Faustino Reyes Zambrano

Expediente 1153/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1153/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
08/03/2017

Partes del expediente

  • Faustino Reyes Zambrano
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla (anexo I), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    Número de expediente: 1153/2016 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 118 a 127), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 338/2013. b) Provea lo necesario para que se recabe las pruebas ofrecidas en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique a los testigos de cargo Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, a quienes ordenó notificar de manera personal en el domicilio Zacatecas Sur número 110, San Hipólito Xochiltenango; notifique a la Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado, para que estén en aptitud, los primeros de emitir su declaración (interrogatorio), el segundo, de rendir el estudio que se le solicitó, debiendo mediar un plazo prudente entre su notificación y el desahogo de las pruebas -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita; así como recabe la documental pública consistente en copia certificada del proceso 433/2014 de su índice, en la cual el inculpado figura como agraviado; y para el caso que tales medios de prueba ya se hubieran recibido o desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta las mismas. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofreció dicho medio de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió rendirse la información. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Resolución que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 194 a 196). Ahora bien, mediante oficios 6287 y 6301 de veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 205 a 215), el juez responsable remitió copia certificada dictadas en la causa penal 338/2013 de su índice, de las que se advirtió que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de diecinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 205). - Repuso el procedimiento en los autos de la causa penal 338/2013, para el efecto de que dentro del término constitucional ampliado, se recabaran las pruebas documentales solicitadas al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, consistente en el estudio clínico criminológico, dinámica familiar y de personalidad del quejoso (estudios clínicos que el juez responsable remitió en copia certificada mediante oficio 6368 -fojas 215 y 233 a 242-). - Respecto de la documental consistente en la copia certificada del proceso penal 433/2014 del índice del juzgado responsable, dicha autoridad estableció que se extrajeran dichas copias a costa del oferente de la prueba, y se agregaran a la causa penal 338/2013 para ser tomadas en consideración al momento de resolver la situación jurídica del quejoso. - En relación con los interrogatorios a cargo de los testigos Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, el juez responsable estableció que los mismos fueron desahogados el veinte de octubre de dos mil dieciséis, y que serán tomados en consideración al momento de resolver la situación jurídica del amparista. - Asimismo, mediante resolución de veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis, el juez de la causa procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso Faustino Reyes Zambrano, decretándole auto de formal prisión por el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 307, 311, 323, 326, fracción II y 328 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miguel Ángel Reyes Ledo. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Sin embargo, en proveído de dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 251 a 254), no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, esto, en virtud de que si bien el juez de la causa, valoró la prueba documental solicitada al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, consistente en el estudio clínico criminológico, dinámica familiar y de personalidad del quejoso (estudios clínicos que el juez responsable remitió en copia certificada mediante oficio 6368 -fojas 215 y 233 a 242-); también lo es que por cuanto hace a la documental consistente en la copia certificada del proceso penal 433/2014 de su índice estableció que no se valoraría, pues no se agregaron dichas copias debido a que el oferente de la prueba (defensor) no compareció a cubrir el costo de su fotocopiado, pese a que se le notificó de ello (foja 214 vuelta). Lo anterior, no se ajusta a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues en esta no se estableció tendrían que ser a costa del oferente de la prueba, como se advierte de lo siguiente: "De igual manera debió recabar la prueba documental pública consistente en copia certificada del proceso 433/2014, en la cual el inculpado figura como agraviado, toda vez que la misma fue ofrecida dentro del plazo constitucional, puesto que el mismo fenecería el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, de ahí que la responsable debió recabar tal medio de prueba." (fojas 123 vuelta y 124). Por otro lado, respecto de los interrogatorios a cargo de los testigos Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, se estableció que si bien el juez responsable en la resolución de término constitucional les restó valor probatorio por no cumplir con lo establecido en el numeral 201 del ordenamiento legal cita, no era de tomarlos en consideración. Sin embargo, el juez no remitió a esta autoridad copia certificada del desahogo de dichos interrogatorios; lo que como se dijo resultaba necesario para que esta autoridad tuviera la certeza de su desahogo, pues fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. De lo anterior, se advertía que no se habían agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional; por lo que se requirió por última ocasión el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, mediante oficio 280 de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 257 a 279), el juez de la causa remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en el proceso penal 338/2013 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión combatido de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veinticinco de diciembre del mismo año con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 258 vuelta). Ahora, con relación a lo requerido, se advierte que tomó en consideración los interrogatorios a cargo de los testigos Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández; los cuales procedió a su transcripción, valorándoles en términos del artículo 155, fracción VIII del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, pero les restó valor probatorio al no cumplir con lo establecido en el diverso numeral 201 del mismo ordenamiento legal en cita (fojas 266 a 267 vuelta). Asimismo, respecto de la prueba documental solicitada al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, consistente en el estudio clínico criminológico, dinámica familiar y de personalidad del quejoso, lo valoró en términos del artículo 196 del código procesal de la materia; sin embargo, dijo que el mismo no aportaba dato alguno para dilucidar los hechos a que se contrae dicha causa penal (foja 269). Y, por cuanto hace a la copia certificada del diverso proceso penal 433/2014 de su índice, la valoró como documental pública en términos del artículo 196 del código procesal de la materia; sin embargo, dijo que esta no corroboraba la versión del indiciado Faustino Reyes Zambrano (fojas 267 vuelta y 238). Como consecuencia de lo anterior, el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, el juez de la causa resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Faustino Reyes Zambrano, decretándole auto de formal prisión por el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 307, 311, 323, 326, fracción II y 328 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miguel Ángel Reyes Ledo. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con su contenido y anexo, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 118 a 127), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 338/2013. b) Provea lo necesario para que se recabe las pruebas ofrecidas en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique a los testigos de cargo Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, a quienes ordenó notificar de manera personal en el domicilio Zacatecas Sur número 110, San Hipólito Xochiltenango; notifique a la Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado, para que estén en aptitud, los primeros de emitir su declaración (interrogatorio), el segundo, de rendir el estudio que se le solicitó, debiendo mediar un plazo prudente entre su notificación y el desahogo de las pruebas -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita; así como recabe la documental pública consistente en copia certificada del proceso 433/2014 de su índice, en la cual el inculpado figura como agraviado; y para el caso que tales medios de prueba ya se hubieran recibido o desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta las mismas. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofreció dicho medio de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió rendirse la información. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Resolución que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 194 a 196). Ahora bien, mediante oficios 6287 y 6301 de veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 205 a 215), el juez responsable remitió copia certificada de las resoluciones de las citadas fechas, dictadas en la causa penal 338/2013 de su índice, de las que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de diecinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 205). - Repuso el procedimiento en los autos de la causa penal 338/2013, para el efecto de que dentro del término constitucional ampliado, se recabaran las pruebas documentales solicitadas al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, consistente en el estudio clínico criminológico, dinámica familiar y de personalidad del quejoso (estudios clínicos que el juez responsable remitió en copia certificada mediante oficio 6368 -fojas 215 y 233 a 242-). - Respecto de la documental consistente en la copia certificada del proceso penal 433/2014 del índice del juzgado responsable, dicha autoridad estableció que se extrajeran dichas copias a costa del oferente de la prueba, y se agregaran a la causa penal 338/2013 y ser tomadas en consideración al momento de resolver la situación jurídica del quejoso. - Respecto de los interrogatorios a cargo de los testigos Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, el juez responsable estableció que los mismos fueron desahogados el veinte de octubre de dos mil dieciséis, y que serán tomados en consideración al momento de resolver la situación jurídica del amparista. - Asimismo, mediante resolución de veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis, el juez de la causa procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso Faustino Reyes Zambrano, decretándole auto de formal prisión por el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 307, 311, 323, 326, fracción II y 328 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miguel Ángel Reyes Ledo. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Sin embargo, según se advierte de dicha resolución de término constitucional, si bien el juez de la causa, procedió a su juicio a valorar la prueba documental solicitada al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, consistente en el estudio clínico criminológico, dinámica familiar y de personalidad del quejoso (estudios clínicos que el juez responsable remitió en copia certificada mediante oficio 6368 -fojas 215 y 233 a 242-). También lo es que por cuanto hace a la documental consistente en la copia certificada del proceso penal 433/2014 del índice del juzgado responsable, dicha autoridad estableció que no se valoraría pues no se agregaron dichas copias debido a que el oferente de la prueba (defensor) no compareció a cubrir el costo de su fotocopiado, pese a que se le notificó de ello (foja 214 vuelta). Lo cual no se ajusta a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en la cual no se estableció que dichas documentales tendrían que ser a costa del oferente de la prueba, al establecerse lo siguiente: "De igual manera debió recabar la prueba documental pública consistente en copia certificada del proceso 433/2014, en la cual el inculpado figura como agraviado, toda vez que la misma fue ofrecida dentro del plazo constitucional, puesto que el mismo fenecería el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, de ahí que la responsable debió recabar tal medio de prueba." (fojas 123 vuelta y 124). Por otro lado, respecto de los interrogatorios a cargo de los testigos Alexis Domínguez Méndez y Fernanda Nayeli Landa Hernández, el juez responsable estableció en la resolución de término constitucional que los mismos son valorados en términos del artículo 155, fracción VIII del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; sin embargo, al haberle restado valor probatorio a sus respectivas declaraciones, por no cumplir con lo establecido en el numeral 201 del ordenamiento legal cita, no era de tomarlos en consideración. Sin embargo, el juez de la no remitió a esta autoridad copia certificada del desahogo de dichos interrogatorios y, en la resolución que se analiza refiere que los tiene por reproducidos en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertasen; lo cual resulta necesario que esta autoridad tenga la certeza de su desahogo pues fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. De lo anterior, se advierte que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, así como la diversa de veinticinco de diciembre de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Y, una vez hecho lo anterior deberá dictar otra resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y que han sido destacados en el presente proveído. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, por cuanto hace al escrito de Filiberto Díaz Marta autorizado en términos amplios del quejoso de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, presentado ante esta autoridad el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 216 a 219), mediante el cual hace diversas manifestaciones sobre el cumplimiento dado por el juez responsable, y que mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se acordó ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno; dígasele al ocursante que deberá estarse a lo acordado anteriormente en donde no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo por las consideraciones antes precisadas.

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