Faustino Aguilar Zarate
Expediente 1220/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Faustino Aguilar Zarate
Actuaciones
- Principal
MESA II "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintiséis de julio pasado (fojas 5 a 7), se desechó la demanda de garantías promovida por FAUSTINO AGUILAR ZARATE, el cual se notificó a la parte promovente el veintisiete siguiente (foja 8); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II "... Vista la demanda de amparo promovida por FAUSTINO AGUILAR ZARATE, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1220/2016. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, de la Ley de la materia que establecen... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo, en su artículo 107 fracción VII, es taxativa al señalar qué procede el juicio de amparo en las omisiones del Ministerio Público solo en la investigación de los delitos. Ahora bien, la parte quejosa reclama la omisión del Agente del Ministerio Público de formular sus conclusiones correspondientes, en la causa penal 163/2012 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. En el caso, no se está ante una omisión por parte del Agente del Ministerio Público en la investigación de un delito, si no como manifiesta el quejoso se encuentra cerrada la instrucción dentro de la causa penal 163/2012 y se dio el termino de seis días al representante social para que formule sus conclusiones; por tanto dicho caso no encuadra dentro de los supuestos que prevé el articulo 107 fracción VII de la Ley de Amparo, que explícitamente dispone que el juicio de amparo solo procede en las omisiones del ministerio público solo en la investigación de los delitos. Aunado a lo anterior el Agente del Ministerio Público al momento de intervenir en el proceso penal deja de ser autoridad y pasa a ser parte en el Procedimiento; por tanto no procede el amparo en su contra. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo además en el diverso 113, de Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Ahora, toda vez que señalan los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.
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