Fatima Quintero Maldonado

Expediente 1120/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1120/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Noel Villa Ortiz
  • Fatima Quintero Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto y/o resolución de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1120/2019, promovido por Fátima Quintero Maldonado, en cuanto Síndico Municipal y Representante legal del Ayuntamiento de Tingüindin, Michoacán; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve (2-8), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Fátima Quintero Maldonado, Síndico Municipal y Representante legal del Ayuntamiento de Tingüindin, Michoacán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1120/2019 y la admitió en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado a Eduardo Noel Villa Ortiz, por lo que se ordenó su emplazamiento y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, el diecinueve de noviembre de la anualidad que transcurre, se celebró la audiencia constitucional; motivo por el cual procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil I-296/2019, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el juicio ordinario civil 7/2018, sobre cumplimiento de contrato de prestación de servicios, seguido por Edson Omar Macías Gutiérrez, frente al Ayuntamiento Constitucional de Tingüindin, Michoacán, por conducto de su Síndico Municipal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 34). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó, consistente en el toca I-296/2019 (un tomo de prueba). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de l4egalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Razonamientos de forma. Ahora, contrario a lo aducido por el quejoso en los conceptos de violación, no puede afirmarse válida y legalmente que el acto que en esta vía se reclama, vulneró su esfera de derechos, debido a que carece de fundamentación y motivación, pues basta imponerse de su contenido para apreciar que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para fundar su fallo, refirió e invocó los numerales 136, 137, 573, 574, 575, 579, 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó -en esencia- que los agravios eran inoperantes e infundados, pues estimó que para la liquidación del rubro de intereses moratorios, se tomó en cuenta el monto total por el cual fue celebrado el contrato, pues fue esa cantidad que en sentencia definitiva se estableció debía considerarse para ello y que se adeudaba. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Razonamientos de fondo. Consideraciones de la responsable. En otro orden, debe decirse que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, en la resolución reclamada, consideró -en lo que interesa- que la interlocutoria materia de impugnación, sólo tendía a liquidar los montos que se hubiesen aprobado en sentencia definitiva a favor de la parte vencedora, con relación a los diversos rubros declarados procedentes, y para cuyo efecto, debían seguirse las bases que en su caso hubiesen quedado establecidas para tal fin en aquel fallo, el cual, al causar ejecutoria, constituía la norma particularizada del caso. En ese sentido, señaló la sala, era claro que si la sentencia a liquidar aportaba las bases para la cuantificación de los diversos conceptos aprobados, debía estarse en esas directrices para la realización de los cálculos aritméticos conducentes. Que dicho ello, era inconcuso que podían ser susceptibles de impugnación la deficiencia en los cálculos realizados para la liquidación, o la incorporación de rubros no aprobados en la sentencia de fondo -por mencionar algunos ejemplos-, más no así las bases bajo las cuales debían practicarse esas operaciones matemáticas, las cuales ya habían quedado definidas con fuerza de cosa juzgada. En el entendido de lo anterior, precisó el ad quem, era que a pesar de que la recurrente invocara el análisis y debida aplicación del clausulado del contrato base de la acción como punto de partida para inconformarse con la cuantificación que en liquidación de sentencia se hizo sobre el rubro de intereses moratorios, no debía pasar inadvertido que para la realización de ese cálculo se tomó en cuenta el monto total por el cual fue celebrado el contrato accionario, que lo fue de $1,023,963.13 un millón veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N., pues era esa la cantidad que en sentencia definitiva se estableció debía considerarse para ello, pues dijo, que era ésa la que se adeuda por concepto de obra contratada y reconocida como saldo pendiente de pago por la accionada. Aunado a que también, se precisó que la demandada era condenada al pago de gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno estableciera la ley de Ingresos del Estado, vigente para el año 2015 dos mil quince, cuyo costo debía ser regulado sobre la cantidad insoluta, de conformidad con la cláusula sexta del contrato accionario. En tal sentido, estimó la responsable que la impugnación en torno a que el monto total del contrato no fue tomado como base para el cálculo de intereses moratorios, devenía claramente inoperante, ya que tal aspecto constituía una cuestión plenamente definida dentro de una sentencia ejecutoria constitutiva de cosa juzgada, y, por ende, comprendía un aspecto que no podía ser materia de un nuevo estudio con motivo de la liquidación que sobre los rubros ahí aprobados se había hecho en la interlocutoria recurrida. Señaló la sala, que en clara consecuencia de lo anterior, la inconformidad que la apelante vertía con relación al indebido cálculo de honorarios profesionales que se hacía en la resolución materia del recurso, era infundada, si para ello se tomaba en cuenta que tal impugnación derivaba de la supuesta ilegalidad en el cálculo de intereses moratorios -conforme a lo que la apelante externó en el apartado inicial de su concepto de inconformidad-. Punto que como ya se había visto fue declarado inoperante, debiendo por ende permanecer incólumes tales aspectos del fallo. Así concluyó, que por idéntica razón declaraba infundada la imputación sobre la indebida fundamentación y motivación de la sentencia, ya que ésta la sustentaba en la impugnación sobre las bases para la cuantificación de intereses moratorios, la cual, por las razones que expuso con anterioridad fue inoperante. Argumentos de la quejosa. Por su parte, parte quejosa tendente a combatir las consideraciones anteriores, se limitó a señalar en los conceptos de violación, medularmente lo siguiente: Que la responsable vulneró su esfera de derechos, toda vez que con independencia de que en la ejecutoria que resolvió el juicio de origen se mencionara que se condenó a la demandada al pago de $1,023,963.13 (un millón veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 13/100 m.n.) por concepto de pago total de la obra contratada amparada en el contrato base de la acción y reconocida como saldo pendiente de pago por la accionada; la verdad es que, ello nada tenía que ver con los cálculos que se estaban reclamando por concepto de gastos financieros, pues éstos se referían a un rubro totalmente diferente al precio total de la obra. Por lo que siendo así, resultaba ilegal que la autoridad hiciera mención, que en la ejecutoria se condenó al pago del momento total del contrato para estimar inoperante el agravio, si en este último jamás se dijo que eso no fuera correcto, que se hubiera dicho que estaba mal que se condenara a la quejosa al pago de esa cantidad, que como la propia responsable lo refería, era respecto del precio total de la obra, mas no así al pago de gastos financieros, que era una cuestión diferente. Continúa mencionando, que respecto a lo aducido por la responsable en torno a que el propio fallo motivo de ejecución se condenó al pago de gastos financieros conforme a la tasa que sobre falta de pago oportuno estableciera la Ley de Ingresos y cuyo costo debía ser regulado sobre la cantidad insoluta, de conformidad con la cláusula sexta del contrato accionario; señala que no obstante que en el fallo se hubiera establecido lo que decía la responsable, ello en modo alguno significaba que el pago de los gastos financieros debía hacerse conforme al contrato celebrado. Pues dice la parte quejosa, que para la responsable el pago de los gastos financieros debía tener como punto de partida el importe de $1,023,963.13 (un millón veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 13/100 m.n.) porque el propio juez dijo que el costo de esos gastos financieros debía ser regulados sobre la cantidad insoluta. Eso era, el haber utilizado el juez de origen el término "cuyo costo deberá ser regulado sobre la cantidad insoluta", el Magistrado de la Cuarta Sala Civil entendió que esa cantidad insoluta se refería al monto total por el cual fue celebrado el contrato accionario, y que fue por la cantidad de $1,023,963.13 (un millón veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 13/100 m.n.). De ahí que para la responsable, fuera inoperante la primera parte del agravio, porque si la a parte actora exigió el pago de gastos financiero tendiendo como base el monto total del contrato accionario, se ajustó a lo que la propia ejecutoria determinó, lo cual ya no podía ser materia del análisis. Tan era cierto lo anterior, que en la ejecutoria se dijo que esos gastos financieros se pagarían de conformidad con la cláusula sexta del contrato accionario, que la propia responsable acepta en su resolución, teniendo que en esa cláusula de que las cantidades que no se paguen y sobre las cuales se generara el pago de gastos financieros sea respecto del monto total del contrato. Luego, no por el hecho de que en la ejecutoria motivo de ejecución se hubiera mencionado que en torno al pago de los gastos financieros, su costo debería ser regulado sobre la cantidad insoluta, se refería y debía entender que aludía al monto total del contrato, pues como quedó visto, una cuestión era el importe total del contrato y otra la cantidad insoluta que se adeudara de las estimaciones que se hubieren aprobado y no se hubieran pagado en los términos pactados, conforme al contenido de la cláusula sexta. Razón por la que estima, la responsable incurrió en un error al declarar la inoperancia de los agravios expresados, cuando lo correcto era que hubiera procedido a su análisis, pues en el mismo se le hizo notar el error en que incurrió la actora al cobrar los gastos financieros y que el juez de origen los hubiera aprobado en su sentencia, ya que mezclaron el monto total del contrato, con los adeudos que se pudieran derivar del no pago de las estimaciones aprobadas conforme a la cláusula sexta, todo lo cual si era válido que se impugnara en los agravios, pues como la propia responsable lo mencionó en su resolución la deficiencia de los cálculos sí podía impugnarse vía agravio. Asimismo, también incurrió en un error al estimar infundada la segunda parte del agravio, porque al considerar inoperante la primera, carecía de sentido lo alegado, lo que no fue correcto, es por lo que debió entrar al estudio del agravio y declararlo fundado, al ser claro que era infundado el monto de los honorarios que reclamo la contraria, dado que partió de una base errónea. Los anteriores planteamientos son inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que el peticionario de amparo no ataca las consideraciones torales de la resolución reclamada, por las que el Tribunal responsable estimó: Que podía ser susceptible de impugnación la deficiencia en los cálculos realizados para la liquidación, o la incorporación de rubros no aprobados en la sentencia de fondo, mas no así las bases bajo las cuales debían practicarse esas operaciones matemáticas, las cuales habían quedado definidas con fuerza de cosa juzgada. Que por ello, a pesar de que el recurrente invocaba el análisis y debida aplicación del clausulado del contrato base de la acción como punto de partida para inconformarse con la cuantificación que se hizo respecto de los intereses moratorios, no pasaba inadvertido que para la realización de ese cálculo se tomó en cuenta el monto total por el cual fue celebrado el contrato accionario, eso era $1,023,963.13 un millón veintitrés mil novecientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N., pues era ésa la cantidad que se adeudaba por concepto de obra contratada y reconocida como saldo pendiente de pago por la accionada. Que también se precisó que la demandada fue condenada al pago de gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno establezca la ley de Ingresos del Estado, vigente para el año 2015 dos mil quince, cuyo costo debería ser regulado sobre la cantidad insoluta, de conformidad con la cláusula sexta del contrato accionario. Por ello, la impugnación en torno a que el monto total del contrato no fue tomado como base para el cálculo de intereses moratorios, devenía inoperante, ya que ello constituía una cuestión plenamente definidas dentro de una sentencia ejecutoria constitutiva de cosa juzgada. Que en consecuencia, la inconformidad relativa al cálculo de honorarios profesionales, era infundada, toda vez que la impugnación derivaba de la supuesta ilegalidad en el cálculo de intereses moratorios. Que por idéntica razón era infundada la imputación sobre la indebida fundamentación y motivación de la sentencia, ya que la sustentaba en la impugnación sobre las bases para la cuantificación de intereses moratorios, la cual se estimó inoperante. Esto es, no basta que el peticionario de amparo señale en forma genérica, que una cosa eran los gastos financieros y otra diferente el precio total de la obra; que los gastos financieros debían hacerse conforme al contrato celebrado; que la condena a gastos financieros debía ser regulada sobre la cantidad insoluta, no se refería al monto total del contrato, sino a lo que se adeudara y que no se hubiesen pagado; y que por ende, debió declarar infundado el monto de los honorarios que reclamó la contraria. Sino que debió de expresarse y revelarse, a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que explicara por las que consideró erróneo el señalamiento del magistrado, en el sentido de que, para la realización del cálculo se tomó en cuenta el monto total por el que fue celebrado el contrato accionario, porque en la sentencia definitiva se estableció debía considerarse para ello, pues era la que se adeudaba por concepto de obra contratada y reconocida como saldo pendiente de pago por la accionada; esto es, no dijo por qué no debía considerarse el pago total no obstante que es el saldo pendiente de la accionada. Por tanto, al no atacar dichas consideraciones, como se anticipó, deviene inoperante el concepto de violación de que se trata. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fátima Quintero Maldonado, Síndico Municipal y Representante legal del Ayuntamiento de Tingüindin, Michoacán, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las once horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional del juicio de amparo 1120/2019; atento a ello, con la promoción de cuenta y el presente auto, fórmese cuadernillo de amparo. Por otro lado, agréguese el escrito signado por Javier Arturo Silva Loza, apoderado jurídico del tercero interesado Eduardo Noel Villa Ortiz, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, en virtud de la copia cotejada del instrumento notarial que acompañó a su escrito de cuenta, por medio del cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Se comisiona al actuario tome nota de lo anterior para las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado que rinde el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable, por su propia y especial naturaleza. Fórmese un tomo de pruebas por separado. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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