Fabian Martinez Ceron
Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fabian Martinez Ceron
- FABIAN MARTINEZ CERON y Otros.
- ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PUENTES y Otros.
- Alejandro de Jesus Sanchez Puentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, que negó el amparo solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se negó la protección constitucional solicitada, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el mismo; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del referido disco.
- Principal
Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro de Jesús Sánchez Puentes, ni a Fabián Martínez Cerón, respecto a las determinaciones de i) calificar de legal su detención, de ii) vincularlos a proceso y de iii) imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en audiencia oral de siete de junio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 205/2019/CHOLULA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de robo agravado y secuestro exprés, en agravio de Francisco Javier Tecanhuey Soto; por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; por tanto, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. ÍNDICE CRONOLÓGICO. Por otra parte, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el auto admisorio, pues transcribe el índice cronológico del desarrollo de la audiencia materia del acto reclamado, en la que indica la intervención de cada una de las partes. PRUEBAS DOCUMENTALES REMITIDAS. En ese orden, con fundamento en el artículo 117, quinto párrafo, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la primera de las autoridades indicadas ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. DISCO VERSÁTIL DIGITAL. A su vez, por cuanto hace a la diversa prueba consistente en el disco versátil digital que acompaña, no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues dicha probanza se desahoga por sí, al tener el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, en aplicación de lo dispuesto por el arábigo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial que -de inmediato- notifique a la parte quejosa el presente proveído corriéndole traslado con copia simple del informe justificado de cuenta, en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 637/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. ACUMULACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 638/2019-E. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de derechos fundamentales presentada por Alejandro de Jesús Sánchez Puentes (la cual dio origen al presente sumario constitucional) y de la diversa presentada por Fabián Martínez Cerón (registrada bajo el expediente 638/2019-E), se advierte que los impetrantes ocurren ante esta instancia Federal a solicitar el amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.-AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: - CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL (.) IV.- ACTO U ACTOS QUE DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SE RECLAMAN: Audiencia inicial (Control de detención, formulación de imputación, auto de vinculación a proceso y medidas cautelares) de fecha 7 de junio del año 2019, dentro de la Causa Penal 205/2019/CHOLULA, presidida por el Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, Con Sede en Cholula, en funciones de Juez de Control." Así pues, se advierte que tanto en el juicio de amparo 637/2019-D, como en el diverso 638/2019-E, ambos de este juzgado de Distrito, existe identidad de actos reclamados y autoridad responsable, por lo que el suscrito juez Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el precepto mencionado, este juzgado federal determina que es procedente la acumulación de los juicios de amparo de mérito. Apoya el criterio de la suscrita Jueza Federal, la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por lo tanto y, en razón de que la demanda de garantías que dio origen al juicio 637/2019-D fue presentada el mismo día que la diversa 638/2019-E, según se advierte del libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado Federal; atento el principio de economía procesal y, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral segundo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria, se ordena la acumulación de los juicios 637/2019-D y 638/2019-E; por lo tanto, glósese el expediente 638/2019-E al diverso juicio 637/2019-D, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, atento al contexto de los escritos de demanda de Alejandro de Jesús Sánchez Puentes y Fabián Martínez Cerón, se acuerda: ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Alejandro de Jesús Sánchez Puentes y Fabián Martínez Cerón, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, en funciones de Juez de Control, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de las demandas de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado los actos reclamados, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del auto de vinculación a proceso reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber al juez responsable que, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro del proceso penal 205/2019/CHOLULA, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo en que se actúa. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, notifíquese la presentación de las demandas al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia Central Uno, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien fue señalado por los quejosos como autoridad tercera interesada, y quien podrá intervenir a su vez por escrito en este juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de parte tercera interesada a Francisco Javier Tecuanhuey Soto, quien tiene su domicilio ubicado en Avenida Hombres Ilustres, número treinta y cinco, en Santa María Tonanzintla, San Andrés Cholula, Puebla. En tales condiciones, se instruye al actuario encargado del presente expediente realice lo siguiente, previo cercioramiento de que en el domicilio indicado por la parte quejosa reside la persona antes mencionada: Notifique el presente proveído. Le corra traslado con copia autorizada de las demandas. Emplace a juicio al tercero interesado citado, en el domicilio indicado. Haga de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; y, Lo requiera para que comparezca ante este juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto la autoridad que, convenga en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Antonio Ayala Herrera y Ramón Zenteno Gabino, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Y, como autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Soriano Rosas, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Con independencia de lo anterior, téngase como domicilio el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo, a las personas que autorizan para tal efecto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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