Faustino Hinojosa Garcia

Expediente 178/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
178/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Faustino Hinojosa Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 178/2022-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada *****, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe. ************************** Vistos los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. ******** se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Edgar Martín Peña López, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dieciocho siguiente en este órgano jurisdiccional, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Decimoctavo Distrito y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como el emplazamiento de la tercero interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse actos de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: Todos los autos, proveídos, decretos, resoluciones interlocutorias y/o definitivas dictadas dentro del expediente ********************, relativo a la declaración a favor de diversa persona con mejor derecho a poseer las fracciones de terreno en posesión del quejoso y sus hermanos ********************, al no ser llamados a juicio. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestaron la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, y el Actuario de su adscripción, al rendir su respectivo informe justificado (folios ********************). Tal certeza se corrobora con las copias certificadas de la constancias que integran el expediente de Jurisdicción Voluntaria ******************** que al efecto se anexó a tales informes; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)". Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Asimismo, conviene invocar los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en mención, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica de la peticionaria de protección constitucional, ésta carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Ahora bien, para evidenciar la actualización del referido motivo de improcedencia, se destaca que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el expediente ******************** del que se reclaman todos los autos, proveídos, decretos, resoluciones interlocutorias y/o definitivas dictadas dentro del expediente ********************, relativo a la declaración a favor de diversa persona con mejor derecho a poseer las fracciones de terreno en posesión del quejoso y sus hermanos ********************, al no ser llamados a juicio, se trata de una jurisdicción voluntaria en la que no existe contienda alguna. En efecto, mediante escrito presentado ante la responsable el veinte de octubre de dos mil veintiuno, ******************** solicitó, vía jurisdicción voluntaria, la declaración de sucesora legítima de los derechos agrarios de su concubino que en vida respondiera al nombre de ********************, el reconocimiento de esos derechos, la cancelación del certificado agrario a nombre de éste, la expedición de uno a su nombre y la anotación correspondiente en el Registro Agrario Nacional. El veinticinco de octubre de ese año, la responsable lo registró con el número ********************, tuvo por denunciada la sucesión intestamentaria, la admitió a trámite y le dio el trámite correspondiente. Luego, desahogada la audiencia prevista en el artículo 186 de la Ley Agraria, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, resolvió: "[.] PRIMERO. La parte promovente ********************, probó los hechos constitutivos de su pretensión en el presente asunto. SEGUNDO. Se reconoce a ******************** como sucesora legítima y nueva comunera de los derechos agrarios que en vida correspondieran al extinto ********************en el núcleo agrario denominado ********************, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO. Con fundamento en el artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, se ordena a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, para que proceda a inscribir la presente resolución, para lo cual remítase copia certificada de la misma, a efecto de que proceda a hacer las cancelaciones y anotaciones respectivas y expedir el o los certificados correspondientes a la aquí promovente ******************** que le acrediten su calidad de comunera dentro del núcleo agrario de que se trata, en sustitución por sucesión de ********************. [.]" Al respecto, es pertinente establecer que los artículos 165 y 167 de la Ley Agraria disponen: "Artículo 165.- Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente". De la transcripción anterior se advierte que los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes; siendo aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando no exista disposición expresa en esa ley. Por su parte, los numerales 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen: "Articulo 530.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Artículo 533.- Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor". De éstos se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas; además, si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio y si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano; igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 181/2006-SS, emitió la Jurisprudencia 2a./J. 205/2006, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR", en la que destaca que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes. Además, estableció que al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 que interpreta dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria "se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio". Disposición que considera se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo que precisa se refuerza si se considera, por un lado, que el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso. En ese sentido, si lo que caracteriza a la diligencia de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de contienda entre partes, dada la inexistencia de contienda litigiosa, lo resuelto en esta, a más que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.III.A. J/17 A (10a.), de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo". [Lo resaltado es propio] Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en términos del numeral 63, fracción V, de la propia normativa, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." También es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro reza lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL." No obstante ello, quedan a salvo todos sus derechos para promover el juicio contencioso procedente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Edgar Martín Peña López, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiocho de octubre del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dieciocho siguiente en este órgano jurisdiccional, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Decimoctavo Distrito y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como el emplazamiento de la tercero interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse actos de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: Todos los autos, proveídos, decretos, resoluciones interlocutorias y/o definitivas dictadas dentro del expediente ********************, relativo a la declaración a favor de diversa persona con mejor derecho a poseer las fracciones de terreno en posesión del quejoso y sus hermanos ********************, al no ser llamados a juicio. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestaron la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, y el Actuario de su adscripción, al rendir su respectivo informe justificado (folios ********************). Tal certeza se corrobora con las copias certificadas de la constancias que integran el expediente de Jurisdicción Voluntaria ******************** que al efecto se anexó a tales informes; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)". Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Asimismo, conviene invocar los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en mención, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica de la peticionaria de protección constitucional, ésta carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Ahora bien, para evidenciar la actualización del referido motivo de improcedencia, se destaca que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el expediente ******************** del que se reclaman todos los autos, proveídos, decretos, resoluciones interlocutorias y/o definitivas dictadas dentro del expediente ********************, relativo a la declaración a favor de diversa persona con mejor derecho a poseer las fracciones de terreno en posesión del quejoso y sus hermanos ********************, al no ser llamados a juicio, se trata de una jurisdicción voluntaria en la que no existe contienda alguna. En efecto, mediante escrito presentado ante la responsable el veinte de octubre de dos mil veintiuno, ******************** solicitó, vía jurisdicción voluntaria, la declaración de sucesora legítima de los derechos agrarios de su concubino que en vida respondiera al nombre de ********************, el reconocimiento de esos derechos, la cancelación del certificado agrario a nombre de éste, la expedición de uno a su nombre y la anotación correspondiente en el Registro Agrario Nacional. El veinticinco de octubre de ese año, la responsable lo registró con el número ********************, tuvo por denunciada la sucesión intestamentaria, la admitió a trámite y le dio el trámite correspondiente. Luego, desahogada la audiencia prevista en el artículo 186 de la Ley Agraria, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, resolvió: "[.] PRIMERO. La parte promovente ********************, probó los hechos constitutivos de su pretensión en el presente asunto. SEGUNDO. Se reconoce a ******************** como sucesora legítima y nueva comunera de los derechos agrarios que en vida correspondieran al extinto ********************en el núcleo agrario denominado ********************, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO. Con fundamento en el artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, se ordena a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, para que proceda a inscribir la presente resolución, para lo cual remítase copia certificada de la misma, a efecto de que proceda a hacer las cancelaciones y anotaciones respectivas y expedir el o los certificados correspondientes a la aquí promovente ******************** que le acrediten su calidad de comunera dentro del núcleo agrario de que se trata, en sustitución por sucesión de ********************. [.]" Al respecto, es pertinente establecer que los artículos 165 y 167 de la Ley Agraria disponen: "Artículo 165.- Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente". De la transcripción anterior se advierte que los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes; siendo aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando no exista disposición expresa en esa ley. Por su parte, los numerales 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen: "Articulo 530.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Artículo 533.- Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor". De éstos se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas; además, si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio y si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano; igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 181/2006-SS, emitió la Jurisprudencia 2a./J. 205/2006, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR", en la que destaca que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes. Además, estableció que al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 que interpreta dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria "se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio". Disposición que considera se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo que precisa se refuerza si se considera, por un lado, que el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso. En ese sentido, si lo que caracteriza a la diligencia de jurisdicción voluntaria es la inexistencia de contienda entre partes, dada la inexistencia de contienda litigiosa, lo resuelto en esta, a más que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.III.A. J/17 A (10a.), de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo". [Lo resaltado es propio] Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en términos del numeral 63, fracción V, de la propia normativa, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." También es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro reza lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL." No obstante ello, quedan a salvo todos sus derechos para promover el juicio contencioso procedente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Edgar Martín Peña López, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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