Fabiola Villegas Ovando
Expediente 811/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2018
Partes del expediente
- Fabiola Villegas Ovando
Actuaciones
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
IV Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Director Técnico Legal en suplencia por ausencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que manifieste lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil dieciocho. Por recibidos los oficios signados por el Director y Jefe de Vigilancia, adscritos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México y el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, a través de los cuales rinden informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el Director y Jefe de Vigilancia, adscritos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, rinden informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
IV Toluca, Estado de México; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda promovida por Fabiola Villegas Ovando, contra actos del Director General de Reinserción Social y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 811/2018-IV. Acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, se hace consistir en: La orden de traslado a otro penal. Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio el acto reclamado así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]". La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la quejosa; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad de la reclusa quejosa; Peligro para los internos; Seguridad de la propia quejosa; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluida la quejosa, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo. Sin que se apertura el incidente de suspensión, en virtud de que ya se proveyó respecto de la suspensión de los actos reclamados. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las once horas del veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a las responsables, mismos que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 251 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense a la quejosa las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentran recluida. Copias. En otro punto, respecto a la solicitud de copias certificadas del presente auto, expídanse gratuitamente a la parte quejosa; y dado que éste no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones, se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el centro de reclusión de la promovente, debiendo levantar la razón correspondiente. Sirve como apoyo a lo anterior en lo que interesa la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro: 2006793, Página: 347, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Prevención de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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