Evirilio Tamariz Pimentel
Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
- Evirilio Tamariz Pimentel
- Evirilio Tamariz Pimentel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 686/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el trece de julio del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data ocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 80 a 84 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B" con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el trece de julio del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data ocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 80 a 84 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B" con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 686/2023, promovido por Rafael Gómez Zacarías en su carácter de defensor particular de los directos quejosos EVILIRIO TAMARIZ PIMENTEL y MANUEL FERNANDO LICONA CANDIA; RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 8-29). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de julio de la presente anualidad, se acordó: admitir a trámite la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito; emplazar a la parte tercera interesada; y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 30-35). Mediante oficios 22342 y 22343 de veintiocho de julio de la presente anualidad, se emplazó a los terceros interesados Fiscal Décimo Primero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial (foja 42) y Lourdes Arleth Acosta González, Benito Gutiérrez Domínguez y Carla Jannet Cabrera Fernández, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, tal como se advierte del informe remitido con número de registro 14222 que obra en autos (foja 61-70). Asimismo, por autos de veintiocho de julio y trece de septiembre, ambos del año en curso, se ordenó emplazar a Brianda Gutiérrez Naveda y Francisco Javier Hoyos Espinoza en su carácter de terceros interesados de conformidad con lo señalado el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. (foja 33 y 87 a 88). Mismos que fueron emplazados el tres de agosto y veintiuno de septiembre del año en cita, como se advierte de las razones de emplazamientos que obran en autos (fojas 41 y 92). No es óbice a lo anterior el hecho de que aún no se haya emplazado el diverso tercero interesado Enrique García Saldaña; sin embargo, lo resuelto en el presente auto no le causa perjuicio alguno, como más adelante se planteara. Sobre este tópico resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto se insertan textualmente a continuación: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución." (Lo subrayado es propio). Al encontrarse integrado el asunto por obrar en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsables (fojas 50-56 y 76) se llevó a cabo la audiencia constitucional en párrafos que anteceden. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado recae en una autoridad que tiene su residencia en el lugar dentro de la circunscripción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: AUTO DE FECHA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE DECRETA DE IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR EN TERMINOS DEL NUMERAL 161, 162, Y 163 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES A FAVOR DE A LOS IMPUTADOS EVIRILIO TAMARIZ PIMENTEL Y MANUEL FERNANDO LICONA CANDIA DENTRO DEL PROCESO PENAL NUMERO ********************, DEL INDICE DEL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE VERACRUZ, VERACRUZ, (SALA B). Ahora, por cuestión de método, se analiza si esta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "B" con residencia en Veracruz, Veracruz al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado (foja 50). CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1). El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, Rafael Gómez Zacarías en su carácter de defensor particular de los directos quejosos EVILIRIO TAMARIZ PIMENTEL y MANUEL FERNANDO LICONA CANDIA, promovió juicio de amparo indirecto contra del auto de diecisiete de julio del año en curso donde se decretó la improcedencia de la solicitud de audiencia de revisión de la medida cautelar en favor de los directos quejosos, decretada dentro del proceso penal número ******************** del índice del juzgado responsable. 2). Mediante proveído de veintiocho de julio siguiente, se tuvo por admitida dicha demanda de amparo, y se le dio el trámite correspondiente. 3). Por auto de treinta y uno de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo por rendido el informe justificado por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "B" con residencia en Veracruz, Veracruz y por recibidas las documentales que anexó como justificación de sus actos. 4). Del análisis de dichas constancias se advierte que, por acuerdo dos de agosto de este año, el juez responsable ordenó fijar fecha y hora para la audiencia de la revisión de la medida cautelar establecida, para el día tres de agosto pasado, y esta última fecha, difirió y la fijó para el siete de ese mes y año. 5) Posteriormente, en audiencia de siete de agosto del año actual, celebrada dentro del proceso penal de ********************, el juez responsable dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, variando la medida cautelar, a Firma periódica de cada quince días, con vigencia de un año (foja 55 a la vuelta), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno incidental relativo al presente juicio, el cual fue para el efecto de que dieran entrada a la solicitud de la revisión de la medida cautelar referida. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Es inconcuso que con la circunstancia de que el juez responsable dio entrada a la solicitud de revisión de la medida cautelar solicitada por el defensor de los quejosos, y que trajo en consecuencia la modificación de la medida cautelar oficiosa que en su momento fue establecida, para determinar en su lugar la firma periódica de cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares; por lo que ordenó dejar en inmediata libertad a los aquí quejosos; por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la resolución que declaró improcedente la revisión de la medida cautelar solicitada, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal. Máxime, que modificó la medida cautelar oficiosa, para que continuaran en libertad con otras diversas medida contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. De igual forma, se encuentra apoyo en la Jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la citada autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Gómez Zacarías en su carácter de defensor particular de los directos quejosos EVILIRIO TAMARIZ PIMENTEL y MANUEL FERNANDO LICONA CANDIA, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con sede en Veracruz, con sede en Xalapa, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención al contenido se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad, informa que identificó un registro en su base de datos a nombre de los terceros interesados, de los que se advierten los siguientes domicilios: ********************con domicilio ubicado en ******************** ******************** con domicilio ubicado en ******************** En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de las personas actuarias adscritas a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio al tercero interesado ******************** en el domicilio ********************, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, inciso a) de la Ley de Amparo; asimismo, deberá hacerle de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, conforme al apartado 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De igual forma, para el caso de que la persona actuaria adscrita al juzgado en comento, no pueda realizar la diligencia en los días y horas que señala el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con apoyo en lo establecido en el diverso 282 del citado código, se le habilita en días y horas inhábiles a efectuar la notificación de mérito. Ahora, por cuanto al tercero interesado ********************al tener su domicilio ubicado en ********************consecuentemente y con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, a quien se le solicita de la manera más atenta, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, a fin de que con copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, le corra traslado y emplace al presente juicio al tercero interesado ********************en el domicilio antes mencionado, y le haga saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, se encuentra radicado este asunto bajo el número de juicio de amparo ********************, en el que se fijaron las diez horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Hecho lo anterior, conforme al artículo 27, fracción II de la ley de la materia, deberá requerirle para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le será hecha por lista de acuerdos que se publique en este juzgado federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la invocada ley, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Se solicita al juez federal de referencia devuelva las constancias de las diligencias encomendadas a la brevedad posible, a fin de cumplir con la pronta y expedita administración de la Justicia Federal, conforme a lo establecido en el precepto 17 constitucional. Por último, solicítese al Juez exhortado, de que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles a quien corresponda, a fin de que se realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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