Fabio Jorge Graciano Guzmán
Expediente 253/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fabio Jorge Graciano Guzmán y Otros.
- Fabio Jorge Graciano Guzmán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Fabio Jorge y María Aurora, ambos de apellidos Graciano Guzmán; sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Número de expediente: 253/2022 Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. CUMPLEN PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos María Aurora y Fabio Jorge, ambos de apellidos Graciano Guzmán, a través del cual pretenden cumplir con la prevención hecha el ocho de marzo del año en curso y las observaciones hechas el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Por lo que al respecto, el quejoso Fabio Jorge Graciano Guzmán, manifiesta su entera conformidad con lo expuesto por la diversa quejosa en escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós; asimismo, precisan que todos y cada uno de los puntos expresados en la demanda y escrito aclaratorio, han sido bajo protesta de decir verdad. Virtud a lo anterior, con el escrito de cuenta y el diverso presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tienen por cumplidos los puntos de prevención hechos mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que se procede acordar lo siguiente: SE DESECHA LA DEMANDA Ahora, en el particular el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "[.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Para arribar a la siguiente conclusión, es necesario precisar que los quejosos se ostentan terceros extraños por equiparación, pues en su demanda manifiestan que si fueron llamados a juicio, que se les reconoció el carácter de herederos, en la primera sección del juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado; sin embargo, en las posteriores secciones (segunda, tercera y cuarta) no se les dio intervención alguna; no obstante dichas manifestaciones, quedan desvirtuadas. Lo anterior, virtud a que de la certificación de cuenta se advierte que en la estadística de este órgano jurisdiccional se encuentra registrado el juicio de amparo 30/2017 promovido por el aquí quejoso Fabio Jorge Graciano Guzmán, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otras autoridades, mismo que sobreseyó mediante sentencia con engrose de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, falló que fue confirmado por el Tribunal de Alzada mediante ejecutoria de cinco de abril de dos mil dieciocho, en la revisión 33/2018; asimismo, que existe diverso juicio de amparo registrado con el número 222/2020, promovido conjuntamente por los aquí quejosos María Aurora y Fabio Jorge ambos de apellidos Graciano Guzmán, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otras autoridades, mismo que por sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno fue sobreseído, sentencia confirmada por el Tribunal de Alzada mediante ejecutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la revisión 123/2021; de los que se desprende que una vez analizadas las constancias de donde deriva el acto reclamado juicio sucesorio intestamentario 161/2006 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, formaron parte del mismo, dictándose las resoluciones de la primera, segunda, tercera y cuarta sección, quedando inmerso el inmueble ubicado en el Portal Hidalgo, actualmente calle Independencia, número 30 en el centro de Indaparapeo, Michoacán. Anteriores datos que derivan de los juicios de amparo en mención, y se tienen a la vista, por constituir un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir en el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, en el que se dictó la orden de desocupación del predio antes señalado; al respecto, este juzgado advierte que fue dictado en ejecución de sentencia y por lo tanto no procede admitir la demanda como a continuación se expone. De acuerdo con la disposición legal arriba transcrita, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del contenido literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. ". En el caso concreto, del análisis íntegro del acto reclamado, se advierte que el acto que se reclama, consiste en el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, emitido en ejecución de la sentencia dictada en el juicio sucesorio intestamentario 161/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, en el que se requiere al ahora quejoso a efecto de que haga entrega de la posesión real y material del predio ubicado en Portal Hidalgo, actualmente calle Independencia, marcada con el número 30, de la población de Indaparapeo, Michoacán; apercibiéndolo que de no hacerlo, procederá en su rebeldía a la desocupación forzosa del mismo. En esa tesitura, si los aquí quejosos son parte formal y material en el juicio sucesorio intestamentario de origen, por tanto, deben sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, debido a que el auto quince de febrero de dos mil veintidós, emitido en ejecución de la sentencia dictada en el juicio sucesorio intestamentario 161/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, en el que se requiere al ahora quejoso a efecto de que haga entrega de la posesión real y material del predio ubicado en Portal Hidalgo, actualmente calle Independencia, marcada con el número 30, de la población de Indaparapeo, Michoacán; apercibiéndolo que de no hacerlo, procederá en su rebeldía a la desocupación forzosa del mismo; resulta estrechamente ligado a la cosa juzgada, donde los promoventes, en su carácter de herederos, ya fueron oídos y vencidos, lo que se corrobora además de los diversos juicios del índice de este juzgado antes señalados 30/2017 y 222/2022, respectivamente. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, ya que no se trata de la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco de aquella en la que se ordena el archivo definitivo del expediente; únicos supuestos respecto de los cuales el legislador textualmente limitó la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, en lo concerniente a actos pronunciados en ejecución de sentencia (distintos al remate), conforme lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, esto es, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que aluden los hoy inconformes y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrán la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Relatado lo anterior, se hace patente que el acto que se combate en esta vía fue materializado en la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, no es reclamable en juicio de amparo indirecto en este momento sino, como ya se dijo, hasta que se emita la "última resolución" en el procedimiento de ejecución. En ese sentido, si bien es cierto que el acto reclamado se encuentra verificado en la etapa procesal de ejecución de sentencia, éste no constituye precisamente la última determinación jurídica dictada en ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, pues si bien en dicha actuación se lograra la desocupación del inmueble correspondiente y se pusiera aparentemente en posesión física y material del mismo a la coherederos -lo que todavía no acontece-, ésta no constituye, se insiste, la última resolución dictada en la etapa de ejecución, ya que su resultado sólo es condicionante para que el juez de origen emita el acuerdo correspondiente, esto es, si con dicha actuación queda o no cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 189344 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 19/2001 Página: 34 "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva.". De igual forma se cita la jurisprudencia del texto literal y datos de localización que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 178405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/253 Página: 1331 "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse por lo general, hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. De igual manera, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación, ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. En lo conducente se aplica la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 181144 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 36/2004 Página: 75 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.". Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia por contradicción de tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Bajo esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Aurora y Fabio Jorge, ambos de apellidos Graciano Guzmán, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán y otras autoridades. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON ESCRITO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado únicamente por María Aurora Graciano Guzmán, a través del cual pretende cumplir con la prevención hecha en auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que respecto del punto número uno, precisa que a la fecha aún no se ha llevado a cabo el desalojo ordenado por el Juez señalado como responsable, dentro del juicio de origen. En relación con el número dos, precisa que al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán y al Director de Seguridad Pública Municipal de Indaparapeo, Michoacán, las señala en cuanto autoridades ejecutoras de la orden de desalojo; por otro lado, señala que no es su deseo llamar a juicio como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán. Por lo que ve al punto número tres manifiesta bajo protesta de decir verdad que dentro del juicio sucesorio intestamentario número 161/2006, tienen el carácter reconocido de herederos; sin embargo, precisan después de la designación de la albacea definitiva, ya no se les dio intervención en el mismo. Asimismo, respecto del punto número cuatro, manifiestan los actos que se reclaman en los diversos juicios de amparo 222/2020, 1146/0019 y 1152/2019, limitándose a aclarar los actos reclamados en dichos juicios. No obstante lo anterior, este juzgado considera que no se encuentra cabalmente cumplida la prevención hecha a los quejosos, por las siguientes razones. En primer lugar, la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida por María Aurora Graciano Guzmán y Fabio Jorge Graciano Guzmán; sin embargo, el escrito por el que se pretende desahogar la prevención, sólo fue firmada por la primera de las personas, no obstante de su contenido se desprende que se realizan manifestaciones en primera persona refiriéndose al quejoso Fabio Jorge Graciano Guzmán; por lo tanto se desconoce si el diverso amparista está de acuerdo con las manifestaciones. Por otro lado, en la prevención hecha en auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se solicitó a los quejosos que manifestarán por escrito y bajo protesta de decir verdad la totalidad de los puntos de prevención; sin embargo, sólo hace dicha protesta respecto del punto número tres del ocurso de cuenta. Lo anterior es así, pues el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad se exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Aunado a que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. Lo anterior conduce a estimar que no se cumple cabalmente con las prevenciones formuladas y por ello la parte quejosa deberá estarse a lo acordado y apercibida en el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós. NUEVO REQUERIMIENTO. Se requiere a los quejosos para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para cada uno de los terceros interesados que señala, otra más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para los cuadernillos de suspensión. SUBSISTE REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Lo anteriormente precisado conduce a estimar que la promovente del amparo no cumple cabalmente con la prevención formulada en autos y por ello deberá estarse a lo acordado y apercibido en el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós. En ese contexto, a efecto de que la parte promovente tenga oportunidad de subsanar la omisión apuntada y dado que el escrito aclaratorio fue presentado en el cuarto día del término que le fue concedido, previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima necesario notificarle personalmente el contenido del presente proveído, en el concepto de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Sirve de apoyo la jurisprudencia, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J. 106/2003, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y contenido, siguiente: Época: Novena Época Registro: 182896 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 106/2003 Página: 133 AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: Época: Décima Época Registro: 2000702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.) Página: 400 "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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