Faustina Dzib Canul

Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
11/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Faustina Dzib Canul
  • FAUSTINA DZIB CANUL y Otros.
  • Ramses Antony Dzib Dzib
  • RAMSES ANTONY DZIB DZIB y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el doce de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues no se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 11/2021-I-A, promovido por ********************a favor de ********************y ********************, contra el acto que reclama del Director de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************a favor de ********************y ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán y sus oficiales adscritos. SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (once de enero del año en curso), se decretó de oficio la suspensión de plano. Asimismo, se ordenó requerir a los directos quejosos para que en el acto de la notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor, así como para que precisaran la denominación de la autoridad que señalaron como Oficiales adscritos a la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán, toda vez que dicho señalamiento resultaba ambiguo. Por constancia actuarial de once de enero del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán, donde se entrevistó con los directos quejosos quienes manifestaron que sí ratificaban la demanda promovida a su favor y respecto del diverso requerimiento de precisar la denominación de la autoridad, ambos quejosos se reservaron hasta hablar con su abogado. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente por el Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán y precisándose que sería sólo por los actos consistentes en: el arresto, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tortura, incomunicación, y la orden de detención y/o restricción; y no así por la orden de aprehensión, al no estar dicha autoridad facutlad para emitir dicho acto. Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CUARTO. Desechamiento de ampliación de demanda. Por otra parte, en acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la ampliación de demanda, pretendida por el autorizado con las limitaciones de los quejosos ******************** y ********************, en relación a los nuevos conceptos de violación, toda vez que se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 y 12 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó del Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán, lo siguiente: La orden de detención y/o restricción, arresto, ataques a la libertad fuera de procedimiento, tortura e incomunicación de los directos quejosos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al rendir su informe negó categóricamente la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o restricción, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tortura e incomunicación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Así mismo al rendir su informe de ley, el citado Director de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, negó el acto que se le reclama, consistente en el arresto de los quejosos; sin embargo, su negativa se desvirtúa con base a lo expuesto en el informe de referencia admiculado con las constancias allegadas en el mismo. En efecto, al diverso acto reclamado consistente en el arresto derivado de una falta administrativa de los directos quejosos, es cierto, toda vez que así se desprende de los informes de la suspensión de oficio y justificado rendidos por la autoridad responsable, así como de las constancias que adjuntaron al mismo, de las cuales se advierte, que los quejosos fueron detenidos el once de enero de dos mil veintiuno, a las nueve horas con doce minutos y trasladados al Centro de Detención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Valladolid, Yucatán, con motivo de una infracción administrativa; y posteriormente, fueron puestos en libertad a la diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos de la citada fecha, con motivo de la suspensión de plano otorgado en el presente juicio de amparo. El anterior criterio encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 Tercera Parte, visible en la página 7, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexó a su informe justificado. Dichas constancias, tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable: (...)" De la transcripción, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se han consumado de modo irreparable. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y". Así, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos violados, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que en caso de que se otorgue la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el numeral 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados. De esta manera, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable en virtud de que se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, y el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente pues la sentencia amparadora que en su caso llegara a dictarse, carecería de efectos prácticos. Ahora bien, de las constancias de autos, cuyo valor probatorio ya ha quedado establecido en el considerando anterior, se advierte que elementos la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, trasladaron a los quejosos ******************** y ********************, a los separos del Centro de Reclusión Municipal de dicha dependencia, con motivo de una falta administrativa (alterar el orden público). Posteriormente, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de enero de dos mil veinte, fueron puestos en libertad, según lo manifestado por la autoridad responsable y corroborado por la constancia de la actuaria en la que dio fe que el día y hora señalados efecgivamente fueron dejados en libertad los quejosos ante la notificación de la suspensión de plano otorgada en el presente juicio. En consecuencia, siendo la libertad personal la que, en todo caso, constituye el derecho sustantivo tutelable a través del juicio de amparo que se promueva en contra de un arresto, cabe concluir que si éste ya se ejecutó y culminó, es decir, produjo todos sus efectos, sería materialmente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de que fue privado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 423, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 171537, que señala: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Bajo esa circunstancia, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. En el entendido que, tratándose de la parte quejosa, por cuanto cuenta con autorización para acceder a la consulta del expediente electrónico, podrá proceder a la reimpresión de esta determinación que incluya la evidencia criptográfica respectiva, la cual de conformidad con el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tendrá la validez de copia certificada electrónicamente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** y ********************contra los actos que atribuyó al Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o restricción, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tortura e incomunicación por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** y ********************contra los actos que atribuyó al Director de la Policía Municipal de Tránsito y Vialidad de Valladolid, Yucatán, respecto del acto reclamado consistente en el arresto, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, y anexo que acompaña, mediante el cual en relación con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, manifiesta que el mismo fue cumplido oportunamente, ya que fue presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común. A respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que, efectivamente, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se recibió en este juzgado dicho oficio, mismo que fue relacionado en proveído de diecinueve del mes y año en curso. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de doce de marzo en curso, por el que se desechó de plano la ampliación de demanda que pretendió la parte quejosa. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

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