Fabián Ruíz Vera

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Junta Federal Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad.
  • Fabián Ruíz Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto: El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de treinta y uno de ,mayo de dos mil veintiuno, en el que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y tercero interesado, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Por otra parte, con fundamento en los ordinales 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad oficiante, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo,1 se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente.2 En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo3 por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.4 Atento a lo que antecede, cabe precisar en el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: ? La dilación para dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral 569/2015, de su índice, consistente en el requerimiento de pago a que fue condenada la parte demandada. Ahora bien del informe rendido por la responsable de cuenta y de las constancias que anexa; se advierte que el veinte de mayo del año en curso, comparecieron de manera voluntaria ante la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el actor Fabián Ruíz Vera (aquí quejoso) y el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social (tercero interesado), a través de su apoderado legal Héctor Jordán Pérez Hernández; por lo que estando integrada la junta responsable y el funcionario Conciliador, el demandado manifestó dar cumplimiento parcial al laudo de catorce de octubre de dos mil diecinueve; así como a la resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; y exhibió un cheque número 0018078, a nombre de Fabián Ruíz Vera, por la cantidad de $49,595.11, (cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 11/100 m.n.), expedido por la institución bancaria HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC; en virtud de lo anterior, el actor (aquí quejoso) manifestó estar conforme con lo expuesto por el apoderado legal del demandado. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse de un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, puesto que la omisión fue subsanada. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación de esta determinación, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, apoderado legal de Fabián Ruiz Vera, presentada en la modalidad en línea, personería que acredita mediante la carta poder otorgada el seis de mayo de dos mil veintiuno, la cual se le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, de la Ley de Amparo, contra el acto de la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, consistente en:  La dilación para dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral 569/2015, de su índice, consistente en el requerimiento de pago a que fue condenada la parte demandada. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 335/2021-VIII y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. III. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. IV. Audiencia. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a las que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir la comunicación, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. Dése a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Notificación Vía Electrónica. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo a la parte quejosa, se realizarán por vía electrónica, a través del siguiente usuario "miguel_fbr". XI. Domicilio y autorizados. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio, toda vez que, como lo solicita en su escrito de demanda, las notificaciones se le harán vía electrónica, aunado a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo por el virus COVID-19. Respecto a la solicitud de que se le tenga como apoderados a Fernando Buenrostro Silva, Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, Jonathan Gómez Arce, Ingrid Paulett Díaz Borraz, Francisca Borraz González y Roger Gamboa Buenrostro, dígasele al quejoso que en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente de los autorizados, no ha lugar a tenerlos como apoderados legales; por tanto, atendiendo al sentido y finalidad de la facultad conferida a dichos profesionistas; se les tiene como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora. En cuanto al correo electrónico y teléfono que proporciona el promovente, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, sólo son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. XII. Uso de medios electrónicos. De conformidad con el acuerdo 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios que menciona para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." XIII. Tercera interesada. Emplácese al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Boulevard Comitán, esquina con trece Poniente Norte, número 1380, Colonia Moctezuma, de esta ciudad, a través de oficio que al efecto se gire, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de la misma y de la presente determinación. XIV. Pruebas. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas las pruebas que ofrece la parte quejosa consistente en la documental, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las que se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, las que se ofrecen, mismas que serán valoradas al momento de dictarse la resolución que corresponda. XV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIOS A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

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