Eymard Grande Rodríguez y Otros.

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Eymard Grande Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese al expedientillo que se formó con motivo del recuro de revisión, el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual informa que en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del recurso de revisión 332/2023 de su índice, interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala, tercero interesado en el presente asunto, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que obran en autos las constancias de notificación de la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, así como las relativas al acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Arturo Vázquez Tobías, contra la referida sentencia. En consecuencia, atento a lo ordenado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa con dos tomos de pruebas, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia para el fiscal federal, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de Arturo Vázquez Tobías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, con excepción de las autoridades responsables a quienes se les remitirá por oficio, como lo establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa con un cuaderno de pruebas, así como el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a las autoridades responsables y a la que le reviste el carácter de tercero interesado.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con once minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 991/2023-I, promovido por Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, por propio derecho, se procede a efectuarla en presencia de la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus; auto admisorio de once de julio de dos mil veintitrés e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Secretaria encargada del Despacho: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, ofreció como pruebas de su parte, las consistentes en copia simple de resolución dictada en el toca penal acusatorio 57/2023-3 de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y la presuncional legal y humana. Por otra parte, la autoridad responsable Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al rendir su informe justificado, ofreció como pruebas las consistentes en copia certificada de los autos que conforman la causa judicial número 413/2021, en un tomo de pruebas. Asimismo, la diversa autoridad responsable Magistrada Unitaria de la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió las documentales consistentes en copia auténtica del Toca Penal número 57/2023-3 del Sistema Acusatorio Oral y dos discos versátiles digitales. Por otra parte, el tercero interesado Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala, ofreció como pruebas la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. A lo que la Secretaria encargada del Despacho: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala; asimismo, hace constar que las demás partes omitieron formularlos; a lo que la Secretaria encargada del Despacho acuerda: téngase por formulados los alegatos, en consecuencia, se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 991/2023-I, promovido por Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, por propio derecho, contra actos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito recibido en Buzón Judicial el diez de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Juez Sexta de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guardi y Alcocer. ACTO RECLAMADO: La resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 57/2023, en la que se modificó la resolución dictada en audiencia oral de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, dentro de la causa penal 413/2021, por el hecho que la ley señala como delito de peculado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de once de julio de dos veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento; se emplazó a la parte tercera interesada. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal; y, porque las autoridades a quienes se les reprocha tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 57/2023, en la que se modificó la resolución dictada en audiencia oral de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, dentro de la causa penal 413/2021, por el hecho que la ley señala como delito de peculado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con la copia certificada del toca penal de apelación 57/2023 y de la causa penal 413/2021, así como los discos que contienen la videograbación de las audiencias desahogadas. Documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca penal 19/2022 del índice de la Sala responsable, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial, en la que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, por el hecho que la ley señala como delito de peculado, con la precisión que la sustracción del numerario es por la cantidad de cincuenta y cuatro mil pesos (fojas 490 y 491 del tomo I de pruebas). 2.- Inconforme con tal determinación, el agente del Ministerio Público, aquí tercero interesado, interpuso recurso de apelación, el cual se registró bajo el toca penal 57/2023 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 67 a 86 del tomo II de pruebas). 3.- Medio de impugnación que fue resuelto el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que la Magistrada adscrita a la Sala responsable modificó la resolución recurrida y dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, con la precisión que el numerario que se sustrajo del erario público asciende a la cantidad de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos) -fojas 112 a 122 ídem-. Esta resolución constituye el acto que se combate en el presente asunto. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. La parte quejosa alega esencialmente como conceptos de violación los siguientes: Que la Sala responsable suple la queja deficiente del ministerio público al analizar cuestiones relativas al monto por el que se dictó auto de vinculación a proceso, dejando de observar los principios y formalidades esenciales del procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, que lo resuelto por la Magistrada responsable al emitir la resolución reclamada es incongruente en virtud de realizar un indebido análisis de los datos de prueba para desestimar y aumentar el monto económico por el que se modificó el auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, debe descartase que no asiste razón jurídica a la parte quejosa. Al respecto, se determina que, con base en el análisis de los registros de audio y video de la audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso a los imputados, así como de la propia resolución que aquí se combate, dictada dentro del toca penal 57/2023; que la Sala responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada con base en los datos de pruebas aportados por el agente del Ministerio Público. Ello es así, pues expresó el dispositivo legal aplicable al criterio sostenido, así como las razones por las que consideró que los datos de prueba allegados por la fiscalía, establecían los hechos fácticos que trajeran consigo inmersa la conducta de que los imputados distrajeron del erario público la cantidad de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos), y por ende, que tal conducta encuadre en la hipótesis de la norma jurídica imputada (delito de peculado). Ahora bien, para llegar a la determinación reclamada la responsable tomó en consideración que para el dictado de un auto a vinculación a proceso se requiere de un mínimo de componentes; ello, sin pasar por alto los requisitos establecidos en los numerales 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para su dictado. Lo que legalmente se estima correcto, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es relativamente bajo, considerando que su función únicamente es la de verificar que existan méritos suficientes de llevar un caso a juicio penal. Asimismo, la de ejercer control sobre la actuación del Ministerio Público durante la investigación complementaria que lleve a cabo, y de que las pruebas se producirán hasta la fase del juicio oral ante el Tribunal de enjuiciamiento, en el que los datos hasta entonces considerados, ya no podrán tener ningún efecto para dictar la sentencia que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado a, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen de lo anterior, el artículo 19 constitucional exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que se colmen los siguientes requisitos: 1. Que se exprese el delito que se impute al indiciado. 2. La expresión del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3. Los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Mientras que el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere, entre otros, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entendiéndose que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Expuesto lo anterior, debe destacarse que la Sala responsable únicamente analizó cuestiones relativas al monto del tipo penal de peculado; ello, en virtud de que la parte apelante -agente del Ministerio Público- no impugnó cuestiones relativas al hecho que la ley señala como delito de peculado así como la probable participación de los imputados, sino combatió el monto del erario que fue dispuesto y que precisó al momento de realizar la imputación respectiva. Aunado a que los imputados no impugnaron el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control; de ahí que, dicha Sala dejó intocado lo relativo a la acreditación del ilícito atribuido, así como la probable participación. Bajo esa óptica, el Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, por el hecho que la ley señala como delito de peculado, con la precisión que distrajeron la cantidad de cincuenta y cuatro mil pesos. Sin embargo, la Sala Penal y Especializada al momento de resolver el recurso de apelación hecho valer por el agente del Ministerio Público, modificó la resolución recurrida en relación con el numerario que se sustrajo del erario público, estableciendo que dicha cantidad asciende a $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos); esto, al precisar que sí obran datos de pruebas que de manera indiciaria demuestran que distrajeron dicha cantidad. En ese sentido, debe destacarse que el hecho con apariencia de delito de peculado, por el cual el Ministerio Público formuló la imputación respectiva consistió en que, durante los meses de enero a diciembre de dos mil diecisiete y enero de dos mil dieciocho, ********************en su calidad de presidente y tesorero, respectivamente, del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, fondos públicos por la cantidad de $75,848, 939.78 (setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y nueve pesos con setenta y ocho centavos M.N), sin que dichos fondos públicos hayan sido administrados conforme a las leyes ya que distrajeron de su objeto esos recursos. Ello, pues los imputados realizaron la entrega de dinero mediante cheques, transferencia y depósitos en el periodo de enero-diciembre del ejercicio fiscal 2017 y enero 2018, por la cantidad total de $10,945,448.04 (diez millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos cuatro centavos). En relación con esos hechos la Sala responsable estimó modificar la determinación emitida por el Juez de Control; ello, pues con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público estableció que se encontraba demostrado de manera indiciaria que los imputados distrajeron del erario público la cantidad de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos). Para sustentar lo anterior, la Sala de Alzada responsable tomó en consideración los datos de pruebas recabados consistentes en: a) Denuncia de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de dos de agosto de dos mil diecinueve. b) Los informes de resultados de revisión y fiscalización superior a la cuenta pública de dos mil diecisiete suscrito por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior. c) Informe de resarcimiento de daños de la cuenta pública durante el periodo de julio de dos mil diecisiete al uno de enero de dos mil dieciocho suscrito por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior. d) Dictamen en Materia de Contabilidad 22/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno elaborado por el perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que concluyó que si hubo un posible daño patrimonial causado al Municipio de Panotla, Tlaxcala por la cantidad de diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos. Datos de prueba que, apreciados tanto en lo individual como en su conjunto, se estiman idóneos, pertinentes y suficientes para establecer -en forma probable- que el numerario que se distrajo no fue la que precisó el Juez de Control de origen, sino una diversa; esto es, por la cantidad de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos), circunstancia que se considera acertada. Ello es así, pues la Sala responsable con los datos de prueba consistentes en la denuncia presentada por la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de revisión, fiscalización superior y resarcimiento de daños, así como el Dictamen en Materia de Contabilidad tuvo por acreditado de manera indiciaria la cantidad que al parecer se desvió de los recursos públicos del Municipio de Panotla, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2017; esto es, por el numerario de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos). Tales datos de prueba se estiman idóneos para acreditar de manera indiciaria la cantidad antes precisada; ello, pues como lo precisó la Sala responsable con los mismos se advierte que existió una denuncia por el hecho que la ley señala como delito de peculado, la cual tuvo como sustento los informes de resultados de revisión, fiscalización y resarcimiento de los que se advirtieron las irregularidades observadas mediante la auditoría realizada en la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2017. Además, con el dictamen en materia de contabilidad 22/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, elaborado por el contador público se aprecia que hubo un daño patrimonial causado al Municipio de Panotla, Tlaxcala respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, por un monto de $10,709,097.54 (diez millones setecientos nueve mil noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos). Hechos que se encuadraron en la hipótesis normativa prevista y sancionada por el artículo 165, fracción I del Código Penal del Estado de Tlaxcala vigente en la época de los hechos (2017), respecto de Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemus, en el sentido de que existen datos de prueba que acreditan de manera indiciaria que realizaron la acción tipificada como ilícita, respecto de que distrajeron la cantidad antes precisada. En ese sentido, se estima que la sentencia recurrida se encuentra apegada a derecho, pues los datos de prueba señalados por la Fiscalía en la audiencia respectiva, en forma alguna revelan de manera indiciara que los imputados, aquí parte quejosa, realizaron el desvió de los recursos públicos del Municipio de Panotla, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal de 2017, lo que encuadra en el hecho que la ley señala como delito de peculado. En cuanto a los conceptos de violación externados por los quejosos de garantías, resultan infundados de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Sostienen los quejosos que la Sala responsable suple la queja deficiente del Ministerio Público al analizar cuestiones relativas al monto por el que se dictó auto de vinculación a proceso, dejando de observar los principios y formalidades esenciales del procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal concepto de violación es infundado, por las siguientes consideraciones. En primer término, es importante precisar que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito; esto, en términos de lo dispuesto por el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, debe destacarse que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, del análisis efectuado a la resolución reclamada no se advierte que la Sala responsable haya suplido la deficiencia de la queja de los agravios del Ministerio Público recurrente. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que integran el toca penal se observa que los agravios efectuados por la institución ministerial radican en que sí se aportaron datos de pruebas idóneos, lícitos, pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar de manera indiciara que se cometió el hecho que la ley señala como delito de peculado conforme a la imputación que realizó en contra de los imputados. Siendo que, en el caso concreto la formulación de imputación que efectuó el Ministerio Público consistió esencialmente en que, ********************en su calidad de presidente y tesorero, respectivamente, del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala fondos públicos; ello, sin que los mismos hayan sido administrados conforme a las leyes ya que distrajeron de su objeto esos recursos. Lo anterior, al realizar la entrega de dinero mediante cheques, transferencia y depósitos en el periodo de enero-diciembre del ejercicio fiscal 2017 y enero 2018, por la cantidad total de $********************. En ese orden de ideas, de la formulación de imputación realizada por la institución ministerial se puede apreciar que con los datos de pruebas recabados por ésta, pretende acreditar el hecho que la ley señala como delito de peculado por el desvío de recursos públicos por la cantidad antes mencionada; de ahí que, es claro que los agravios formulados en la apelación hecha valer se centra en demostrar que distrajeron el numerario antes precisado. En otras palabras, la Sala responsable se ajustó a lo que establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues su estudio se enfocó únicamente a los agravios que formuló el Ministerio Público; esto es, que con los datos que prueba aportados se acredita de manera indiciaria el ilícito de peculado por la cantidad que refirió dicha institución ministerial, es decir, por la cantidad de ********************, la cual fue establecida al momento de realizar la imputación correspondiente. De ahí que es infundado el concepto de violación formulado por los quejosos. Por otra parte, la parte quejosa refiere que la Magistrada responsable al emitir la resolución reclamada es incongruente en virtud de realizar un indebido análisis de los datos de prueba para desestimar y aumentar el monto económico por el que se modificó el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, como se adelantó, resulta infundado lo anterior, ya que la Sala responsable respetó los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica de la ley penal, en virtud de que citó las normas legales que consideró aplicables al problema jurídico sometido a su potestad, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva. Además, vertió los razonamientos y argumentos jurídicos por los que estimó que era procedente modificar la resolución recurrida en relación con el monto que se distrajo del erario público y como consecuencia dictar auto de vinculación a proceso. Ello es así, ya que analizó de manera correcta los datos de prueba aportados por la institución ministerial, los cuales atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el proceso penal de origen son suficientes e idóneos para demostrar de manera indiciaria el monto que se distrajo del erario público. Aunado a que, el análisis sustancial respecto del tipo penal que se les imputa y del contenido de cada una de las pruebas, será materia de debate y prueba en etapas posteriores; máxime, que la consecuencia del dictado de la vinculación a proceso únicamente autoriza al fiscal para continuar con la investigación en su fase complementaria, sin que se prejuzgue sobre el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, con número de registro 2014800, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". Bajo esa guisa, los elementos del tipo penal respecto del delito de peculado, así como el monto que en su caso se desvió de los recursos públicos, deberán ser probados o desacreditados en etapas posteriores, pues se reitera, en este estadío procesal se comprobaron, con los datos de prueba reseñados, únicamente los elementos sustanciales para el dictado del auto de vinculación a proceso. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución imputado al Juez de Control responsable, al no reclamarse por vicios propios. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que únicamente la parte tercera interesada manifestó su oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eymard Grande Rodríguez y Pedro Efrén Laguna Lemuspor los motivos y para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que únicamente la parte tercera interesada manifestó su oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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