Fatima Valeria Magos Cruz
Expediente 1787/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Fatima Valeria Magos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veinticinco de enero del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Fátima Valeria Magos Cruz, quien refiere ser hija del socio número 1723 de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente el escrito signado por la quejosa ***, quien refiere ser hija del socio número 1723 de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., a través del cual, da parcial cumplimiento a la prevención de trece de enero de dos mil veintitrés; no obstante ello, se procede a proveer lo siguiente: DESECHA Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, así como 6°, del citado ordenamiento, los cuales señalan:. La causa de improcedencia en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:--- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. --- El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación de los numerales reproducidos, se sigue que el ejercicio de la acción constitucional será improcedente cuando así lo disponga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley de la materia, de ahí que las causales de improcedencia señaladas en el artículo 61, son de naturaleza enunciativa y no limitativa, de ahí que si existe algún otro impedimento para la procedencia del juicio de amparo, deberá analizarse esa circunstancia. Aplica al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro 2005313, cuyo rubro es: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.' Por su parte, el numeral 5° de la Ley de Amparo, dispone que es parte dentro del juicio, el quejoso, quien deberá aducir tener un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue un acto que produzca una afectación real y actual a las prerrogativas de la parte que promueve. Por otro lado, el numeral 6° de la norma invocada, dispone que el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto reclamado, por sí, o por su representante legal o apoderado y, en determinados casos, por cualquier persona (conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Asimismo, el juicio de amparo está reservado únicamente al gobernado que resiente un perjuicio jurídico con motivo del acto de autoridad combatido, de tal manera que la noción de perjuicio para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado, en forma real y actual por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de derechos humanos en su perjuicio. En esa medida, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual, la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el quejoso estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, aunado a que el mismo deberá ser materia de un ataque por parte del acto de autoridad y además, su afectación debe ser real y actual. Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama afecten la esfera de su interés jurídico o legítimo, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva o tampoco exista una afectación derivada del acto de autoridad que se combate o esta no resulte ser real, actual y directa. De no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al catálogo de derechos fundamentales del solicitante de amparo, lo cual quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 117, cuyo texto es: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En las relatadas condiciones, tenemos que el concepto y noción de perjuicio, para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. En ese sentido, de la interpretación del artículo antes transcrito se arriba a la conclusión de que el agravio y el perjuicio, constituyen presupuestos de procedencia de la acción constitucional. Asimismo, cabe destacar que tratándose del juicio de amparo el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo en demanda para que cese esa transgresión. En el caso, la quejosa ***, bajo protesta de decir verdad se ostenta como hija del socio número 1723 de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., reclamando, entre otros actos: La orden de corte del suministro de energía eléctrica en perjuicio de la quejosa y de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.; La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo interno instado en perjuicio de la promovente y de la fábrica de su padre Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. Sobre el tema, es pertinente citar el contenido de los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de los que se desprende, que la dirección, administración y vigilancia interna de las Sociedades Cooperativas, en general, estará a cargo de la Asamblea General, la cual es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas. En ese contexto, resulta inconcuso que la parte quejosa no resiente agravio con los actos reclamados, pues, como lo confiesa en su escrito de demanda, dichas conductas fueron emitidas y en su caso ejecutadas contra la persona moral Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.. En ese sentido, a ella como hija de un socio cooperativista, no le afectan los actos, en tanto que estos afectan a la sociedad en sí, misma que, pese a los conflictos, está representada por la Asamblea General; por tanto, la representación y defensas que pretende realizar como hija de un socio no le son competentes, precisamente porque la afectación que pudiera recibir como hija de un socio, es colectiva, es decir afecta al conjunto de personas físicas que forman parte de la sociedad como cooperativistas, la cual, como se dijo se encuentra representada por la Asamblea General. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis V.1o.6 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 950, de rubro y texto: "SOCIEDADES COOPERATIVAS. LA REPRESENTACION DE LAS, CORRESPONDE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. De los artículos 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 36, fracción VI, de su reglamento, se advierte que al consejo de administración corresponde la representación de la sociedad ante las autoridades judiciales o administrativas. En consecuencia, el representante común de la sociedad cooperativa, no tiene representación suficiente para interponer demanda de amparo a su nombre, ya que la intervención colegiada sólo puede substituirse por la representación común unipersonal en la tramitación de los negocios judiciales una vez instaurado un procedimiento, admitir lo contrario, implicaría desvirtuar la esencia del propio consejo, que estriba en que la representación sea conjunta de los miembros que la integran, a menos de que el consejo de administración, conforme a las facultades que le confiere el artículo 28 de la citada Ley, designe mandatario o apoderado para representar a la sociedad en los negocios judiciales, lo que es completamente distinto a la representación común del consejo de administración." Es un principio general que rige que en tratándose de la representación de las sociedades, que estas no quedan acéfalas, por lo que mientras no se resuelva en definitiva sobre el conflicto suscitado sobre la personalidad de quienes integran el consejo de administración, los nombramientos anteriores siguen vigentes; lo que se trae a colación con la única finalidad de evidenciar que el promovente carece de legitimación para impugnar actos que atañen a cuestiones internas de la sociedad. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, página 191, de rubro y texto: "SOCIEDADES COOPERATIVAS. PERSONALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE AUN CUANDO LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO NO HAYAN ACREDITADO ESTAR EN FUNCIONES AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA. LA SOCIEDAD COOPERATIVA QUEJOSA COMO PERSONA MORAL, SIGUE SUBSISTIENDO LEGALMENTE, AUN CUANDO LOS INTEGRANTES FISICOS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION CAMBIEN (ARTICULO 31 DE LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS). Es verdad que el artículo 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas dispone que los miembros del consejo de administración durarán en su cargo no más de dos años y sólo podrán ser reelectos después de transcurrido igual período; pero aun cuando sea igualmente cierto que si bien a la fecha en que se presentó la demanda de amparo por los miembros del consejo de administración, los dos años de su cargo no habían transcurrido, y que al día en que se celebró la audiencia constitucional en que se dictó la sentencia habían pasado más de dos años a contar, no solamente de la fecha de su designación, sino también a contar de la fecha en que les fue reconocida su personalidad por el director general de Fomento Cooperativo, y por consiguiente pudiera pensarse que terminó el plazo de duración de su encargo, lo cual motivaría a primera vista la improcedencia del juicio de amparo, sin embargo es un principio general que informa diversos preceptos tanto de derecho civil cuanto de derecho mercantil, el que las personas, y en particular las colectivas, no queden ayunas de representación, acéfalas, especialmente cuando se trata de la conservación de sus intereses jurídicos, principio plasmado en artículos tales como el 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que dispone que los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiera concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos; y aunque este precepto se encuentra colocado dentro del capítulo de las sociedades anónimas que son de índole lucrativa, rasgo que no presentan las cooperativas conforme lo dispone su ley propia, sin embargo, el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles considera expresamente como sociedades mercantiles a las citadas cooperativas; y sobre todo, si aquella prórroga del cargo de administrador la otorga la ley en una sociedad con fines de lucro, como es la anónima, con mayor razón debe entenderse aplicable a un tipo de sociedad como la cooperativa, en que uno de sus fines específicos es el de la protección de la clase trabajadora que lo integra. También son de citarse el artículo 308 del Código de Comercio, que establece que la muerte del comitente no extingue la representación que tiene el comisionista; el 2600 del Código Civil que dispone que si bien la muerte del mandante pone fin al mandato, debe sin embargo el mandatario continuar en la administración entre tanto los herederos proveen para sí mismos a los negocios, y aun el artículo 15 de la Ley de Amparo, misma que ordena que en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, su representante continuará en el desempeño de su cometido, si el acto reclamado no afecta derechos estrictamente personales, entre tanto interviene la sucesión. Luego entonces, no estando acreditado que se hayan designado nuevos integrantes del consejo de administración, la promoción del juicio de amparo de que se trata no resultó improcedente por la supuesta falta de legitimación procesal activa argumentada; y, por consecuencia, la revisión interpuesta por la sociedad quejosa, tampoco debe ser desechada de plano." Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro digital 220202 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO, LOS ACCIONISTAS CARECEN DE, CUANDO LO PROMUEVEN CONTRA ACTOS QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. Las sociedades mercantiles como personas morales que son, tienen que utilizar la institución de la representación, para estar en aptitud de hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esa representación recae sólo en aquellas personas que han sido designadas para tal fin, siendo sólo ellas quienes pueden hacer todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad social, salvo las excepciones que fija la ley o las que establecen los estatutos, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; luego, el hecho de ser accionistas de una sociedad mercantil, no legitima a tal accionista para demandar el amparo de la justicia federal en contra de sus actos que afecten al patrimonio de la sociedad, aun cuando tal afectación patrimonial trascienda en forma indirecta al patrimonio personal del accionista, por cuanto hace a su aportación social.' Asimismo, se cita por su aplicación, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, registro digital 230178 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LEGITIMACIÓN ACTIVA. EN QUE CONSISTE. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y ésta procede cuando el derecho que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, por lo que si los actos reclamados pudieran afectar a los integrantes de una sociedad, tal afectación es indirecta y por ende no tienen legitimación procesal activa para impugnar, son actos por su propio derecho, toda vez que quien directamente sufre las consecuencias de los mismos es la sociedad y por consiguiente es la única capacitada para impugnarlos en el juicio de amparo.' (Destacado propio). Finalmente, es aplicable, por analogía y en sentido contrario, la tesis I.14o.C.1 C, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: 'INTERÉS JURÍDICO, CARECEN DE, LAS SOCIEDADES PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO TRABADO SOBRE ACCIONES DE UNO DE SUS SOCIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. De conformidad con lo establecido en los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, una sociedad carece de interés jurídico para reclamar en amparo indirecto la orden de inscripción de un embargo trabado sobre acciones emitidas por dicha sociedad, propiedad de uno de sus socios, aunque dicha inscripción la realice el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil de esa empresa, toda vez que tal acto no le causa menoscabo patrimonial alguno a la quejosa, ni vulnera sus derechos ni su capacidad de crédito, pues es obvio que quien recibe el agravio personal y directo con dicha inscripción lo es el socio ejecutado, cuyo patrimonio es distinto e independiente del patrimonio social, por lo que es al socio a quien corresponde acudir a la instancia constitucional a combatir la referida orden de inscripción y no a la sociedad, atento el principio de instancia de parte agraviada.' (Énfasis propio) De lo antes expuesto, se corrobora que los actos reclamados por la quejosa, no inciden en la afectación de sus prerrogativas en forma real y actual, dada la personalidad y patrimonio diverso en su calidad de hija de un socio (aquí quejosa) y la persona moral, revelándose así, que no existe un acto de autoridad que produzca agravio actual y real que incida en la esfera jurídica de la amparista. Lo anterior, pues en todo caso es la persona moral afectada la que debe comparecer al amparo, por conducto de la Asamblea General y/o su representante legal o apoderado legal. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, ésta en relación con los artículos 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda respecto de los citados actos. Notifíquese
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ENERO ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente el escrito signado por la quejosa ***, quien refiere ser hija del socio número 1723 de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., a través del cual, da parcial cumplimiento a la prevención de trece de enero de dos mil veintitrés; no obstante ello, se procede a proveer lo siguiente: DESECHA Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, así como 6°, del citado ordenamiento, los cuales señalan:. La causa de improcedencia en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:--- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. --- El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación de los numerales reproducidos, se sigue que el ejercicio de la acción constitucional será improcedente cuando así lo disponga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley de la materia, de ahí que las causales de improcedencia señaladas en el artículo 61, son de naturaleza enunciativa y no limitativa, de ahí que si existe algún otro impedimento para la procedencia del juicio de amparo, deberá analizarse esa circunstancia. Aplica al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro 2005313, cuyo rubro es: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.' Por su parte, el numeral 5° de la Ley de Amparo, dispone que es parte dentro del juicio, el quejoso, quien deberá aducir tener un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue un acto que produzca una afectación real y actual a las prerrogativas de la parte que promueve. Por otro lado, el numeral 6° de la norma invocada, dispone que el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto reclamado, por sí, o por su representante legal o apoderado y, en determinados casos, por cualquier persona (conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Asimismo, el juicio de amparo está reservado únicamente al gobernado que resiente un perjuicio jurídico con motivo del acto de autoridad combatido, de tal manera que la noción de perjuicio para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado, en forma real y actual por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de derechos humanos en su perjuicio. En esa medida, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual, la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el quejoso estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, aunado a que el mismo deberá ser materia de un ataque por parte del acto de autoridad y además, su afectación debe ser real y actual. Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama afecten la esfera de su interés jurídico o legítimo, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva o tampoco exista una afectación derivada del acto de autoridad que se combate o esta no resulte ser real, actual y directa. De no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al catálogo de derechos fundamentales del solicitante de amparo, lo cual quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 117, cuyo texto es: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En las relatadas condiciones, tenemos que el concepto y noción de perjuicio, para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. En ese sentido, de la interpretación del artículo antes transcrito se arriba a la conclusión de que el agravio y el perjuicio, constituyen presupuestos de procedencia de la acción constitucional. Asimismo, cabe destacar que tratándose del juicio de amparo el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo en demanda para que cese esa transgresión. En el caso, la quejosa ***, bajo protesta de decir verdad se ostenta como hija del socio número 1723 de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., reclamando, entre otros actos: La orden de corte del suministro de energía eléctrica en perjuicio de la quejosa y de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.; La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo interno instado en perjuicio de la promovente y de la fábrica de su padre Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. Sobre el tema, es pertinente citar el contenido de los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de los que se desprende, que la dirección, administración y vigilancia interna de las Sociedades Cooperativas, en general, estará a cargo de la Asamblea General, la cual es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas. En ese contexto, resulta inconcuso que la parte quejosa no resiente agravio con los actos reclamados, pues, como lo confiesa en su escrito de demanda, dichas conductas fueron emitidas y en su caso ejecutadas contra la persona moral Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.. En ese sentido, a ella como hija de un socio cooperativista, no le afectan los actos, en tanto que estos afectan a la sociedad en sí, misma que, pese a los conflictos, está representada por la Asamblea General; por tanto, la representación y defensas que pretende realizar como hija de un socio no le son competentes, precisamente porque la afectación que pudiera recibir como hija de un socio, es colectiva, es decir afecta al conjunto de personas físicas que forman parte de la sociedad como cooperativistas, la cual, como se dijo se encuentra representada por la Asamblea General. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis V.1o.6 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 950, de rubro y texto: "SOCIEDADES COOPERATIVAS. LA REPRESENTACION DE LAS, CORRESPONDE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. De los artículos 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 36, fracción VI, de su reglamento, se advierte que al consejo de administración corresponde la representación de la sociedad ante las autoridades judiciales o administrativas. En consecuencia, el representante común de la sociedad cooperativa, no tiene representación suficiente para interponer demanda de amparo a su nombre, ya que la intervención colegiada sólo puede substituirse por la representación común unipersonal en la tramitación de los negocios judiciales una vez instaurado un procedimiento, admitir lo contrario, implicaría desvirtuar la esencia del propio consejo, que estriba en que la representación sea conjunta de los miembros que la integran, a menos de que el consejo de administración, conforme a las facultades que le confiere el artículo 28 de la citada Ley, designe mandatario o apoderado para representar a la sociedad en los negocios judiciales, lo que es completamente distinto a la representación común del consejo de administración." Es un principio general que rige que en tratándose de la representación de las sociedades, que estas no quedan acéfalas, por lo que mientras no se resuelva en definitiva sobre el conflicto suscitado sobre la personalidad de quienes integran el consejo de administración, los nombramientos anteriores siguen vigentes; lo que se trae a colación con la única finalidad de evidenciar que el promovente carece de legitimación para impugnar actos que atañen a cuestiones internas de la sociedad. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, página 191, de rubro y texto: "SOCIEDADES COOPERATIVAS. PERSONALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE AUN CUANDO LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO NO HAYAN ACREDITADO ESTAR EN FUNCIONES AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA. LA SOCIEDAD COOPERATIVA QUEJOSA COMO PERSONA MORAL, SIGUE SUBSISTIENDO LEGALMENTE, AUN CUANDO LOS INTEGRANTES FISICOS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION CAMBIEN (ARTICULO 31 DE LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS). Es verdad que el artículo 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas dispone que los miembros del consejo de administración durarán en su cargo no más de dos años y sólo podrán ser reelectos después de transcurrido igual período; pero aun cuando sea igualmente cierto que si bien a la fecha en que se presentó la demanda de amparo por los miembros del consejo de administración, los dos años de su cargo no habían transcurrido, y que al día en que se celebró la audiencia constitucional en que se dictó la sentencia habían pasado más de dos años a contar, no solamente de la fecha de su designación, sino también a contar de la fecha en que les fue reconocida su personalidad por el director general de Fomento Cooperativo, y por consiguiente pudiera pensarse que terminó el plazo de duración de su encargo, lo cual motivaría a primera vista la improcedencia del juicio de amparo, sin embargo es un principio general que informa diversos preceptos tanto de derecho civil cuanto de derecho mercantil, el que las personas, y en particular las colectivas, no queden ayunas de representación, acéfalas, especialmente cuando se trata de la conservación de sus intereses jurídicos, principio plasmado en artículos tales como el 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que dispone que los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiera concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos; y aunque este precepto se encuentra colocado dentro del capítulo de las sociedades anónimas que son de índole lucrativa, rasgo que no presentan las cooperativas conforme lo dispone su ley propia, sin embargo, el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles considera expresamente como sociedades mercantiles a las citadas cooperativas; y sobre todo, si aquella prórroga del cargo de administrador la otorga la ley en una sociedad con fines de lucro, como es la anónima, con mayor razón debe entenderse aplicable a un tipo de sociedad como la cooperativa, en que uno de sus fines específicos es el de la protección de la clase trabajadora que lo integra. También son de citarse el artículo 308 del Código de Comercio, que establece que la muerte del comitente no extingue la representación que tiene el comisionista; el 2600 del Código Civil que dispone que si bien la muerte del mandante pone fin al mandato, debe sin embargo el mandatario continuar en la administración entre tanto los herederos proveen para sí mismos a los negocios, y aun el artículo 15 de la Ley de Amparo, misma que ordena que en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, su representante continuará en el desempeño de su cometido, si el acto reclamado no afecta derechos estrictamente personales, entre tanto interviene la sucesión. Luego entonces, no estando acreditado que se hayan designado nuevos integrantes del consejo de administración, la promoción del juicio de amparo de que se trata no resultó improcedente por la supuesta falta de legitimación procesal activa argumentada; y, por consecuencia, la revisión interpuesta por la sociedad quejosa, tampoco debe ser desechada de plano." Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro digital 220202 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO, LOS ACCIONISTAS CARECEN DE, CUANDO LO PROMUEVEN CONTRA ACTOS QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. Las sociedades mercantiles como personas morales que son, tienen que utilizar la institución de la representación, para estar en aptitud de hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esa representación recae sólo en aquellas personas que han sido designadas para tal fin, siendo sólo ellas quienes pueden hacer todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad social, salvo las excepciones que fija la ley o las que establecen los estatutos, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; luego, el hecho de ser accionistas de una sociedad mercantil, no legitima a tal accionista para demandar el amparo de la justicia federal en contra de sus actos que afecten al patrimonio de la sociedad, aun cuando tal afectación patrimonial trascienda en forma indirecta al patrimonio personal del accionista, por cuanto hace a su aportación social.' Asimismo, se cita por su aplicación, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, registro digital 230178 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LEGITIMACIÓN ACTIVA. EN QUE CONSISTE. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y ésta procede cuando el derecho que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, por lo que si los actos reclamados pudieran afectar a los integrantes de una sociedad, tal afectación es indirecta y por ende no tienen legitimación procesal activa para impugnar, son actos por su propio derecho, toda vez que quien directamente sufre las consecuencias de los mismos es la sociedad y por consiguiente es la única capacitada para impugnarlos en el juicio de amparo.' (Destacado propio). Finalmente, es aplicable, por analogía y en sentido contrario, la tesis I.14o.C.1 C, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: 'INTERÉS JURÍDICO, CARECEN DE, LAS SOCIEDADES PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO TRABADO SOBRE ACCIONES DE UNO DE SUS SOCIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. De conformidad con lo establecido en los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, una sociedad carece de interés jurídico para reclamar en amparo indirecto la orden de inscripción de un embargo trabado sobre acciones emitidas por dicha sociedad, propiedad de uno de sus socios, aunque dicha inscripción la realice el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil de esa empresa, toda vez que tal acto no le causa menoscabo patrimonial alguno a la quejosa, ni vulnera sus derechos ni su capacidad de crédito, pues es obvio que quien recibe el agravio personal y directo con dicha inscripción lo es el socio ejecutado, cuyo patrimonio es distinto e independiente del patrimonio social, por lo que es al socio a quien corresponde acudir a la instancia constitucional a combatir la referida orden de inscripción y no a la sociedad, atento el principio de instancia de parte agraviada.' (Énfasis propio) De lo antes expuesto, se corrobora que los actos reclamados por la quejosa, no inciden en la afectación de sus prerrogativas en forma real y actual, dada la personalidad y patrimonio diverso en su calidad de hija de un socio (aquí quejosa) y la persona moral, revelándose así, que no existe un acto de autoridad que produzca agravio actual y real que incida en la esfera jurídica de la amparista. Lo anterior, pues en todo caso es la persona moral afectada la que debe comparecer al amparo, por conducto de la Asamblea General y/o su representante legal o apoderado legal. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, ésta en relación con los artículos 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda respecto de los citados actos. Notifíquese""
- Principal
Por recibido el oficio 457, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo 1787/2022-3, copia certificada de la ejecutoria dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, pronunciada en el conflicto competencia CCT 66/2022, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo y este Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito; el que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se finca la competencia en beneficio del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, para conocer de la demanda con el número de expediente 1787/2022-3, de su índice, por lo que sin dilación, con testimonio de esta resolución, remítase los autos respectivos. SEGUNDO. Con copia certificada de la presente resolución, hágase del conocimiento a la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo". Glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del conflicto competencial de que se trata. Acúsese el recibo correspondiente y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para los efectos y fines legales procedentes. Antes de proveer respecto de la demanda de amparo, conviene precisar algunas consideraciones que se establecieron en la referida ejecutoria dictada en el conflicto competencial CCT 66/2022, a saber: "En este sentido, a criterio de este Tribunal Colegiado, no es válido que por el simple hecho de que en su demanda de amparo la parte quejosa refiera como autoridad responsable a un juez de distrito, empero, sin especificar qué actuación es la que en concreto le reclama, ni desprenderse de dicho ocurso elemento objetivo alguno que permita advertir su existencia, sea legítimo que aquél alegue que carece de competencia para conocer del asunto, en términos del citado numeral 38. Considerar lo contrario, conllevaría a estimar que la competencia del órgano jurisdiccional está sujeta a los términos en que la parte quejosa redacte su demanda de amparo y no a la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues bastaría el pronunciamiento del justiciable de señalar a un juez de distrito, en su carácter de autoridad responsable, no obstante de que dicho señalamiento fuera inexacto, para que el juzgador pudiera excepcionar su competencia para conocer del juicio de amparo de que se trate, lo cual propiciaría incluso, que quedara al capricho del promovente la determinación de competencia de un órgano jurisdiccional. Así, con el objeto de materializar el mandato de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional, tal y como lo destacó el Máximo Tribunal del País, se estima pertinente señalar que, en todo caso, lo procedente es que, en principio, dicho juzgador prevenga a la parte quejosa, a fin de que ésta aclare cuál es el acto que, en específico, sin ambigüedades ni generalidades, reclama de los Jueces Primero, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo. Posteriormente, una vez que cuente con los elementos de información necesarios, analice si verdaderamente ese acto reclamado es atribuible a los juzgadores, por supuesto a él mismo, previo a determinar que en la especie se actualiza el caso de excepción previsto en el numeral 38 de la Ley de Amparo." Como puede observarse de la transcripción anterior, el Tribunal Colegiado determinó que, por el momento, con los datos expresados en la demanda de amparo no es posible identificar si alguno de los Jueces Primero, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo señalados como autoridades responsables, en realidad pueden tener ese carácter, debido a que en la demanda no se especificó claramente qué actuación es la que en concreto se reclama de dichos órganos jurisdiccionales. De esta manera, el Tribunal Colegiado destacó que para estar en posibilidad de definir esa situación, previamente debe prevenirse a la promovente de la demanda para que aclare cuál es la actuación que en concreto le atribuye a los Jueces de Distrito mencionados y una vez desahogada la prevención, analizar si verdaderamente esa actuación es atribuible a dichos órganos jurisdiccionales, a fin de concluir si es posible plantear la incompetencia en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo. En ese contexto, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada ejecutoria, se provee respecto de la demanda de amparo. PREVENCIÓN El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el juzgador federal deberá examinar la demanda de amparo y verificar que cumpla con los requisitos formales previstos en el artículo 108 de dicho ordenamiento legal, que se acompañen los documentos para acreditar la personalidad y las copias para correr traslado a las partes y formar por duplicado el incidente de suspensión y si derivado de ese análisis advirtiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión en la demanda y/o documentos mencionados, mandará requerir al promovente para que subsane tales circunstancias. Del análisis de la demanda de amparo, específicamente del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados, se obtiene que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, entre otros, a los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. C.C. JUECES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DE DISTRITO EN EL EDO. DE HIDALGO. [.] IV. ACTOS RECLAMADOS: [.] G. A las autoridades responsables señaladas con el número 1 les reclamo tener intereses personales en el presente asunto y animadversión en mi contra para no admitir la presente demanda y no conceder la suspensión de plano que adelante solicitaré y como propia Juez Cuarto de Distrito argumenta ser coordinador y jefe de los demás jueces de distrito, pues los obliga a base de la corrupción a lo aquí reclamado. [.]" La transcripción anterior permite conocer que los actos reclamados que la promovente pretende atribuir a los Jueces de Distrito en el Estado de Hidalgo, están planteados de manera general y son ambiguos, ya que sólo expresa una apreciación subjetiva de lo que, en su opinión, los jueces de Distrito actúan al momento de recibir su demanda de amparo y al pronunciarse respecto de la suspensión de plano, pero sin especificar claramente qué actuación es la que en concreto les reclama. Por otro lado, continuando con el análisis de la demanda de amparo, se observa que la quejosa reclama de las autoridades responsables identificadas con los numerales 2 al 46, esencialmente, las órdenes verbales para efectuar el corte del suministro de energía eléctrica en su perjuicio y de la empresa denominada Cooperativa la Cruz Azul, S.C.L., ubicada en Tula de Allende, quien tiene asignado el número de servicio 272041201983 y el medidor 43RJ67, ya que su padre es socio número 1723 de la empresa y como consecuencia de dichas órdenes verbales reclama los actos que se les infieran tanto a la promovente como a esa persona moral y que estén prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sin embargo, se advierte que los actos reclamados son imprecisos y oscuros, además de que, no es específica qué autoridad responsable fue la que realizó el corte de la energía eléctrica a la que hace alusión, sino por el contrario, señala a diversas autoridades pertenecientes a la Comisión de Federal de Electricidad, ni tampoco que relación guardan las autoridades responsables Presidente de la República, Senado de la República y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, con el corte de suministro de energía eléctrica que combate en su demanda, ni cuáles son los actos que en específico reclama de estas últimas autoridades. Además, sostiene que acude al juicio como hija menor de edad y que su padre es socio de la empresa mencionada, sin precisar el nombre de este último ni aportar alguna documental que acredite el vínculo familiar que dice tener con él, aunado a que tampoco precisa la relación que tiene con la persona moral en comento y por qué razón combate actos que en todo caso le afectan a esta última. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, lo que procede es requerir a la promovente para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: - Precise claramente, sin generalidades ni ambigüedades, cuál es la actuación que en concreto le atribuye a los Jueces Primero, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo. - Precise a qué autoridad o autoridades de la Comisión Federal de Electricidad atribuye el corte de suministro de energía eléctrica que impugna en su demanda. - Aclare cuáles son los actos que en específico le atribuye a las autoridades responsables Presidente de la República, Senado de la República y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, y la relación que guardan con el corte de suministro de energía eléctrica que combate en su demanda. - Indique el nombre completo de su padre y la razón por la que acude en su representación como socio de la empresa denominada Cooperativa la Cruz Azul, S.C.L., ubicada en Tula de Allende. - Acredite vínculo familiar que ostenta como hija menor de su padre que supuestamente es socio de dicha empresa. Lo anterior, con el apercibimiento que de ser omisa en desahogar la prevención en el plazo legal, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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