Everardo Samuel Alarcón Aceves
Expediente 870/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Everardo Samuel Alarcón Aceves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a EVERARDO SAMUEL ALARCÓN ACEVES, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Mediante oficio presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, allegó copia certificada del laudo de veintiuno de ese mismo mes y año, dictado en el juicio laboral número 1083/2015; con lo cual, en auto de veintiséis de noviembre en curso, se ordenó reservar de proveer, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Así, en proveído de seis de diciembre de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dictado el laudo dentro del juicio laboral número 1083/2015, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. REFIERE DAR CUMPLIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; el cual se reserva de proveer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 870/2018, promovido por Everardo Samuel Alarcón Aceves, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el quince de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha, por razón de turno este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Everardo Samuel Alarcón Aceves, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°,14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de dieciséis de octubre del año en curso, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VI-870/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral número 1083/2015. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional transcrito, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, toda vez que se encuentra radicado el expediente ordinario laboral número 1083/2015, promovido por la parte impetrante del amparo, donde no existen pruebas pendientes. Ello en razón de que por actuación de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y se concedió a las partes el término de dos días, a fin de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho; asimismo, en auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento formulado y se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, debió haberse dictado laudo de inmediato, dado que de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Cabe mencionar, que de las constancias remitidas en su informe de ley, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y se concedió a las partes el término de dos días, a fin de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho, lo cual aconteció en auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, ordenando poner a la vista los autos de la autoridad colegiada a fin de emitir el laudo correspondiente. Sin embargo, debe decirse que los referidos proveídos no justifican el proceder del Tribual responsable, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que son inaplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque está última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, diverso al de la codificación obrera citada en primer término. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores. Así, no obstante que la responsable realizó una actuación no prevista en la legislación que rige el acto, esto es, que al no existir pruebas pendientes de desahogo, por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, certificó que fueron desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, concediendo a las partes el término de dos días a efecto de que formularan sus respectivos alegatos, con el apercibimiento que de no formular los mismos, se les tendría por perdido tal derecho. En ese sentido, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en que se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner a la vista de la autoridad colegiada los autos a fin de emitir el laudo correspondiente y a la fecha, transcurrieron casi cinco meses, dicho término excede en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para que emita el laudo respectivo, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Everardo Samuel Alarcón Aceves, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Everardo Samuel Alarcón Aceves, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Mach
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