Faustino Vazquez Silva

Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
363/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Faustino Vazquez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a ********************autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de la materia, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro del término de tres días el expediente original al tribunal colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios relativo.****************************************Respecto del domicilio proporcionado por el promovente para recibir las notificaciones que deriven del amparo en revisión, dígase que el tribunal que conozca del recurso en mención proveerá lo que en derecho corresponda.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 363/2023, promovido por Faustino Vázquez Silva, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (fojas 2-25), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Faustino Vázquez Silva, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia, Michoacán, del Fiscal Especializado, Directora de Carpetas de Investigación y Litigación y de la Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia 3, últimos tres adscrito a la Fiscalía Especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 363/2023 y en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés -previo cumplimiento a requerimiento- la admitió (foja 47); solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos así como al escrito de demanda y aclaración a la misma, los actos reclamados por el quejoso, son: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia, Michoacán: La resolución que confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, contenida en la audiencia verificada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de antecedentes 484/2023. Al Fiscal Especializado, a la Directora de Carpetas de Investigación y Litigación; y, a la Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia 3, adscritos a la Fiscalía Especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes: La ejecución de la resolución del juez de control de confirmar el no ejercicio de la acción penal decretado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia, Michoacán, al Fiscal Especializado, a la Directora de Carpetas de Investigación y Litigación; y, a la Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia 3, últimos tres adscritos a la Fiscalía Especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 58, 71, 68, y 65, respectivamente). Certeza que se corrobora con el disco compacto de audio y video y la carpeta electrónica de la resolución impugnada; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°; por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (foja 77), pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso es parte dentro de la relación procesal generada con motivo del trámite del expediente de origen, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, en relación con el acto reclamado que considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación se considera pertinente recordar que, en la carpeta de investigación MOR/053/40755/2021 seguida en contra de imputado desconocido, por hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, en agravio de Faustino Vázquez Silva, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se emitió acuerdo que decretó el no ejercicio de la acción penal. Ello -en esencia- porque la Agente encargada de la carpeta consideró que si bien Faustino Vázquez Silva, sí presentó una lesión, la misma no fue causada por elementos aprehensores sino por una tercera persona; asimismo, porque los resultados obtenidos al realizarse el Protocolo de Estambul fueron negativos, esto es, que no hubo un daño considerable ni grave que permitiera acreditar el delito de tortura. Al no estar conforme con dicha determinación, Faustino Vázquez Silva, la impugnó en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medio de inconformidad que fue resuelto por el juez responsable, en la "Audiencia de control de actos de investigación" verificada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de antecedentes 484/2023, en el sentido de confirmar el no ejercicio de la acción penal. Las consideraciones del juez de control son del tenor siguiente: "[.] Entonces retomo, para efectos de emitir el no ejercicio de la acción penal y que éste evidentemente constituya base para generar la terminación de la investigación se requiere en esencia, dos circunstancias, primero que se hubiese realizado con autorización del Procurador o Servidor Público de quien se delega esa función, en este caso ya está establecido que el fiscal especializado es quien autorizó el archivo, corrijo, el no ejercicio de la acción penal. Entonces, está justificado este requisito, además debe justificarse que exista alguna causa sobreseimiento de las previstas en el código. Si bien no se especificó por parte del Ministerio Público esta circunstancia, incluso de la intervención de la Asesoría Jurídica se pudo establecer, que le invocaron en el acuerdo en el numeral 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, ésta se refiere específicamente a que agotada la investigación el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundamentar una acusación. En esencia la decisión del Ministerio Público se basa en tres ejes fundamentales; primero relacionado con el carácter de la persona que infirió esa lesión, que dice se justificó a partir de lo que incluso informó el propio Fausto en su entrevista y lo que señalaron los elementos de la policía en su informe policial homologado. Es decir que fue una tercera persona quien golpeó precisamente en la cabeza al ahora investigado y que efectivamente produjo una lesión de 5 centímetros precisamente a la altura de la ceja. A partir de esa circunstancia establece el Ministerio Público, no está justificado el carácter de servidor público que pudiera tener quién produjo esa lesión o esa alteración física. También que a partir del protocolo Estambul, que tanto en el dictamen psicológico como médico de ninguno de los dos se pudo establecer la existencia de hallazgos que tengan que ver o estén relacionados específicamente con el hecho que señala como el delito de tortura. Basado en estas circunstancias la defensa sostiene que pese a todas estas consideraciones que estableció el Ministerio Público, en su opinión no se han generado los actos de investigación suficientes para efectos de poder concluir la investigación, en esencia señala que debieron haberse generado las entrevistas al Defensor Público que acompañó al ahora víctima en la etapa de investigación de la diversa causa, al auxiliar de la defensoría pública que entrevistó precisamente a la aquí víctima y las entrevistas de los ahora acusados, lo cual, en cierta forma tiene razón. El tema es, ¿Cuál es la relevancia de obtener estas entrevistas?, ¿Si nos queda claro que se pudieran generar? Sí. ¿No se han generado? Sí también. Ahora, ¿cuál es la relevancia, la pertinencia de que se generen estas entrevistas si se parte de la base? Primero, que al menos de lo que se ha establecido por la propia víctima y en el informe policial homologado se pudo establecer que esas lesiones que presentó no las causaron precisamente los policías aprehensores, sino una tercera persona que no tiene la calidad de servidor público, es decir, una persona que supuestamente se dijo era hermano del dueño de la pipa donde fue encontrado la ahora víctima y detenido en aquel momento por aquella conducta. Entonces, en mi opinión, está claro que no tiene calidad de servidor público y es un requisito esencial para efectos de sostener la justificación del hecho que se señala como delito de tortura. Ahora, para efectos de establecer si existen rasgos tanto psicológicos como médicos según el Protocolo de Estambul que determinen de manera probable incluso la existencia de un hecho que la Ley señala como un hecho de tortura, pues lo cierto es que ni el psicológico ni el médico que le fue practicado a la víctima revelan esa circunstancia, entonces objetivamente no hay base para sostener que es verdad que hubiese sido víctima el señor Fausto o Faustino de un hecho que la ley señala como delito de esa naturaleza, es decir, de una tortura. Señala la Asesoría Jurídica que éstos pueden ser controvertidos, pues sí, sí pueden ser controvertidos, el tema es, ¿de qué manera, objetivamente, hasta este momento puede sostenerse que los peritos no aplicaron adecuadamente ese protocolo de tortura? O bien, ¿de qué manera pudieron haber incurrido en una deficiencia en su intervención que generara al menos la sospecha de que no se aplicó adecuadamente el protocolo de Estambul? En este momento básicamente lo que se tiene pues es precisamente lo determinado por los peritos médicos, se entendería, especialistas en la aplicación del Protocolo de Estambul, y si ambos especialistas, es decir, el psicólogo y el médico que practicaron los dictámenes coinciden en que no hay ningún dato que revele esa circunstancia, entonces, ¿cómo, objetivamente, se puede sostener que no aplicaron las técnicas adecuadas, que el método que aplicaron no es el correcto? Porque incluso ni siquiera se debatió esa circunstancia en audiencia, entonces, si a partir de las condiciones en que se incurrieron, al menos argumentativamente, para sostener que fue correcta o fue incorrecta la decisión del perito médico y psicológico en establecer esta circunstancia, ¿cómo razonablemente puedo yo sostener que no genera racionalidad esa información a partir de la afirmación de la defensa de que éstos pueden ser controvertidos? Pues sí, sí pueden ser controvertidos pero el hecho es que con esa información no se generó ni siquiera un argumento, ni solo un dato objetivo, para sostener que los peritos actuaron, reitero, de manera indebida, que no aplicaron los protocolos de manera adecuada, que no siguieron precisamente los lineamientos del Protocolo de Estambul y que en todo caso esa información no era factible tomarla en consideración para establecer lo que ellos concluyeron. Entonces está claro que al menos al no haber ocurrido de esta manera hay una base objetiva para sostener que el señor Fausto no presentó síntomas o signos de haber sido sometido a tortura. Si esto es así, entonces, en mi opinión, comparto la postura del Ministerio Público en haber determinado el no ejercicio de la acción penal, derivado de que precisamente tuvo la autorización respectiva, se actualiza una causa sobreseimiento, la que ya se ha señalado 327 fracción V y evidentemente no hay ningún dato objetivo que pudiera sostenerse que esa lesión que presentó la víctima, porque eso es indiscutible, ahí está el informe médico que se generó al ingreso al centro preventivo donde se estableció esa lesión y evidentemente existe, no hay debate sobre si existe o no esa lesión, el tema es quién la causó. Y a partir de la información que dio el propio Fausto y la información que dieron los elementos de la policía en el informe policial homologado, se puede establecer que quien la causó fue una persona que no tiene carácter de servidor público. Ahora, por la otra vertiente, donde asegura la defensa que tan solo el trato que se le dio respecto a haberlo traído de un lado a otro, preliminarmente, aun admitiendo que eso pudiese considerarse como un trato cruel e inhumano, aun admitiéndolo así, el trato objetivo que se tiene es que el señor no presenta ningún síntoma de tortura, es decir, el Protocolo de Estambul revela que no presentó ningún tipo de síntoma, entonces, aun suponiendo que eso pudiese constituir, de acuerdo a lo que se ha señalado por parte de la Asesoría Jurídica, un tema de trato cruel, entonces, objetivamente, lo que se tiene al menos probado hasta este momento es que el Protocolo de Estambul no revela ninguna circunstancia que tenga que ver con algún tipo de tortura, entonces evidentemente que la sola manifestación de este tema no es suficiente para sostener la existencia de algún tipo de rastro de tortura que evidencie o que facultara al Ministerio Público para continuar con la investigación, entonces, en mi opinión, yo comparto la postura del Ministerio Público en el sentido de que se agotó la investigación, y esto de que se agotó la investigación tiene que ver con que la prueba idónea de acuerdo incluso a los protocolos que ha establecido la Corte para sostener la existencia o probable existencia de una tortura es el Protocolo de Estambul, no hay otro, y si en el Protocolo de Estambul se establece que no tiene ningún síntoma o rasgo de esa naturaleza entonces evidentemente eso daría pie para dar por concluida la investigación. Entonces, en mi opinión queda firme la decisión del no ejercicio de la acción penal en términos del numeral 255 según el decreto de fecha veinticuatro de febrero de este año". Asimismo, se estima necesario precisar que el ilícito de tortura, se encuentra regulado por los artículos 24 y 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuales son del tenor siguiente: "CAPÍTULO TERCERO DEL DELITO DE TORTURA Artículo 24. Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo". Artículo 26. Se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días multa, al Servidor Público que incurra en alguna de las conductas previstas en el artículo 24 de la presente Ley. Tratándose del particular a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad". Precisado lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que, del primero al sexto concepto de violación señala que el acto reclamado es violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 apartado C y 21 constitucionales. Al respecto adujo que desde que inició la carpeta de investigación y en el desarrollo de la audiencia de control de actos del ministerio público, se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, porque no se han respetado sus derechos humanos; que en los datos de prueba recabados por el agente del ministerio público, no se le concedió el derecho de contradicción; no se han respetado sus derechos de víctima; no se le ha concedido su derecho de audiencia, ya que no ha sido oído y vencido en juicio. También señala que el agente del ministerio público no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 21 Constitucional, toda vez que no ha agotado la investigación ya que no solicitó la media filiación de los imputados de nombres Carlos Eduardo Arriaga Catana, Diego Cruz Vázquez, Yurel Elizalde Suazo, Norma Jacobo Vigil y Salvador Hernández Cárdenas, que son los policías aprehensores. De igual manera manifiesta el quejoso que no se ha localizado, identificado y entrevistado a los testigos de hecho, que son los propios imputados en mención, el testigo Jesús Hernández Ramos, el licenciado Juan Mondragón Obregón, defensor de oficio y a Romelia Antonio Basurto, oficial administrativa, que fue la que llevó a cabo la entrevista el veinte de agosto de dos mil diecinueve. Conceptos de violación que son infundados y fundados pero inoperantes en otra, sin que este juzgador haya advertido motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. En efecto, contrario al señalado por el quejoso, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en su perjuicio en el desarrollo de la audiencia de control a pesar de que no compareció a la misma. Ello es así, porque si bien de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se impugne el no ejercicio de la acción penal -entre otras determinaciones del ministerio público- el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor; asimismo, que en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación; también lo es, que el imputado -aquí quejoso- estuvo representado en la misma por el licenciado Elías Ortiz Cervantes, por lo que se estima que contó con una adecuada defensa. Por tanto, si bien no acudió el imputado, sí lo hizo su asesor jurídico, por lo que a través de éste ejercicio su derecho de audiencia y de adecuada defensa; máxime como se advierte de la versión audio visual de la audiencia reclamada, el referido asesor victimal tuvo la oportunidad de expresar las razones por las cuales estimó ilegal el no ejercicio de la acción penal decretado por el agente del ministerio público el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Incluso, antes de dar las razones de ello, hizo un resumen del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; señaló los datos de prueba en que se apoyó así como sus argumentos para decretarlo, por lo que es evidente que sí contaba con información suficiente para brindar una adecuada defensa al aquí quejoso. Lo que se advierte de la transcripción siguiente, con la que se puede constatar la participación del asesor del aquí quejoso en la audiencia reclamada: "[.] Gracias Señoría. Señalar que con fecha veinticuatro de febrero de la presente anualidad, la Fiscalía decretó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal fundado en una serie de hechos que narran en este acuerdo, en el cual se manifiesta que el resultando primero que la representación social ordenó, dentro de la carpeta de investigación las diligencias pertinentes y útiles con el fin de demostrar la no existencia del delito, demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, en la etapa de investigación derivó que obtuvieron una serie de actos de investigación, los cuales numera la fiscalía y en el primer punto habla de un oficio número DCPM01422/2021 del fecha 1 de diciembre de 2021, suscrito por el licenciado Martín Uxley Ávila Rivera, director del Centro de la Plataforma México de la Fiscalía General del Estado, en el cual refiere que hace del conocimiento de la Fiscalía que se llevó a cabo una búsqueda minuciosa de la base de datos del Sistema Único de Información que alberga la plataforma México de la base de datos del Sistema Integral de Información del Sistema de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado y base de datos de licencia de conducir y padrón vehicular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración y se obtuvo un resultado positivo a nombre del señor Faustino Vázquez Silva. Como número dos, también aparece un oficio con número CSPMO/DJ/3674/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, suscrito por el doctor en Derecho Mauricio Rivera Valencia, Director de la Unidad Jurídica de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado, en el cual hace del conocimiento que en su búsqueda de los expedientes jurídico-administrativos, así como de la base de datos electrónica, sí se encontró también registro de la persona mencionada, el cual está activo en el CERESO de Mil cumbres. Como número tres, un certificado médico de ingreso al centro penitenciario de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por la Doctora Guadalupe Alejandra Monsiváis Dimas, adscrita al servicio médico del Centro Penitenciario, donde refiere que el señor Faustino Vázquez Silva tiene lesiones, las cuales no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. Como número cuatro, un informe general de investigación de fecha 15 de abril de 2022, suscrito por el señor Miguel Enrique Paxtian Beltrán, Agente investigador adscrito a la Fiscalía Especializada General del Estado de Michoacán, donde refiere que hace del conocimiento que el día 14 de abril de 2022, se constituyó en este Centro Penitenciario en el área de locutorios, donde se entrevistó con el Señor Faustino Vázquez Silva, con quien se identificó que provenía del área de la Fiscalía Especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y en el cual, la víctima le manifestó que tenía indicaciones de su representante legal de no recibir ni firmar ningún documento sin antes hacérselo saber por lo cual no le fue posible realizar a cabo su informe de investigación. Como número cinco, copia certificada de la carpeta de investigación número FED/MICH/URU/0002400/2019 instruida en contra de Faustino Vázquez Silva, en la cual se contiene un informe policial homologado de fecha 19 de agosto de 2019 rendido por los elementos de la policía, Carlos Eduardo Arriaga Catana, Diego Cruz Vázquez y Uriel Elizalde Sauzo y Norma Jacobo Vigil y también contiene esta carpeta de investigación un certificado médico de integridad corporal de fecha 19 de agosto de 2019 suscrito por la doctora Hilda Marisol Huerta Alfaro, perito forense adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República practicado al señor Faustino Vázquez Silva en la cual manifiesta que el mismo no acepta la revisión médico legal. Como número seis, existe la información dentro del oficio SESESP/DCEI/0478/2022 de fecha 27 de abril de 2022, suscrito por el Ingeniero Magnolia de los Ángeles Quintero Barbuen, Directora del Centro Estatal de Información del Sistema Estatal de Seguridad Pública donde manifiesta que los ciudadanos Carlos Eduardo Arriaga Catana, Diego Cruz Vázquez y Uriel Elizalde Sauzo y Norma Jacobo Vigil tienen acreditada su calidad de servidores públicos. El informe general de investigación de fecha 14 de julio de 2022 suscrito por el técnico José Alfredo Guerrero Orrosteita, Agente investigador de la Fiscalía para el delito de tortura, tratos crueles e inhumanos en el que refiere que el 11 de julio del año en curso acudió al centro penitenciario para entrevistarse con la persona privada de la libertad Faustino Vázquez Silva, con quien de igual manera se identificó como Agente Investigador de la Fiscalía ya mencionada y el señor Faustino Vázquez Silva le manifiesta que es su deseo consultar con su abogado sobre el motivo de la visita del agente, por lo que hasta entonces no llevaría a cabo ninguna entrevista ni firmaría ningún documento, por lo que la persona que suscribe el documento no le es posible llevar a cabo ese ejercicio de investigación. Como número ocho, el informe general de investigación de fecha 12 de agosto de 2022 suscrito por el técnico José Alfredo Guerrero Orrosteita, Agente investigador de la misma área en el que manifiesta que nuevamente el 9 de agosto del año en curso se constituyó en estas instalaciones para entrevistarse con el señor Faustino Vázquez Silva, con quien, una vez identificado, le proporciona el número de carpeta de investigación de la orden, con la cual se presenta, en la que le hace saber que él es víctima, esto para que a su vez, él mismo informara a su abogado la situación de la carpeta. Número nueve, un informe en materia de psicología de fecha 21 de septiembre de 2022 suscrito por la perito Psicóloga Jaqueline López Gómez, adscrita a la Fiscalía Especializada, donde refiere que con fecha 9 de septiembre se constituyó en el interior de este centro penitenciario entrevistándose con el señor Faustino Vázquez Silva, le explicó el procedimiento para el cual estaba presente ahí, donde se le garantizó [sic] la evaluación, expresa voluntariamente su intención de participar y señala que el resultado de dicha evaluación se dará a conocer estrictamente a la autoridad que forma parte del proceso legal, a su vez, ésta emitió su dictamen en donde manifiesta que el señor Faustino Vázquez Silva, por escrito y de manera verbal no acepta la evaluación, asentándolo en el consentimiento para la valoración psicológica solicitada, argumentando que desea consultarlo con su abogado. Como número diez, el informe médico de fecha 20 de septiembre de 2022, suscrito por el perito médico Daniel Fidel Paredes López, adscrito a la Fiscalía Especializada donde refiere que hace del conocimiento que el día 20 de septiembre de 2022 se constituyó en este centro penitenciario, entrevistándose con la persona de nombre Faustino Vázquez Silva, quien le manifestó verbalmente y por escrito que no acepta la evaluación y no se compromete a seguir las instrucciones negando el consentimiento para la evaluación médica y fijaciones fotográficas, manifestando que en ese momento quería platicar con su abogado. Número once, informe general de investigación de fecha 5 de octubre de 2022, suscrito por el licenciado. Permítame tantito. Préstame unas hojas, por favor, hojas blancas. Adelante. Gracias Señoría. Comentaba, en el número once, informe general de investigación de fecha 5 de octubre de 2022, suscrito por el licenciado Jesús Eugenio Bastién Partida, agente investigador adscrito a la Fiscalía Especializada, en donde refiere que el 4 de octubre del año en curso, acudió nuevamente a este centro penitenciario para entrevistarse con el señor Faustino Vázquez Silva, con quien se identificó como Agente investigador y quien le manifestó que sí desea que se continúen con las investigaciones, solicitando también que le fuese recabada la entrevista en calidad de víctima y además está de acuerdo en someterse a los exámenes médicos y psicológicos que correspondan, es decir, al Protocolo de Estambul, por lo que se procedió a realizar la entrevista correspondiente, misma que se anexa como apartado A. En la cual manifiesta que con fecha 5 de octubre de 2022, manifiesta el señor Faustino que una vez que le hicieron saber la razón por la cual lo visitaban, así como de sus derechos que la Constitución le brinda, desea continuar con las investigaciones y someterse a los exámenes necesarios, señalando que el día 19 de agosto de 2019, fue detenido por la policía Michoacán cuando iba a bordo de una pipa de gasolina a la altura de la glorieta de Walmart en la ciudad de Uruapan, un vehículo Charger, en el cual viajaban cuatro policías, dos hombres y dos mujeres, descendiendo de la patrulla y, él como chofer, en compañía de Jesús Hernández Ramos y una vez que los bajaron de la pipa los esposaron inmediatamente y posteriormente llegó una persona vestida de civil en un carro Honda color negro y yo me encontraba en el piso, tirado boca abajo y la persona civil me pateó en la cabeza en una ocasión y los policías me seguían golpeando, subiéndome a la patrulla, pero yo estaba sangrando de la ceja derecha, bajándome de nueva cuenta de la patrulla en ese mismo lugar donde me detuvieron, continuando golpeándome y preguntándome que dónde y a quién le entregaría la pipa. Posteriormente me llevaron a la base de ellos y le preguntaron a su comandante que qué hacían con nosotros, refiriéndose a mi y a mi compañero que iba de copiloto, volviendo de nueva cuenta al lugar donde fuimos detenidos y luego llegó otra patrulla y nos subieron a otra llevándonos a las oficinas de Fiscalía y ahí no nos quisieron recibir y al salir de las oficinas de la Fiscalía, ahí estaba la persona del carro Honda de color negro, el cual ahora sé que es hermano de la persona que era dueño de la pipa, que según tenía reporte de robo, entonces ahí esta persona les dijo a los policías que me habían detenido que me llevaran al basurero para matarnos, que les darían $50,000 pesos por los dos. De ahí nos llevaron a barandilla, pero le dice la encargada de ahí que no me podía recibir así, que necesitaba que me suturaran la ceja porque estaba sangrando mucho, fue entonces que me llevaron al hospital San Ángel en donde me cosieron y después nos llevaron a barandillas otra vez, para después llevarnos de barandilla a la Fiscalía, pero si tardamos como 7 horas en barandilla siendo todo lo que es mi deseo manifestar. Agregó también, que el policía que lo detuvo se llama Carlos Eduardo Arriaga Catán, de la Policía Michoacán Como número doce Señoría, está un dictamen de materia de Psicología de fecha 26 de diciembre de 2022 suscrito por la Psicóloga Jaqueline López Gómez, adscrita a la Fiscalía Especializada, practicado al señor Faustino Vázquez Silva donde concluye, como primer punto, que una vez analizados los elementos técnico y metodológicos con base en los resultados de la presente evaluación psicológica y apegado a los lineamientos del manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes se determina que el evaluado Faustino Vázquez Silva no existe coherencia o concordancia entre el relato denunciado de las quejas de tortura y malos tratos con los hallazgos psicológicos. Y como segundo punto, que el evaluado Faustino Vázquez Silva no presenta reacciones psicológicas consistentes en síntomas de estrés postraumático que evidencien el hecho de tortura alegado por el evaluado. Como número trece el dictamen médico, siguiendo los lineamientos del manual para la investigación y documentación eficiente de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir, el Protocolo de Estambul, de fecha 6 de enero de 2023 suscrito por el doctor Fidel Paredes López, perito médico adscrito a la Fiscalía Especializada practicado al señor Faustino Vázquez Silva, donde concluye, únicamente como conclusión, que el señor Faustino Vázquez Silva no presenta signos físicos de lesiones compatibles con tortura al momento de su internación. Dichos datos de prueba fueron considerados por la Fiscalía, que fueron obtenidos bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y con respeto a los derechos humanos atendiendo a lo que ordena el artículo 2° del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como al 4° de la Ley Orgánica de la Fiscalía y el segundo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo cual considera que primer punto, es competente para resolver la carpeta de investigación toda vez que tiene las facultades y competencias como Ministerio Público en la investigación de delitos y éstas se encuentran sustentadas en el artículo 21 constitucional. También determina la Fiscalía para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes que se encuentra contemplada en el artículo 23, fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además de lo dispuesto por el artículo 4°, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y por cuanto hace a sus atribuciones, éstas se encuentran plasmadas en el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto establece determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal así como ejercer la facultad de no investigar los casos autorizados por ese Código. Ahora bien, dentro de sus obligaciones que plasma en el artículo 8°, fracción XIV de la Ley Orgánica en la cual le autoriza determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, por tanto, refiere la Fiscalía que el presente asunto resulta aplicable lo establecido en dicho artículo y manifiesta que como se ve los artículos transitorios en el párrafo que antecede se establecen atribuciones a la Fiscalía para determinar sobre el no ejercicio de la acción penal, así como su competencia y señala que una vez agotada la investigación, el Ministerio Público estima que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación ya que refiere que están colmadas las condiciones que establecen el numeral 255 del Código de Procedimientos Penales, como lo es que se encuentra colmado el análisis jurídico de las constancias que integran el expediente en cita y se advierte claramente que a consideración de quien resuelve, se tiene por agotada la investigación de la carpeta en estudio y análisis, como más adelante se detallará. Posteriormente hace un análisis para determinar la no procedencia del ejercicio de la acción penal y se hace en los siguientes términos: En una secuencia cronológica, es importante precisar que la investigación se inició atendiendo a una denuncia realizada mediante escrito de fecha 29 de octubre del 2021 suscrita por el maestro Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos de la dirección general del Instituto Federal de la Defensoría Pública quien, en la parte que interesa asentó que presentó formal denuncia contra los elementos de la Policía del Estado por actos posiblemente constitutivos de tortura y delitos vinculados cometidos en agravio de Faustino Vázquez Silva. Segundo. Al obtener la noticia criminal, resulta imperativo para el Ministerio Público recibir la denuncia atento a lo dispuesto por el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así, cuando menos en forma preliminar se clasificaron los hechos en la descripción del tipo penal del delito de tortura que prevé el artículo 24 y sanciona el 26 de la Ley General para prevenir y sancionar e investigar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, delito atribuido a imputado desconocido en ese momento. Así tenemos que el ilícito de tortura que prevé el artículo 24 y 26 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos establece las previsiones, así como sus sanciones. Del análisis del tipo penal de tortura, se establece que es necesario que se cumplan con todos y cada uno de los elementos normativos que requiere el tipo penal. En el caso que nos ocupa es necesario que se acredite de manera objetiva bajo los lineamientos que establece el Protocolo de Estambul, el dolor o sufrimiento físico o psicológico de una persona o bien una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica aunque no le cause dolor o sufrimiento, ilícito que en esa etapa de la investigación inicial, no se acredita, toda vez que de los actos de investigación idóneos, pertinentes y necesarios para demostrar la existencia del delito y la probable participación de quien lo cometió, datos de prueba que establecen en la carpeta de investigación, señala que no existen elementos para acreditar el tipo penal. Por lo anterior, se actualiza el supuesto del hecho de la descripción típica que refiere de fecha 5 de octubre de 2022, suscrito por el licenciado, que el sujeto activo calificado tenga el carácter de servidor público estatal, municipal o un organismo o empresa centralizada. Segundo, que el acto intencional para que un acto se considere tortura, se requiere una intencionalidad, conocimiento o querer, es decir, el propósito por el que afecte la integridad corporal y por último, el daño grave, que se entienda por dolores y sufrimientos físicos o mentales, los cuales deben ser de suficiente intensidad como para determinar que efectivamente hay una afectación grave. Dichos elementos, nos dice la Fiscalía, que el primero de ellos, relativo a que el sujeto activo tenga calidad de servidor público no quedó debidamente acreditado, aún y cuando la víctima llevó a cabo la entrevista correspondiente. La misma no permite obtener datos de prueba tendientes a establecer vínculo entre la conducta manifiesta como hecho posible constitutivo del delito y el sujeto activo calificado, es decir, un servidor público. Dato de prueba que se le concede valor probatorio a la luz del 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atendiendo al segundo punto, es decir, el acto intencional consistente en el acto volitivo, la intencionalidad de los sujetos activos no se acredita, pues para los efectos legales de esta investigación resulta pertinente recopilar información precisa de modo, tiempo y lugar con el ánimo de esclarecer la posible conducta delictiva por medio de una entrevista a la víctima u ofendido, motivo por el cual se giró orden de investigación para recabar entrevista del señor Faustino Vázquez Silva, la cual está plasmada en el informe de investigación del 5 de octubre de 2022, elaborada por el licenciado Jesús Eugenio Bastién, Agente investigador adscrito a la Fiscalía Especializada, donde refiere que el 4 de octubre, se constituyó en el Centro Penitenciario en donde se entrevistó con la persona privada de su libertad y donde hace nuevamente manifestación a la entrevista ya señalada señoría, que doy aquí por reproducida. Continúa analizando la Fiscalía que estos datos de prueba recabados no le son suficientes, ya que no aporta datos a la presente investigación, así mismo no hay algún dato de prueba certero que nos permita acreditar la responsabilidad de los sujetos activos. Y por último, en relación al tercero de los elementos, es decir, el daño grave, este elemento tampoco quedó acreditado. Lo anterior como se desprende del dictamen en materia psicológica que ya fue descrito anteriormente en el que se determinó por la psicóloga adscrita, la psicóloga Jaqueline López, que no existe coherencia o concordancia entre el relato denunciado de las quejas de tortura y malos tratos y en segunda que no presenta reacciones psicológicas consistentes en síntoma de estrés postraumático y de lo cual concluye que el ciudadano Faustino Vázquez Silva no presenta signos físicos de lesiones compatibles con tortura al momento de su intervención. Por consiguiente, al no quedar acreditados los elementos integradores del delito en estudio, eso es lo que el Ministerio Público está imposibilitado para ejercer la acción penal y de reparación del daño. Entonces después de haber ordenado las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, no se logró la obtención de medios de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que señala la Ley como delito de tortura, medios de prueba que obran dentro de la presente carpeta a las cuales se les concede licitud probatoria. Tercero, por lo tanto, si en autos no ha quedado debidamente acreditados los elementos obtenidos descriptivos del tipo penal de tortura siendo ineludible ello para poder entrar al estudio de las demás categorías jurídico penales como lo son el juicio de antijuricidad y culpabilidad, sin duda elementos integradores de todo un delito nos encontramos en presencia de hechos atípicos, luego entonces al no quedar acreditada la materialidad del ilícito en estudio, se actualiza el axioma jurídico "sin delito no existe delincuente", en tal virtud, y una vez que se concede la inexistencia de la antisocial, que se le atribuye a los imputados de referencia, resulta ocioso abordar el análisis de la probable responsabilidad penal del mismo, en tanto se actualiza lo dispuesto por el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a que la determinación del no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 inhiben una nueva persecución penal, por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sean diversos hechos o en contra de diferentes personas. El anterior dispositivo nos remite al 327, fracción V, del mismo ordenamiento legal que marca que una vez agotada la investigación por el Ministerio Público y ésta no cuenta con suficientes elementos de prueba para fundar la acusación. En esa tesitura se tiene que se agotó la investigación, entonces la representación social, estima lo procedente es ordenar el no ejercicio de la acción penal en el presente asunto. Y así resuelve: como primer punto, el no ejercicio de la acción penal por los hechos ya manifestados dentro de la carpeta de investigación con número caso de único 1003-2021-46010 dentro del expediente MOR/053/40755/2021 iniciada respecto de la denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura en contra del imputado desconocido. Y como segundo, solicita que se le notifique a la víctima, Faustino Vázquez Silva, esta determinación. Para este acuerdo Señoría, el señor Faustino, por su propio derecho, presenta un escrito ante la administración de esta sala con la intención de impugnar el auto ya mencionado registrado bajo el número único de carpeta que del mismo modo ya se manifestó y el expediente indicado, en el cual señala Señoría que con fecha 27 de febrero de esta anualidad se le notificó el auto de fecha 24 del mismo mes y año. Segundo, que está inconforme con dicho acuerdo por lo cual lo impugna por medio de su escrito, ya que considera que no se ha agotado la investigación para reunir los elementos suficientes para fundar la acusación, además, en el presente caso de estudio, ya se cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación, toda vez que están plenamente identificados los actos del delito de tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones y robo, porque de los datos de prueba recabados en la etapa de investigación que obran en la carpeta se desprende que no han sido realizadas acciones correspondientes, pues en todo caso, la carpeta de investigación no se debe instruir en contra de imputado desconocido, sino que debe instruirse en contra de los ya señalados Carlos Eduardo Arriaga Catana, Diego Cruz Vázquez, Uriel Elizalde Suazo y Norma Jacobo Vigil, así como de quien pudiera resultar responsable. Todos estos elementos aprehensores de la Policía Michoacán, adscritos a la Comandancia Regional de Uruapan. Con lo cual Señoría, al tener identificados a los activos queda de manifiesto que no le asiste la razón a la Fiscalía al determinar que no está determinado el sujeto activo calificado. Luego también sigue manifestando que en la carpeta de investigación existen datos de prueba con los que se acredita el cuerpo de elementos constitutivos del delito de tratos crueles, inhumanos, de tortura, lesiones y robo y la probable responsabilidad de comisión de los ya señalados. Como estos datos de prueba es la denuncia penal presentada en su momento por su defensor y una cédula de atención que le fue elaborada durante su detención por la licenciada Romelia Antonio Basurto, Oficial Administrativa, la que contiene la entrevista hecha a las 11 horas con 40 minutos del día veinte de agosto de dos mil diecinueve por el señor Faustino Vázquez Silva en la cual se asentaba como su defensor al licenciado Juan Mondragón Obregón y en la que señala que su detención fue ilegal, que al momento de la puesta a disposición, el suscrito, el señor Faustino se encontraba detenido y presentaba lesiones visibles y que así se lo hizo saber a su defensor, que fue agredido física y psicológicamente y que en relación a la documentación de posibles hechos de tortura de que fue víctima, en dicha entrevista quedó asentado, con lo cual queda también de manifiesto que no le asiste la razón a la Fiscalía en lo que manifiesta de que no se colmó el punto tres, determinado como daño grave, ya que sí está acreditada la lesión que recibió de manera física. También manifiesta que se encuentra el certificado médico de ingreso a este centro penitenciario, donde se acredita que existen las lesiones que refiere y existe también un IPH suscrito por los ahora denunciados en los que manifiestan que al momento de tenerlo tendido sobre el suelo se acercó un masculino vestido de civil y golpeó con su pie la cabeza del masculino que se encontraba en el suelo, inmediatamente de esto, lo levantó de manera inmediata para protegerlo sin poder obtener datos de prueba que había golpeado la cabeza, así mismo, al levantarlo se le observó un golpe en la cara a la altura de la ceja derecha. Existe también el acta de entrevista a víctima u ofendido del 4 de octubre de 2022 en donde manifiesta el señor Faustino los tratos por los cuales pasó durante el momento de su detención. A su vez, el dictamen psicológico bajo el Protocolo de Estambul dentro del cual se expusieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar y de la forma como sucedieron los hechos que constituyen el acto delictivo a cargo de los señalados. También existe un dictamen médico elaborado conforme a los Protocolos de Estambul de fecha 26 de diciembre de 2022 donde también se establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de como sucedieron los hechos y se señala a los activos. Y cuarto, que el Agente del Ministerio Público tiene la obligación de recabar más datos de prueba que se deriven de la carpeta de investigación, como pudieran ser entrevistas a testigos, como lo es el licenciado Juan Mondragón Obregón, defensor de oficio que en su momento atendió el asunto, la licenciada Romelia Antonio Basurto, Auxiliar Administrativo de la defensoría de oficio, quien fue que lo entrevistó, así como que no existe dentro de la carpeta de investigación una entrevista que se haya hecho a las personas señaladas como activos del delito, que son el señor Carlos Eduardo Arriaga Catán, Diego Cruz Vázquez y Uriel Elizalde Suazo y Norma Jacobo Vigil, tampoco al señor Salvador Hernández Cárdenas, quienes intervinieron en la detención del ya señalado. Por lo cual esta asesoría considera que no es procedente que se declare agotada la investigación y le solicita a usted Señoría que resuelva la improcedencia de este auto emitido por la Fiscalía en la que acuerda lo conducente". Sobre el tema, también señala el quejoso -en el hecho décimo sexto de su demanda- que la notificación del acuerdo de no ejercicio de la acción penal que se la hizo, no cumple con las formalidades establecidas en los artículos 82, fracción I, inciso 1), 83, 84, 85 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que tampoco fue notificado su asesor jurídico, por lo que la notificación es nula y se le dejó en estado de indefensión. Sin embargo, de conformidad con el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento -conforme a los numerales señalados por el quejoso- la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales, por lo que al haber impugnado el no ejercicio de la acción penal de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se evidencia que se hicieron sabedores de la misma y por ende su notificación se estima válida. Máxime, se advierte de lo expuesto por el asesor del aquí quejoso en la audiencia reclamada, que el quejoso sí tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés: "[.] Para este acuerdo Señoría, el señor Faustino, por su propio derecho, presenta un escrito ante la administración de esta sala con la intención de impugnar el auto ya mencionado registrado bajo el número único de carpeta que del mismo modo ya se manifestó y el expediente indicado, en el cual señala señoría que con fecha 27 de febrero de esta anualidad se le notificó el auto de fecha 24 del mismo mes y año". Por otra parte, tampoco le asiste la razón al quejoso cuando señala que no se le concedió su derecho de contradicción ni se le han respecto sus derechos de víctima. En efecto, el principio de contradicción, contenido en el artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto garantizar que las partes conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba, se opongan a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en dicho ordenamiento. Por tanto, si el quejoso -a través de su defensor- tuvo la oportunidad de conocer, controvertir o confrontar la impugnación de referencia, es evidente que no se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia ni el principio de contradicción, previstos en los artículos 14 y 20, primer párrafo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni sus derechos de víctima, contenidos en el apartado C del referido artículo 20 constitucional. Por otra parte, es fundado pero inoperante el motivo de disenso del quejoso en el que señala que el agente del ministerio público no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 21 Constitucional, toda vez que no ha agotado la investigación ya que no solicitó la media filiación de los imputados de nombres Carlos Eduardo Arriaga Catana, Diego Cruz Vázquez, Yurel Elizalde Suazo, Norma Jacobo Vigil y Salvador Hernández Cárdenas, que son los policías aprehensores; así como que no se ha localizado, identificado y entrevistado a los testigos de hecho, que son los propios imputados en mención, el testigo Jesús Hernández Ramos, el licenciado Juan Mondragón Obregón, defensor de oficio y a Romelia Antonio Basurto, oficial administrativa, que fue la que llevó a cabo la entrevista el veinte de agosto de dos mil diecinueve Es fundado, porque efectivamente, del registro audiovisual de la audiencia celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que el ministerio público no solicitó la media filiación de los referidos imputados; sin embargo, es inoperante. Ello, porque ningún fin práctico tendría conceder el amparo para que a su vez el juez ordenara al ministerio público obtener dicha descripción de los imputados ni las entrevistas a las referidas personas, pues como correctamente lo señaló el juez en el acto reclamado, de lo expuesto tanto por el asesor de la víctima como de lo manifestado por la agente del ministerio público, de lo precisado por la víctima y del informe policial homologado, ser advierte que las lesiones que presentó no fueron causadas por los policías aprehensores, sino por tercera persona que carece de calidad de servidor público y éste es un requisitos esencial para sostener la justificación del hecho que la ley señala como delito de tortura así como que los resultados del Protocolo de Estambul arrojaron que no existe concordancia o coherencia entre el relato denunciado con los hallazgos psicológicos; el aquí quejoso no presentó reacciones psicológicas consistentes en síntomas de estrés postraumático que evidencien el hecho de tortura alegado por la víctima. Esto es, aun cuando se obtuvieran las medias filiaciones de los elementos aprehensores y las entrevistas de los imputados, del testigo Jesús Hernández Ramos, del licenciado Juan Mondragón Obregón, del defensor de oficio y de Romelia Antonio Basurto, oficial administrativa, el acto reclamado no variaría, pues incluso cuando se determinara que los elementos aprehensores fueron quienes le produjeron las lesiones, los resultados del Protocolo de Estambul no variarían. Finalmente, quien resuelve considera necesario aclarar que del "sexto concepto de violación" el quejoso se pasó al "octavo concepto de violación"; asimismo, que éste, más que un motivo de inconformidad es una petición, ya que expresó: "Por todo lo anterior, solicito que una vez que se resuelva la presente demanda de amparo, se le ordene a las autoridades responsables del acto de autoridad reclamado, dicten la resolución correspondiente, para prevenir y reparar los derechos humanos que están violando en mi agravio". De lo transcrito se advierte que solicitó que una vez resuelto este amparo, se ordenara a las autoridades responsables dictaran la resolución correspondiente para prevenir y reparar los derechos humanos violados en su perjuicio; esto es, no vertió razonamiento alguno tendente a combatir los actos reclamados. En ese contexto, quien resuelve estima que fue acertada la determinación del juez de confirmar la resolución de no ejercicio de la acción penal decretada por el ministerio público. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Fiscal Especializado, a la Directora de Carpetas de Investigación y Litigación; y, a la Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia 3, adscritos a la Fiscalía Especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, al no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207616, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Faustino Vázquez Silva, por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 19 de septiembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 363/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por las autoridades adscritas a la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con residencia en esta ciudad; asimismo con la prueba documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por el quejoso. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público Federal adscrita y hace constar que las demás partes no lo hicieron. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

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