidos artículos 885, 886 y 887, dictan en lo conducente: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." [.]" (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." (REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Conforme a las citadas porciones legales, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para que la autoridad laboral dicte el laudo, es de veinticinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. En el particular, el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen, ocurrió el quince de enero de dos mil dieciocho, por tanto, los veinticinco días que la responsable tenía para dictar laudo vencieron el diecinueve de febrero del año en curso, descontando días inhábiles que mediaron entre esas fechas. En consecuencia, de la fecha (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho) en que la responsable debió emitir el laudo correspondiente a la data en que el quejoso presentó la demanda de amparo, esto es el doce de julio de dos mil dieciocho; han transcurrido más de cuatro meses sin que la autoridad haya dictado el laudo correspondiente en el expediente 01/1099/03. Luego, resulta inconcuso que a la presentación de la demanda de amparo, ha fenecido el plazo que la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta para que emita el laudo y la autoridad responsable no demostró haberlo dictado, pese a que el mismo ha sido rebasado en demasía. No puede obviarse el hecho de que el laudo no es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues la Junta debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo de la controversia, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia; habida cuenta de que precisa cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también conlleva que guarde los principios de congruencia y exhaustividad. En ese sentido, no puede soslayarse lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la cual se estimó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pág. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, excluyó de la materia de la contradicción, el caso en que se reclame la falta de emisión del laudo. Así las cosas, prevalece el criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó en la jurisprudencia 2a./J.8/2004, en el sentido de que la falta de dictado del laudo al haber fenecido el plazo legal que la Ley Federal del Trabajo dispone para ello, constituye una paralización del procedimiento, la cual, afecta materialmente el derecho sustantivo a la impartición de justicia, porque impide su goce. La tesis 2a./J.8/2004, es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 8/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 182160 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIX, Febrero de 2004 Pág. 226 Jurisprudencia(Laboral) "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Por lo expuesto, se concluye que la falta de dictado del laudo en el juicio 01/1099/03, resulta violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado en su favor por el artículo 17 de la Carta Magna, porque lo afecta materialmente, en virtud de que le impide su goce. EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente:  Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo correspondiente en el juicio 01/1099/03 y lo notifique a las partes en la forma que proceda. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por tanto, la sentencia tiene por efecto que la Junta emita el laudo, sin poder darle alcances más allá de esto, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos futuros y dar por sentado que incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad, a lo que se suma que el amparo indirecto no es el medio idóneo para someter un laudo a estudio constitucional. No es óbice a lo anterior que el asunto se resuelva a pesar que no transcurrió a las partes el plazo de ocho días que el artículo 117 de la Ley de Amparo, establece como el mínimo que debe mediar entre el conocimiento del informe justificado y la fecha de la audiencia constitucional, ya que es patente la transgresión al derecho a la seguridad jurídica de la parte quejosa, de modo que a nada práctico conduciría diferir la celebración de la audiencia para que las partes se impongan de los autos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Fausto Galindo Balderas, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto señalado en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta hoy seis de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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