Fátima Berenice Valenzuela Sosa
Expediente 1259/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 09/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fátima Berenice Valenzuela Sosa
- Wendy Gabriela Valenzuela Sosa
- María Carlota Ortiz Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
El nueve de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 294. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por las quejosas Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa, por el que solicitan la devolución del billete de depósito N 744713 que exhibieron para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados; tomando en consideración que las firmas que calzan el referido ocurso, difieren notablemente de las que obran estampadas en el escrito inicial de demanda; en tal virtud, a fin de acordar lo que legalmente proceda, requiérase a las promoventes para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este auto, comparezcan ante la presencia judicial con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que ratifique el contenido y firma de su libelo; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada su promoción. Es aplicable a esta determinación la Tesis de Jurisprudencia 258, publicada en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del texto y rubro siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese; y personalmente a las quejosas. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Incidental
En uno de agosto de dos mil diecisiete, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con un escrito con registro 10339. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por las quejosas Fátima Berenice y Wendy, ambas de apellidos Valenzuela Sosa; en atención a su contenido, dígaseles que no ha lugar a autorizar la devolución del billete de depósito número N 744713, expedido por la institución bancaria denominada BANSEFI, por la cantidad de DIEZ MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, exhibido para para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida por interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil dieciséis; en razón de que no ha transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, del que dispone la parte tercero interesada para promover el incidente de daños y perjuicios a fin de hacer efectiva la garantía otorgada en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Bjm
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de junio de dos mil diecisiete, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del propio mes y año; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de junio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1259/2016-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. No existe recurso alguno por resolver en el incidente de suspensión. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, tres de julio de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En otros aspecto, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Devuélvase al Juez Segundo del Ramo Civil de la capital, las copias certificadas del expediente 286/2014, que remitió en alcance a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1259/2016-1 promovido por Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, recibido el mismo día, por razón de turno, en la oficialía de partes de este juzgado, Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa, solicitaron la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se describen a continuación: Autoridad responsable: - Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas. Acto reclamado. La orden de demolición que emitió la autoridad señalada como responsable [.]. Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 18 a 22), se admitió a trámite la demanda en cuestión, ordenándose su registro bajo el número 1259/2016-1; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de treinta de enero de dos mil diecisiete se dio vista a las quejosas para que manifestaran si era su deseo ampliar su demanda en relación a las sentencias de primera y segunda instancia, así como respecto de la Sala Civil, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo la demanda seguiría por la autoridad y acto reclamados en primer término; por lo que en auto de dos de marzo del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se acordó que únicamente se resolvería por la autoridad y acto señalados en el escrito inicial de demanda. Finalmente, la audiencia constitucional inició a las diez horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil diecisiete al tenor del acta respectiva (foja 80). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consiste en: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas: El llamamiento al juicio civil ordinario de demolición de obra número 286/2014. Se fija el acto reclamado en esos términos, ya que las quejosas dicen ser ajenas al juicio y que el bien inmueble sobre el cual dicen se dictó orden de demolición es de su propiedad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas, ya que así lo aceptó en su informe justificado (foja 34). Lo anterior se corrobora con la copia certificada del expediente 286/2014, relativo al juicio civil ordinario de demolición de obra, de la que se desprende la existencia de la resolución reclamada; documental a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben examinar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Al respecto la tercera interesada María Carlota Ortiz Benítez indica el juicio de amparo en que comparezco debe ser sobreseído, en términos de los artículos 5°, fracción I, 63, fracción V, con relación al 61, fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y 63 de la Ley de Amparo, toda vez que el mismo resulta notoriamente improcedente, ya que la parte quejosa ya que dentro del juicio natural marcado con el número 286/2014 no les genera el más mínimo perjuicio puesto que la orden de demolición no afecta lo acreditado en escritura original con la que acreditaron propiedad los demandados C.C. MARÍA DEL SOCORRO SOSA RIVAS Y PEDRO VALENZUELA y por ende no le afecta ningún derecho a las quejosas. Dichos argumentos son inatendibles. Se estima de esa manera, ya que su estudio implica un análisis previo de la constitucionalidad de los actos reclamados, debido a que lo que se controvierte en el presente juicio es la orden de demolición dictada el diecinueve de abril de dos mil dieciséis respecto de un bien inmueble que dicen es de su propiedad, sin respetar su derecho de audiencia; de ahí que el análisis de los documentos que las impetrantes exhiben para justificar dicha transgresión se tenga que hacer en el capítulo relativo al pronunciamiento de fondo, pues su estudio dará como resultado determinar si les asiste o no el derecho de posesión que acuden a defender en esta instancia extraordinaria. Por tanto, no puede hacerse un pronunciamiento respecto de la referida causal de improcedencia ya que al involucrar cuestiones de fondo; realizarlo implicaría un análisis previo de lo que representa la materia de la controversia planteada en este juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. No existiendo alguna otra causal de improcedencia cuyo estudio resulte necesario impera examinar la constitucionalidad del acto aquí reclamado. QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que se derivan de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y que son los siguientes: 1. El diez de octubre de dos mil catorce María Carlota Ortiz Benítez promovió juicio civil ordinario en contra de Pedro Valenzuela, el cual fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas con el número de expediente 286/2014, reclamándole: "a) Para que judicialmente se ordene la demolición de la edificación y/o construcción del 40% respecto del inmueble en condominio del cual la actora es copropietaria indiviso en la planta baja del ubicado en calle y/o Andador Rosas, número dieciséis letra 'A' (16-A), del fraccionamiento El Carmen, en Guadalupe, Zacatecas. b) Por la declaración judicial en sentencia ejecutoriada de que la actora es propietaria de la vivienda marcada con el número oficial dieciséis letra 'B' (16-B), de la calle Andador Rosas, la cual se encuentra construida sobre el lote de terreno 16 de la manzana 17, de la unidad habitacional El Carmen, de Guadalupe, Zacatecas, con una superficie de 109.80 metros cuadrados; y demás prestaciones que reclama en su demanda" (fojas 56 y 57 del anexo). 2. Una vez seguido el juicio por sus etapas procesales correspondientes, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis la autoridad responsable dictó sentencia, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. La vía civil ordinaria intentada, ha sido la legalmente procedente; SEGUNDO. En esa vía, la señora MARÍA CARLOTA ORTIZ BENITEZ, logró acreditar los extremos legales indispensables para la procedencia de la acción de demolición de obra intentada en contra de PEDRO VALENZUELA y como tercera llamada a juicio MARÍA DEL SOCORRO SOSA RIVAS, quienes NO lograron justificar las excepciones oportunamente opuestas, en consecuencia: TERCERO. SE CONDENA a PEDRO VALENZUELA y a la tercera llamada a juicio MARÍA DEL SOCORRO SOSA RIVAS, a derrumbar a su costa, las siguientes construcciones: Barda edificada sobre una superficie de 6.825 m2 que está en régimen de condominio que pertenece en proporción del 60% a la vivienda 16-A y 40% a la vivienda marcada con el número 16-B. Construcción de 25.91 m2 sobre área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas. Barda edificada sobre una superficie de 7.371 m2 de área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas. [.] (fojas 187 a 208 del anexo). 3. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis la autoridad responsable acordó la interposición del recurso de apelación por Pedro Valenzuela en contra de la referida sentencia (foja 261 del anexo). SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Con base en la jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR, este órgano de control de la constitucionalidad advierte que la parte quejosa esencialmente expresó, a título de conceptos de violación los siguientes: - Que se les violenta su derecho tutelado en el artículo 14 constitucional porque se ha llevado un juicio contra sus papás, sin haber sido oídas y vencidas en el juicio. - Que se trasgrede el artículo 16 constitucional en su contra porque se dictó una orden de demolición sobre un bien de su propiedad. Dicho argumento es infundado sin surtirse supuesto alguno que amerite suplencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe puntualizar que la doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Para que se actualice la causahabiencia, tratándose de actos posesorios sobre inmuebles, es necesario que se acredite que el que obtenga ese derecho posesorio tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, lo cual puede probarse mediante: a) inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad; o, b) algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente. Por tanto, para determinar si existe o no causahabiencia en la especie, debe atenderse a la naturaleza del título jurídico fundatorio del derecho de las accionantes de amparo y valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se adviertan de las actuaciones del juicio del que derivan los actos reclamados, para saber si se subrogó en los derechos y obligaciones de alguna de las partes en el juicio natural y, por ende, si son o no terceras extrañas al mismo. Ahora, en el presente asunto, las quejosas Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa, se ostentan como terceras extrañas al juicio civil ordinario número 286/2014 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas, reclamando el llamamiento al juicio en razón de la orden de demolición dictada el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, sobre el bien inmueble ubicado en Andador Rosas, número dieciséis A, manzana diecisiete, fraccionamiento Del Carmen, Guadalupe, Zacatecas, el cual aducen sus padres acordaron en sentencia de divorcio voluntario sería de su exclusiva propiedad y que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete se los donaron a título gratuito Pedro Valenzuela y María del Socorro Sosa Rivas (fojas 75 a 78). Para acreditar la posesión de dicho bien raíz, las promoventes del amparo exhibieron escritura treinta y dos mil doscientos cincuenta de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la cual contiene el contrato de donación a título gratuito con reserva de usufructo vitalicio, respecto del bien inmueble ubicado en Andador Rosas, número dieciséis A, manzana diecisiete, fraccionamiento Del Carmen, Guadalupe, Zacatecas, el cual fue ratificado en cuanto a su contenido y firmas ante la fe del titular de la Notaría Pública Nueve, en legal ejercicio en la ciudad de Zacatecas. Dicha documental merece eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, por ser un contrato privado no objetado y ratificado ante un funcionario investido de fe pública. Se precisa que el contrato referido está dotado de fecha cierta, ya que se ratificó su contenido y firmas de las contratantes, ante funcionario con fe pública en el ejercicio de sus funciones y, por ello, goza de plena eficacia probatoria, en cuanto a la existencia de la fecha en que se llevó a cabo la ratificación del acuerdo de voluntades ante el notario en alusión. Al respecto, tiene aplicación por el principio rector que la informa, la jurisprudencia del contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. De lo precisado en el apartado de antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, se obtiene que el inmueble cuya posesión defienden las accionantes del juicio de derechos, constituye el bien respecto del cual se reclama la orden de demolición. Por tanto, lo anterior pone de relieve que las promoventes del amparo, adquieren el carácter de causahabientes de los demandados en el juicio de origen Pedro Valenzuela y María del Socorro Sosa Rivas, pues el inmueble cuya posesión defienden lo adquirieron el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, es decir, en fecha posterior al inicio del juicio en contra de su padre y aun posterior a la sentencia de primera instancia en donde se estableció la condena a Pedro Valenzuela y María del Socorro Sosa Rivas, para que derrumbaran a su costa: "Barda edificada sobre una superficie de 6.825 m2 que está en régimen de condominio que pertenece en proporción del 60% a la vivienda 16-A y 40% a la vivienda marcada con el número 16-B. Construcción de 25.91 m2 sobre área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas. Barda edificada sobre una superficie de 7.371 m2 de área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas", ya que si bien refieren las peticionarias de derechos que sus padres en la sentencia de divorcio de cuatro de diciembre de dos mil dos, acordaron que el mencionado bien inmueble se les donaría como parte de los alimentos de cuando eran menores de edad, no fue sino hasta el veintidós de febrero de dos mil diecisiete que firmaron ante la autoridad notarial la escritura treinta y dos mil doscientos cincuenta, razón por la cual hasta esa fecha (veintidós de febrero de dos mil diecisiete) adquiere fecha cierta la mencionada escritura. Lo anterior, pues se reitera, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de inmuebles, es necesario que se acredite que el adquirente de la posesión conozca que el bien raíz de que se trata está sujeto a gravamen y que, por ello, contrae un derecho subjudice al litigio de aquella deuda, lo cual puede probarse mediante: a) Inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad; o, b) Algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente. Lo dicho, se apoya en los criterios siguientes: CAUSAHABIENTE. ASUME ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE QUE REPORTA HIPOTECA. El que adquiere un inmueble con conocimiento de que soporta una hipoteca, que no comunica de ello al acreedor hipotecario, ni solicita su consentimiento o inscribe en el Registro Público de la Propiedad la escritura respectiva, se constituye en causahabiente a título particular del vendedor, y en tal caso se encuentra sujeto a lo que resulte del juicio que se promueva por las obligaciones contraídas por aquél, en virtud de que no puede obligarse al acreedor a enderezar una acción contra persona diversa a la que contrató, respecto de la cual ignora su existencia en su carácter de compradora, por lo que a ésta de ninguna manera puede considerársele como tercero ajeno cuando acude al juicio de amparo, pues al haber adquirido a título particular el inmueble hipotecado, contrajo también la obligación de garantizar el adeudo, así como de estar al pendiente de la situación jurídica que guardaba, para en su caso litigar en contra del acreedor, habida cuenta que la hipoteca, por su naturaleza real, persigue principalmente la cosa hipotecada. CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo. Por tanto, al ser las quejosas Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa causahabientes de Pedro Valenzuela y María del Socorro Sosa Rivas -demandado y tercera llamada a juicio en el controvertido de origen-, las primeras se ubican en una situación idéntica a los segundos, por lo que debe estar a las resultas del juicio seguido en contra de sus donatarios, quienes se encuentran obligados, entre otras cosas, a demoler barda edificada sobre una superficie de 6.825 m2 que está en régimen de condominio que pertenece en proporción del sesenta por ciento a la vivienda 16-A y cuarenta por ciento a la vivienda marcada con el número 16-B, construcción de 25.91 m2 sobre área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas y barda edificada sobre una superficie de 7.371 m2 de área común de la unidad habitacional El Carmen que pertenece al municipio de Guadalupe, Zacatecas. De ahí que no les asista razón jurídica a las peticionarias de amparo cuando aducen ser terceras extrañas a la controversia de origen y que se vulneró en su perjuicio el derecho de audiencia, dado que a sus causantes se les llamó a ese juicio y ellas adquirieron la posesión del bien inmueble que defienden el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, es decir con posterioridad a la data en que se radicó el juicio civil ordinario de demolición de obra número 286/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas; luego, es evidente que las amparistas no tienen el carácter de terceras extrañas a ese controvertido, ya que al ser causahabientes, su situación en el amparo es idéntica a la de sus causantes. Apoyan lo anterior, los principios rectores que informan las tesis de rubro y texto siguientes: CAUSAHABIENTE. TIENE EL CARÁCTER DE, EL COMPRADOR DE UN INMUEBLE CUANDO EL TRASLADO DE DOMINIO SE EFECTUÓ CON POSTERIORIDAD AL EMBARGO DEL BIEN ADQUIRIDO. La compraventa de un inmueble celebrada con fecha posterior al embargo del bien, derivado del juicio seguido en contra del vendedor, produce la consecuencia de que el adquirente no sea más que el causahabiente del demandado en dicho juicio; por tanto, las consecuencias legales del procedimiento se hacen legalmente extensivas a aquél. CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL). Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio respecto del que se ostenta tercero extraño a juicio y aduce ser causahabiente del propietario del bien inmueble adjudicado, con quien dijo haber celebrado un contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es evidente que el quejoso carece de legitimación en la causa para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería inadmisible permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su titular sino, incluso, uno de rango menor (poseedor a título de comodatario sobre un derecho de propiedad que ya fue defendido en juicio por su causante); consecuentemente, el amparo indirecto promovido bajo ese supuesto, resulta improcedente. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados, se niega a Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados contra la orden de demolición dictada en el juicio civil ordinario de demolición de obra número 286/2014 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas. Finalmente, no pasan inadvertidos para esta juzgadora, los alegatos planteados por la tercera interesada, sin embargo, no se realizará su análisis, pues no forman parte de la litis en el juicio de amparo y su estudio sólo es obligado cuando versa sobre causales de improcedencia, las cuales fueron analizadas en el apartado correspondiente de esta sentencia. A ese respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que dice: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fátima Berenice y Wendy Gabriela, ambas de apellidos Valenzuela Sosa, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en la capital del Estado de Zacatecas, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las consideraciones de derecho expuestas en el considerando último. Notifíquese personalmente; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria con quien actúa y da fe hoy ocho de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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