Fabian Ortega Navarrete

Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Fabian Ortega Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del referido Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que surta sus efectos legales el oficio y anexo del Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante los cuales rinde su informe justificado. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que se anexa a su informe, la que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza. Estado de los autos Al informe justificado agregado, oficio 15-1-1-42479/21, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable anexa copia certificada del auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 267/19-15-01-7, de su índice, en el que se dio cuenta con el escrito de la aquí quejosa Migdalia Girón Echavarría, presentado en la Oficialía de Partes de la Sala responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dio respuesta a la petición formulada, y entre otras cuestiones hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, impuso a Germán Ramírez Guzmán, en su carácter de Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, la multa máxima en cantidad de $89,620.00 (ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100, moneda nacional) y requirió a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil dieciocho. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, en este juicio, la aquí quejosa MIGDALIA GIRÓN ECHEVARRÍA, por conducto de su autorizado Fabián Ortega Navarrete, reclamó del "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Sureste", la abstención y negativa de acordar de su escrito presentado en la oficialía de dicho Tribunal, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, relativo al expediente número 267/19-15-01-7. Luego, toda vez que la responsable ya hizo pronunciamiento al respecto como se advierte de las constancias relatadas en párrafos que preceden, resulta inconcuso que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, al haberse proveído la petición de la quejosa. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En atención a lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la Tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, intitulada: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, reexpídase el oficio 18002/2021, con la denominación correcta, esto es, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Se ordena al analista Jurídico SISE adscrito, realice la corrección de la denominación de la responsable en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable no ha quedado debidamente notificada del auto por el cual le es requerido su informe justificado; la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En términos del oficio SEADS/615/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del juez Marco Antonio Vignola Conde, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de agosto del presente año; lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Incorpórense a los autos para que surtan sus efectos legales el escrito de Fabián Ortega Navarrete, en el que, en acato al requerimiento formulado de ocho de julio de dos mil veintiuno; bajo protesta de decir verdad, refiere que le asiste el carácter de autorizado de la actora Migdalia Girón Echevarría, en el expediente 267/19-15-01-7, del que derivan los actos que se reclaman en este juicio, en términos del artículo 5º de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, lo que justifica con las copias simples que acompaña. Por tanto, se tiene a MIGDALIA GIRÓN ECHEVARRÍA, por conducto de sus autorizado, promoviendo juicio de amparo indirecto contra actos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional del Sureste; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, 108, 115, 116, 117, 128 y relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo sin incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requiérase a la responsable su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, exponiendo las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Ante el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se requiere a la responsable para que rinda su informe justificado y envíe cualquier comunicación oficial al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten voluminosas y no sea posible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), reformado en cuanto a su vigencia (del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021), por el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo de dos mil veintiuno), podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100, moneda nacional ($2,688.6) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que deban practicarse a las autoridades responsables, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Exhortación a tramitar el asunto en línea En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Intervención Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Protección de datos Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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