Fátima de los Ángeles Murguia de la Borbolla

Expediente 708/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
708/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
24/08/2015

Partes del expediente

  • Fátima de los Ángeles Murguia de la Borbolla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 967 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos relativos al juicio de amparo 1550/2014-III, promovido por Lidio Torres Avelino y testimonio de la ejecutoria emitida el trece de agosto del año en curso, en los autos del toca correspondiente al recurso de inconformidad 17/2015, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO.- La inconformidad es fundada". En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 1550/2014-III, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del toca correspondiente al recurso de inconformidad 17/2015. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, se provee lo siguiente: Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el recurso de inconformidad 17/2015 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, entre otras cosas, se determinó lo siguiente: ".El Juez Federal debe tramitar el incidente innominado de mérito y requerir el cumplimiento del fallo protector..." Por sentencia de tres de septiembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Lidio Torres Avelino, para los efectos siguientes: ".En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: a) No se aplique a la parte quejosa en el caso concreto y ni en lo futuro, el artículo 94 Bis a 94 Bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $7,320.00 (siete mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación del citado precepto. . En consecuencia, toda vez que los artículos tildados de inconstitucionales que prevén el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional derivado del impuesto sobre adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $1,830.00 (un mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos en mención, por parte del Tesorero, Presidente y Ayuntamiento, todos de Temixco, Morelos." Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo. Una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituyó en una cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente: Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar de éste órgano jurisdiccional para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se provee lo siguiente: Para dilucidar el debate que existe en torno al monto que la autoridad responsable debe cubrir al quejoso; con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de actualización del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el que será substanciado en términos de los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º y en la misma pieza de autos, pues tiene por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal. Son aplicables las siguientes tesis: Tesis: 2a. CVII/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005151 1 de 1 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pág. 733 Tesis Aislada(Común) INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable. Con motivo de la apertura del incidente, dése vista a las partes por el término de tres días hábiles que será computado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo (fracciones I y II según corresponda), la notificación que se les practique de este auto, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que en desahogo de esa vista pueden ofrecer pruebas, sin perjuicio que realicen tal ofrecimiento en el posterior término probatorio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de julio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que fue devuelta al impetrante de garantías la cantidad pagada por concepto de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, anexando copia certificada del acuse de recibo del cheque 0050023; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que por auto de veintitrés de julio del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Procuradora Fiscal en representación del Titular de la Subsecretaría de Ingresos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FATIMA DE LOS ANGELES MURGUÍA DE LA BORBOLLA, respecto a la discusión, aprobación, expedición, sanción, y publicación del contenido del artículo 77 fracción II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de las cantidades de $16,380.00 (dieciséis mil trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) y $3,350.05 (tres mil trescientos cincuenta pesos 05/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Por auto dictado el quince de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Procuradora Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el quince de julio de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0050023, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $19,661.77 (diecinueve mil seiscientos sesenta y un pesos 77/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le resto a la cantidad un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, más el veinticinco por ciento adicional. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Jfcc

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintitrés de julio del dos mil quince, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Procuradora Fiscal en representación del Titular de la Subsecretaría de Ingresos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FATIMA DE LOS ANGELES MURGUÍA DE LA BORBOLLA, respecto a la discusión, aprobación, expedición, sanción, y publicación del contenido del artículo 77 fracción II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de las cantidades de $16,380.00 (dieciséis mil trescientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) y $3,350.05 (tres mil trescientos cincuenta pesos 05/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Por auto dictado el quince de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Procuradora Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el quince de julio de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0050023, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $19,661.77 (diecinueve mil seiscientos sesenta y un pesos 77/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le resto a la cantidad un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, más el veinticinco por ciento adicional. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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