Fabiola Torres Rubio
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2022
Partes del expediente
- Fabiola Torres Rubio
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Fabiola Torres Rubio; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que, sin decidirlo en lo principal, se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Fabiola Torres Rubio, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad y de otra autoridad; en tal razón, regístrese bajo el número 358/2022-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación en línea podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado; y, Delegación de la Policía Estatal de Tamaulipas. Ambos residentes en esta ciudad. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la documental que se anexa a la misma se desprende que la quejosa combate la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia promovido por Julio Adrián Cruz Martínez, fallo que modificó el régimen de convivencia respecto del menor J.A.C.T. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se desprende que en el diverso juicio de amparo 1635/2021-I, del índice de este propio órgano de control constitucional, Fabiola Torres Rubio, señaló como autoridades responsables a las siguientes: Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Encargado del despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable; e, Inspector General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia. Todos con sede en esta localidad. Y, como acto reclamado: Lo constituyen la resolución de fecha trece de Diciembre de dos mil veintiuno, respecto a la modificación de medidas cautelar sobre guarda y custodia, y régimen de convivencia, dictadas en fecha diez Junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021 radicado ante la Responsable, quien decretó provisionalmente las reglas de convivencia; y que en proveído que hoy se reprocha a la Responsable, la modificación, apoyando su determinación en que la supuesta actitud reiterada a la suscrita en negar al padre no custodio la convivencia con el menor hijo, que podía causarle un mayor perjuicio al menor J.A.C.T., en caso de continuar el distanciamiento con su progenitor, que con el cambio de guarda y custodia que aquí se ordena; ordenando a la suscrita, para que, en el improrrogable término de veinticuatro horas a partir de que sea legalmente notificada de la presente determinación, entregue al menor de edad J.A.C.T., a su padre Julio Adrián Cruz Martínez; apercibiéndole que, de no acatar el ordenamiento de mérito, se solicitará el auxilio de la fuerza pública para restablecer lo conducente y se ordenará su inmediato arresto hasta por veinticuatro horas;. Como se ve, la quejosa reclama idéntico acto del juez señalado como responsable; es decir, la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021. Circunstancias que se toman en cuenta como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme al segundo párrafo de su ordinal 2°, por referirse a actuaciones tramitadas en este órgano jurisdiccional. En el entendido de que se ordena agregar copias simples de la constancias necesarias relativas del diverso juicio de amparo 1635/2021-I, del índice de este tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, junio de 2007, página 285, que a la letra dice: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En ese contexto, es pertinente hacer notar que el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; . Se establece, que la Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia sujeta a estudio únicamente los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia e otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso; en contra de las mismas autoridades responsables y por igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Consecuentemente, se concluye que en el presente asunto se acreditan plenamente los supuestos de litispendencia previstos en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en esencia, la causa de pedir de impetrante en el juicio de amparo 1635/2021-I y en la demanda de garantías con que se da cuenta, consiste en la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad. Además, es de precisarse que el expediente antes mencionado fue resuelto mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que, incluso, se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Fabiola Torres Rubio, justamente para que el juez responsable dejara insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021, fallo que aún no ha quedado firme en virtud del recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada. Sin que pase desapercibido para este órgano de control constitucional que en la demanda de amparo que ahora se recibe, la parte quejosa argumente: . AL DICTARSE UNA MODIFICACION O MEDIDA CAUTELAR SOBRE GUARDA Y CUSTODIA Y REGIMEN DE CONVIVENCIA EN EL QUE SE ME REQUIERE PARA QUE LE HAGA ENTREGA A DE MI MENOR HIJO A SU PADRE, SIN QUE EL JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR, DIERA VISTA O PUSIERA DEL CONOCIMIENTO AL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO, DEJADOME EN ESTADO DE INDEFENSION TANTO A LA SUSCRITA COMO A MI MENOR HIJO y ADEMAS CONSTITUIR CON ESTO UNA VIOLACION AL PROCEDIMIENTO FORMAL, YA QUE EL MINISTERIO PUBLICO DEBERÍA DE VERIFICAR LA MEDIDA EN MI CONTRA Y CONTRA MI MENOR HIJO, PUES EL JUEZ DE MANERA ARBITRARIA PASO POR ALTO LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE VIVIMOS, (LA SUSCRITA Y MI MENOR HIJO), SITUACION QUE HABRIA SIDO ACLARADA SI SE LE HUBIERA DADO VISTA AL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO DE LA CITADA RESOLUCION INTERLOCUTORIA. (sic) Sin embargo, ello no llega al extremo de variar el sentido de esta determinación en tanto que, como se dijo, el acto combatido lo constituye propiamente la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 550/2021, misma que es materia de la litis en el diverso juicio de amparo 1635/2021-I, en el cual, dicho sea de paso, ya se dictó sentencia, misma que aún no queda firme pues es objeto de recurso de revisión, por lo que aunque las violaciones constitucionales sean diversas en ambos juicios el que ahora se recibe resulta improcedente, tal como lo prevé la fracción X del artículo 61 de la legislación de la materia. Por lo anterior, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Encuentra apoyo a lo que antecede la tesis I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Asimismo, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rigoberto Ramos Ramírez, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; en tanto que a la persona restante que se menciona en la demanda únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.
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