Fabian Ortega Navarrete
Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fabian Ortega Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a sus autos el oficio que envía la Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Requiere constancias. Ahora bien, toda vez que la aludida autoridad responsable, no remite copia del acuerdo en el que impuso multa al aquí quejoso...; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación remita copia certificada de todas las actuaciones que guarden exacta conexión con el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Apercibida que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1076/2023********************R E S U L T A N D O: ÚNICO. En proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Fabián Ortega Navarrete, contra los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" perteneciente al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que más adelante se precisaran y que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales********************Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede******************** C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo son: La imposición de la multa apremio en cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), en acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés********************El ilegal requerimiento de los datos fiscales del quejoso, realizado mediante auto de dos de octubre de dos mil veintitrés******************** SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa y el Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretará de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca 1, al rendir su informe previo, negaron los actos que se les atribuyen, sin embargo del contenido de dichos informes y de las constancias que acompañaron a ésos, se advierte la existencia de los autos de diez de agosto y dos de octubre, ambos de dos mil veintitrés, dictados en el expediente 3266/18-15-01-7, del índice de la Sala responsable y que aquí se reclaman así como la ejecución de los mismos, por lo que se desvirtúa su negativa********************TERCERO: Suspensión Definitiva. Previo a examinar si cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender la naturaleza de los actos reclamados, así como los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior"******************** Para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte quejosa. b) No se siga perjuicio al interés social. c) Ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión, además de los requisitos anteriormente precisados, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para cumplir con el contenido de la fracción X del artículo 107 de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En efecto, se debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, se debe confrontar la apariencia del buen derecho, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida********************Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida"******************** Así, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa; por lo que en el presente incidente de suspensión, se proveerá lo procedente, únicamente respecto a las peticiones que de manera expresa realizó la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las 2 implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En ese sentido, de la demanda de amparo, el quejoso Fabián Ortega Navarrete, solicita la suspensión ".para el efecto de que no sea ejecutada la multa impugnada.". Dado que en el caso existe petición de la parte quejosa, formulada en su demanda y, no se advierte que el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada cause perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, para que no se ejecute la multa que se le impuso a la quejosa mediante auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 3266/18-15-01-7, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca********************Ahora, toda vez que las multas administrativas constituyen créditos fiscales, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, para que la medida cautelar aquí decretada, siga surtiendo sus efectos correspondientes, la parte quejosa deberá constituir el monto de las garantías de los créditos fiscales, ante la autoridad exactora, por cualesquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, y por el importe de la multa que le fue impuesta por la autoridad responsable. Lo anterior, se fija como garantía y no como pago del cobro exigido por la autoridad responsable, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 148/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 176523, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 365, Novena Época, Materia Administrativa, que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta********************Así como la tesis I.7o.A.86 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital 2003317, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2178, Décima Época, Materia Común, Administrativa, que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD ACTUALIZADA. El artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación establece que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, y su diverso precepto 21 prevé que si éstos no se cubren en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Por su parte, el primer párrafo del numeral 135 de la Ley de Amparo dispone que si éste se pide contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el que tendrá que cubrirse con el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así las cosas, para que surta efectos la suspensión en el juicio de amparo promovido contra una multa administrativa no fiscal, el quejoso debe garantizar el interés fiscal mediante su pago en cantidad actualizada, por lo que el juzgador no debe rechazarlo al considerar que es distinto al importe de la multa impuesta sin actualización, en virtud de que el agraviado cumplió con ese requisito de efectividad hasta donde le fue posible, máxime que corresponde a las autoridades responsables requerir los documentos necesarios para el caso de hacer efectiva dicha suma, de sobreseerse en el juicio de amparo, o bien, negarse la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la parte quejosa deberá acreditar ante este juzgado federal dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta determinación, el otorgamiento de la medida de eficacia decretada********************Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoria que se pronuncie en cuanto al fondo del amparo********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por Fabian Ortega Navarrete********************NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese a sus autos los oficios que envían el Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Administrativa, y el Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretará de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca 1, residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante los cuales rinden informe previo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Delegados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que menciona. Domicilio. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la copia del oficio de cuenta, remitido por el Director de Garantías, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Garantías y Procedimiento Legales, de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 17455/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, con el cual se le remitió el billete de depósito número N872545, e informa que el importe del citado billete fue aplicado en favor del Erario Federal, de lo que se toma nota. NOTIFÍQUESE.
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