Fabián García Luna
Expediente 1376/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fabián García Luna
- Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
- Fabián García Luna y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción de testimonio. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dentro del recurso de inconformidad en materia administrativa 5/2023, a través de la cual se declaró infundado dicho medio de impugnación; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. 2. Estado de autos. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto, por lo que no se hace mayor pronunciamiento al respecto. 3. Devolución documentos. No obstante, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Alma Delia Gámez Puga.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Acuse. Agréguese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso contra el auto de ocho de febrero del año en curso, el cual fue registrado con el número ********************. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Recurso inconformidad. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de inconformidad, en contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, en relación con el punto segundo, fracción XVI, del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del citado mes y anualidad, vigente al día siguiente de su publicación, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase sin mayor dilación el original del escrito de cuenta y copia simple del mismo, así como los autos del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Tiene aplicación la tesis 1ª./J.73/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010476, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN; DE NO EXISTIR ESPECIALIZADO, SERÁ EL QUE CONOCIÓ DE AQUÉL Y, DE NO HABERSE INTERPUESTO EL RECURSO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SE ENCUENTRE EN TURNO. De la interpretación sistemática de los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva que el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional debe pronunciarse respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, dado que es quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria correspondiente o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo. En este sentido, se aprecia que la Ley de Amparo privilegia el conocimiento previo del asunto, en aras de respetar el principio de seguridad jurídica, lo que permite establecer que si una sentencia de amparo dictada por un Juez de Distrito es recurrida y un Tribunal Colegiado de Circuito conoce del recurso de revisión, es evidente que cuando el juez dicte el acuerdo que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, y éste sea recurrido a través del recurso de inconformidad, sin lugar a duda, quien deberá conocer de dicho recurso es el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto a través del recurso de revisión; ello para favorecer el conocimiento previo adquirido por dicho tribunal, dando mayor celeridad a la impartición de justicia y preservando las garantías del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a que en términos del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su punto octavo, fracción I, determinó las reglas de competencia para los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las inconformidades, al señalar que cuando en el circuito correspondiente existan dos o más tribunales colegiados, se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno. De ahí que quien debe conocer de los recursos de inconformidad interpuestos contra el acuerdo del Juez de Distrito que tuvo por cumplida la sentencia de amparo es, en primer lugar, el Tribunal Colegiado Especializado, y si hubo uno que tuvo conocimiento previo del recurso de revisión, será éste el que conozca de la inconformidad; en segundo lugar, de no existir Tribunales Colegiados Especializados, será el que hubiere prevenido en el conocimiento de la revisión; y, en tercer lugar, de no haber sido recurrida la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo, conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito que esté en turno." Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, asimismo, se ordena correr traslado a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, con copia simple del escrito de cuenta; en el entendido de que, una vez que se cuente con dichas constancias, estás serán remitidas en alcance y de manera inmediata al Tribunal de Alzada correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos del juicio de amparo 1376/2019, se desprende que mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa; por una parte, se sobreseyó y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 1.1 Recurso de revisión. La parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el órgano auxiliar, dicho medio de impugnación fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y al que le fue asignado el expediente amparo en revisión administrativo 68/2021, de su índice. Así, en sesión de veinte de enero del dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada, modificó la sentencia recurrida dictada en el expediente auxiliar 188/2020, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa. En esa tesitura, por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables para efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia que otorgó la Tutela Federal, para los efectos siguientes: ".1.Emitir una respuesta por escrito, de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada a la petición que le fue planteada por el quejoso, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, respecto al núcleo esencial de dicha petición (relativa a que se convoque a una sesión extraordinaria, en la que se dé cuenta del estado de la administración pública y del juicio laboral antes mencionado, para que así se vigilara la correcta administración pública y sus obligaciones administrativas); 2. Notificar debidamente la citada respuesta en el domicilio señalado expresamente en el escrito de petición en cuestión.". 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El seis de septiembre del año citado, se recibió el oficio suscrito por el Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero respectivamente del Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, mediante el cual informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y para acreditar dicho cumplimiento remitieron copia certificada del oficio sin número, de fecha dos de agosto del dos mil veintidós, notificada al quejoso el quince de agosto siguiente, del que se advertía la respuesta dada a su petición de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, materia de la concesión de amparo. En cuanto al núcleo esencial de la petición, la autoridad responsable se limitó a responder al quejoso que: ". se someterá a sesión de cabildo su petición, en la cual se expondrá el estado procesal del juicio laboral 863/2012, mismo que promovió en cuanto trabajador (Fabián García Luna) en contra de este Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, y en el cual se dictó laudo con fecha 09 de enero del año 2018, dos mil dieciocho, y en donde se condenó a pagar un monto actualizado de la cantidad ($1,148,927.50 un millón ciento cuarenta y ocho mil novecientos veintisiete pesos 50/100 M.N); por concepto de salarios caídos, así como que se dé cuenta por parte del Tesorero del Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán del Estado Financiero de la administración Pública del Municipio para ver la factibilidad de que se autorice en su caso la partida especial para el pago del citado laudo. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento para que dé a los integrantes de Cabildo los antecedentes e información sobre el tema que se tratará en la sesión de cabildo" 3. Ejecutoria no cumplida. En auto dictado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional teniendo a la vista las constancias de autos, determinó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones siguientes: "Ahora bien, atento a la respuesta dada por las autoridades responsables se advierte que no puede tenerse por reparada la violación al derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, pues para tenerla por cumplida, no es suficiente la simple emisión de una respuesta, sino que ésta debía atender "el núcleo esencial de la petición", esto es, ser congruente, completa, rápida, fundada y motivada, elementos que en la respuesta dada por la responsable no se encuentran satisfechos. En principio, porque la respuesta dada por la autoridad responsable es incompleta, en tanto que es omisa en pronunciarse de forma integral respecto de las peticiones planteadas por el quejoso en su escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó: 1) Que cite a una sesión de cabildo extraordinaria, para que se dé inmediata solución al asunto de índole judicial que se ventila ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán; 2) Que actúe de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; 3) Qué deposite el cheque valioso por la cantidad indicada; pues de dicha contestación no se puede advertir, fecha y hora como requisitos elementales de una citación o convocatoria para la celebración de la sesión extraordinaria de cabildo; tampoco señala el fundamento conforme al cual habrá de llevarse a cabo; ni expone razones claras ni directas de por qué no sea procedente actuar en términos del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, o realizar el deposito del cheque valioso por la cantidad requerida. Por tanto, al contestar de forma genérica y fragmentada las pretensiones contenidas en el escrito aludido, genera, además, que su contestación sea incongruente por contener un pronunciamiento incompleto que afecta, en consecuencia, en forma injustificada las peticiones hechas, en demérito del quejoso (motivación adecuada), lo cual contraviene lo resuelto en la ejecutoria citada en párrafos pretéritos". 3.1 Requerimiento. En consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, dentro del improrrogable término de tres días contados legalmente, cumplieran a cabalidad con la ejecutoria de amparo. 4. Actos llevados a cabo nuevamente por las autoridades responsables para el cumplimiento del fallo protector. Por acuerdos de diez de octubre y veintidós de noviembre, ambos de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Presidente, Síndico, Tesorero y Regidores, todos del Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, a través de los cuales hicieron del conocimiento que en sesión extraordinaria de cabildo número ********************, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se abordó el tema relativo a la emisión de una respuesta por escrito, de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada a la petición que fue planteada por el quejoso, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, respecto al núcleo esencial de la misma, esto es, que se convocara a una sesión extraordinaria, en la que se diera cuenta del estado de la administración pública y del juicio laboral 863/2012, a efecto de vigilar la correcta administración pública y sus obligaciones administrativas. No obstante lo anterior, al tomar en cuenta que de las constancias remitidas por las autoridades responsables no se apreciaba que se hubieran atendido en su totalidad los lineamientos trazados en los efectos de la ejecutoria de amparo, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplieran cabalmente con el fallo protector, esto es, notificaran al quejoso Fabián García Luna el escrito de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le dio contestación a su petición planteada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el domicilio que para tal efecto señaló en el mismo y remitieran copia certificada de la constancia que así lo acreditara. Así mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se recibió un escrito signado por el quejoso en el que manifestó bajo protesta de decir verdad que el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, le fue notificada por conducto de "Sepomex" el acta de sesión extraordinaria de cabildo número ********************, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por la que las autoridades responsables refirieron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, no obstante que en ese mismo proveído se requirió nuevamente a las autoridades responsable, en auto de veintiséis de enero de la presente anualidad se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento del fallo protector. 4.1. Quejoso desahoga vista respecto del cumplimiento. En desahogo de la vista dada al impetrante de amparo, por escrito presentado en este juzgado el treinta de enero de la presente anualidad, expuso que a su consideración la ejecutoria no se encuentra cumplida ya que si bien, las autoridades emitieron una respuesta respecto de lo peticionado desde el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, y le notificaron lo que resolvieron, lo cierto es que la ejecutoria de amparo sigue sin cumplirse a cabalidad, toda vez que no se trata de un simple derecho de petición sino que las responsables se encontraban obligadas a pagar la deuda que tiene con el quejoso con motivo del juicio laboral 863/2012, lo que en la especie no ha quedado satisfecho. 5. Conclusión. En tales circunstancias, de acuerdo con lo informado y justificado por las autoridades responsables y tomando en cuenta lo expuesto por el quejoso en desahogo de vista, se determina que las responsables restituyeron al impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que se dejen de observar tanto las manifestaciones de inconformidad vertidas por el citado quejoso, como el requerimiento realizado a las autoridades responsables en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de que las autoridades en el acta de sesión de cabildo sólo se limitaron a invocar insuficiencia presupuestaria y diversas necesidades para destinar los recursos económicos relacionados con el planteamiento que les formuló la parte quejosa, sin que expresaran las razones legales y administrativas que lo sustentaran así como los medios de prueba bajo un criterio objetivo que justificaran sus motivos. No obstante, de un análisis completo de las constancias que obran en autos en contraste con lo determinado por el tribunal de alzada al resolver el recurso de revisión administrativa 68/2021 se desprende que con lo realizado hasta este momento por las autoridades responsables sí se cumplieron -como ya se dijo- los efectos del fallo protector. Para hacer más clara la conclusión anterior, se recuerda que en ejecutoria de veinte de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ".1.Emitir una respuesta por escrito, de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada a la petición que le fue planteada por el quejoso, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, respecto al núcleo esencial de dicha petición (relativa a que se convoque a una sesión extraordinaria, en la que se dé cuenta del estado de la administración pública y del juicio laboral antes mencionado, para que así se vigilara la correcta administración pública y sus obligaciones administrativas); y 2. Notificar debidamente la citada respuesta en el domicilio señalado expresamente en el escrito de petición en cuestión.". Lo anterior, conforme a las consideraciones siguientes: "Por tanto, cuando en el juicio de amparo se reclama la trasgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, no solamente dicho reclamo puede quedar constreñido a la simple exigencia de una respuesta, sino también abarca la prerrogativa de que esa respuesta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Luego, si en dichas manifestaciones se desprende que tales autoridades esencialmente expresaron: 1.- Que la petición de que el Ayuntamiento de Zinapécuaro, Michoacán, dé cumplimiento al laudo dictado dentro de un juicio laboral expediente 836/2012 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado), torna improcedente su solicitud, ya que se debería agotar lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus Municipios, así como la supletoria Ley Federal del Trabajo, que regulan el procedimiento laboral aludido. 2.- Que por ende, quedaban a salvo los derechos del solicitante para dar continuidad al referido procedimiento, en su ejecución, y que si en el caso no se ha impulsado, ello era imputable exclusivamente al citado peticionario. Ello implica que, ante el planteamiento formulado por el quejoso donde solicitan se celebre una sesión extraordinaria de cabildo, no se tiene por contestada debidamente, aún si se llegaran a tomar en cuenta los informes justificados; toda vez que, la violación que invocan al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se constriñe a la falta de respuesta a su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, sino a que ésta debe ser congruente, fundada y motivada con el núcleo esencial de la petición; y en el caso, con las referidas manifestaciones no se exponen razones claras y directas porque no sea procedente convocar a una sesión extraordinaria de cabildo; esto es, no se explica ni se fundamenta el motivo por el cual las autoridades responsables no pueden realizar dicha convocatoria conforme lo solicita el quejoso." Esto es, ni de las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el contenido de la citada ejecutoria, ni de los efectos de la concesión se desprende que para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, las autoridades responsables deben acordar favorablemente las pretensiones del quejoso en el sentido de que se autorice el pago de la condena que fue emitida en el juicio laboral ********************del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, como el citado impetrante de amparo lo pretende en el presente juicio, sino únicamente se les conminó para que con base en la respuesta negativa que ya habían emitido respecto de la petición del quejoso relativa a que se convocara a una sesión extraordinaria, en la que se diera cuenta del estado de la administración pública y del juicio laboral antes mencionado, para que así se vigilara la correcta administración pública y sus obligaciones administrativas; emitieran otra, por escrito debidamente fundada, motivada, congruente y exhaustiva respecto del núcleo esencial de la referida petición. Luego, como se advierte de las constancias que acompañaron las autoridades responsables, se evidencia que si bien, no emitieron respuesta negativa bajo los lineamientos trazados por el tribunal de alzada; lo cierto es que la respuesta que dieron las autoridades fue aún más benéfica para el quejoso, pues en relación con su petición de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, relativa a que se convocara a una sesión extraordinaria, en la que se diera cuenta del estado de la administración pública y del juicio laboral antes mencionado, para que así se vigilara la correcta administración pública y sus obligaciones administrativas; las autoridades responsables, convocaron a una sesión extraordinaria misma que se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, identificada con el número de acta de cabildo ********************. Sesión en la cual, en el punto número cuatro, se abordó el tema relativo a la condena emitida en el juicio laboral ********************del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el estado procesal que guarda el mismo, se dio cuenta con el estado de la administración pública del Ayuntamiento referido, y con fundamento en el artículo 64, fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal, se analizó la posibilidad de cubrir el pago por la cantidad que se demandó en el juicio laboral antes señalado, sin que de momento eso fuera posible debido a la condición en la que actualmente se encuentra la administración del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se seguirían realizando las gestiones necesarias para cumplir con aquélla condena. Todo lo cual, conlleva a determinar que contrario a lo estimado por el quejoso en esta instancia constitucional si se le restituyó el derecho violado, pues no solo se acordó favorable la petición de convocar a una sesión extraordinaria de cabildo en la que se pusiera a discusión el tema que le aquejaba sino que esa sesión se llevó a cabo y se discutió el tema relativo, de la cual, desde luego quedó enterado como así lo manifestó el impetrante bajo protesta de decir verdad, aunado a que del acta de sesión aludida se desprende que él estuvo presente. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 8. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Ezequiel Anaya Tapia1135/2019
- Ezequiel Cuiriz Rodríguez677/2021
- Ezequiel García Aguirre200/2018
- Fabián Esteban Estrada Torres1393/2022
- Fabián Esteban Estrada Torres1101/2023
- Fabián Esteban Estrada Torres918/2021
- Fabio Jorge Graciano Guzmán571/2023
- Fabio Ulises Fabián Pérez425/2020
- Fabiola Ayala Magaña228/2022
- Fabiola Flores Ruiz y Otros.466/2020
- Fabiola Servín Fuentes1045/2022
- Fabricio Ramses Castro López1029/2017