Evodio Medel González y/o Eborio Medel González

Expediente 1450/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1450/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Evodio Medel González y/o Eborio Medel González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobresee en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En mérito de lo anterior, devuélvase el cuaderno de pruebas formado con motivo de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número cuarenta y seis, de la Federal de Conciliación, consistente en todo lo actuado dentro del expediente laboral 1188/2018, asimismo se ordena el desglose y devolución de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su respectivo informe justificado, las cuales obran agregadas a fojas 42 a la 68, sin que sea necesario requerir por el acuse de recibo, toda vez que el mismo correrá agregado en autos, una vez realizada las devoluciones correspondientes. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido de que de no . Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1450/2022, promovido por ******************** por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por ******************** por derecho propio; auto admisorio de seis de diciembre de dos mil veintidós, e informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, registrado bajo el número de folio 806, y el oficio MA. 054/2023 del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala con registro 1587. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: Respecto de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral C.D.T. 1188/2018. Por cuanto al quejoso ******************** ofreció como pruebas de parte: - Copia simple de una credencial para votar a nombre del quejoso Evodio Medel González; - Copia certificada del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************del índice de la Junta responsable; - Copia simple del laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ********************del índice de la Junta responsable; - La instrumental de actuaciones; y, - La presuncional legal y humana. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1450/2022, promovido por ******************** por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, turnada y recibida por este órgano jurisdiccional, el cinco de diciembre siguiente, Evodio Medel González y/o Eborio Medel González demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************en el cual declaró el cumplimiento total del laudo y ordenó el archivo del asunto como concluido, con lo cual considera que se omite vigilar el otorgamiento del derecho del goce y disfrute de la pensión de cesantía en edad avanzada a la que fue condenado el ahora tercero interesado. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, requiriéndose el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y se emplazó a juicio a la tercera interesada, sin que se apersonara al juicio. Finalmente, y previo diferimiento se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por ser materia de naturaleza laboral; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el análisis de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************en el cual declaró el cumplimiento total del laudo y ordenó el archivo del asunto como concluido, con lo cual considera que omite vigilar el otorgamiento del derecho del goce y disfrute de la pensión de cesantía en edad avanzada a la que fue condenado el ahora tercero interesado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral ********************de su índice (cuaderno de pruebas I), a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [...] Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto [.]. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que, previamente al estudio del fondo del asunto, ha lugar a examinar si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. No agotó el principio de definitividad. Al respecto, este Juzgado Federal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: [.] ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Aunado a que el citado precepto dispone que es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra actos de autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Además de que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción antes mencionados, sin que el quejoso se encuentre en alguna de esas hipótesis, como se verá más adelante. Para dilucidar la cuestión que ahora se plantea, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Por lo que teniendo en cuenta que dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. A fin de estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta procedente narrar los antecedentes del mismo: 1. El doce de diciembre de dos mil dieciocho ******************** por derecho propio, demandó ante la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Tlaxcala, en la vía Especial Laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, al interponer juicio Individual de Seguridad Social, en el que reclamó entre otras prestaciones el otorgamiento y pago de pensión por cesantía en edad avanzada (fojas 2 a 19 del tomo de pruebas). 2. Por catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Junta responsable radicó el expediente y ordenó el emplazamiento a la parte demandada (fojas 20 y 21). 3. Por lo cual seguida la secuela procesal correspondiente el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Junta responsable condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a otorgar y pagar a la parte actora -aquí quejosa- una pensión de cesantía por edad avanzada y asignaciones familiares, así como otorgarle asistencia médica (fojas 83 a 92). 4. Inconforme con dicho laudo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el expediente 594/2021, el cual por sesión remota ordinaria, de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, le negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la mencionada institución demandada (fojas 126 a 164). 5. Por lo que por auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, la responsable dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que el ahora quejoso se constituyera con el actuario de la junta responsable, en las instalaciones de la persona moral oficial demandada y la requiriera del pago de la cantidad de $215,235.11 (doscientos quince mil doscientos treinta y cinco pesos, 11/100 moneda nacional), respecto a las pensiones vencidas por concepto de cesantía en edad avanzada, aguinaldo proporcional del año 2017, aguinaldo completo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (fojas 172 y 173). 6. Mediante comparecencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la responsable tuvo compareciendo a la parte actora -aquí quejosa- y al apoderado y representante legal de la parte demandada -tercera interesada-. En dicha comparecencia el apoderado legal de la parte demandada, manifestó que acudía a dar cumplimiento total específicamente al resolutivo segundo del laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, así como al auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma de cinco de septiembre de dos mil veintidós; por lo que en dicho acto la responsable le tuvo exhibiendo la planilla de liquidación en la cual determinó cuál era el monto de la pensión mensual, asimismo la responsable le tuvo por exhibido un título de crédito -cheque- en favor de la tercera interesada aquí quejosa con número de folio 0000390 de la cuenta 40-6510265-9 de "HSBC MÉXICO", S.A., Institución de Banca Múltiple, GRUPO FINANCIERO HSBC, por la cantidad de $221,705.04 (doscientos veintiún mil setecientos cinco pesos, 04/100 moneda nacional), asimismo solicitó a la autoridad laboral a efecto que requiriera a la parte actora, para a que se constituyera ante las oficinas de su representada a realizar el trámite administrativo de inclusión a nómina de pensionados y que una vez hecho ello, los subsecuentes pagos se realizarían por conducto de su representada, finalmente solicitó el Instituto de seguridad social el archivo del expediente como totalmente concluido. Ante lo cual, la responsable otorgó el uso de la voz a la parte actora -aquí quejosa- y asentó que Evodio Medel González manifestó que se encontraba de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el apoderado legal del instituto demandado, y que se daba por pagado totalmente del laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en específico de su considerando segundo, así como al auto de ejecución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por lo que le solicitó le fuera entregado el cheque exhibido y se acordara conforme a derecho, lo relativo a que el actor se constituya en las oficinas institucionales del demandado a continuar con el trámite administrativo de inclusión a nómina de pensionados. En ese sentido el Presidente de la Junta responsable acordó que tenía al Instituto demandado dando cumplimiento total al laudo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y requirió a la parte actora aquí quejosa a efecto que se constituyera ante la dependencia demandada a realizar los trámites administrativos para el alta en nómina de pensionados, asimismo le tuvo a la parte actora por pagada totalmente del laudo, específicamente del resolutivo segundo y finalmente ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido (fojas 177 y 178). ESTE PROVEÍDO CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Probanzas a las que se les otorga pleno valor probatorio por su propia naturaleza, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo. Por lo cual, resulta pertinente señalar que el ahora quejoso reclama el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************en el cual se declaró el cumplimiento total del laudo y se ordenó el archivo del asunto como concluido. Como se adelantó al inicio de este considerando, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecido. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. Así en el caso, se tiene que con el acto reclamado - acuerdo dictado por el Presidente ejecutor que declara cumplido el laudo y ordena el archivo- de conformidad con la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, en su artículo 849, el cual establece que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. De modo que este recurso ordinario -en los casos que resulte procedente- debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. En ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo en la Jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) publicada en la página 1681, del Tomo II, Libro 54, Mayo de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: [.] RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002- SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Por lo que, como se señaló anteriormente, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo de dictado en la sección de ejecución dentro del juicio laboral ********************en el cual declaró el cumplimiento total del laudo y ordenó el archivo del asunto como concluido. Por tanto como se adelantó, y debido a que el referido acuerdo es un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declara su cumplimiento y ordena el archivo del asunto, este debe ser combatido a través del medio de defensa que contempla la ley del acto; esto es, a través del recurso de revisión, medio de defensa a través del cual el acuerdo reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Asimismo, debe indicarse que el citado quejoso no se encuentra en alguna de las excepciones a que aluden los incisos a), b), c), y d), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de un asunto penal, en la que se reclame una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución, o el auto de vinculación a proceso; además que el acto reclamado tampoco se trata de alguno de los actor prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Además, el quejoso tampoco es persona extraña al procedimiento, ya que es el actor en el expediente laboral de origen, por tal motivo es evidente que no es tercero extraño. Por tanto, como se señaló anteriormente, es evidente que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción a que alude la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ende, debe cumplirse con lo requerido por el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Por los anteriores razonamientos, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO contra los actos reclamados a los Magistrados de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa e innecesario valorar el fondo de la demanda de amparo, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: [.] SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente [.]. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 61, 63 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******************** por derecho propio, contra el acto atribuido a la la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, por las consideraciones precisadas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para esta fecha; sin embargo, no es posible llevarla a cabo, toda vez que transcurre el término de ocho días, concedido a las partes con la copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral ********************, del índice del Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, acordado en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, En mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciocho de enero del año en curso remite copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral 1188/2018, a excepción de los instrumentos notariales exhibidos en el mismo, los cuales no remitió por cuestión de economía de recursos y por no creerlo necesario. Por tanto, téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento, dejando sin efectos el apercibimiento realizado en autos. Con el contenido de las constancias dese vista a las partes, para que en el término de ocho días manifiesten lo que en derecho proceda. Dado lo voluminoso de las constancias fórmese cuaderno de pruebas, para su mejor uso y manejo, identificado con el número I. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

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