FAUSTINO CORTES AMADOR y Otros.
Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- FAUSTINO CORTES AMADOR y Otros.
- Leobardo Contes Morales
- Faustino Cortes Amador
- LEOBARDO CONTES MORALES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla., a través del cual acusa recibo de la misiva B.285.1, mediante la cual se le devolvió copia cotejada de diversas constancias de la carpeta judicial administrativa 216/2017/TEHUACÁN, de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad responsable: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, por conducto de su homólogo (Joel Daniel Baltazar Ávalos) y autoridad tercero interesada 3. José Arturo Hernández Arvide, Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Especializada en Delitos de Homicidios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, en virtud que carecen de legitimación para impugnar la sentencia recurrida ya que al haberse sobreseído en el juicio no les irroga agravio alguno a las referidas autoridades. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, por conducto de su homólogo (Joel Daniel Baltazar Ávalos), consistente en copia cotejada de diversas constancias de la carpeta judicial administrativa 216/2017/TEHUACÁN, de su índice (anexo I), devuélvanse las mismas; y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. IV. SOBRE DEVUELTO Agréguense a los presentes autos el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla que contiene el oficio 1050-3, dirigido a la autoridad tercera interesada y por la razón que en la siguiente tabla se indica: OF. 1050-3 José Arturo Hernández Arvide, Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia Especializada en Delitos de Homicidios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. "desconocido en el domicilio" En consecuencia, se ordena reexpedir el oficio 1050-3 a la citada autoridad tercera interesada vía correo electrónico, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 795/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Faustino Cortés Amador y Leobardo Contés Morales; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Faustino Cortés Amador y Leobardo Contés Morales, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. - A).- AUTORIDAD ORDENADORA: 1. CIUDADANO LICENCIADO JUAN JESÚS GUTIÉRREZ ESTRADA, JUEZ DE CONTROL DE LA ZONA SUR-ORIENTE CON SEDE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, Con domicilio en (.) B).- AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio (.) 1.- COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE LA FISCALÍA REGIONAL GRUPO TEHUACÁN. Con domicilio (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS A).- LAS AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA SE LES RECLAMA (SIC): 1) LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN DICTADA EN NUESTRA CONTRA, DECRETADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y TRATAR DE CUMPLIRSE O EJECUTARSE POR LA AUTORIDAD EJECUTORA TENDIENTE A PROCURAR NUESTRA DETENCIÓN Y LA CONSIGUIENTE PRIVACIÓN DE NUESTRA LIBERTAD EN EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS. B).- LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, SE LES RECLAMA: SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN INFUNDADA, QUE PUEDEN TENER RESPECTO A PRIVARNOS DE NUESTRA LIBERTAD POR UNA ORDEN DEL JUEZ DE CONTROL O AUTORIDAD QUE NO ESTE APEGADO A DERECHO." (fojas 3 y 4). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derecho fundamental violado el contenido los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (foja 6). Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (fojas 10 a 19), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 795/2021, se admitió a trámite con incidente de suspensión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 28). Tercero. Terceros interesados. Por autos de uno y diez de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 41 a 43, 69 a 72), con fundamento en el artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de amparo, se tuvo como terceros interesados a: - Aurelia Padilla Martínez, en representación de Francisco Guzmán Padilla. Por lo que, se ordenó notificar, emplazar y correr traslado con la demanda de amparo; lo que aconteció el seis de septiembre del año en curso (fojas 65 a 68). - José Arturo Hernández Arvide, agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia Especializada en Delitos de Homicidios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, quien intervine en la carpeta judicial administrativa de origen. Así, en términos de lo dispuesto en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada Ley, se ordenó por medio de oficio notificar, emplazar y correr traslado con la demanda de amparo; lo que aconteció el veintitrés de septiembre del año en curso. Terceros que no comparecieron al presente sumario constitucional. Cuarto. Autoridad inexistente. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 69 a 72), esto es, con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, se tuvo por inexistente a la autoridad que la parte quejosa denominó como 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de los Delitos de la Fiscalía Regional Grupo Tehuacán, Puebla; por lo tanto, se excluye de la materia de este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." Quinto. Cita para audiencia. Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 69 a 72), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, los promoventes reclaman: Leobardo Contés Morales Del 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez): La orden de aprehensión y/o detención, librada en su contra. Faustino Cortés Amador: Del 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), en la carpeta judicial administrativa 216/2017/TEHUACÁN, lo siguiente: La resolución de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en la cual libró orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos, al estimar que probablemente intervinieron en la comisión de hechos que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, previsto por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), y 318, sancionado por el numeral 320, fracción II, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Guzmán Padilla. Del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, ambos promoventes del amparo reclamaron: La ejecución de la orden de captura. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados por Leobardo Contés Morales y sobreseimiento. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Atinente al quejoso Leobardo Contés Morales, el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), aceptó la existencia de los actos reclamados. En efecto, esa autoridad informó que el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial administrativa 216/2017/TEHUACÁN, libró orden de aprehensión en contra de Leobardo Contés Morales y otros, al estimar que probablemente intervinieron en la comisión de hechos que la ley señala como delito de homicidio tumultuario (foja 60); sin embargo, de las constancias que obran en el presente sumario se aprecia la inexistencia de dicho acto de autoridad. Ello es así, porque de la resolución de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se aprecia que se libró orden de aprehensión en contra de Leobardo Cortés Morales y diversas personas y no así del promovente Leobardo Contés Morales. Además, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso de referencia para que manifestara si Leobardo Contés Morales y Leobardo Cortés Morales, en contra de quien existe librada la orden de captura son la misma persona, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se entendería que se trata de persona distinta, esto es, tal como promovió el presente juicio (fojas 76 y 77). Al respecto, el quejoso no hizo manifestación alguna, tampoco demostró que él y el imputado sea la misma persona; motivo por el cual, en acuerdo de dictado en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento referido y se le tuvo como persona distinta; de ahí que no exista la orden de aprehensión que se atribuye a esa autoridad. Por su parte el 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negó la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra de Leobardo Contés Morales. * Decisión Bajo esas consideraciones, como el quejoso no acreditó ser la misma persona contra la que existe librada la orden de aprehensión reclamada, tampoco desvirtuó con prueba alguna la negativa de la responsable ejecutora; ante ello, procede sobreseer en el juicio promovido por Leobardo Contés Morales, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Se invoca en apoyo, la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL, POR FALTA DE IDENTIDAD ENTRE EL QUEJOSO Y QUIEN APARECE EN LAS CONSTANCIAS DEL INFORME JUSTIFICADO. Para no incurrir en confusión respecto a la persona agraviada, es menester que se dé la absoluta identidad entre el nombre con el que el quejoso promueve la demanda de garantías y aquél que señala la autoridad responsable en su informe justificado o bien del que aparece en las constancias en que lo apoya, ya que de no ser así, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido para este Juzgador que aun cuando el quejoso hubiera manifestado que Leobardo Contés Morales y Leobardo Cortés Morales, son la misma persona, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque promovió juicio de amparo radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, bajo el número 22/2019, el cual, por sentencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a favor del promovente. Con motivo de lo anterior, el quejoso de referencia interpuso recurso de revisión el cual substanció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el amparo en revisión 154/2019; el cual por sesión de quince de agosto de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida.; por lo que el acto reclamado en esta instancia constitucional ya fue motivo de estudio en diverso juicio de amparo; actualizándose así la figura de cosa juzgada, material y formal Cuarto. Certeza de los actos reclamados por el quejoso Faustino Cortés Amador. Respecto del quejoso Faustino Cortés Amador, las autoridades responsables 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución con sede en Tehuacán, Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), en su informe aceptaron la existencia de los actos que les atribuyó el quejoso (fojas 60 y 51, respectivamente). Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad judicial en apoyo a su informe justificado, de cuyo contenido se advierte que en la carpeta judicial administrativa 216/2017/TEHUACÁN, por resolución de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, libró orden de aprehensión en contra del imputado Faustino Cortés Amador, aquí quejoso, y otros, al estimar que probablemente intervino en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, previsto por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 318, y sancionado por el numeral 320, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Guzmán Padilla (fojas 148 a 153 del anexo I). Probanza a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cuarto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para quien esto resuelve pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgador de manera oficiosa determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen normas o actos que hayan sido impugnados en otro juicio de amparo resuelto por sentencia ejecutoriada, siempre y cuando se cumplan los requisitos de identidad del quejoso, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones aducidas sean diversas. Por tanto, los elementos deben concurrir a efecto de que se actualice la causa en estudio, son que exista una sentencia ejecutoriada dictada en un juicio constitucional previo y se promueva uno nuevo: a) Por el mismo quejoso, b) Contra las mismas autoridades responsables, y c) Por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es conveniente acotar que la causa de improcedencia citada, se refiere a juicios completamente concluidos, y al hacer remisión a la fracción que le precede, se limita al supuesto relativo a que los amparos hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En este orden de ideas, la concurrencia simultánea de los supuestos enunciados da lugar a la improcedencia del juicio de amparo, pues si en este estuviera ausente alguno de dichos supuestos, la causa de improcedencia en comento se desestimaría. * Caso concreto En ese sentido, de la consulta realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del Consejo de la Judicatura Federal, http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Reportes/Sentencias/ConsultaSentenciasII.aspx, se advierte que: 1. El quejoso Faustino Cortés Amador, promovió juicio de amparo contra la orden de aprehensión decretada en su contra el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por el juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, en la causa penal 216/2017/TEHUACÁN, al estimar que probablemente intervino en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, previsto por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 318, y sancionado por el numeral 320, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Guzmán Padilla. 2. Dicho juicio correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, bajo el número 23/2019; el cual, por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor del promovente. 3. Con motivo de lo anterior, el quejoso de referencia interpuso recurso de revisión el cual substanció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el amparo en revisión 125/2019; el cual, por sesión de ocho de agosto de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida. Información que se obtiene de la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se invoca como hecho notorio para que surta los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De lo anterior, queda patente que se cumplen los requisitos mencionados para que se actualice la cosa juzgada, pues el aquí quejoso ya había combatido el acto reclamado en amparo indirecto, asunto que conocieron los referidos órganos jurisdiccionales y estimaron negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. * Decisión En las relatadas consideraciones, respecto de los actos reclamados por el quejoso Faustino Cortés Amador, se sobresee en el juicio, en términos del artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dicho sobreseimiento respecto de ambos quejosos, se hace extensivo respecto de la autoridad ejecutora 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, toda vez que no se reclama por vicios propios sino se hacen depender del acto de ordenamiento, ello en términos del contenido de la tesis de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." (Tesis visible a foja 480, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación). Por lo anterior, el suscrito juzgador federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Quinto. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Faustino Cortés Amador y Leobardo Contés Morales, contra los actos reclamados al 1. juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, y otra autoridad, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto, de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se aprecia que en proveído de dos de septiembre del año en curso, se agregó el informe justificado del 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, quien informó que existe librada orden de aprehensión en contra de *****y no así respecto del promovente ********************, ignorando si se trata de la misma persona. Asimismo, el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), en su informe agregado en proveído de diez de septiembre del año en curso, expuso que existe orden de aprehensión en contra de ********************, y otros; sin embargo, de las constancias de la causa penal se aprecia que libró dicha orden de captura en contra de Leobardo Cortés Morales. Con motivo de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo ********************, para que dentro del plazo de tres días, manifieste si se trata de la misma persona o no. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se entenderá que se trata de persona distinta, esto es, en los términos planteados por el quejoso en la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso ********************.
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