Ezequías Guzmán Montes

Expediente 228/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
228/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Ezequías Guzmán Montes
  • Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvanse los tres tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 228/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. OFELIA GUZMÁN MARTÍNEZ u OFELIA GUZMÁN DE GUZMÁN, y EZEQUÍAS GUZMÁN MONTES, por conducto de su apoderado legal Anselmo Guzmán Martínez, mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer en su momento al juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 92(II)/2016, la cual estiman violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ese órgano jurisdiccional admitió la demanda de garantías, radicándola bajo el número 131/2017, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que legalmente le corresponde. En auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dicho juzgado federal declinó competencia a este juzgado de distrito, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, al haber prevenido en el conocimiento de los hechos del acto reclamado en el diverso juicio de amparo 1031/2015. TERCERO. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 131/2017, del índice del juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, y al compartirse los argumentos del juez declinante, se aceptó la competencia declinada, radicándose el asunto bajo el número 228/2017, sin que hubiera lugar a requerir el informe justificado al ya obrar en los autos, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto reclamado, lo que así se advierte de las constancias que remitieron como justificación al mismo, consistentes en el original del toca penal 92(II)/2016 de su índice, y copia certificada de la causa penal 137/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a las cuales, desde este momento se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. TERCERO. El estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, conllevan a determinar lo siguiente: De las constancias que acompañó a su informe la autoridad responsable, se advierte que mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 92(II)/2016, confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de Orlando Cruz Saavedra, dictado por el Juez Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al no acreditarse el cuerpo del delito de despojo agravado, que se dijo cometido en perjuicio de los aquí quejosos OFELIA GUZMÁN MARTÍNEZ u OFELIA GUZMÁN DE GUZMÁN, y EZEQUÍAS GUZMÁN MONTES; para llegar a tal determinación, la autoridad responsable analizó los siguientes elementos de prueba: 1. Denuncia formulada por el apoderado de los ofendidos OFELIA GUZMÁN MARTÍNEZ u OFELIA GUZMÁN DE GUZMÁN, y EZEQUÍAS GUZMÁN MONTES. 2. Documentales exhibidas por la parte ofendida. 3. Declaración de los testigos de cargo Doroteo Ruiz Santiago, y José Eugenio Ríos. 4. Diligencia de inspección ministerial de catorce de agosto de dos mil catorce. 5. Dictamen en materia de agrimensura, avalúo, planimetría y fotografía, de veintidós de agosto de dos mil catorce. Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, resultan infundados, sin que el suscrito advierta queja deficiente que suplir en su favor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Previo a demostrar lo anterior, conviene resumir las consideraciones por las cuales los Magistrados responsables estimaron debía confirmarse el auto de libertad con las reservas de ley dictado a favor de Orlando Cruz Saavedra; las cuales en esencia fueron: a). Que el delito de despojo protege tanto la propiedad como la posesión, por lo que con el mismo se pretende sancionar la sustracción del patrimonio por medios no legítimos del corpus y del animus que lo integran, y en ese sentido, la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar dicha conducta, que en la especie no se encuentra acreditado el animus, el cual consiste en conducirse como propietario a título de dueño, ya que de la denuncia formulada por la parte ofendida, no se desprende que el activo se haya introducido al domicilio con el ánimo de apropiación; b). Que si bien obran las diligencias de inspección ministerial y judicial, de las mismas no se desprende algún comportamiento que involucre al liberado, menos que el inmueble se encuentre ocupado de propia autoridad y de manera permanente por él. c). Que la sola mención del apoderado de la parte ofendida en el sentido de que el activo se introdujo al inmueble, es insuficiente para tipificar la conducta de despojo agravado, ya que de adoptar un criterio distinto, conduciría a establecer que todos aquellos que se encuentren en un inmueble que les es ajeno serían probables responsables en la comisión del delito de despojo; d. Que no obstante obrar las documentales aportadas por el apoderado de los ofendidos para acreditar la propiedad del inmueble, el informe de investigación, dictamen pericial, tales probanzas por sí solas son insuficientes para acreditar el ánimo de apoderamiento del activo. Los anteriores razonamiento se estiman apegados a derecho, pues como lo consideró la responsable, en los autos de la causa penal 137/2014, que dio origen al acto reclamado, no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de despojo agravado que se atribuye al aquí tercero interesado Orlando Cruz Saavedra, pues no se demostró la ocupación de un inmueble ajeno con el ánimo de apropiación. Ahora, el precepto que establece el ilícito en comento lo es el 384, fracción I, del Código Penal para el Estado, que establece: "Artículo 384. Se aplicará la pena de dos a ocho años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta veces el salario: I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia física o moral a las personas o furtivamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho legal que no le pertenezca." Luego, los elementos del cuerpo del delito en estudio, conforme al artículo 25 del Código de Procedimientos Penales para esta Entidad Federativa son: a).- La correspondiente conducta, consistente en la ocupación de un inmueble; b).- Que dicho inmueble sea ajeno al activo; c).- Que el medio comisivo lo sea, la violencia física o moral o furtivamente, y; d).- Que el delito sea cometido por más de cinco individuos. Para tener por cierta la afirmación de la Sala responsable en el caso en estudio, conviene transcribir en esencia, la denuncia formulada por Anselmo Guzmán Martínez, apoderado legal de los ofendidos Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Ezequías Guzmán Montes: ".que sus poderdantes son propietarios de un inmueble ubicado en el paraje denominado "La Peña", en jurisdicción de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca, que el once de agosto de dos mil catorce, acudió al predio con dos mozos para ayudarlo a cercar el terreno, que como a las once cuarenta de la mañana, los empleados se fueron a almorzar, y cinco minutos después, vio que por el lado norte del terreno, venía una máquina retroexcavadora, así como un grupo de personas entre hombres y mujeres, entre los cuales venía Orlando Cruz Saavedra, grupo que era encabezado por el señor Manuel Sánchez López, quienes se introdujeron al terreno, dicha máquina empezó a derribar pinos, posteriormente en la parte que quedaba limpia los señores Amador Guadalupe Saavedra López, Felipa Celis Hernández, Ana Luisa Saavedra González, José Isabel Cruz Celis y Maura María Cruz, comenzaron a medir en fracciones el terreno de diez metros aproximadamente cada uno, colocando estacas y piedras, diciéndole a las demás personas, entre ellas Orlando Cruz Saavedra, que ese era su pedazo y que de una vez lo ocupara antes que se lo quitaran, posteriormente arribaron los mozos y su conocido de nombre José Eugenio Ríos, quienes se percataron de lo sucedido, como a la una de la tarde se le acercó el señor Manuel Sánchez López, y le dijo que se largara de ese terreno antes que le rompieran la madre a él y a sus chalanes, y por temor a ser agredidos se salieron del terreno, dirigiéndose a la carretera Internacional donde esperaron a los Agentes Estatales de Investigación comisionados en Tlacolula, pues minutos antes les había hablado por teléfono, y que al llegar los policías le sugirieron presentar la denuncia." Por su parte, los testigos de cargo Doroteo Ruiz Santiago y José Eugenio Ríos, en forma coincidente manifestaron: ".que el once de agosto de dos mil once, al llegar Doroteo Ruiz Santiago, después de haber ido a almorzar, y José Eugenio Ríos, conocido del señor Anselmo Guzmán Martínez, al terreno ubicado en el paraje denominado "La Peña", en jurisdicción de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca, se percataron que adentro se encontraba un grupo de personas entre hombres y mujeres, así como una máquina retroexcavadora que estaba quitando pinos y hierva, y que el señor Manuel Sánchez López, se acercó a Anselmo Guzmán Martínez, diciéndole que se saliera del terreno antes que le rompieran la madre, por lo que antes de que les causaran daño se salieron.". Ahora bien, en la especie conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar la interpretación del precepto 384 del Código Penal para el Estado, mismo que prevé el delito de despojo analizado en esta instancia, en la ejecutoria pronunciada al resolver la Contradicción de Tesis 15/2004 entre las sustentadas por el entonces denominado Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, sustentó en las siguientes consideraciones: ".Los preceptos en análisis al sancionar la ocupación y uso indebido de inmuebles, tutelan la posesión inmediata de los mismos, es decir, la que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza, toda vez que el tipo penal no requiere necesariamente que el sujeto pasivo deba ser el propietario legítimo del inmueble. Los preceptos en estudio, al extender la protección a los derechos reales, esto es, al poder jurídico que se ejerce, directa e inmediatamente sobre una cosa, para obtener de ella el grado de aprovechamiento que le autoriza su título legal y que es oponible erga omnes, protegen el derecho de propiedad sobre los inmuebles, así como los derechos directos (usufructo, uso, habitación y servidumbre) y accesorios (hipoteca y prenda) que de él derivan, o bien cada uno de estos derechos de manera aislada cuando no derivan de la propiedad, sino de un convenio o diverso acto jurídico celebrado entre particulares. Todos estos derechos protegidos por el legislador (posesión inmediata de inmuebles, propiedad de los mismos y derechos reales) conllevan implícita la figura genérica de la posesión, pues ya sea por posesión derivada o por uso, o bien por propiedad o por cualquier otro derecho real, el titular se encuentra establecido possidere, sea de hecho o jurídicamente, en el inmueble y detenta el posee, es decir, el poder o señorío, que es el medio necesario para realizar todos los fines que permite el derecho que se detenta; siendo esta posesión, en sí misma, con independencia del dominio, la que en el tipo penal de desalojo merece el amparo de la ley y que nadie puede turbar arbitrariamente, pues sólo puede cambiar en virtud de una causa jurídica, por lo que el legislador sanciona a quien pretenda mudar o cambiar la causa de posesión a su sólo arbitrio. Ahora bien, la figura genérica de la posesión se integra por dos elementos fundamentales: a) El corpus, que se refiere al conjunto de hechos o actos materiales de uso, goce o transformación que una persona ejerce y realiza sobre una cosa; este elemento sólo da a la persona que detenta el inmueble una situación que recibe el nombre de tenencia, que aun cuando es la base de la posesión, por sí sola no la implica. b) El animus, que es el elemento indispensable de la posesión, consiste en la intención de conducirse como propietario a título de dominio al ejercitar actos materiales de detentación del inmueble; a este animus es al que se le designa como animus dominio animus rem sibi habendi y es el factor determinante, creador, soberano de la posesión; diverso al animus detinendi que es el que tiene una persona cuando retiene una cosa ajena no para sí, sino en nombre de otra. En este orden de ideas siendo la posesión, como figura genérica, lo que esencialmente se protege en el tipo penal de despojo, es claro que en éste el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que la integran, y no sólo a uno de esos elementos, pues los mismos, en conjunto, integran la referida posesión; siendo por ello que la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no podemos estar en presencia de la posesión que tutela el mencionado tipo penal. Por tanto, para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos. En este sentido resulta ilustrativa la siguiente tesis:. DESPOJO, DELITO DE.- Aun cuando no se emplee violencia, ni amagos, ni amenazas, el delito de despojo de inmuebles se configura cuando alguien, motu proprio, ocupa un terreno ajeno y realiza actos que ostensiblemente demuestran su propósito de apropiárselo, si lo hace furtivamente; y la connotación que en la semántica tiene el término 'furtivo', como lo consigna el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de D. Joaquín Escriche, es: 'Lo que se hace a escondidas y como hurto y todo lo que uno toma, de día o de noche, clandestina o manifiestamente, con ánimo de apropiárselo contra la voluntad de su dueño'. . Consecuentemente, no basta con que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, para que pueda tipificarse esa conducta como despojo, sino que para ello es necesario que despliegue una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, con el ánimo de sustituir al poseedor legítimo en el ejercicio de sus derechos, pues es este elemento el que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión. En este orden de ideas, la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, con el consecuente despliegue de actos que demuestren su intención de sustituir al poseedor precisamente en esa calidad, determina un elemento de tipo necesario para que se integre la figura de despojo, pues de no encontrarse presente, la misma tipificaría un supuesto penal diverso, en el que solamente se requiera la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna, por tutelar como derecho protegido la inviolabilidad del domicilio, y no la posesión.". Lo resaltado es propio. Esa ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 1ª./J 116/2004, publicada en la página 211, del Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). La posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que el legislador protege a través del tipo penal de despojo previsto en los artículos 384, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca; 395, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal y 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos; por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no encontrarse presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, sin justificación legal alguna." Conforme a lo transcrito, y de acuerdo a las constancias que obran en la indagatoria que dio origen a la causa penal de la cual derivan los actos reclamados, tal como lo consideraron los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de éstas no se advierte que el inculpado, aquí tercero interesado Orlando Cruz Saavedra, el día once de agosto de dos mil catorce, se haya introducido en el inmueble ubicado en el paraje "La Peña", San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca, con el ánimo de apropiarse del mismo. En otras palabras, del caudal probatorio no se advierte se acredite el segundo elemento de la figura genérica de la posesión, consistente en el ánimus, entendiéndose por éste, como la intención de conducirse como propietario a título de dominio al ejercitar actos materiales de detentación de un inmueble, mismo que es el factor determinante de la posesión, ya que conforme a la ejecutoria transcrita, la sola intromisión a un inmueble, no es suficiente para tipificar la conducta como despojo. Lo anterior es así, pues como bien lo consideró la responsable, el denunciante no precisa cómo el indiciado ostenta la posesión del inmueble defendido, es decir, de qué forma se conducen respecto de éste, qué actos realiza sobre el mismo para tener la certeza que lo hace en carácter de propietario. Por otra parte, si bien obra las diligencias de inspección ministerial y judicial, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, de las mismas únicamente se advierten las condiciones en que se encuentra el inmueble ubicado en el paraje "La Peña", de San Francisco Lachigoló, Tlacolula, Oaxaca, así también, que dentro del mismo se encontraba un grupo de quince a veinte personas, tanto del sexo masculino como femenino haciendo limpieza, sin embargo, no se precisó la conducta que el hoy tercero interesado realiza sobre dicho inmueble, es decir, si lo está ocupando de propia autoridad y ostentándose como su dueño; sin que pase desapercibido para el suscrito, que el día de la inspección ministerial, la parte ofendida al constituirse en dicho inmueble junto con el Representante Social, no hizo señalamiento alguno respecto de las personas que se encontraban en ese momento dentro del predio. Por último, en cuanto a las documentales ofrecidas por la parte ofendida consistentes en el contrato de compraventa del predio, y el dictamen en materia de agrimensura, avalúo, planimetría y fotografía, como bien lo estimó la responsable, resultan insuficientes para acreditar la conducta atribuida al inculpado aquí tercero interesado Orlando Cruz Saavedra, pues con acierto señaló, no tienden a acreditar el ánimo de apropiación patrimonial que requiere el tipo penal de despojo. En las relacionadas consideraciones, y al resultar insuficientes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, conlleva negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de catorce de diciembre de dos mil catorce, dictada en los autos del toca penal 92(II)/2016, por la que se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Orlando Cruz Saavedra, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado, dentro de la causa penal 137/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a OFELIA GUZMÁN MARTÍNEZ u OFELIA GUZMÁN DE GUZMÁN, y EZEQUÍAS GUZMÁN MONTES, contra del acto reclamado a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, consistente en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del toca penal 92(II)/2016 por la que se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, dictado a favor de Orlando Cruz Saavedra, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado, dentro de la causa penal 137/2014, del índice del Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, en especial la notificación de emplazamiento signada por el Actuario adscrito a este Juzgado de fecha veintiocho de abril del año en curso, se advierte quedo legalmente emplazado al presente juicio de amparo la parte tercera interesada ORLANDO CRUZ SAAVEDRA, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por ende, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por ORLANDO CRUZ SAAVEDRA; visto su contenido, téngasele apersonando al presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Ramos Méndez, téngasele por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; visto su contenido, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 241/2017, del índice de este juzgado, hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo. En consecuencia, ante la imposibilidad de emplazar a la parte tercera interesada y en obvio de mayores dilaciones; por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, con copia simple de la demanda de amparo, y del auto admisorio, emplácesele al presente juicio al tercero interesado Orlando Cruz Saavedra, en la Penitenciaria Central del Estado de Oaxaca, con sede en Santa María Ixcotel. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

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