Fabián García Vallejo

Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Fabián García Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se decretó el archivo de este expediente; por tanto, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009. Cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    II...Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio principal, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió y negó la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. Por lo que, se deberán conservar todas las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Por lo que respecta al duplicado de este cuaderno, se determina que la fecha para su destrucción lo es a partir del doce de marzo de dos mil veinte, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II...S E N T E N C I A: Matamoros, Tamaulipas, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 618/2019-II, promovido por Fabián García Vallejo, contra actos del agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Uno, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Fabián García Vallejo, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y actos que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Uno. 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Dos. 3. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Tres. 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Cuatro. 5. Coordinador Regional de la Policía Estatal Acreditable. 6. Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Acto reclamado: "La ilegal orden de detención que pretenden ejecutar las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, según estas cumplimentando órdenes de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, con el fin de privarme de mi libertad personal fuera de todo procedimiento judicial y sin tener orden de aprehensión obsequiada en mi contra por un juez penal". (Sic). Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 618/2019-II, pidió los informes justificados a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de detención que pretende privarlo de su libertad, dictada en su contra, así como la ejecución de la misma. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscritos a las Unidades Generales de Investigación Uno, Dos, Tres y Cuatro; Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Coordinador Municipal de la Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública, todas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. El quejoso no desvirtuó esas negativas; no obstante que los comunicados de mérito le fueron puestos a la vista, a fin de que se impusiera de su contenido y expresara lo de su intención, o bien, allegara prueba con el peso suficiente para desvirtuar las aseveraciones (negaciones) de las responsables, no obstante de que se encontraba obligado a hacerlo; por ende, este juzgador está imposibilitado para darle realce a sus afirmaciones. Apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, como la parte quejosa omitió exhibir algún medio de convicción que acreditara los actos imputados a las autoridades responsables, ello constituye un obstáculo que impide a este juzgador analizar su constitucionalidad, pues aun y cuando el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, ésta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo al examen del acto reclamado advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para la emisión de dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, las responsables niegan el acto reclamado y la parte quejosa omite exhibir los documentos que determinen su existencia, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a que cualquier persona hiciera uso irracional del juicio de amparo pretendiendo que el juzgador tomara carácter de investigador para probar la existencia del acto que reclame, lo cual es inadmisible. Es aplicable al caso concreto el contenido de la tesis aislada consultable en la página 428 del Tomo IX, del mes de Junio de 1992, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CON APOYO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto que de cada una se les reclama, y los que intentaron la acción constitucional no aportaron ninguna prueba tendente a acreditar su existencia procede sobreseerse en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, se cita el contenido de la tesis aislada consultable en la página 376 del Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común del siguiente rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa". En la parte relativa es aplicable el contenido de la jurisprudencia I.3º.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660 del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, Materias Administrativa, Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido para este juzgado que el agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Dos en esta ciudad, al rendir su informe justificado haya manifestado que en esa dependencia se está integrando la carpeta de investigación 584/2019, por el delito de violencia familiar y lesiones, en contra del aquí quejoso. Sin embargo, las circunstancias relatadas en el párrafo que antecede, no acreditan la existencia de los actos reclamados por el agraviado, pues como se vio, la citada responsable ordenadora fue categórica en afirmar que no había emitido un mandato de detención y/o cualquier otro acto privativo de la libertad alguno en perjuicio del doliente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Fabián García Vallejo, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto por el numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva como lo establece el dispositivo 124 de la legislación en comento. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 221 y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda la intervención ministerial 334/2019, signada por el Fiscal de la Federación adscrito; en atención a su contenido y a lo solicitado, se le tiene formulando alegatos de su interés, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver el presente asunto; de igual forma, como lo pide expídasele en su momento las copias a que hace referencia, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

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