Fabiola Judith Martínez Lara
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2019
Partes del expediente
- Fabiola Judith Martínez Lara
Actuaciones
- Principal
V...Se declara que dicho auto ha causado estado y se ordena su archivo...
- Principal
V...Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, manifestando bajo protesta de decir verdad que como acto reclamado pide a este Juzgado de Distrito, el cambio de reclusorio en el que se encuentra interna y precisa que no ha realizado esa solicitud a autoridad diversa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso a estudio, la impetrante de amparo en el ocurso inicial de demanda señala como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas y como acto reclamado el siguiente: Acto reclamado: "ACTOS RECLAMADAOS ORDEN DE TRASLADO AL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES EN ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS TAMAULIPAS EN CALIDAD DE URGENTE realizada por dichas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras." Al existir obscuridad en cuanto al acto combatido que da facto impedía fijar la litis en el presente asunto, este Juzgado de Distrito, en auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, previno a la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, para que dentro del término de cinco días, aclarara: "a) Si el acto reclamado lo hace consistir en la orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentra al de esta localidad, girada por la autoridad señalada como responsable; b) En caso afirmativo, proporcione la fecha en que se emitió; c) O en su defecto, si lo que realiza es una petición a este Juzgado de Distrito, para ser traslada al reclusorio de esta localidad; d) En caso de combatir lo precisado en el inciso que antecede, aclare si ha dirigido una petición a la autoridad señalada como responsable o a otra diversa en relación al traslado que refiere; e) Además, especifique si la autoridad ya le contestó a la petición aludida en el inciso d) y en su caso, diga si lo que reclama es esa respuesta y como consecuencia, precise la fecha en que quedó debidamente notificada del mismo. f) En base a los actos reclamados, complemente los antecedentes del mismo, para que este Tribunal pueda tener un panorama real y completo de lo que pide." En cumplimiento a lo anterior, con el ocurso de cuenta, la agraviada, bajo protesta de decir verdad manifestó: "Que ocurro a manifestar a usted dar contestación al auto que recayera bajo protesta de decir verdad doy contestación a la misma sobre, a.- El acto reclamado si es la orden de traslado por motivos que manifiesto en mi demanda sobre temer por mi vida, b.- Es la primera vez que solicito dicho cambio de reclusorio por la inseguridad dentro del mismo y los motivos que narro, c.- es petición y a su comprensión y ayuda por mi seguridad y mi familia c. juez. d.- No he solicitado al juzgado donde se encuentra mi causa penal ya que no confío y nunca se me ha brindado una atención jurídica sobre estos casos y no he pedido a otra autoridad diversa solamente a este juzgado ya que mi familia se encuentra en esta ciudad, e.- sobre este inciso di contestación a la misma anteriormente manifestando mi dicho ya que solamente a usted C. Juez es que solicito mi acto reclamado por los motivos antes expuestos, f.- de antemano pido su auxilio y protección de la misma más que nada por mi y mi familia que me vienen a visitar de en vez en cuando por la inseguridad de las carreteras y mi vida propia dentro de dicho centro penitenciario, dando cumplimiento a lo solicitado por su señoría y solicitando se sigan los cursos legales del procedimiento." De lo anterior se desprende que la peticionaria de garantías señala como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, además en su escrito aclaratorio expresó que pide a este Juzgado de Distrito, su traslado del centro de reclusión en el que se encuentra interna y que no había realizado solicitud alguna al respecto. Por tanto, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 8o y 17 Constitucional, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para lo que antecede, debe tomarse como partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. En relación a lo anterior se cita por analogía la tesis visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988 que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. La hipótesis contenida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la ley, se refiere únicamente a los casos y circunstancias que establece la indicada ley reglamentaria, o bien a los que prevé la Carta Magna, porque sostener el criterio de que alude también a cualquier otra codificación, haría nugatorio el sistema respectivo adoptado por el primero de los ordenamientos invocados." Precisado lo anterior, recordemos que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacifica y respetuosa; y c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado la garantía individual consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacifica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislada que emitió la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, Tomo Tercera Parte XXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario". Ahora bien, la quejosa señaló como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, además en su escrito aclaratorio expresó que pide a este Juzgado de Distrito, su traslado del centro de reclusión en el que se encuentra interna y que no había realizado solicitud alguna al respecto. Al efecto, se hace necesario mencionar por las consideraciones que contiene la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), con número de registro 2018548, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 230, cuyo rubro y texto dicen: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Como se observa en la indicada jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País, estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Enseguida se hace necesario transcribir los numerales 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Además, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución de Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya que sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; II. Régimen disciplinario; III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involutarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Pena. El traslado voluntario se encuentra previsto por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal e inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebra una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En ese supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando existe un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. Además, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De igual forma, se desprende que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tiene facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuesta como consecuencia de una resolución judicial. Así las cosas, la promovente lo que intenta es que este Juzgado de Distrito, le autorice el traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, al de esta localidad, esto sin haber realizado trámite alguno anterior a la presentación de su demanda de garantías. Por tanto, no corresponde a este órgano de control constitucional atender la solicitud de traslado en la vía que lo intenta, pues con ello se estaría sustituyendo las facultades que son propias del Juez de Ejecución, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la quejosa de acuerdo con el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió elevar una petición ante la autoridad competente, para que éste, conforme al artículo 17 de la Carta Magna, le administre justicia, quien estará expedita para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes y conforme a sus atribuciones, le informaran si es procedente o no su reubicación. Además, con base en esa respuesta, si la misma es contraria a sus intereses, debe promover el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa y una vez agotados dichos medios de impugnación, podrá acudir a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, para exponer conceptos de violación relativos a combatir la inconstitucionalidad de la misma, o en su defecto, los relativos a la omisión de la autoridad para resolver. Lo anterior es de suma importancia, ya que ello constituye las dos únicas formas que tiene un gobernado para acudir ante un órgano de control constitucional a solicitar la protección de la Justicia de la Unión; pues no debe perderse de vista que el objetivo para el que fue creado el juicio de amparo, es para que la autoridad jurisdiccional esté en condiciones de revisar si los actos que emiten o dejan de emitir las autoridades que se señalan como responsables, son violatorios de las garantías individuales, lo que únicamente puede ocurrir si la ahora quejosa se haya en cualquiera de los dos supuestos mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido, ante la falta de promoción por parte de la ahora quejosa ante la autoridad competente, este Tribunal se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto de la constitucionalidad del acto, pues de hacerlo, se estaría sustituyendo a la autoridad de instancia, lo que no es propio del juicio de amparo. Tiene apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene la tesis con número de registro 224555, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 186 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que al tenor establece: "JUECES DE DISTRITO. NO PUEDEN SUSTITUIRSE EN EL CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y APRECIAR DIRECTAMENTE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Al juez de Distrito no le está permitido substituirse en el criterio de la autoridad administrativa y apreciar directamente las pruebas aportadas por los particulares en los procedimientos administrativos que se tramiten en los términos de los artículos 189 y siguientes de la Ley de Invenciones y Marcas, pues esta facultad le está prohibida al juzgador por no ser el juicio de amparo una segunda instancia en dichos procedimientos administrativos, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades estatales. En tal virtud, únicamente puede resolver si la autoridad responsable transgredió o no las normas que regulan la recepción, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento oficioso. Es decir, como órgano de control constitucional, vía conceptos de violación el juzgador federal de amparo, sólo debe examinar si en el caso que se somete a su consideración, la autoridad responsable violó o no las leyes reguladoras de las pruebas o bien si existió o no alteración de los hechos, más en forma alguna substituirse a la autoridad administrativa en la valoración de las multicitadas pruebas. En tal virtud, si el a quo consideró fundado, pero inoperante, un concepto de violación que se endereza en contra de una omisión de la responsable respecto de un ofrecimiento de pruebas y aduce como motivo que la inoperancia se apoya en la circunstancia de que admitida la prueba por la responsable, ésta de cualquier manera emitirá una resolución desfavorable a los intereses del particular, es claro que está sustituyendo su criterio al de la autoridad administrativa en la valoración de las pruebas, cuando actuando como órgano de control constitucional, sólo puede examinar si el acto reclamado viola o no las garantías individuales invocadas por el quejoso, esto es, si en materia de pruebas, la autoridad administrativa aplicó las reglas fundamentales de la prueba, si existió o no una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan dicha materia o en la fijación de los hechos, o que la apreciación o valoración fue contraria a la lógica, etc; mas no sustituir su criterio al de la autoridad responsable, para valorar en forma directa las multicitadas pruebas, pues con ello trastoca el sistema de probanzas que rige en el derecho patrio. Por otro lado, la jurisprudencia aplicada por el juez de Distrito para declarar fundados pero inoperantes sus conceptos de violación, no es aplicable en el caso de que se trata y por tanto con apoyo en la misma no debió declarar inoperantes los conceptos de violación de mérito. En efecto, si bien la exposición de los precedentes que formaron la tesis jurisprudencial en estudio, revela que no se refieren únicamente a cuestiones de derecho sino que también existe por parte de la Suprema Corte de Justicia una apreciación directa de las pruebas no analizadas por las autoridades responsables, empero la multicitada tesis sólo es aplicable en amparo directo porque las autoridades responsables, invariablemente deben ser órganos de control de legalidad (tribunales administrativos o civiles como en el caso) y el acto reclamado es un acto jurisdiccional, es decir de la misma naturaleza de los actos del juzgador de amparo, de tal manera que no existe realmente una sustitución en las facultades dichos órganos de control de legalidad por parte de los tribunales federales de amparo, sino solamente hay un despliegue de una misma función: La de juzgar o decir el derecho. Pero no puede ser aplicable en los amparos indirectos administrativos en los cuales la autoridad responsable si bien es un órgano de Estado, empero su función es la administrativa, es la de emitir actos administrativos y no jurisdiccionales y en estas condiciones, el que el juez de amparo realice una apreciación directa de las pruebas ofrecidas en un procedimiento administrativo, implica materialmente una verdadera sustitución de funciones propias de las autoridades administrativas, lo cual se encuentra vedado para el órgano de control constitucional, quien sólo puede analizar, en uso de sus facultades jurisdiccionales, si en el caso concreto sometido a su potestad, hubo o no transgresión de garantías individuales en relación con las normas reguladoras de las pruebas." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. De igual forma, resulta importante precisar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe. L´RIGU ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ De tal modoesa guisa, pre Los tralados En ese orden de ideas, es necesario destacar también que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, entre ellos, el traslado, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 18 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". Además, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: .II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; . Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: .IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional." "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I.- En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II.- En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III.- En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, de los numerales transcritos se desprenden los trámites y cuando opera un traslado voluntario de personas privadas de su libertad, además de que la autoridad facultada para resolver sobre dicha cuestión lo es un Juez de Ejecución. Así las cosas, la promovente lo que intenta es que este Juzgado de Distrito, le autorice el traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, al de esta localidad, esto sin haber realizado trámite alguno anterior a la presentación de su demanda de garantías. Por tanto, no corresponde a este órgano de control constitucional atender la solicitud de traslado en la vía que lo intenta, pues con ello se estaría sustituyendo las facultades que son propias del Juez de Ejecución, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la quejosa de acuerdo también en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estaba en aptitud de plantear su pretensión ante la autoridad competente, a fin de que se le administre justicia, quien estará expedita para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Tiene apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene la tesis con número de registro 224555, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 186 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que al tenor establece: "JUECES DE DISTRITO. NO PUEDEN SUSTITUIRSE EN EL CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y APRECIAR DIRECTAMENTE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Al juez de Distrito no le está permitido substituirse en el criterio de la autoridad administrativa y apreciar directamente las pruebas aportadas por los particulares en los procedimientos administrativos que se tramiten en los términos de los artículos 189 y siguientes de la Ley de Invenciones y Marcas, pues esta facultad le está prohibida al juzgador por no ser el juicio de amparo una segunda instancia en dichos procedimientos administrativos, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades estatales. En tal virtud, únicamente puede resolver si la autoridad responsable transgredió o no las normas que regulan la recepción, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento oficioso. Es decir, como órgano de control constitucional, vía conceptos de violación el juzgador federal de amparo, sólo debe examinar si en el caso que se somete a su consideración, la autoridad responsable violó o no las leyes reguladoras de las pruebas o bien si existió o no alteración de los hechos, más en forma alguna substituirse a la autoridad administrativa en la valoración de las multicitadas pruebas. En tal virtud, si el a quo consideró fundado, pero inoperante, un concepto de violación que se endereza en contra de una omisión de la responsable respecto de un ofrecimiento de pruebas y aduce como motivo que la inoperancia se apoya en la circunstancia de que admitida la prueba por la responsable, ésta de cualquier manera emitirá una resolución desfavorable a los intereses del particular, es claro que está sustituyendo su criterio al de la autoridad administrativa en la valoración de las pruebas, cuando actuando como órgano de control constitucional, sólo puede examinar si el acto reclamado viola o no las garantías individuales invocadas por el quejoso, esto es, si en materia de pruebas, la autoridad administrativa aplicó las reglas fundamentales de la prueba, si existió o no una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan dicha materia o en la fijación de los hechos, o que la apreciación o valoración fue contraria a la lógica, etc; mas no sustituir su criterio al de la autoridad responsable, para valorar en forma directa las multicitadas pruebas, pues con ello trastoca el sistema de probanzas que rige en el derecho patrio. Por otro lado, la jurisprudencia aplicada por el juez de Distrito para declarar fundados pero inoperantes sus conceptos de violación, no es aplicable en el caso de que se trata y por tanto con apoyo en la misma no debió declarar inoperantes los conceptos de violación de mérito. En efecto, si bien la exposición de los precedentes que formaron la tesis jurisprudencial en estudio, revela que no se refieren únicamente a cuestiones de derecho sino que también existe por parte de la Suprema Corte de Justicia una apreciación directa de las pruebas no analizadas por las autoridades responsables, empero la multicitada tesis sólo es aplicable en amparo directo porque las autoridades responsables, invariablemente deben ser órganos de control de legalidad (tribunales administrativos o civiles como en el caso) y el acto reclamado es un acto jurisdiccional, es decir de la misma naturaleza de los actos del juzgador de amparo, de tal manera que no existe realmente una sustitución en las facultades dichos órganos de control de legalidad por parte de los tribunales federales de amparo, sino solamente hay un despliegue de una misma función: La de juzgar o decir el derecho. Pero no puede ser aplicable en los amparos indirectos administrativos en los cuales la autoridad responsable si bien es un órgano de Estado, empero su función es la administrativa, es la de emitir actos administrativos y no jurisdiccionales y en estas condiciones, el que el juez de amparo realice una apreciación directa de las pruebas ofrecidas en un procedimiento administrativo, implica materialmente una verdadera sustitución de funciones propias de las autoridades administrativas, lo cual se encuentra vedado para el órgano de control constitucional, quien sólo puede analizar, en uso de sus facultades jurisdiccionales, si en el caso concreto sometido a su potestad, hubo o no transgresión de garantías individuales en relación con las normas reguladoras de las pruebas." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. De igual forma, resulta importante precisar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe. L´RIGU ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ L´RIGU ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo en proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, manifestando bajo protesta de decir verdad que como acto reclamado pide a este Juzgado de Distrito, el cambio de reclusorio en el que se encuentra interna y precisa que no ha realizado esa solicitud a autoridad diversa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso a estudio, la impetrante de amparo en el ocurso inicial de demanda señala como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas y como acto reclamado el siguiente: Acto reclamado: "ACTOS RECLAMADAOS ORDEN DE TRASLADO AL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES EN ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS TAMAULIPAS EN CALIDAD DE URGENTE realizada por dichas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras." Al existir obscuridad en cuanto al acto combatido que da facto impedía fijar la litis en el presente asunto, este Juzgado de Distrito, en auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, previno a la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, para que dentro del término de cinco días, aclarara: "a) Si el acto reclamado lo hace consistir en la orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentra al de esta localidad, girada por la autoridad señalada como responsable; b) En caso afirmativo, proporcione la fecha en que se emitió; c) O en su defecto, si lo que realiza es una petición a este Juzgado de Distrito, para ser traslada al reclusorio de esta localidad; d) En caso de combatir lo precisado en el inciso que antecede, aclare si ha dirigido una petición a la autoridad señalada como responsable o a otra diversa en relación al traslado que refiere; e) Además, especifique si la autoridad ya le contestó a la petición aludida en el inciso d) y en su caso, diga si lo que reclama es esa respuesta y como consecuencia, precise la fecha en que quedó debidamente notificada del mismo. f) En base a los actos reclamados, complemente los antecedentes del mismo, para que este Tribunal pueda tener un panorama real y completo de lo que pide." En cumplimiento a lo anterior, con el ocurso de cuenta, la agraviada, bajo protesta de decir verdad manifestó: "Que ocurro a manifestar a usted dar contestación al auto que recayera bajo protesta de decir verdad doy contestación a la misma sobre, a.- El acto reclamado si es la orden de traslado por motivos que manifiesto en mi demanda sobre temer por mi vida, b.- Es la primera vez que solicito dicho cambio de reclusorio por la inseguridad dentro del mismo y los motivos que narro, c.- es petición y a su comprensión y ayuda por mi seguridad y mi familia c. juez. d.- No he solicitado al juzgado donde se encuentra mi causa penal ya que no confío y nunca se me ha brindado una atención jurídica sobre estos casos y no he pedido a otra autoridad diversa solamente a este juzgado ya que mi familia se encuentra en esta ciudad, e.- sobre este inciso di contestación a la misma anteriormente manifestando mi dicho ya que solamente a usted C. Juez es que solicito mi acto reclamado por los motivos antes expuestos, f.- de antemano pido su auxilio y protección de la misma más que nada por mi y mi familia que me vienen a visitar de en vez en cuando por la inseguridad de las carreteras y mi vida propia dentro de dicho centro penitenciario, dando cumplimiento a lo solicitado por su señoría y solicitando se sigan los cursos legales del procedimiento." De lo anterior se desprende que la peticionaria de garantías señala como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, además en su escrito aclaratorio expresó que pide a este Juzgado de Distrito, su traslado del centro de reclusión en el que se encuentra interna y que no había realizado solicitud alguna al respecto. Por tanto, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículo 8o y 17 Constitucional, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para lo que antecede, debe tomarse como partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. En relación a lo anterior se cita por analogía la tesis visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988 que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. La hipótesis contenida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la ley, se refiere únicamente a los casos y circunstancias que establece la indicada ley reglamentaria, o bien a los que prevé la Carta Magna, porque sostener el criterio de que alude también a cualquier otra codificación, haría nugatorio el sistema respectivo adoptado por el primero de los ordenamientos invocados." Precisado lo anterior, recordemos que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacifica y respetuosa; y c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado la garantía individual consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacifica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislada que emitió la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, Tomo Tercera Parte XXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario". Ahora bien, la quejosa señaló como autoridad responsable al Encargado o Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, además en su escrito aclaratorio expresó que pide a este Juzgado de Distrito, su traslado del centro de reclusión en el que se encuentra interna y que no había realizado solicitud alguna al respecto. Además, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, **** Por ello, en todo caso, lo que debió realizar la quejosa, antes de acudir a esta instancia, fue elevar una petición directamente ante la autoridad responsable; ello para que conforme a sus atribuciones, le informaran si es procedente o no su reubicación. Y con base en esa respuesta, si la misma es contraria a sus intereses, acudir a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, para exponer conceptos de violación relativos a combatir la inconstitucionalidad de la misma, o en su defecto, los relativos a la omisión de la autoridad para atender su solicitud. Lo anterior es de suma importancia, ya que ello constituye las dos únicas formas que tiene un gobernado para acudir ante un órgano de control constitucional a solicitar la protección de la Justicia de la Unión; pues no debe perderse de vista que el objetivo para el que fue creado el juicio de amparo, es para que la autoridad jurisdiccional esté en condiciones de revisar si los actos que emiten o dejan de emitir las autoridades que se señalan como responsables, son violatorios de las garantías individuales, lo que únicamente puede ocurrir si la ahora quejosa se haya en cualquiera de los dos supuestos mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido, ante la falta de promoción por parte de la ahora quejosa ante la autoridad señalada como responsable, este Tribunal se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto de la constitucionalidad del acto, pues de hacerlo, se estaría sustituyendo a la autoridad de instancia, lo que no es propio del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Fabiola Judith Martínez Lara. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
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V... Matamoros, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Fabiola Judith Martínez Lara, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 801/2019-V. Ahora bien, en términos del precepto 112 de la Ley de Amparo, este tribunal procede al estudio integral de la demanda con que se da cuenta, misma que se advierte obscura e imprecisa. Cierto, en primer término, cabe destacar que en los apartados relativos a autoridad responsable y actos reclamados, la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, señaló lo siguiente: Autoridad responsable: Ordenadora y ejecutora Encargado o director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas. Acto reclamado: "Orden de traslado al Centro de Ejecución de Sanciones en esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, en calidad de urgente realizada por dichas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras". Sin embargo, posterior a ello en el capítulo de antecedentes precisó entre otras cuestiones lo siguiente: ."Que en fecha de ayer 19 de agosto del presente año me visitó mi hermana de nombre BLANCA ESTHELA MARTÍNEZ me había comentado de la inseguridad que impera dentro y fuera del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas como de las carreteras al venir a verme ya que vive en esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas de las cual tengo temor fundado de las inseguridades que imperan dentro de dicho centro de ejecución donde me encuentro recluida por delitos que no cometí y de la cual seguidamente se hacen motines dentro del mismo y tengo miedo por mi vida ya que no soy de esta ciudad de la cual los tratos no son iguales con compañeras y de la cual por lo anteriormente narrado es que solicito de la manera más urgente por las causales que anteriormente he manifestado solicito su auxilio y protección para dar trámite a un traslado a esta ciudad y que se siga el proceso que se me sigue pero ya en esta ciudad para salvaguardar mi vida ya que me siento insegura". De esa transcripción se advierte que existe obscuridad en cuanto al acto reclamado que de facto impide fijar la litis en el presente asunto, incumpliendo la quejosa con lo dispuesto fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, pues por una parte reclama al encargado o director del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, la orden de traslado al reclusorio de esta localidad y posteriormente en el capítulo de antecedentes refiere que solicita el auxilio para dar trámite a un traslado; es decir, no es clara en precisar si lo que combate es la orden o la solicitud de transferencia y como consecuencia de ello, los antecedentes del acto. Con motivo de lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, V y 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la promovente en cuestión, para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, aclare la demanda en el término siguiente: a) Si el acto reclamado lo hace consistir en la orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentra al de esta localidad, girada por la autoridad señalada como responsable; b) En caso afirmativo, proporcione la fecha en que se emitió; c) O en su defecto, si lo que realiza es una petición a este Juzgado de Distrito, para ser traslada al reclusorio de esta localidad; d) En caso de combatir lo precisado en el inciso que antecede, aclare si ha dirigido una petición a la autoridad señalada como responsable o a otra diversa en relación al traslado que refiere; e) Además, especifique si la autoridad ya le contestó a la petición aludida en el inciso d) y en su caso, diga si lo que reclama es esa respuesta y como consecuencia, precise la fecha en que quedó debidamente notificada del mismo. f) En base a los actos reclamados, complemente los antecedentes del mismo, para que este Tribunal pueda tener un panorama real y completo de lo que pide. Además, deberá exhibir con su escrito aclaratorio las copias necesarias para emplazar a cada una de las partes. Lo anterior se realiza para el efecto de determinar sobre la procedencia de lo reclamado, ya que resulta indispensable que lo que se reproche en los juicios de garantías sea claro y preciso, para poder establecer, en su momento, la relación procesal. En el entendido de que se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se procederá en los términos del referido numeral 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada su demanda. Por otro lado, no se soslaya que la quejosa Fabiola Judith Martínez Lara, en el capítulo de conceptos de violación refirió que se violenta el artículo 22 Constitucional, por la inseguridad que impera dentro y fuera del centro penitenciario en el que se encuentra recluida y que teme por su vida; sin embargo, en el presente caso no se toman medidas urgentes al respecto, ni es motivo para darle trámite a la demanda, debido a que dicha cuestión no la atribuye a una autoridad específica, esto es, no forman parte de los actos concretos reclamados sino que únicamente lo manifiesta como argumento para ser trasladada al reclusorio de esta ciudad y con motivo de la información que le proporcionó su hermana al momento de visitarla, pues refiere que fue quien le hizo saber sobre la inseguridad que impera dentro y fuera del reclusorio, incluso en las carreteras, pero no que alguna autoridad esté ejecutando actos de los que prevé el artículo 15 dela Ley de Amparo, sobre ella. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y por autorizados en los términos indicados a los profesionistas que cita. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, secretaria que autoriza y da fe.
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