Faride Tena Pardo
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Faride Tena Pardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. SOLICITA VINCULACIÓN ELECTRÓNICA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, como lo solicita, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación del expediente electrónico en que se actúa, para su consulta al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, como lo especifica en su comunicado de cuenta; ello para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 18, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa, aun cuando no resulta de relevancia documental, es susceptible de conservar al haberse concedido la suspensión de plano al quejoso. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, sin que se haga necesario un mayor pronunciamiento, toda vez que mediante resolución de cinco de junio del año en curso, se sobreseyó el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-413/2023, promovido por ********************, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 4 y 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído cuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; registrándose con el número de expediente X-413/2023; concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por la parte promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; se requirió a las autoridades responsables el informe respecto de la suspensión concedida, así como el informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que esencialmente el acto reclamado consiste en: La omisión y/o negativa de proporcionar en forma expedita y oportuna a la parte quejosa los medicamentos que le fueron prescritos, entre ellos metotrexato solución inyectable de administración intramuscular a dosis de medio mililitro cada semana durante cuatro días y el diverso medicamento infliximab de 500 miligramos cada dos meses, para tratar el padecimiento de espondilitis anquilosante y uveítis. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán en representación de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada; Director del Hospital General de Zona 83; y, Director de la Unidad de Medicina Familiar 75, todos del citado instituto, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por las autoridades responsables a través de su apoderado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -cuatro de abril de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado, toda vez que con data de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, los médicos tratantes le recetaron infliximab por doce meses, el cual ocupa un procedimiento especial y aprobación por Torre de Control para du dotación, la cual caducó en el mes de octubre de dos mil veintidós, emitiéndose contrarreferencia hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, para surtir dicho medicamento en la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, destacando que ese medicamento fue recetado nuevamente en esa fecha, ya que la peticionaria de amparo no había acudido a una nueva valoración para el suministro del medicamento. Respecto al diverso medicamento metotrexato, el apoderado de las autoridades responsables citadas, informó mediante oficio presentado el veintiocho de abril del año en curso, que dicho medicamento se encontraba disponible en esa data en la farmacia, por lo que la peticionaria de amparo podría acudir a recogerlo con la receta respectiva. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por el apoderado de las autoridades responsables en comento se advierte que el acto reclamado existió, a la fecha de la presentación del libelo constitucional que nos ocupa, pues con posterioridad le fueron entregados los medicamentos infliximab y metotrexato solución inyectable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que el Apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán en representación de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada; Director del Hospital General de Zona 83; y, Director de la Unidad de Medicina Familiar 75, todos del citado instituto, remitió y que obran en el presente expediente; así como las diversas documentales allegadas por la peticionaria de amparo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Jefatura de Servicios Administrativos del Hospital General de Zona 83 y Jefatura de Servicios Administrativos de la Unidad de Medicina Familiar 75, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad; y, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México, en la audiencia constitucional, se les tuvo como omisas en rendir el informe justificado solicitado que a su parte corresponde a cada una. Por tanto, se presumen ciertas las omisiones reclamadas, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". En el caso concreto y por lo que respecta a lo reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que ha cesado el acto reclamado, no obstante a la existencia del acto reclamado y su presunción respecto de algunas autoridades. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en la negativa de proporcionar en forma expedita y oportuna a la parte quejosa los medicamentos que le fueron prescritos, entre ellos metotrexato solución inyectable de administración intramuscular a dosis de medio mililitro cada semana durante cuatro días, así como también infliximab de 500 miligramos cada dos meses, para tratar el padecimiento de espondilitis anquilosante y uveítis. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que la peticionaria de amparo tiene principalmente los padecimientos de espondilitis anquilosante y uveítis, entre otros; que para tratar esas enfermedades le fueron recetados metotrexato solución inyectable de administración intramuscular a dosis de medio mililitro cada semana durante cuatro días, así como también infliximab de 500 miligramos cada dos meses; no obstante, de haber acudido múltiples ocasiones desde el veintidós de octubre de dos mil veintidós, las autoridades responsables le han negado a la quejosa proporcionarle dichos medicamentos indicándole que no se cuentan con ellos e n esta ciudad, entregándole recetas con el sello "Pendiente de surtir"; y, por la falta de dichos medicamentos desembocan en un deterioro en la salud de la amparista, lo que podría resultar en daños permanentes. Luego, con motivo de la suspensión de plano otorgada en autos, se tuvo al Apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán en representación de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada; Director del Hospital General de Zona 83; y, Director de la Unidad de Medicina Familiar 75, todos del citado instituto, informando que en data de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, los médicos tratantes le recetaron infliximab por doce meses, el cual ocupa un procedimiento especial y aprobación por Torre de Control para du dotación, la cual caducó en el mes de octubre de dos mil veintidós. Por lo que posteriormente, se emitió una contrarreferencia hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, para surtir dicho medicamento en la Unidad de Medicina Familiar Número 75, destacando que ese medicamento fue recetado nuevamente en esa fecha, ya que la peticionaria de amparo no había acudido a una nueva valoración para el suministro del medicamento. Respecto al diverso medicamento metotrexato, el apoderado de las autoridades responsables citadas, informó mediante la promoción presentada el veintiocho de abril del año en curso, que dicho medicamento se encontraba disponible en esa data en la farmacia, por lo que la peticionaria de amparo podría acudir a recogerlo con la receta respectiva. Aunado a lo anterior, mediante ocurso presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de abril del año en curso, se tuvo a ********************, autorizado de la quejosa, informando que el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se aplicó a la peticionaria de amparo el medicamento de infliximab en las instalaciones de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de mayo del año en curso, se tuvo al apoderado de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada; Director del Hospital General de Zona 83; y, Director de la Unidad de Medicina Familiar 75, todos del multicitado instituto, haciendo del conocimiento que la quejosa acudió el seis de mayo del año actual, ante la Unidad de Medina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad para surtir la receta médica en la que se le prescribió metotrexato solución inyectable, donde se expidió la receta con número de folio ********************, la cual se surtió al cien por ciento, lo cual acreditó con las documentales que obran a fojas 106 reverso a 107. De ahí que, se corrobora que los efectos del acto reclamado, han desaparecido totalmente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos así como el autorizado del quejoso; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por el acto precisado en el considerando tercero de esta resolución por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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