Fabiola Martínez Villa

Expediente 383/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
383/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Fabiola Martínez Villa

Actuaciones

  1. Principal

    En treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el ocho de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del dieciséis al veintinueve de marzo de la presente anualidad, con exclusión de los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, por ser inhábiles. Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que se desecho la demanda de amparo promovida por FABIOLA MARTÍNEZ VILLA Y ARTEMIO RODRÍGUEZ CARRASCO; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo°

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO del COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL (a través del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos); sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con apoyo en lo establecido en los ordinales 9 y 28 fracción I de la Ley de la Materia invocada, se tienen como Delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que indica y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere en el comunicado de cuenta. Finalmente, con el contenido del comunicado de cuenta y con el informe justificado de las diversas autoridades responsables que obran en el presente sumario, dese vista a la parte quejosa para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE MARZO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En ocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Jueza con la demanda de amparo y anexos registrada con folio 4795. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por FABIOLA MARTÍNEZ VILLA Y ARTEMIO RODRÍGUEZ CARRASCO, contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, así como de la Dirección de actuarios adscritos a los juzgados mercantiles de este propio Distrito Judicial, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 383/2016 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, la Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados los siguientes: a) el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, en el cual la autoridad responsable ordenadora no hizo manifestación alguna respecto de la prueba documental consistente en un acta ofrecida con el escrito de demanda incidental; b) la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones y declaró subsistente para todos los efectos legales la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil trece. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. En principio, se tramita ante el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, el juicio mercantil ejecutivo número 1022/2013, promovido por la licenciada Dora Alicia Camarillo Reveles, en su carácter de endosataria en procuración de Caja Solidaria Agricultura Comercio de Zacatecas, Sociedad Civil de Ahorro Popular de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 2. Dentro de dicho expediente la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto del emplazamiento. 3. Que en el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable ordenadora no hizo manifestación alguna respecto de la prueba documental consistente en un acta ofrecida con el escrito de demanda incidental. 4. El doce de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, en la cual se declaró subsistente para todos los efectos legales la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil trece.. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en a) el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, en el cual la autoridad responsable ordenadora no hizo manifestación alguna respecto de la prueba documental consistente en un acta ofrecida con el escrito de demanda incidental; b) la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones y declaró subsistente para todos los efectos legales la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil trece; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En diversos criterios nuestro máximo tribunal ha establecido que existen dos condiciones que deben actualizarse conjuntamente para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: La primera, que afecten materialmente derechos, es decir, que el acto de autoridad impida libremente el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de fallo definitivo; y La segunda, que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, contrarios a los de naturaleza formal o material, en cuyo caso la afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Atendiendo a lo expuesto, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquéllos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, dado que son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable; de ahí que, el juicio de garantías resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación. Lo anterior, no implica que las violaciones procesales que se hubiesen actualizado dentro del procedimiento no puedan controvertirse; sin embargo, el derecho a combatirlas, está sujeto al principio de concentración, que tiene como finalidad que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad. Dicho principio restringe el derecho de las partes a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan en la secuela del procedimiento, imponiendo que tales cuestiones se resuelvan de manera simultánea; de acuerdo con ello, las violaciones procesales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva o laudo y en el juicio de amparo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, interpretado en sentido contrario el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de acuerdo al derecho jurisprudencial mexicano, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. La parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, como se dijo, a reclamar los actos siguientes: a) el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, en el cual la autoridad responsable ordenadora no hizo manifestación alguna respecto de la prueba documental consistente en un acta ofrecida con el escrito de demanda incidental; y, b) la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones y declaró subsistente para todos los efectos legales la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil trece. Lo anterior permite sostener que los actos reclamados no son de aquellos considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos, como la propiedad, la libertad, etcétera, sino únicamente adjetivos, cuya afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, en el caso, no se satisfacen los requisitos para la procedencia de la presente acción de amparo. Es aplicable a lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." "PRUEBAS. ADMISION ILEGAL A LA PARTE CONTRARIA DEL QUEJOSO. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO. La admisión ilegal de una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso constituye una violación procesal por analogía reclamable en amparo directo, pues el perjuicio que se irroga a una litigante cuando se admite ilegalmente a su contrario una prueba, es similar a cuando no se le reciben pruebas que legalmente el quejoso haya ofrecido o no se le reciben conforme a la ley. Por lo que, con fundamento en el artículo 159 fracciones III y XI de la Ley de Amparo, debe hacerse su estudio como violación procesal reclamable en amparo directo." "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.- La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por FABIOLA MARTÍNEZ VILLA Y ARTEMIO RODRÍGUEZ CARRASCO. Finalmente, ténganse como autorizada en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, a la licenciada Beatriz Norato Adame (2311790) quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle E. Pankhurts número ciento dos (102), colonia Bancomer, zona centro, en esta ciudad de Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE."

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