Ezequiel Jimenez Jimenez
Expediente 261/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ezequiel Jimenez Jimenez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la demanda de amparo promovida por Ezequiel Jiménez Jiménez, contra actos del 1. Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y otras autoridades; fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 261/2017-B y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Es de señalarse que el presente juicio SE TRAMITARÁ conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Establecido lo anterior, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son: "IV,- ACTOS RECLAMADOS: DEL C. NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAUCHINANGO PUEBLA, con domicilio ubicado en Calle Leona Vicario, número 36, colonia Centro del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla. a).- La negativa respuesta en su oficio número 17/2016 de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, dirigido al Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sur, Masa Matutina, dentro de la Averiguación Previa número 964/2015/SUR y recibido en la citada agencia el doce de octubre de dos mil dieciséis, que en su penúltimo párrafo; que enseguida paso a transcribir: "POR LO EXPUESTO ME PERMITO QUE ES IMPOSIBLE REMITIR A USTED DICHO TESTIMONIO EN ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE EL FOLIO NO PUEDE SALIR DE ESTA OFICINA A MI CARGO, COMO LO SEÑALA EL ART. 61- RESGUARDO DEL PROTOCOLO- Los volúmenes, sus apéndices e índices deberán permanecer siempre en la notaria, excepto cuando el Notario recabe firmas fuera de ella.- Si alguna autoridad competente ordena la inspección del algún instrumento, ésta se efectuará en la notaria o en el Archivo, ante la presencia del Notario o del titular, respectivamente.- DE LA C. PERITO EN DOCUMENTOSCOPIA y GRAFOSCOPIA ADSCRITA AL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NOMBRE LORENA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, se reclama: a).- La inconstitucional y negativa respuesta en su informe número GYD-418/2016 de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis y presentado ante el Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sur, Mesa Matutina; dentro de la Averiguación Previa número 964/2015/SUR, y recibido en la citada agencia, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, que en su penúltimo párrafo en todas sus partes; que enseguida paso a transcribir: ..."toda vez que de acuerdo al planteamiento del problema y del método de análisis a desarrollar, resulta necesario la utilización de equipo especializado que se encuentra en el interior del Laboratorio; encontrándome imposibilitada técnicamente para poder realizar el estudio encomendado hasta lo que anteriormente solicitado se me proporcione." (.)" Ahora bien, cabe precisar que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el aquí quejoso, si bien, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; también lo es que acude ante este órgano de control constitucional en su carácter de agraviado por el ilícito de abuso de confianza y los que resulten, dentro de la averiguación previa 964/2015/SUR, de la estadística de la Agencia del Ministerio Público Sur, Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla; tal como se advierte de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda. Por otra parte, de los antecedentes que la parte quejosa expresó, bajo protesta de decir verdad, se advierte que Ezequiel Jiménez Jiménez, dentro de la averiguación previa citada, pretende objetar de falsa la firma que calza el testimonio de poder especial con actos de riguroso dominio para una cesión de derechos del título de concesión número 32784, de la ruta Atlixco, Colonia Lomas de Axocopan, Colonia Mártires de Chinameca, ante la extinta Secretaría del Transporte en el Estado de Puebla (actualmente Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla), que otorgó a favor de Florentina Jiménez Rojas, de dos de junio de dos mil catorce, bajo el instrumento número veintisiete mil seiscientos treinta y dos (27632), volumen doscientos sesenta y seis (266), del índice del Notario Número Dos, del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, y, debido a ello, se formó la indagatoria de origen. Posteriormente, el fiscal investigador solicitó al referido Notario, remitiera el original del testimonio a efecto de que una perito en materia de grafoscopía y documentoscopía nombrada por la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estuviera en posibilidad de determinar si la firma que obra en dicho testimonio corresponde por su ejecución, al puño y letra del aquí quejoso, sin que a la fecha dicho fedatario público haya dado cumplimiento con tal requerimiento. Así pues, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en relación los diversos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo de la Ley de Amparo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, primer párrafo del citado ordenamiento, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto en que el quejoso alega como acto reclamado al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, el oficio 17/2016, por el que se determinó por parte del fedatario que no puede remitir al Ministerio Público el original del testimonio materia de la indagatoria, pues el folio no puede salir de dicha notaría; y a la Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se le reclama el informe GYD-418/2016, por el que manifiesta que se encuentra imposibilitada técnicamente para poder realizar el estudio encomendado, dentro de la averiguación previa AP-964/2015/SUR. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la parte quejosa señala como autoridades responsables al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, son auxiliares del Agente del Ministerio Público Sur Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por tanto, no tienen las facultades que establece el artículo 5, en su fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del artículo 19 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de Puebla son auxiliares de la Administración de Justicia en Materia de Defensa Social y, por su parte, el numeral 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales quedan bajo el mando directo del Ministerio Público; por su parte, el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece las facultades del Ministerio Público, entre las que se encuentra, la contenida en la fracción IX , consistente en requerir informes o documentación a otras autoridades o a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y de diligencias para la obtención de medios de prueba. Ahora bien, en términos generales, la actuación del Notario Público no puede ser considerada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. En ese sentido, el Ministerio Público durante la averiguación previa, una vez que tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho constitutivo de un delito, deberá tomar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, apoyándose para llegar a tal determinación de diversos servidores públicos, incluso de particulares a fin de desplegar correctamente sus funciones en investigación del delito y los probables responsables; de ahí que se establezca que para la integración de la indagatoria de origen, se considera al Notario Público como un auxiliar del Ministerio Público, pues él tiene en su poder el instrumento materia de la prueba pericial. Apoya la anterior consideración, en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 14 de la Ley del notariado del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de febrero de 2004, la función del notariado esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que deba o quiera darse autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes, y son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y pagan por éstos; por tanto, la actuación del notario, como cuando expide una escritura pública, no puede ser considerada como un acto de autoridad, dado que una de las notas esenciales de éste la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, por lo que es dable advertir que los actos del notario público, de acuerdo con la normativa que los rige, no tienen tales efectos. Así, el hecho de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se realizó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que, a través de la función notarial, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, los actos del notario no pueden ser considerados de autoridad para los efectos del juicio de amparo." En esa tesitura, resulta evidente que los actos que se imputan al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, no pueden constituir materia de amparo. Así, de los artículos antes señalados se advierte que a quienes el quejoso señala como responsables: Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, únicamente son auxiliares en la Administración de Justicia y, por ende, sus actuaciones no tienen autonomía propia, de ahí que no tengan el carácter de autoridades responsables, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, lleva a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa podrá acudir directamente ante el Agente del Ministerio Público Sur Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que éste haga cumplir sus determinaciones y solicitar, en caso de que Servicios Periciales no dé cumplimiento, le aplique una medida de apremio y así lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia en materia penal. Por tanto, a quienes el quejoso señaló como responsables Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tienen el carácter de autoridades responsables y, por el contrario, el Ministerio Público goza de la acción para ampliar los medios de investigación y aplicar las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. Máxime que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Consecuentemente, en el caso es dable afirmar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación en relación los diversos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que indica en su escrito de cuenta; y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Armando Reyes Leyva, Jesús Guerra Montiel y José Manuel Sánchez Soya, toda vez que los mismos no proporcionaron datos de sus cédulas de licenciados en derecho, para corroborar si están inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho, ante la Secretaría de Educación Pública o en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Ezequiel Jiménez Jiménez, contra actos del 1. Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y otras autoridades; fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 261/2017-B y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Es de señalarse que el presente juicio SE TRAMITARÁ conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Establecido lo anterior, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son: "IV,- ACTOS RECLAMADOS: DEL C. NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAUCHINANGO PUEBLA, con domicilio ubicado en Calle Leona Vicario, número 36, colonia Centro del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla. a).- La negativa respuesta en su oficio número 17/2016 de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, dirigido al Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sur, Masa Matutina, dentro de la Averiguación Previa número 964/2015/SUR y recibido en la citada agencia el doce de octubre de dos mil dieciséis, que en su penúltimo párrafo; que enseguida paso a transcribir: "POR LO EXPUESTO ME PERMITO QUE ES IMPOSIBLE REMITIR A USTED DICHO TESTIMONIO EN ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE EL FOLIO NO PUEDE SALIR DE ESTA OFICINA A MI CARGO, COMO LO SEÑALA EL ART. 61- RESGUARDO DEL PROTOCOLO- Los volúmenes, sus apéndices e índices deberán permanecer siempre en la notaria, excepto cuando el Notario recabe firmas fuera de ella.- Si alguna autoridad competente ordena la inspección del algún instrumento, ésta se efectuará en la notaria o en el Archivo, ante la presencia del Notario o del titular, respectivamente.- DE LA C. PERITO EN DOCUMENTOSCOPIA y GRAFOSCOPIA ADSCRITA AL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NOMBRE LORENA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, se reclama: a).- La inconstitucional y negativa respuesta en su informe número GYD-418/2016 de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis y presentado ante el Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sur, Mesa Matutina; dentro de la Averiguación Previa número 964/2015/SUR, y recibido en la citada agencia, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, que en su penúltimo párrafo en todas sus partes; que enseguida paso a transcribir: ..."toda vez que de acuerdo al planteamiento del problema y del método de análisis a desarrollar, resulta necesario la utilización de equipo especializado que se encuentra en el interior del Laboratorio; encontrándome imposibilitada técnicamente para poder realizar el estudio encomendado hasta lo que anteriormente solicitado se me proporcione." (.)" Ahora bien, cabe precisar que de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el aquí quejoso, si bien, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; también lo es que acude ante este órgano de control constitucional en su carácter de agraviado por el ilícito de abuso de confianza y los que resulten, dentro de la averiguación previa 964/2015/SUR, de la estadística de la Agencia del Ministerio Público Sur, Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla; tal como se advierte de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda. Por otra parte, de los antecedentes que la parte quejosa expresó, bajo protesta de decir verdad, se advierte que Ezequiel Jiménez Jiménez, dentro de la averiguación previa citada, pretende objetar de falsa la firma que calza el testimonio de poder especial con actos de riguroso dominio para una cesión de derechos del título de concesión número 32784, de la ruta Atlixco, Colonia Lomas de Axocopan, Colonia Mártires de Chinameca, ante la extinta Secretaría del Transporte en el Estado de Puebla (actualmente Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla), que otorgó a favor de Florentina Jiménez Rojas, de dos de junio de dos mil catorce, bajo el instrumento número veintisiete mil seiscientos treinta y dos (27632), volumen doscientos sesenta y seis (266), del índice del Notario Número Dos, del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, y, debido a ello, se formó la indagatoria de origen. Posteriormente, el fiscal investigador solicitó al referido Notario, remitiera el original del testimonio a efecto de que una perito en materia de grafoscopía y documentoscopía nombrada por la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, estuviera en posibilidad de determinar si la firma que obra en dicho testimonio corresponde por su ejecución, al puño y letra del aquí quejoso, sin que a la fecha dicho fedatario público haya dado cumplimiento con tal requerimiento. Así pues, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en relación los diversos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo de la Ley de Amparo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, primer párrafo del citado ordenamiento, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto en que el quejoso alega como acto reclamado al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, el oficio 17/2016, por el que se determinó por parte del fedatario que no puede remitir al Ministerio Público el original del testimonio materia de la indagatoria, pues el folio no puede salir de dicha notaría; y a la Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se le reclama el informe GYD-418/2016, por el que manifiesta que se encuentra imposibilitada técnicamente para poder realizar el estudio encomendado, dentro de la averiguación previa AP-964/2015/SUR. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la parte quejosa señala como autoridades responsables al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, son auxiliares del Agente del Ministerio Público Sur Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por tanto, no tienen las facultades que establece el artículo 5, en su fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del artículo 19 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de Puebla son auxiliares de la Administración de Justicia en Materia de Defensa Social y, por su parte, el numeral 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales quedan bajo el mando directo del Ministerio Público; por su parte, el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece las facultades del Ministerio Público, entre las que se encuentra, la contenida en la fracción IX , consistente en requerir informes o documentación a otras autoridades o a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y de diligencias para la obtención de medios de prueba. Ahora bien, en términos generales, la actuación del Notario Público no puede ser considerada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. En ese sentido, el Ministerio Público durante la averiguación previa, una vez que tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho constitutivo de un delito, deberá tomar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, apoyándose para llegar a tal determinación de diversos servidores públicos, incluso de particulares a fin de desplegar correctamente sus funciones en investigación del delito y los probables responsables; de ahí que se establezca que para la integración de la indagatoria de origen, se considera al Notario Público como un auxiliar del Ministerio Público, pues él tiene en su poder el instrumento materia de la prueba pericial. Apoya la anterior consideración, en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 14 de la Ley del notariado del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de febrero de 2004, la función del notariado esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que deba o quiera darse autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes, y son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y pagan por éstos; por tanto, la actuación del notario, como cuando expide una escritura pública, no puede ser considerada como un acto de autoridad, dado que una de las notas esenciales de éste la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, por lo que es dable advertir que los actos del notario público, de acuerdo con la normativa que los rige, no tienen tales efectos. Así, el hecho de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se realizó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que, a través de la función notarial, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, los actos del notario no pueden ser considerados de autoridad para los efectos del juicio de amparo." En esa tesitura, resulta evidente que los actos que se imputan al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, no pueden constituir materia de amparo. Así, de los artículos antes señalados se advierte que a quienes el quejoso señala como responsables: Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, únicamente son auxiliares en la Administración de Justicia y, por ende, sus actuaciones no tienen autonomía propia, de ahí que no tengan el carácter de autoridades responsables, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, lleva a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa podrá acudir directamente ante el Agente del Ministerio Público Sur Mesa Matutina de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que éste haga cumplir sus determinaciones y solicitar, en caso de que Servicios Periciales no dé cumplimiento, le aplique una medida de apremio y así lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia en materia penal. Por tanto, a quienes el quejoso señaló como responsables Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y Perito en documentoscopía y grafoscopía adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tienen el carácter de autoridades responsables y, por el contrario, el Ministerio Público goza de la acción para ampliar los medios de investigación y aplicar las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. Máxime que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Consecuentemente, en el caso es dable afirmar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación en relación los diversos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que indica en su escrito de cuenta; y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Armando Reyes Leyva, Jesús Guerra Montiel y José Manuel Sánchez Soya, toda vez que los mismos no proporcionaron datos de sus cédulas de licenciados en derecho, para corroborar si están inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho, ante la Secretaría de Educación Pública o en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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