Fabiola Concepción Cruz Alfaro

Expediente 1649/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1649/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Fabiola Concepción Cruz Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos: I.- El escrito que firman los quejosos en este juicio por medio del cual hacen valer la ampliación de demanda respecto del acto reclamado consistente en el oficio ********************, de diez de noviembre de dos mil veintitrés, así como su falta de conocimiento del expediente, en específico del acuerdo de diecinueve de octubre de este año, dictado en el juicio laboral ********************. II.- El oficio que firma el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad, por medio del cual en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en donde se le solicitó remitiera el acuerdo de diecinueve de septiembre de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ********************-III, anteriormente ********************, de su índice; sin embargo analizado que fue la copia certificada que anexa a su oficio de cuenta se aprecia que el acuerdo no corresponde al solicitado, ya que de nueva cuenta remite el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés y no envía el requerido que fue el de diecinueve de septiembre de esta anualidad. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el escrito y oficio de cuenta y anexo, para que obre como legalmente correspondan, y se tiene a la autoridad oficiante no dando cumplimiento a lo solicitado por este juzgado. Respecto al punto I, concadenado al II, dígasele a los ocursantes que se esté la reserva acordada en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se acordó que se reservaba respecto de la ampliación de la demanda hasta en tanto la responsable remitiera el acuerdo de diecinueve de septiembre de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ********************-III, anteriormente ********************, de su índice, en donde refiere que acordó lo peticionado por la parte quejosa. No obstante lo anterior, como se aprecia en el segundo de los puntos aquí acordados la responsable, remitió un acuerdo diverso al solicitado, (diecinueve de octubre, no el de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés), por lo que se mantiene la reserva decretada en el auto de dieciséis de noviembre de este año. En consecuencia, por segunda ocasión, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita el acuerdo de diecinueve de SEPTIEMBRE de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ********************-III, anteriormente ********************, de su índice, y en su caso, la constancia de notificación a las partes. Asimismo dentro del mismo plazo concedido, deberá remitir todas las constancias que tengan relación con las omisiones que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medidas y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito recibido en línea con firma electrónica y evidencia criptográfica que remiten los quejosos en este juicio por medio del cual hacen valer la ampliación de demanda respecto del acto reclamado consistente en el oficio *******************, de diez de noviembre de dos mil veintitrés, así como su falta de conocimiento del expediente, en específico del acuerdo de diecinueve de octubre de este año, dictado en el juicio laboral ********************. Al efecto se acuerda: Respecto de lo anterior, del estado de autos se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se le requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado, residente en esta ciudad, para que remitiera el acuerdo de diecinueve de septiembre de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ********************-III, anteriormente ********************, de su índice, en donde refiere que acordó lo peticionado por la parte quejosa. Sin que se pase por alto que la responsable ya rindió su respectivo informe con justificación; sin embargo omitió remitir el acuerdo citado en líneas que anteceden, por lo que le fue requerido con el debido apercibimiento de ley, hecho que aún no acontece. En consecuencia a lo anteriormente expuesto y en la espera de lo requerido por la autoridad responsable, resérvese a proveer respecto de la ampliación de demanda hecha valer por los impetrantes de amparo, hasta en tanto se cuente con la información y constancia requerida por este órgano de control jurisdiccional, las cuales en específico recaen en el acuerdo de diecinueve de septiembre de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ********************-III, anteriormente ********************. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por la Magistrada Instructora Adscrita a la Segunda Ponencia de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa, que mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ordenó la reanudación del procedimiento de verificación del cumplimiento de la sentencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ****, de su índice, toda vez que feneció el plazo de un año para que compareciera albacea o representante legal de la sucesión de ****, y que hasta la presente fecha no ha comparecido albacea o el representante legal de la sucesión o el beneficiario. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Ahora bien, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y anexos, córrase traslado y dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibido que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto; el oficio de cuenta con anexo, suscrito por el Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancia adjunta a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; y con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a la constancia adjunta al informe, con apoyo en los precepto 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral *****, anteriormente ******, del índice de la responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y serán valoradas en el momento oportuno, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita el acuerdo de diecinueve de septiembre de esta anualidad, dictado en el expediente laboral ****, anteriormente ****, de su índice, en donde refiere que acordó lo peticionado por la parte quejosa. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medidas y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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