Fabián Esteban Estrada Torres
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, ciudad
- Fabián Esteban Estrada Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 918/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, Fabián Esteban Estrada Torres solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos de autoridad con ejercicio y residencia donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta Ciudad: La dilación en el trámite del juicio ordinario laboral 785/2018, derivado de: La omisión de la responsable de emitir auto para reprogramar las fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas en dicho procedimiento laboral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el reclamado a la autoridad responsable, pues si bien en su informe justificado señala que el mismo no es verdad, reconoce que con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, emitió un pronunciamiento dentro de los autos que integran el juicio laboral 785/2018, en el que reprogramó las fechas para el desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión por parte de la responsable de dictar auto a fin de reprogramar las fechas para el desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas dentro del procedimiento laboral 785/2018 de origen. Sin embargo, -como se puso de manifiesto- la autoridad responsable, refirió a través de su informe con justificación que mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitió pronunciamiento en el cual señaló diversas fechas para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas en autos. De tal forma, es evidente que el acto reclamado -omisión de reprogramar fechas para el desahogo de las pruebas admitidas- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable y, además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dictar auto para reprogramar las fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas en autos, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 918/2021, promovido por Fabián Esteban Estrada Torres, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por medio del cual formula alegatos, los que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Solicita copia. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución respectiva, expídasele la copia certificada que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió del veintiséis al veintiocho de mayo del año en curso, sin que la parte quejosa hubiera realizado alguna manifestación en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, de conformidad con os artículos 192, primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. Efectos del fallo protector. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional dictó sentencia en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Celia Iturralde Galán, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: ".SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dadas las razones que se han dejado precisadas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Celia Iturralde Galan, para el efecto de que la el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, realice lo siguiente: Retomando las consideraciones expuestas en este fallo, provea lo necesario a efecto de lograr el total cumplimiento de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce, a efecto de promover la eficaz e inmediata ejecución de la cosa juzgada, esto es, se haga entrega del cheque de caja hasta por la cantidad de $779,456.01(setecientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos 01/100 moneda nacional), a la quejosa Celia Iturralde Galan. Lo anterior, so pena de la imposición de las medidas de apremio que establece la ley aplicable, lo que deberá realizar de manera fundada y motivada, acorde con las circunstancias del caso sometido a su conocimiento. [.]" Ejecutoria. Por auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la sentencia en comento causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector. Actos realizados por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Mediante diversos comunicados remitidos por la autoridad responsable y recibidos por este órgano jurisdiccional mediante acuerdos dictados desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho al diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la citada autoridad informando las diversas gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, a fin de lograr el total cumplimiento del laudo dictado el trece de octubre de dos mil catorce dentro del juicio ordinario laboral 830/2012, a efecto de promover la eficaz e inmediata ejecución de la cosa juzgada -entrega del cheque de caja hasta por la cantidad de $779,456.01(setecientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos 01/100 moneda nacional), a la quejosa Celia Iturralde Galan-. Así, al tomar en consideración que durante el lapso antes señalado, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a pesar de haber realizado diversas gestiones tendentes a lograr el pago del laudo condenado, no logró que se efectuara el mismo; por tanto, este Juzgado Federal determinó que resultaba necesario vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, por lo que se le otorgó el plazo de tres días a fin de que hiciera el pago a que resultó condenada en el juicio laboral de origen y acreditara tal circunstancia antes este órgano de control constitucional, bajo los apercibimientos de ley. De esa manera, previos comunicados recibidos en este juzgado mediante acuerdos dictados el cinco de noviembre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, así como quince, veinte, veintiocho, veintinueve y treinta de abril de dos mil veintiuno, a fin de acreditar las gestiones que se realizaban tanto la autoridad responsable como la vinculada al cumplimiento; finalmente, por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo las actuaciones realizadas en el juicio de origen 830/2012 en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto es, se le tuvo por remitiendo copia certificada del proveído de treinta de abril del año en curso, por medio del cual tuvo por recibió el cheque número 0000508 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, valioso por la cantidad de $678,504.80 (seiscientos setenta y ocho mil quinientos cuatro pesos 80/100 moneda nacional), a nombre de la trabajadora Celia Iturralde Galán, aquí quejosa; cantidad que resultó después de aplicarle el descuento respectivo del Impuesto Sobre la Renta que como obligación tiene la parte demandada de realizar, al moto al que fue condenada la demandada en el laudo, esto es, $779,450.01 (setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 01/100 moneda nacional). Asimismo, se le tuvo por adjuntando el acta de comparecencia de la actora, aquí quejosa, de cuatro de mayo del año en curso, por la que se hizo constar la entrega del cheque exhibido por la parte patronal y que fue descrito con antelación, recibiéndolo a entera satisfacción, salvo buen cobro, por lo que con ello declaró cumplido el laudo dictado el trece de octubre de dos mil catorce, dentro del juicio ordinario laboral 830/2012. Pronunciamiento. De la anterior relación de constancias remitidas por la autoridad responsable y por la dependencia vinculada, se observa que finalmente se dio cumplimiento al fallo protector, en tanto que después de realizar y proveer lo necesario dentro del juicio laboral de origen, la autoridad responsable logró el cumplimiento del laudo por ella dictado, esto es, demostró que se hizo entrega a la quejosa Celia Iturralde Galan, del cheque de caja hasta por la cantidad de $678,504.80 (seiscientos setenta y ocho mil quinientos cuatro pesos 80/100 moneda nacional); cantidad que resultó después de aplicarle el descuento respectivo del Impuesto Sobre la Renta; y, con ello se declaró cumplido el laudo de trece de octubre de dos mil catorce, con lo cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se dio vista a la quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que así lo hubiera hecho. En consecuencia, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese personalmente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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