Facundo Arciniega Ramirez
Expediente 19/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2017
Partes del expediente
- Facundo Arciniega Ramirez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite original del expediente RA(P) 227/2016, de su índice estadístico, original del juicio de amparo 411/2016-II, sus anexos relativo a tres legajos de copias certificadas y testimonio de la ejecutoria de quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México en el amparo en revisión 267/2016, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Rocío Espinosa Flores en contra del acto y la autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, por los razonamientos precisados en el último considerando. TERCERO. El recurso de revisión adhesiva es infundado." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguense a los autos el oficio y testimonio que se atienden para los efectos legales conducentes. Del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense los agravios y las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado Revisor, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado; a la superioridad, acúsese de recibo. Por otro lado, devuélvase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el expediente RA(P) 227/2016, de su índice estadístico y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, los tres legajos de copias certificadas que acompaño a su informe justificado; asimismo, se les solicita, se sirvan realizar el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Facundo Arciniega Ramírez por propio derecho, contra actos de la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 19/2017-IV. Incompetencia. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Corolario a lo expuesto, este juzgado federal sostiene carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por Facundo Arciniega Ramírez, contra actos de la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en razón de las consideraciones siguientes: a) La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: "C. JUEZA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC, MÉXICO." Acto reclamado: "LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016); dictada en el INCIDENTE DE OPOSICIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, dentro del juicio ejecutivo mercantil, radicado bajo el expediente número 515/2010, por la C. JUEZA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC, MÉXICO." Lo anterior, en atención a la obligación de los juzgados de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Y, la tesis número VI/2004, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, del contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen obscuridad o confusión. Estos es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En las condiciones expuestas, en el caso concreto se actualiza la primera de las reglas que fijan la competencia a los jueces de Distrito para el conocimiento del asunto referida en líneas que anteceden, pues se evidencia que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria dictada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis por la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, que declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 515/2010, de lo que se concluye que la secuela procesal del expediente referido habrá de continuarse en la localidad donde la responsable ejerce jurisdicción; esto es, en el Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, misma que no corresponde con la de este juzgado de Distrito. De ahí que se estime que en atención a la normatividad aplicable, la ejecución del juicio ejecutivo mercantil 515/2010 continuarán su materialización en el territorio en que este juzgador de amparo no ejerce jurisdicción; por tanto, es incuestionable que en el caso rige lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, bajo la hipótesis relativa a que el juzgado competente será aquél en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute o se esté ejecutando el acto reclamado. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por ello, estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Sirve de apoyo el criterio que aparece publicado en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." De igual forma resulta ilustrativa la tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En consecuencia, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda promovida por Facundo Arciniega Ramírez, contra actos de la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, quien ejerce jurisdicción en el distrito judicial en el cual es competente el juzgado responsable. Ello, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuyo contenido, en la parte que interesa establece: "ACUERDO PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: II. SEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los juzgados de Distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acambay, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Ocoyoacac, Ocuilán, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlataya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán. Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad. Los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana." Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda con las copias adjuntas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. No se provee sobre la suspensión provisional del acto por no estar en las hipótesis que establece la parte final del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Domicilio. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto se señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios, dado que el indicado consistente en los "estrados" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Al caso es de citarse, la tesis número XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado dl Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Epoca, con el siguiente texto y rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal invocado, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, circunstancia que deberán hacer del conocimiento mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Sin que haya lugar por el momento a proveer en relación con la autorización de la consulta del expediente electrónico, hasta en tanto proporcione el nombre de usuario de las personas indicadas a efecto de cumplimentar el procedimiento de registro respectivo, como lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en los términos indicados. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
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