Fatima Nayeli Avila Catzin

Expediente 1605/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1605/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Noh Pool
  • Fatima Nayeli Avila Catzin
  • FATIMA NAYELI AVILA CATZIN y Otros.
  • CARLOS ALEJANDRO NOH POOL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho plazo aconteció del once al veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, sin que alguna de las partes lo hubiese hecho; descontando de dicho cómputo los días trece, catorce, veinte y veintiuno de noviembre, todos del año en curso, por ser sábados y domingos; así como el día quince de los corrientes, por haber sido inhábil. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en copias certificadas del expediente 34/2020 del índice de la autoridad responsable. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo a dicha responsable, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1605/2021-VI-B, promovido por FÁTIMA NAYELI ÁVILA CATZÍN y CARLOS ALEJANDRO NOH POOL, contra el acto que reclaman del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron los citados quejosos a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado; y, Secretaría de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 1605/2021-VI-B, y se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa FÁTIMA NAYELI ÁVILA CATZÍN y CARLOS ALEJANDRO NOH POOL, fundamentalmente, en: El proveído pronunciado en autos del expediente 34/2020 en el cual se ordenó el uso de la fuerza pública a fin de desalojar el predio del que aducen ser posesionarios, y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del Director Jurídico de su adscripción; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la autoridad responsable Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó el acto que se le reclama. Sin embargo, posteriormente realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." La misma consideración deberá alcanzarse respecto al acto reclamado a la actuaria adscrita a la Central de actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado expresamente manifestó adherirse al informe de ley que rindiera la Juez responsable; de ahí que también se tiene por cierto el acto que se le reclama a dicha fedataria judicial. CUARTO. El análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]." El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del quejoso; y el segundo, dispone que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, que vulnere sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° Constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. No obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos. El respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consiste en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular del mismo. Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1.- Proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, mediante el cual, se tuvo a Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, promoviendo juicio ordinario civil en contra de Bacilia Pool Cohuo alias Bacilia Pool Couoh y Gabriel Noh Chi, en el que reclamó, entre otras prestaciones, la desocupación y entrega del predio marcado con el número doscientos treinta y dos (232), de la calle Dieciséis (16), de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad (fojas 93-94 anexo). 2.- Auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el que la Juez responsable acusó la rebeldía en la que incurrieron los demandados, por lo que se declararon por perdidos los derechos que en tiempo oportuno pudieron ejercitar y se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo (foja 104 anexo). 3.- Acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, con el que se citó a las partes para oír la correspondiente sentencia definitiva (foja 132 anexo). 4.- Sentencia de catorce de enero de dos mil veintiuno, en la que se declaró que el actor Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, es el legítimo propietario del predio motivo del procedimiento de origen, por lo que se condenó a los accionados a hacerle entrega del mismo totalmente desocupado; resolución que causó ejecutoria mediante auto de veintisiete del referido mes y año (fojas 133-137 y 139 anexo). 5.- Proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Jueza responsable otorgó a los demandados Bacilia Pool Cohuo alias Bacilia Pool Couoh y Gabriel Noh Chi, el término de veinte días para que entregaran a la parte actora, aquí tercero interesado, el predio de que se trata, completamente desocupado; apercibidos que de no hacerlo, serían lanzados del mismo con el auxilio de la fuerza pública (foja 154 anexo). 6.- Diverso auto de quince de abril de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable, ante el incumplimiento de los accionados con lo señalado en líneas precedentes, comisionó al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que procediera a desalojarlos del inmueble en cita; asimismo, ordenó girar oficio al Gobernador Constitucional del Estado, a fin de recabar el auxilio de la fuerza pública para tal efecto (foja 160 anexo). Las anteriores constancias patentizan que los quejosos no son parte en el juicio de origen, por tanto, les asiste el carácter de personas extrañas con que se ostentan. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, los ahora impetrantes del amparo son personas extrañas a juicio y alegan la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirman, se les pretende privar de la posesión del bien inmueble de que se trata sin que se les haya oído y mucho menos vencido en juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Ahora bien, con el fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió los siguientes documentos: Copia simple de la credencial para votar con clave de elector AVCTFT87072731M300, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de la aquí quejosa Fátima Nayeli Ávila Catzín (foja 7). Copia simple de la credencial para votar con clave de elector NOPC850703HYNHLR02, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor del aquí quejoso Carlos Alejandro Noh Pool (foja 8). Sin embargo, dichas documentales carecen de eficacia para acreditar el interés jurídico de la parte peticionaria del amparo, pues al haber sido presentadas en copia simple, no pueden ser tomadas en cuenta para los fines pretendidos, en razón de que, al ser las copias fotostáticas, simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva; existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer. De ahí que las documentales presentadas, al carecer de la certificación emitida por algún fedatario público correspondiente, no pueden tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos setenta y nueve, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Aunado al hecho de que la credencial de elector, sólo sirve como un documento de identificación, del que puede desprenderse que la persona que aparece en la fotografía corresponde al nombre plasmado en la misma. De manera que ni aun y cuando dichas credenciales se hubieran ofrecido en original, sería suficiente para acreditar el extremo pretendido. Se cita la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página dos mil cuatrocientos treinta y ocho, Tomo XXIII, Enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro, que establece: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica". Asimismo, es menester señalar que no es óbice a la anterior consideración que debido a las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, pudiera considerarse que el quejoso Carlos Alejandro Noh Pool, es hijo de los demandados en el juicio de origen Bacilia Pool Cohuo alias Bacilia Pool Couoh y Gabriel Noh Chi, pues ello tampoco sería suficiente para estimar que tiene interés jurídico para instar la acción constitucional, pues aun cuando habitara en el inmueble motivo de la contienda, tiene el carácter de simple ocupante sin legitimación alguna para acudir en su defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página mil trescientos cuarenta y tres, Tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 168481, de rubro y texto: "DESCENDIENTES ACREEDORES ALIMENTARIOS. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO SU FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y EL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES, EN EL JUICIO EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO EN CONTRA DE LOS OBLIGADOS A PROPORCIONARLES ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, los descendientes acreedores alimentarios carecen de interés jurídico para reclamar en amparo la falta de emplazamiento y todo lo actuado en los juicios ejecutivos civiles promovidos en contra de los obligados a proporcionarles alimentos, ya que en éstos se deduce una acción personal o de crédito que sólo vincula a quienes, como acreedor y deudor, intervinieron en la celebración del acto jurídico cuyo incumplimiento motiva el ejercicio de esa acción. En efecto, a los descendientes acreedores alimentarios de los demandados en un procedimiento de esa clase, ningún perjuicio puede ocasionarles lo actuado y resuelto en éste, dado que las obligaciones en él exigidas y la condena que en su caso se decrete, no puede imponerles obligación alguna que deban satisfacer. Esto es así, porque en el libro segundo del Código Civil para el Estado de Puebla, denominado "Familia", sólo se regulan las instituciones relativas al matrimonio, relaciones patrimoniales de los cónyuges, matrimonios nulos, divorcio, parentesco, alimentos, filiación, adopción, patria potestad, tutela, patrimonio de familia y lo relativo a las actas del estado civil, sin que de alguna de ellas derive la facultad de los hijos para ejercer en nombre y representación de sus progenitores la defensa de los derechos que a éstos les asisten en los juicios promovidos en su contra. Igual carencia de interés jurídico se surte respecto del embargo de bienes inmuebles, propiedad de los deudores alimentarios, en el juicio ejecutivo civil seguido en su contra, pues los descendientes acreedores de alimentos no son titulares de derecho real alguno sobre aquéllos, en tanto que el nexo filial entre padres e hijos no llega al extremo de confundir esa unidad familiar con el patrimonio que corresponde a unos y otros, o bien, a considerar a todos y cada uno como copropietarios de los bienes adquiridos por alguno de sus integrantes. No es obstáculo a lo anterior, el que los descendientes acreedores alimentarios habiten en alguno de los inmuebles embargados, ya que al no asistirles el carácter de propietarios, ni ejercer sobre ellos la posesión jurídica o derivada, deben considerarse como simples ocupantes o detentadores, y como tales, ninguna legitimación tienen para emprender su defensa, en tanto que la posesión que puede ser objeto de protección mediante el juicio de garantías es aquella que se funda en la realización de algún acto jurídico regulado por el derecho común, que sea susceptible de transferir su uso, goce o disfrute, lo que se reitera, no les asiste a los descendientes acreedores alimentarios de los demandados en un juicio ejecutivo civil". Finalmente, tampoco es obstáculo que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados, puesto que ello sólo demuestra la existencia de los mismos, mas no así la titularidad del derecho reclamado, esto es, que dichos actos afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que con la emisión y ejecución de los actos se afecta su interés jurídico y la inconstitucionalidad de éstos, de conformidad con las jurisprudencias número 325 y 853, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en las páginas 218 y 581, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden establecen: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías."; e, "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deber observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguir siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Además, se cita la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 541, Tomo XIII, mayo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS, NO LO INFRINGE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UNA PARTE SE TENGA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y, EN OTRA, SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS POR NO AFECTAR DICHO ACTO LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. La circunstancia de que el juez de Distrito en una parte de la sentencia que se revisa tenga por acreditada la existencia del acto reclamado y, en otra, determine la falta de interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo, no implica, como lo pretende el agraviado, que el citado resolutor federal haya incurrido en su fallo en contradicción alguna; habida cuenta que el sólo hecho de que en el juicio de garantías se haya demostrado la existencia del acto reclamado, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni menos aún prueba la inconstitucionalidad del aludido acto reclamado, situaciones las dos últimas que corresponde demostrar fehacientemente al peticionario de garantías, lo cual omitió; en tal virtud, se encuentra apegada a derecho la sentencia del a quo en la que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo." En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra de la orden de desalojo del inmueble del que adujo ser posesionaria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Sobreseimiento que se hace extensivo por el acto de ejecución que se le atribuye a las autoridades responsables actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, ambas con sede en esta ciudad, toda vez que fueron señaladas como autoridades ejecutoras y no se les reclaman vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, del Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por FÁTIMA NAYELI ÁVILA CATZÍN y CARLOS ALEJANDRO NOH POOL, en contra de los actos que reclaman al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado; y, Secretaría de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de trece de octubre pasado; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase por hecha la manifestación de la responsable, en cuanto a que hace suyas las constancias certificadas que habrá de remitir la Juez natural. Notifíquese y cúmplase.

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