Exal Pérez López
Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Exal Pérez López y Otros.
- Exal Pérez López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 1031/2021, de veintisiete de septiembre del año en curso, que remite la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta localidad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 59/2021, de su índice, de la que se advierte, ese Tribunal determinó que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo número 423/2021, promovido por EXAL PÉREZ LÓPEZ, GERÓNIMO SANCHEZ GALLEGOS Y PERLA CARINA OROZCO GONZAGA, del índice de este Juzgado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Acúsese recibo. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente cuaderno como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se hace constar que en el presente cuaderno de antecedentes de exhorto no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el juez primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 218/2021, número de origen 82/2021, del índice de este juzgado, por el que se ordenó notificar a la quejosa PERLA CARINA OROZCO GONZAGA, del acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso. En consecuencia téngase a dicha autoridad, dando cumplimiento con lo solicitado en el referido acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja en el libro correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en uso de la firma electrónica vigente; por el que informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por EXAL PÉREZ LÓPEZ, JERÓNIMO SÁNCHEZ GALLEGOS Y PERLA CARINA OROZCO GONZAGA, contra actos del juez Séptimo de Distrito en Materia de Proceso Penales Federales en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 423/2021. Enseguida, se procede a analizar la competencia porque constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Para ello, resulta necesario reproducir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal, a efecto de fijar la competencia, establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo), a saber: Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados. En casos específicos, como cuando el juicio de amparo indirecto es promovido contra la omisión de señalar fechas para el desahogo de la prueba de careos, la competencia se surte en favor del juez que ejerce jurisdicción sobre la autoridad que deba dictarla (en párrafos posteriores se abunda fundadamente). En el caso, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa y se considera que le corresponde al juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Para ello, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. En el caso, el acto reclamado por los promoventes consiste en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la prueba de careos, en la causa penal número 4/2018, que se le instruye en su contra. Cabe aclarar que el proceso del cual deriva la omisión reclamada se rige por el sistema penal tradicional; lo que es relevante, conforme al criterio que más adelante se invoca. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda, se advierte que el reclamo de los promoventes no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquellos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado, sino que versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, continuar con el procedimiento en el expediente penal de origen y, de ser el caso, dictar un acuerdo en el que ordene su prosecución a fin de continuar con las siguientes fases procesales que culminen con el pronunciamiento de la sentencia que en derecho corresponda y que dilucide la situación legal de la agraviada. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En efecto, el proceso penal seguido a los peticionarios del amparo, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; sin embargo, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad judicial responsable continúe con la abstención que se le impugna de señalar fechas para el desahogo de la prueba de careos, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse la sustanciación del procedimiento dentro de los plazos de ley, y en su caso, en emitir la sentencia correspondiente, continuaría en incertidumbre jurídica, lo que se traduciría en una vulneración a uno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal, esto es, el derecho a la seguridad jurídica; lo que redundaría en su caso, al derecho fundamental de defensa adecuada. En suma, con su "no hacer" la responsable retarda la decisión final en el proceso y con ello se trasgrede, como ya se indicó, de manera directa el derecho fundamental de acceso a la justicia y en general el debido proceso. De modo que, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de acto omisivo con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tal acto conlleva un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. Efectivamente, se considera que, en la especie, se actualiza la primera regla de competencia, en la hipótesis de que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto se esté ejecutando, porque si bien es verdad que en el presente asunto se está frente a una omisión, también es cierto que ese "no hacer" por parte del juez responsable provoca que continúe ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como lo es, el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita) y, por consiguiente, el derecho a la seguridad jurídica, defensa adecuada y debido proceso; ya que al dilatarse la sustanciación del procedimiento dentro de los plazos de ley, y en su caso, el dictado de la sentencia, se traduce en una vulneración de dichos derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal; en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan. Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es legalmente competente para conocer del asunto, el juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce del proceso penal y no aquél en donde están recluidos los quejosos. Es así, toda vez que la circunstancia de que los dos primeros promoventes se encuentren recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", y la última en el Reclusorio Femenil de Tanivet, Oaxaca, no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. En apoyo a los argumentos que preceden, se cita el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dos de septiembre de dos mil veinte, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, con ejecutoria y tesis pendientes de publicarse; pero que en la página web oficial de la citada Sala, con la liga https://ppstesis.scjn.gob.mx/PSContradiccionT/, aparece con el siguiente rubro "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PENAL. SI EL QUEJOSO RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL, LA COMPETENCIA SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTARLA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)". También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con registro 160608, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En consecuencia, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la ley de la materia, y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador Federal que ejerza competencia "sobre la autoridad que debe dictar sentencia en un proceso del sistema penal tradicional", en este caso, el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, recae en el juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Por tal razón, previo cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, se ordena remitir el escrito original de la demanda de garantías y un sobre postal, para que el juez Federal a quien corresponda conocer del asunto dentro del término de cuarenta y ocho horas, manifieste si acepta o no, la competencia planteada, de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia. En otro aspecto, toda vez que la quejosa Perla Carina Orozco Gonzaga, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por tanto, tomando en consideración la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde tienen reclusión la impetrante, gírese atento despacho al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tlacolula, Oaxaca, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído a la quejosa Perla Carina Orozco Gonzaga, que deberá diligenciar dentro del plazo de tres días siguientes al en que lo reciba, apercibido que de no proceder con lo ordenado, se le impondrá, multa por el equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259 de la ley de la materia. Con respecto a los diversos quejosos por Exal Pérez López y Jerónimo Sánchez Gallegos, quienes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lugar que se encuentra ubicado fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se ordena al actuario notifique a los citados quejosos el contenido del presente acuerdo. Por lo tanto, con fundamento en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que regula el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta al fedatario a utilizar los medios electrónicos que le sean disponibles y las aplicaciones digitales autorizadas para realizar el acto procesal que se ordena; por lo que deberá coordinarse con el Centro Federal de Readaptación Social . Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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