Faustino Antonio Garcia
Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Faustino Antonio Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA I-B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, en auto del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 17 al 20); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución, ha causado estado. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA I-B "... Agréguese, únicamente para que obre en autos, el oficio del Presidente Municipal de Ayuntamiento del Municipio de Asunción Ocotlán, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; toda vez que en auto de diecinueve de febrero pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (fojas 17 al 20). .."
- Principal
MESA I-B "... Visto el estado de autos, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse una causa de improcedencia. En efecto, el juicio de amparo deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7 ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa acude a instar la acción constitucional con el carácter de autoridad y por lo cual, carece de legitimación, , que disponen: ... Del contenido del primero de los artículos indicados, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo, cuando en los casos en que ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Ahora, el mencionado artículo 7 de la Ley de Amparo, en lo de interés dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, excepción dentro de la cual no se encuentra la parte quejosa. Ahora, la Segunda Sala del Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la ejecutoria que analizó el artículo 7 de la Ley de Amparo y que dio formación al criterio jurisprudencial de rubro "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN"; y que más adelante se cita, estableció: ... Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. Pues indicó, que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla -cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. En consecuencia, si bien el artículo 7o. de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que "no capacita a las oficinas públicas o departamentos de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado". En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Siendo que, como se ha reiterado, el requisito indispensable para acreditar la legitimación ad causam de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es que "la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado"; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. De la ejecutoria mencionada, la Segunda Sala emitió el criterio de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. ... En el caso la parte quejosa actuando como Regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Asunción, Ocotlán, Oaxaca, reclama la falta de respuesta a su escrito de diez de enero de dos mil dieciocho, y presentada el quince siguiente, en el cual solicita se integre su nombre y representación como Regidor de Hacienda del Cabildo Municipal de Asunción, Ocotlán, Oaxaca, en las cuentas bancarias que se habrán de aperturar con motivo de los ingresos o aportaciones denominado 28 y Ramo 33, fondo III y fondo IV; en consecuencia, y toda vez que el acto reclamado no afecta los intereses patrimoniales de manera actual y directa, al ser una autoridad, carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues el juicio de amparo, es un medio de control constitucional que tiene los gobernados para reclamar actos de autoridad que estime violatorios de sus derechos fundamentales y únicamente las personas morales oficiales podrán acudir al juicio de amparo cuando el acto o ley reclamadas afecten sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece, pues como se dijo al reclamar la violación de la que se duele lo hace como una persona moral oficial, la cual carece de legitimación para promover este juicio. Sirve de apoyo como el siguiente criterio: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). .. (Tesis III.3o.T.6 K (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, página 2475 del Tomo III, Febrero 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ..(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). En consecuencia, ante la procedencia de la causal de improcedencia analizada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADA PERSONALMENTE. CONSTE.)
- Principal
MESA I-B "... Vista la demanda de amparo y anexos, promovida por Faustino Antonio García, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de la Población de Asunción, Ocotlán, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 63/2018. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías de cuenta, SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberse solicitado. Solicitud de informe. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe solicitado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para celebrar la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Publico. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento de diverso juicio. Asimismo, se solicita a las responsables que en el supuesto de que acepten la existencia de los actos reclamados, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, expresen el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informen, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 502 38 71, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Información clasificada. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia del acto reclamado, precisen si las constancias que remiten como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de las autoridades responsables. Se precisa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, les hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Apercibimiento de autoridad inexistente. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se les dirija, en lo sucesivo se les tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Pruebas. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciadas las documentales que ofrece la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Domicilio. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; se tiene por autorizadas para el mismo efecto, a la persona que menciona. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. .."
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