Fausta Candelaria Bernal

Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Fausta Candelaria Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la cual se advierten los motivos que tuvo el fedatario judicial para notificar personalmente al quejoso el proveído de doce de marzo del año en curso, toda vez que al tratar de localizar el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, advirtió que no existe la calle ***, circunstancia que corroboró con personal de Servicio Postal Mexicano. En consecuencia, procédase a notificarle el proveído de referencia por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio cierto y actual en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese. "Visto el escrito de demanda signado por *** , por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente Municipal Constitucional de Progreso de Obregón, Hidalgo y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 226/2021-6, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "se transcribe" Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El oficio *** de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dirigido a **, a través del cual la requieren para que exhiba la licencia de demolición, construcción, remodelación y/o ampliación respecto de la obra que está realizando en su inmueble, apercibida que de no contar con ella se hará acreedora a una multa. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones: En la fracción IV, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recoge el principio de definitividad para el juicio de amparo, aplicable a la generalidad de los casos, conforme al cual sólo procede dicha acción constitucional contra los actos de autoridad que no sean impugnables mediante recursos o medios de defensa legal, que puedan conducir a la revocación, modificación o nulificación de los actos afectatorios. Este principio tiende a conservar como medio extraordinario de defensa al juicio de amparo, al que sólo se pueda acudir si la ley no provee medios ordinarios, o contra la resolución del último de éstos; lo cual encuentra explicación en los dictados del sentido común, que aconsejan como prudente y razonable, ante una alternativa para conseguir un fin, escoger la opción más fácil, sencilla, breve y económica. Por ello, si en el caso a estudio se está ante un acto que por su propia naturaleza es susceptible de modificación, revocación o nulificación es inconcuso que el amparo promovido contra éste resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad mencionado. Lo anterior lo plasmó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 115/993, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" De esta jurisprudencia podemos concluir las siguientes reglas para que se actualice la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa: 1) Que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el amparo. Así, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en el oficio *** de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dirigido a Fausta Candelaria Bernal, a través del cual la requieren para que exhiba la licencia de demolición, construcción, remodelación y/o ampliación respecto de la obra que está realizando en su inmueble, apercibida que de no contar con ella se hará acreedora a una multa; acto destacado respecto de los cuales debió el juicio de nulidad, previsto en el artículo 81 Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, que de resultar procedente traería como consecuencia la revocación o anulación del acto reclamado. "se transcribe" el precepto transcrito señala que el afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. En este orden, al ser jurídicamente impugnable el acto aquí reclamado mediante la interposición del juicio de nulidad, lo cual debe hacerse antes de la interposición del juicio de amparo indirecto con el fin de cumplir con el principio definitividad, es por lo que el quejoso quedó obligada a agotar dicho recurso o juicio, y al no hacerlo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio procedente tendría por objeto modificar, revocar o nulificar el proveído señalado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Máxime que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, por el hecho que la ley del acto así lo contempla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 116 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese sentido, es oportuno indicar que los artículos 82 y 83, inciso b), fracción I, e la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a la letra suscriben: "se transcriben" De la interpretación sistemática de los citados preceptos legales se advierte que corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, resolver aquellas controversias que se susciten entre particulares y las autoridades de carácter Estatal y Municipal, conociendo del juicio que se promuevan contra actos que éstas, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de aquéllos. En consecuencia, resulta evidente que contra el acto reclamado resulta procedente el juicio de nulidad que prevé la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, el cual debió agotarse antes de ocurrir al amparo, pues la interposición de ese medio de impugnación suspende la ejecución del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo, establece para conceder la suspensión del acto reclamado. Ahora, con el propósito de evidenciar que los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo para el Estado de Hidalgo, para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos emitidos por las autoridades administrativas, no son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, es preciso citar aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. En cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son los siguientes: a) la suspensión de oficio y, b) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como se observa a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen textualmente lo siguiente: (se transcribe" Al respecto, resulta conveniente transcribir los 69 a 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo para el Estado de Hidalgo, establecen lo siguiente: "se transcribe" En consecuencia, del examen comparativo de los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo y los numerales 128, 132 y 139 de la Ley de Amparo, se concluye que no son mayores las condiciones establecidas en la Ley Orgánica en comento, que las que se consignan en los citados preceptos de la Ley de Amparo referida, para otorgar la suspensión del acto o actos reclamados, atendiendo a las siguientes razones legales: 1. De conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, se establece que la suspensión del acto impugnado puede ser solicitada por el actor en cualquier momento del juicio; por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, también es necesario que la solicite el agraviado. 2. Otro requisito común que exigen los dos preceptos citados en el párrafo que antecede, consiste en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. La ley orgánica en mención, exige que con la medida cautelar no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de que no se obtenga resolución favorable; por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 132 dispone, en esencia, el mismo requisito al aludir que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. 4. El artículo 139 de la Ley de Amparo, establece que se concederá la suspensión, cuando los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; tal y como lo establece 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. En tales condiciones, como se señaló, el juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el acto que aquí reclama resulta improcedente, dado que en contra de ello procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, instancia jurisdiccional de defensa legal que como se analizó, no exige mayores requisitos que los previstos en los artículos 128, 132 y 139 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, de la ejecución del acto impugnado, y de resultar procedente traería como consecuencia la revocación o anulación de éste. Por lo cual, previo a acudir a la presente vía constitucional debió promover el mencionado juicio, a efecto de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues en el caso no existe excepción para no agotar dicho recurso, debido a que en el presente asunto no se reclaman violaciones directas a la Constitución, ni se advierte que el oficio reclamado carezca de fundamentación, pues el mismo se encuentra dirigido a la promovente, le indican el motivo del mismo y citan los fundamentos legales que lo sustentan; Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Fausta Candelaria Bernal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo al Eder Jair Santillán Ríos. Conste por tener registrada su cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, al profesionista ***, por no tener registrada su cédula en el citado sistema; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. Asimismo, se toma nota del correo electrónico que proporciona, a efecto de ser necesario entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del leno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ***; en atención a su contenido, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

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