Faustino Adame Ortiz
Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Faustino Adame Ortiz
- Yolanda Salinas Ponce
Actuaciones
- Principal
El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veinte al veintiséis de octubre del año en curso, con exclusión de los días veintiuno y veintidós del citado mes y año; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete anterior, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de diecisiete del mes y año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Yolanda Salinas Ponce y Faustino Adame Ortiz, contra actos del Partido Encuentro Social Estatal en el Estado de Zacatecas y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto la demanda de amparo presentada por Yolanda Salinas Ponce y Faustino Adame Ortíz, contra actos del Partido Encuentro Social Estatal en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, fórmese cuaderno de antecedentes y anótese el ingreso en el libro de gobierno con el número 894/2017. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la referida demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que deberá desecharse de plano la misma, por lo que se refiere al acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. Del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas: a). Falta de personalidad jurídica para publicar la convocatoria de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, por parte de Nicolás Castañeda Tejeda, donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de Zacatecas y Enrique Eduardo Bernardez Rayas, con el carácter de Secretario General del Comité Directivo estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, ya que contraviene a los Estatutos del Partido Encuentro Social. b). La Celebración del Congreso estatal para la elección comités municipales, distritales, comisión política estatal, comité Directivo Estatal y Secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, con medidas restrictivas que solo se permitía la entrada a personas invitadas y que se encontraran en la lista que tenía el propio partido político en las mesas de recepción y no así se le permitía a otras personas aunque fueran miembros, afiliados simpatizantes o agremiados al propio partido político; celebración del congreso el veintiocho de septiembre en el salón fenicia del hotel spa hacienda Baruk. c). Falta de elección y nombramiento de todos y cada uno de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité directivo estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, siendo el caso que no existió el corum legal para su elección correspondiente. Siendo el caso que no se nos permitió el acceso a hacer valer nuestros derechos políticos de formar parte de algunas de estas comisiones políticas dentro del partido político Encuentro Social. d). Falta de formalidad jurídica a su publicación de la convocatoria para la elección de los comités municipales, distritales, comisión política estatal, comité directivo estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, debe de publicarse la convocatoria seis meses de anticipación a la celebración del congreso estatal y el caso que nos ocupa no fue así; siendo que se publicó el día veintidós de septiembre del dos mil diecisiete y el congreso se realizó el veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, siendo esto absurdo. I. DE ESTE PARTIDO POLÍTICO ESTATAL (PES9 SER RECLAMA SEA PUBLICADA DE NUEVE CUENTA CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas. 2. Del Partido Encuentro Social a Nivel Nacional: a). Falta de requisitos para el nombramiento de NICOLÁS CASTAÑEDA TEJEDA donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de zacatecas y ENRIQUE EDUARDO BERNALDEZ RAYAS con el carácter de secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas. b) La validación de la convocatoria de fecha 22 de septiembre de 2017, violentando con ello los propios estatutos políticos del partido encuentro Social. Donde debe de haber una temporalidad anticipada de publicación en los periódico de mayor circulación en la entidad con el objeto de elegir y registrar planillas, a los cargos que se pretenda ocupar o contender dentro de las comisiones a ocupar. c). La validación del congreso Estatal celebrado el día 28de septiembre de 2017; en el salón fenicia del Hotel spa hacienda Baruk, con domicilio ubicado en la calle Blvd. Héroes de Chapultepec (01 colonia la Escondida de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde no se ajusto a derecho y con restricciones de acceso, solo a invitados siendo que no fue convocatoria abierta, para afiliados, agremiados, simpatizantes entre otros, violentando con ello garantías constitucionales políticas. d). Haberse lanzado de nueva cuenta convocatoria para elección de presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de zacatecas y secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas. II. SE RECLAMA SE REQUIERA AL ESTATAL DEL PES ESTATAL, A FIN DE QUE SE PUBLIQUE DE NUEVA CUENTA CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas. 3. AL Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ): a). La validación de la convocatoria de fecha 22 de septiembre de 2017, publicada por NICOLÁS CASTAÑEDA TEJEDA donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de Zacatecas y ENRIQUE EDUARDO BERNALDEZ RAYAS con el carácter de secretario General del comité directivo estatal del partido encuentro Social en el Estado de Zacatecas, lo anterior que no verifico si estaba ajustada a derecho y la temporalidad que debería de existir de anticipación de publicación en los periódicos de mayor circulación en la entidad a la celebración del congreso respectivo, siendo que no existió lapso legal para hacer registros de planillas, a los cargos que se pretenda ocupar o contender dentro de las comisiones a ocupar, violentando con ello las garantías constitucionales políticas. b). La validación del congreso Estatal celebrado el día 28 de septiembre de 2017; en el salón fenicia del Hotel spa hacienda Baruk, con domicilio ubicado en la calle Blvd. Héroes de Chapultepec (01 colonia la Escondida de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde no se ajustó a derecho y con restricciones de acceso, solo a invitados siendo que no fue convocatoria abierta, para afiliados, agremiados, simpatizantes entre otros, violentando con ello garantías constitucionales políticas, y que además no fueron nombrados todos los integrantes de las comisiones a contender. I. Para tal efecto se solicita a este instituto electoral (IEEZ) SE RECLAMA SE LE REQUIERA AL PES ESTATAL Y NACIONAL, A FIN DE QUE SE SIRVA LANZAR CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 DE LOS PROPIOS ESTATUTOS, Y la ley de la materia y quede sin efecto el congreso celebrado el día 28 de septiembre del 2017; por no haber estado ajustado a derecho. II De estas autoridades se reclama la nulidad de la convocatoria de fecha 22 de septiembre del 20147 y del congreso celebrado en fecha 28 de septiembre del 2017; en virtud de que no existe la temporalidad para registrar planillas a los cargos a contender mucho menos se encuentra ajustada a derecho de conformidad a las leyes aplicables y respuesta de lo solicitado. 4. Hugo Erik Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacional de Partido de Encuentro Social a nivel Nacional: Falta de respuesta y contestación al documento de cinco de noviembre de dos mil dieciséis, donde se solicita rendición de cuentas de gastos de campaña de las elecciones pasadas del dos mil dieciséis, en el estado de zacatecas. Ahora bien, respecto a los actos reclamados atribuidos a las autoridades que señalan los quejosos como responsables indicadas en los numerales 1, 2 y 4, se estima conveniente imponerse del marco jurídico previsto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." Ley de Amparo. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese tenor, la disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de garantías, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no se encuentra en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de la materia. En efecto, del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que ni la disposición constitucional en estudio, como tampoco el citado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contienen una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, "autoridad responsable" para efectos del juicio de garantías, es la que ante la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, que afectan la esfera legal del particular, sin que se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. En ese orden de ideas, resulta necesario establecer la naturaleza de las autoridades responsables, a saber: Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas y a nivel Nacional, las cuales al constituir un partido político que es un ente de interés público conforme al artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, despliegan acciones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral; sin embargo, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; por lo que, sus acciones y omisiones no son actos de autoridad ni de particulares equiparables a estos, para efectos del juicio de amparo. Se abunda, conforme al artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de los gobernados en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en sus programas y principios, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sin embargo, se estima que en forma similar al Estado, los partidos políticos pueden actuar con un doble carácter: a) como entidad de interés público y b) como persona moral de derecho privado. Esto es, un partido político actuará como entidad de interés público cuando sus acciones deriven del ejercicio de las facultades que goza en relación a su organización, funciones y prerrogativas relacionadas con su objeto, por ejemplo, en cuanto a la participación de los gobernados en la vida democrática para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el voto, entre otras facultades de esa índole. Además, un partido político actuará como persona moral de derecho privado cuando como particular contraiga derechos y obligaciones en el plano privado, como cualquier otro particular; por ejemplo, cuando celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento con otro particular. Con lo anterior, se pone de manifiesto que un partido político puede desplegar actos no sólo desde su ámbito de entidad de interés público, sino también desde el plano del derecho privado. En el caso, los quejosos reclaman del 1. Del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas: a). Falta de personalidad jurídica para publicar la convocatoria de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, por parte de Nicolás Castañeda Tejeda, donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de Zacatecas y Enrique Eduardo Bernardez Rayas, con el carácter de Secretario General del Comité Directivo estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, ya que contraviene a los Estatutos del Partido Encuentro Social. b). La Celebración del Congreso estatal para la elección comités municipales, distritales, comisión política estatal, comité Directivo Estatal y Secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, con medidas restrictivas que solo se permitía la entrada a personas invitadas y que se encontraran en la lista que tenía el propio partido político en las mesas de recepción y no así se le permitía a otras personas aunque fueran miembros, afiliados simpatizantes o agremiados al propio partido político; celebración del congreso el veintiocho de septiembre en el salón fenicia del hotel spa hacienda Baruk. c). Falta de elección y nombramiento de todos y cada uno de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité directivo estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, siendo el caso que no existió el corum legal para su elección correspondiente. Siendo el caso que no se nos permitió el acceso a hacer valer nuestros derechos políticos de formar parte de algunas de estas comisiones políticas dentro del partido político Encuentro Social. d). Falta de formalidad jurídica a su publicación de la convocatoria para la elección de los comités municipales, distritales, comisión política estatal, comité directivo estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, debe de publicarse la convocatoria seis meses de anticipación a la celebración del congreso estatal y el caso que nos ocupa no fue así; siendo que se publicó el día veintidós de septiembre del dos mil diecisiete y el congreso se realizó el veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, siendo esto absurdo. I. DE ESTE PARTIDO POLÍTICO ESTATAL (PES9 SER RECLAMA SEA PUBLICADA DE NUEVE CUENTA CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 DE LOS PROPIOS ESTATUTOS. 2. Del Partido Encuentro Social a Nivel Nacional: a.- Falta de requisitos para el nombramiento de NICOLÁS CASTAÑEDA TEJEDA donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de zacatecas y ENRIQUE EDUARDO BERNALDEZ RAYAS con el carácter de secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas. b) La validación de la convocatoria de fecha 22 de septiembre de 2017, violentando con ello los propios estatutos políticos del partido encuentro Social. Donde debe de haber una temporalidad anticipada de publicación en los periódico de mayor circulación en la entidad con el objeto de elegir y registrar planillas, a los cargos que se pretenda ocupar o contender dentro de las comisiones a ocupar. c). La validación del congreso Estatal celebrado el día 28 de septiembre de 2017; en el salón fenicia del Hotel spa hacienda Baruk, con domicilio ubicado en la calle Blvd. Héroes de Chapultepec (01 colonia la Escondida de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde no se ajustó a derecho y con restricciones de acceso, solo a invitados siendo que no fue convocatoria abierta, para afiliados, agremiados, simpatizantes entre otros, violentando con ello garantías constitucionales políticas. I. DE ESTE PARTIDO POLITICO NACIONAL (PES9 SE RECLAMA SEA LANZADA DE NUEVA CUENTA CONVOCATORIA PARA ELECCION E presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de zacatecas y secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, de conformidad por lo dispuesto por el Artículo 113. II. SE RECLAMA SE REQUIERA AL ESTATAL DEL PES ESTATAL, A FIN DE QUE SE PUBLIQUE DE NUEVA CUENTA CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 DE LOS PROPIOS ESTATUTOS. [.] 4. Hugo Erik Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacional de Partido de Encuentro Social a nivel Nacional: Falta de respuesta y contestación al documento de cinco de noviembre de dos mil dieciséis, donde se solicita rendición de cuentas de gastos de campaña de las elecciones pasadas del dos mil dieciséis, en el estado de zacatecas. En consecuencia, se estima que a dicho partidos se les reclamaron actos en su calidad de entidad de interés público, por lo que no son actos de autoridad ni de particulares equiparables a autoridad, para efectos del juicio de amparo. En efecto, no son actos desplegados por una autoridad, porque un partido político no es una autoridad, sino un ente de interés público cuyas acciones las despliega desde un ámbito sui generis vinculado a la materia electoral, y desde éste no se ubica en un plano de supra a subordinación frente al quejoso, ni crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, dado que desde ese ámbito, como ente político sus fines son proselitistas. Tampoco son actos emanados de un particular equiparables a los de una autoridad, porque aun cuando es posible que un partido político actúe como persona moral de derecho privado, incluso la omisión que se le reclama no reúne las características de actos de autoridad, pues no existe una posición de supra a subordinación frente al impetrante, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En resumen, tales actos no provienen de una autoridad ni son actos emanados de un particular que se puedan equiparar a los de una autoridad, en términos del artículo 5, fracciones II, de la Ley de Amparo, puesto que se insiste, derivan de una entidad de interés público, esto es, de una figura sui generis, cuyas acciones u omisiones están vinculadas a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXVII.3o.77 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Página: 1763, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, con el rubro y texto siguientes: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. En el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos actos son impugnables en el juicio constitucional: la autoridad responsable y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De modo que, será autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para determinar la procedencia del amparo contra actos de particulares se atenderá a que éstos sean equivalentes a los de autoridad en aquellas características. Ahora bien, un partido político es un ente de interés público conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde ese ámbito, despliega acciones u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales; por ende, cuando se le reclaman acciones u omisiones desplegadas desde aquel ámbito sui géneris, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; de ahí que no puedan impugnarse en el juicio de amparo". Así como la diversa tesis aislada XX.21 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la Página: 473, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES. PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NO LO SON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL NI LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS. Tomando en consideración que el Partido Revolucionario Institucional, no es más que una organización política, que tiene como finalidades conquistar, conservar o participar en el ejercicio del poder a través de los procesos electorales a fin de hacer valer el programa político, económico y social que comparten sus miembros; y que la Universidad Autónoma de Chiapas, se define como una institución pública descentralizada del Gobierno Estatal, encargada de crear, fomentar y proyectar la educación superior en el estado; de la propia naturaleza de las funciones de estas instituciones, se advierte que no tienen fuerza pública, y por tanto, no pueden ser consideradas como autoridades para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Respecto a los actos reclamados del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, consistentes en: a). La validación de la convocatoria de fecha 22 de septiembre de 2017, publicada por NICOLÁS CASTAÑEDA TEJEDA donde se hace fungir como presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de Zacatecas y ENRIQUE EDUARDO BERNALDEZ RAYAS con el carácter de secretario General del comité directivo estatal del partido encuentro Social en el Estado de Zacatecas, lo anterior que no verifico si estaba ajustada a derecho y la temporalidad que debería de existir de anticipación de publicación en los periódicos de mayor circulación en la entidad a la celebración del congreso respectivo, siendo que no existió lapso legal para hacer registros de planillas, a los cargos que se pretenda ocupar o contender dentro de las comisiones a ocupar, violentando con ello las garantías constitucionales políticas. b). La validación del congreso Estatal celebrado el día 28 de septiembre de 2017; en el salón fenicia del Hotel spa hacienda Baruk, con domicilio ubicado en la calle Blvd. Héroes de Chapultepec (01 colonia la Escondida de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde no se ajusto a derecho y con restricciones de acceso, solo a invitados siendo que no fue convocatoria abierta, para afiliados, agremiados, simpatizantes entre otros, violentando con ello garantías constitucionales políticas, y que además no fueron nombrados todos los integrantes de las comisiones a contender. I. Para tal efecto se solicita a este instituto electoral (IEEZ) SE RECLAMA SE LE REQUIERA AL PES ESTATAL Y NACIONAL, A FIN DE QUE SE SIRVA LANZAR CONVOCATORIA para elección de los comités municipales, distritales, comisión política Estatal, comité Directivo Estatal y secretarías generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 DE LOS PROPIOS ESTATUTOS, Y la ley de la materia y quede sin efecto el congreso celebrado el día 28 de septiembre del 2017; por no haber estado ajustado a derecho. II De estas autoridades se reclama la nulidad de la convocatoria de fecha 22 de septiembre del 20147 y del congreso celebrado en fecha 28 de septiembre del 2017; en virtud de que no existe la temporalidad para registrar planillas a los cargos a contender mucho menos se encuentra ajustada a derecho de conformidad a las leyes aplicables y respuesta de lo solicitado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispositivo legal que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra resoluciones o declaraciones de organismos electorales y autoridades en materia electoral. Lo anterior, porque el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 Constitucionales, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos a sus derechos públicos subjetivos, mas no para atacar aspectos de índole político electoral. Por lo que no es el medio para resolver controversias relativas a actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado en elecciones populares; como tampoco para conocer de los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. Dicho lo anterior, se advierte que los actos que se reclaman se encuentran íntimamente vinculados con la materia político-electoral, toda vez que derivaron en un proceso de convocatoria para la elección de comités municipales, distritales, comisión política Estatal, Comité Directivo Estatal y Secretarías Generales de los comités directivos municipales, del Partido Encuentro Social en el Estado de Zacatecas, que se traduce en una afectación a los derechos político-electorales de la parte promovente del amparo en el referido proceso, en específico el derecho fundamental a participar en dicha convocatoria, en su vertiente de ejercicio de un cargo de elección popular . Así, de la interpretación conjunta de los artículos 41, 94, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, que contienen el sistema integral de justicia en materia electoral, se sigue que el juicio de amparo es improcedente en contra de normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. Asimismo, no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido general sea de carácter electoral, para que resulte improcedente el juicio de amparo, sino que es necesario que el contenido de la norma tenga tal carácter, esto es, que materialmente constituya una norma electoral. Entonces, es a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, que debe interpretarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone que el juicio de amparo es improcedente "contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral". Por lo tanto, la improcedencia del juicio de amparo no surgirá por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de amparo, esto es, resulta necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Entonces, la correcta interpretación de la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de amparo, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no conciernan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre un proceso electoral. Bajo ese panorama, es conveniente precisar que si la parte inconforme reclama un procedimiento de naturaleza electoral, el juicio de amparo resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XV, de la ley de la materia, ya que no es la vía idónea para controvertir tales actos, tal como quedó determinado de manera previa. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto que se reclama proviene de un procedimiento y autoridad formalmente electoral, y, siendo así, es incuestionable que sin perjuicio de que en la demanda de amparo se aduzcan violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, el acto reclamado se relaciona con un proceso de convocatoria dirigido por una autoridad competente en el ramo en materia electoral que versa sobre derechos políticos de la parte peticionaria del amparo. De ahí que la improcedencia de este juicio de amparo surge no sólo porque los actos reclamados provienen de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en la demanda de amparo, sino por el contenido material del acto que es netamente electoral y versa esencialmente sobre derechos políticos-electorales de los actores. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sustentados por el Tribunal Constitucional del País: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Ahora bien, las consideraciones antes expuestas y lo que se desprende de los diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se han hecho referencia, en el sentido de que el juicio de amparo no constituye la vía idónea para controvertir el acto reclamado, dado su contenido materialmente electoral. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable actualización de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo promovida por los quejosos Yolanda Salinas Ponce y Faustino Adame Ortíz; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en Calle Guerrero número 17, interior 4, local 8, colonia centro, de Guadalupe. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el juez Iván Ojeda Romo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Fátima Martínez Ramírez1061/2015
- Fátima Pamela Chávez Veloz2367/2014
- Fátima Sánchez Muñoz3618/2014
- Fátima Teresita Hernández de Ávila262/2017
- Fátima Vitalina Berúmen Galván1213/2023
- Faustino Adame Ortiz1994/2018
- Faustino Carrillo Carrillo1665/2022
- Faustino Gutiérrez Díaz1731/2018
- Faustino Gutiérrez Pérez1205/2018
- Faustino Jiménez Elicerio1014/2021
- Faustino Rangel Martínez1533/2022
- Faustino Rodríguez Collazo850/2017