Fabiola Torres Rubio

Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Fabiola Torres Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida en este asunto el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último su archivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído dictado en esta misma fecha dentro del juicio principal de donde deriva este incidente, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y se negó la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere este órgano jurisdiccional, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintidós de abril dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A: Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 700/2021-II, promovido por Fabiola Torres Rubio, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Fabiola Torres Rubio, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y actos que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial. Como ejecutoras: Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable. Inspector General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia. Todas con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "De las Autoridades Ordenadoras.- El Juez Tercero de Primer Instancia de lo Familiar por la ilegal orden de arresto derivada de actuaciones que obran dentro del expediente 550/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, que puede provocar daños irreversibles dado el estado de gravidez que curso con siete meses de embarazo, tanto a la suscrita como al producto, lo que se acredita con el Resumen Médico de fecha 20 de Julio de 2021, firmada por el Doctor Edgar Cruz Chávez, documental que se perfeccionada durante la etapa probatoria del Juicio en que comparezco. De las ejecutoras.- El incumplimiento a la ilegal orden de arresto ordenado por la responsable." (Sic). Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de garantías respecto a diversos actos, la cual quedó registrada bajo el número 700/2021-II, pidió los informes justificados a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de arresto dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que dentro del expediente 550/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia respecto del menor J.A.C.T., demandado por Julio Adrián Cruz Martínez, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se emitió la orden de arresto en contra de la aquí quejosa; sin embargo, la misma fue cumplimentada desde el dieciocho de julio del año en curso, según informe de la Delegación Regional de la Policía Acreditable de esta localidad. Aunado a lo expuesto, la responsable remitió copias certificadas deducidas del expediente 550/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia respecto del menor J.A.C.T., demandado por Julio Adrián Cruz Martínez, derivadas el acto de que se duele la quejosa, advirtiéndose de ellas el trámite del aludido juicio, hasta el doce de agosto de dos mil veintiuno, fecha de su certificación. Constancias a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, atendiendo a las circunstancias relatadas y constancias reseñadas con anterioridad no acreditan la existencia del acto reclamado por la quejosa, consistente en una diversa orden de arresto, pues como se vio, de acuerdo a las razones expuestas y los datos proporcionados a su alcance por la autoridad ordenadora, se estima que no se ha emitido una nueva orden de arresto en perjuicio de la doliente. Máxime, que el Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable en este municipio, negaron la existencia del acto reclamado. Por tanto, y dado que el quejoso no desvirtuó esas negativas; no obstante que los comunicados de mérito le fueron puestos a la vista, a fin de que se impusiera de su contenido y expresara lo de su intención, o bien, allegara prueba con el peso suficiente para desvirtuar las aseveraciones (negaciones) de las responsables, no obstante de que se encontraba obligado a hacerlo; por ende, este juzgador está imposibilitado para darle realce a sus afirmaciones. Apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, como la parte quejosa omitió exhibir algún medio de convicción que acreditara los actos imputados a las autoridades responsables, ello constituye un obstáculo que impide a este juzgador analizar su constitucionalidad, pues aun y cuando el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, ésta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo al examen del acto reclamado advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para la emisión de dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, las responsables niegan el acto reclamado y la parte quejosa omite exhibir los documentos que determinen su existencia, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a que cualquier persona hiciera uso irracional del juicio de amparo pretendiendo que el juzgador tomara carácter de investigador para probar la existencia del acto que reclame, lo cual es inadmisible. Es aplicable al caso concreto el contenido de la tesis aislada consultable en la página 428 del Tomo IX, del mes de Junio de 1992, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CON APOYO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto que de cada una se les reclama, y los que intentaron la acción constitucional no aportaron ninguna prueba tendente a acreditar su existencia procede sobreseerse en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, se cita el contenido de la tesis aislada consultable en la página 376 del Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común del siguiente rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa". En la parte relativa es aplicable el contenido de la jurisprudencia I.3º.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660 del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, Materias Administrativa, Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Fabiola Torres Rubio, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Por otra parte, visto el estado de autos, se aprecia que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y ocho minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la que evidentemente con motivo del comunicado que se recepciona, a la llegada de ese día deberá marcarse nueva data para su desahogo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha revelada en el párrafo que antecede, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Por contener consideraciones aplicables al caso, lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.5o.C.1K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Febrero de 2013, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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