Fany Vianey Perez Carrillo

Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
91/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Fany Vianey Perez Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por FANY VIANEY PÉREZ CARRILLO, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintiocho de enero del año en curso, subsana la prevención realizada por este Juzgado Federal; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en tal circunstancia, se provee: DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales: La quejosa FANY VIANEY PÉREZ CARRILLO, bajo protesta de decir verdad, señala que la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el treinta de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que fue en esa data en que la Actuaria adscrita a la Segunda Actuaria del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos le informó que la fecha para la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, tendría verificativo a las ocho horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente 714/2018. Tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Como quedó apuntado, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa tuvo conocimiento de la fecha proporcionada por la actuaria adscrita a la Segunda Actuaria del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, para la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dentro del expediente 714/2018. Luego, conforme al artículo 144 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (aplicable al juicio de origen), los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto que reclama el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la misma surtió efectos ese mismo día, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación) y feneció el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron en dicho plazo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, ha transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación y como consecuencia legal, se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por FANY VIANEY PÉREZ CARRILLO, por su propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y Actuaria adscrita. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Apoya la anterior determinación la tesis jurisprudencial P/J.11/2017 (10ª) con número de registro 2014199, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del libro 42, mayo de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA.". Así como la tesis jurisprudencial PC. XVIII.J/11C (10ª) con número de registro 2011181, de Plenos de Circuito del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 1486 del libro 28, marzo de 2016, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICAN PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).". Finalmente, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.". Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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