Fátima Teresita Hernández de Ávila

Expediente 262/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
262/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Fátima Teresita Hernández de Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En nueve de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 6083 CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; y en atención al contenido, téngasele por acusando recibo del diverso oficio 10403 por el que se le remitió el juicio de amparo 262/2017; asimismo, comunica que ese Tribunal Federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; para seguir conociendo de la demanda de derechos promovida por Fátima Teresita Hernández Ávila, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 27) y Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas (foja 25) y a las demás constancias que obran en los presentes autos. Asimismo, la Secretaria da cuenta a la Juez con el pedimento 256/2017 signado por la agente del Ministerio Público adscrita, registrado con el número de folio 5631. A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por emplazado al tercero interesado Instituto Zacatecas de Cultura Ramón López Velarde (foja 24). En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a con la documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en el toca de apelación civil 588/2016, juicio civil ordinario 136/2015 y dos cuadernillos de pruebas relativos a dicho juicio. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen a la vista los formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en su pedimento número 256/2017 registrado con el número de folio 5631 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de abril de la presente anualidad. A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el fiscal federal de la adscripción; del mismo modo, como lo solicita, con apoyo en el numeral 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia simple de la resolución definitiva que se emita en el presente juicio, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos; luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se declara cerrada la presente etapa; y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del numeral en cita y se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 262/2017, promovido por Fátima Teresita Hernández de Ávila; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, enviado el día siguiente a este Juzgado (fojas 2 a 13), Fátima Teresita Hernández de Ávila demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que enseguida se describen. Autoridades responsables: - Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. -Juez Tercero del Ramo Civil. Ambos con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado. "Resolución dictada en fecha diez de febrero de dos mil diecisiete por la SEGUNDA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR del H. Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas misma que resuelve el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por mi parte dentro del toca de apelación civil 588/2016." Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó su registro bajo el consecutivo 262/2017; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado de la autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. ." Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Así, la determinación que desecha o declara infundado el recurso de reposición y declara firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Cobra aplicación al respecto, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 1ª/J.97/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." De las constancias que remitió la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes: Ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario civil 136/2015 promovido por la hoy quejosa contra el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. El treinta de junio de junio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en la cual se determinó la prescripción de la acción de cumplimiento de contrato y pago de la cantidad reclamada (fojas 256 a 260, cuaderno de pruebas relativo al juicio de origen). Inconformes con dicha resolución, ambas partes interpusieron recurso de apelación, los cuales se tuvieron por interpuestos en autos de doce y quince de julio del año anterior (fojas 263 a 267, cuaderno de pruebas relativo al juicio de origen). El veintisiete de septiembre del mismo año, se tuvieron por recibidos los recursos de apelación referidos, en la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; sin embargo, a fin de decidir sobre la admisión del medio de impugnación promovido por la actora, se solicitó a la Secretaría General de Acuerdos del referido tribunal informara si tenía en su poder algún escrito de dicha parte, a efecto de verificar si ésta había continuado con el recurso dentro del término fijado por la juez de origen (foja 1, cuaderno de pruebas relativo al toca de apelación). Por auto de diez de octubre de dos mil dieciséis (fojas 12 a 14, cuaderno de pruebas relativo al toca de apelación), se determinó lo siguiente: Se tuvo por recibido el oficio de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, quien manifestó que no existe promoción pendiente por entregar a nombre de la actora. Se tuvo por perdido el derecho de la parte actora, al no haber comparecido ante el tribunal de alzada a continuar con el recurso interpuesto, dentro del término fijado por la juez, por lo cual se determinó inadmisible dicho recurso y por tanto, firme la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Se admitió el diverso recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En contra de dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual se admitió mediante proveído de dieciocho de octubre del mismo año (fojas 24 a 30, cuaderno de pruebas relativo al toca de apelación). El diez de febrero de dos mil diecisiete, se declaró 'improcedente' el referido recurso de reposición (fojas 44 a 51, cuaderno de pruebas relativo al toca de apelación). Esta es la determinación reclamada en el presente juicio de amparo. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio dado que declaró 'improcedente' el recurso de reposición interpuesto en contra del auto que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, la cual quedó intocada, dando por concluido el juicio. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de derechos y se ordena remitirlo, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este juzgado es legalmente incompetente para resolver en el presente juicio de amparo promovido por Fátima Teresita Hernández de Ávila contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra, consistente en la resolución dictada el diez de febrero de dos mil diecisiete en el toca 588/2016, por las razones precisadas en el considerando único de la presente resolución. SEGUNDO. Remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, quien se estima competente para conocer del asunto. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué

  3. Principal

    El tres de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con un escrito registrado bajo el número 4562 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por Alfonso Vázquez Sosa, Director General del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" (parte tercero interesada), por cual promueve amparo adhesivo. Al respecto, conviene traer a colación el contenido del artículo 182, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. El tribunal colegiado de circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia." Ahora bien, del análisis integral del ocurso que se atiende, se advierte que el promovente sustenta su petición en el precepto transcrito; sin embargo, de su contenido no se advierte que el presente juicio de amparo se encuentre en alguna de las hipótesis que en el mismo se consignan para la promoción del amparo adhesivo, toda vez que esa figura se incorporó únicamente respecto del juicio de amparo directo, no así del biinstancial; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.2o.C.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1580 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente "AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Con motivo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III de su artículo 107, únicamente se incorporó la figura del amparo adhesivo, en relación con el juicio de amparo directo y, precisamente, en congruencia con lo anterior, en la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, sólo se prevé éste, en relación con el amparo directo, lo que de suyo hace improcedente el adhesivo en el juicio biinstancial, sin que sea factible considerar lo contrario con base en el principio pro persona, pues en contra de la sentencia dictada en amparo indirecto procede el recurso de revisión, en el que la parte tercero interesada puede hacer valer todos los argumentos que considere necesarios para impugnar lo resuelto por el Juez de Distrito y, en su caso, las razones por las que considere deba subsistir el acto reclamado, con lo que evidentemente se respeta su derecho a un recurso efectivo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." Por último, se tiene al promovente por autorizando para recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Liliana Arizbe Bañuelos Alaniz, quien cuenta con cédula profesional 2655206, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Lomas del Calvario, número 105, Colonia Díaz Ordaz de esta ciudad. Notifíquese personalmente al tercero interesado Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde". Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres. DOY FE. Ajc.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. José de Jesús Martínez Torres. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, de autos se advierte que en proveído de quince del mes y año en curso se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (por conducto la Magistrada Presidenta); por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de dicho comunicado y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

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