Fatima Deyanira Estrada Macedo
Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fatima Deyanira Estrada Macedo
- Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Penal (Fernando Guerrero Zarate)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. SE DA CUENTA CON SOBRE CERRADO Agréguese a los autos los sobres de cuenta que contienen los oficios 10523, 10525 y 10526 dirigidos al "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Seis y Agente del Ministerio Público Auxiliar A de la Coordinación Territorial CUH-6 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, en Ausencia del Agente del Ministerio público Titular de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido, en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Seis ambos con residencia en la Ciudad de México", mismos que contienen la leyenda "Falta Atención y Mal Dirigido". Ahora bien, de la revisión de los autos, se advierte que en proveído de veinte de abril del dos mil veintitrés se giró oficio a las autoridades responsables mediante correo oficial, el cual se tuvo por recibido el veintidós de abril del año en curso. Por tanto para estar en condiciones de dictar lo conducente envíese los oficio devueltos a las mencionadas autoridades mediante el correo electrónico mario_martineze@fgjcdmx.gob.mx, para los efectos legales conducentes. Por otro lado por lo que respecta al oficio 10525, dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se advierte que mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintidós se tuvo a la mencionada autoridad rindiendo informe justificado y señalando como domicilio en ubicado en calle General Gabriel Hernández número 56, quinto piso, colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. Atento a lo anterior, gírese el mencionado oficio al domicilio correcto. Una vez que obren en autos los acuses de recibo de los oficios devueltos, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veinticinco de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Fátima Deyanira Estrada Macedo; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b), el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, por haberse concedido la suspensión provisional decretada en autos. Por su parte, como el presente asunto cuenta con duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19 del citado acuerdo, una vez que se cumplan seis meses de archivo, podrá ser destruido. BILLETE DEPÓSITO En otro entorno, como se desprende en la primera parte de la certificación de cuenta, en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito con número N-888114, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa, misma que se le fijó como garantía con motivo de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión en que se actúa; en consecuencia se provee lo siguiente: Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veinticinco de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Fátima Deyanira Estrada Macedo; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b), el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, por haberse concedido la suspensión provisional decretada en autos. Por su parte, como el presente asunto cuenta con duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19 del citado acuerdo, una vez que se cumplan seis meses de archivo, podrá ser destruido. BILLETE DEPÓSITO En otro entorno, como se desprende en la primera parte de la certificación de cuenta, en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito con número N-888114, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa, misma que se le fijó como garantía con motivo de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión en que se actúa; en consecuencia se provee lo siguiente: Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo ******************** promovido por ******************** contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de M.P. TP-1 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Ciudad de México y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Coordinador de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Investigadora de M.P. TP-1 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Ciudad de México. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido en la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc Seis. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que no existen medios de prueba por desahogar. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representación social de la Federación. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho contra actos de: Como autoridad ordenadora. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público TP-1 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del delito de Trata de Personas en la Ciudad de México. Como autoridades Ejecutoras. Coordinador de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido en la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc Seis. Con residencia en la Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades responsables que precisó en el cuerpo de su escrito. Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, previa prevención, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, registrándola con el número de juicio de amparo ********************, proveído en el que además, se hizo efectivo el apercibimiento realizado a la parte quejosa y se tuvo únicamente como actos reclamados de las autoridades antes precisadas: La negativa de expedición de las copias de la carpeta de investigación; y, La orden de presentación girada en su contra por la autoridad ordenadora y las ejecutoras ya mencionadas. Se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, que formuló pedimento; y, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, grado y materia para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos por una autoridad y que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La negativa de expedición de las copias de la carpeta de investigación; y, La orden de presentación girada en su contra por la autoridad ordenadora y las ejecutoras ya mencionadas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del contenido de los informes rendidos por: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido en la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc Seis. Con residencia en la Ciudad de México. Coordinador General de la Policía de Investigación, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Auxiliar "A" de la Coordinación Territorial CUH-6 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, en ausencia del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Siete sin Detenido, en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Seis con residencia en la Ciudad de México. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Al rendir los informes justificados que respectivamente les fueron solicitados negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en: La negativa de expedición de las copias de la carpeta de investigación; y, La orden de presentación girada en su contra por la autoridad ordenadora y las ejecutoras ya mencionadas. Mientras que por lo que corresponde a la autoridad señalada como: Agentes de la Policía Ministerial a su cargo, con sede en la Ciudad de México. Se dio vista a la parte quejosa en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós,veintinueve de junio de dos mil veintidós, y en diverso de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. En efecto, la ley de la materia, según indica la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 118, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es, desde luego, la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y, la última, pero más usual, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Apoya lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Entonces, si en el caso la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables por cuanto a tal acto, no obstante que tenía la carga de la prueba y que tuvo la oportunidad procesal suficiente para hacerlo y pese a ello no lo hizo. En las relatadas circunstancias, se impone decretar EL SOBRESEIMIENTO en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades responsables precisadas en el presente apartado. Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." De igual forma, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso constante de seis fojas útiles, coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo número ********************, promovido por ********************. Asimismo, la suscrita Secretaria hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 8866, 8867, 8868 y 8869. Lo que asiento en vía de certificación para los efectos legales a que haya lugar en Morelia, Michoacán, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Conste.
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