Evilirio Tamariz Pimentel

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Evilirio Tamariz Pimentel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 650/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: ".para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, reiterando las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, a continuación, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto a la existencia o no de datos que apunten a que se actualiza el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, ello sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. (.) Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, ********************, por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 394/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable. En consecuencia, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 827 de treinta de mayo del año en curso la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Araceli Estrada informó que mediante oficio 856/2023, giró oficio al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa a efecto de que se comisionara y ordenara a ******************** el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al principio de inmediación que rige el actual sistema de justicia penal, tal y como lo establecen los artículo 4 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, mediante oficios 859 y 891 signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, ********************, comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante oficio 011985, para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que fue cambiado de adscripción al distrito judicial de Xalapa, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio VC06552023 correspondiente a la audiencia de fecha cinco de junio del año en curso, y copia certificada de la versión escrita de dicha resolución relativa al auto de no vinculación a proceso dictado a favor del aquí quejoso. De la resolución que nos ocupa, se advierte que el Juez de Control responsable en esa fecha misma fecha, en primer lugar; dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el día diez de julio del año dos mil veintidós, dictada en el proceso penal número ******************** del índice de ese juzgado; y reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con apariencia de delito de del delito de Contra las Instituciones de Seguridad Publica, cometido en agravio de la Seguridad Publica y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la concesión de amparo. Y, con plenitud de jurisdicción procedió al análisis de los requisitos qué refiere el contenido de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual estableció que de dicha interpretación se desprenden los requisitos mínimos necesarios, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, de las que se destacan: La existencia en la formulación de la imputación; que se hubiese otorgado al imputado la oportunidad para declarar; que de los datos expuestos por la fiscalía se establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y a falta de alguno de estos requisitos se encontraría impedido para llevar acabo la vinculación a proceso solicitada y la misma suerte correría si en la especie se acreditaba alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, el Juez de Control responsable estableció de acuerdo con los requisitos antes señalados la existencia de la formulación de imputación por parte de la fiscalía, en la cual se estableció la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como privación de la libertad física, estableciendo el nombre del acusador, por lo que se tuvo por acreditado en autos. De igual modo, el juez responsable señaló que se encuentra acreditado el requisito establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ese órgano jurisdiccional, otorgó la posibilidad a quien tiene el carácter de imputado ********************, de poder responder precisamente a ese cargo y por ende se tuvo satisfecho dicho requisito. Ahora, respecto a la existencia de los datos de prueba que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito de privación de la libertad física a que se refiere el precepto 161 del Código Penal Vigente para el Estado, el Juez de Control responsable señaló que, después de haber valorado los datos de prueba expuestos en audiencia anterior en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la especie no se encuentra acreditado dicho hecho. Ello es así, pues la autoridad responsable señaló que se hizo consistir precisamente el hecho acontecido el día 3 de julio del año 2022, aproximadamente a las dos horas con doce minutos, en donde se encontraba el imputado y otra persona portando un arma de fuego tipo escuadra, ******************** una arma de fuego tipo escuadra marca estar calibre 380 y ******************** -aquí quejoso- se encontraba portando un arma corta tipo revolver de la marca ******************** de color negro con cacha de madera de color café abastecida con dos cartuchos útiles de la marca 38 especial, lo anterior precisamente cuando se encontraban en el interior del domicilio ********************, momento en la que tenían privada de la libertad física, según se expuso a ******************** quien estaba siendo sometida con las armas de fuego que portaban y en ese momento ingresaron al interior del domicilio elementos de policía quienes le indicaron que dejaran sus armas en el suelo a los imputados quienes hicieron caso omiso y ******************** disparó en contra de elementos policía ********************, quienes en ese momento estaban ingresando en un cuarto del inmueble donde se encontraba precisamente la pasivo, y al verse superados en número de elementos de policía, dejaron sus armas de fuego en el piso y fueron detenidos, puesto a disposición de la fiscalía En relación con esos hechos, el Juez responsable estableció como datos de prueba la existencia de informe policial homologado elaborado por los elementos aprehensores, quienes detallaron de manera clara la forma de intervención de los imputados a quienes le encontraron en su poder las armas de fuego que portaban, estableciendo que fueron agredidos por uno de los imputados quien llevo a cabo un disparo en contra de elementos de policía y además se recolectaron algunos indicios consistentes en dos casquillos percutidos. Además, señaló la existencia del Dictamen 3621 realizado por la Química Farmacobióloga de la Delegación de los Servicios Periciales de Veracruz, quien con las autorizaciones respectivas, procedió a realizar la toma de muestras de ambas manos y caras de los detenidos ******************** y otro, concluyendo la perito respecto de la prueba de rodizonato de sodio que resultó positiva para la presencia de plomo, bario en la mano izquierda, brazo izquierdo y cara positiva para la presencia en plomo y bario del aquí quejoso. Asimismo, el Juez de Control refiere que obra en autos del proceso penal el DICTAMEN DE CRIMINALISTICA DE CAMPO, respecto a la existencia física del domicilio donde se verificaron los hechos ubicado en ********************, en el que se estableció la existencia física del domicilio anteriormente señalado estableciendo las características físicas de dicho inmueble y en la práctica de dicha diligencia la perito encargada fue atendida por una persona de nombre ******************** quien dijo ser propietario de dicho domicilio. De igual manera, obra el Dictamen en criminalística forense emitido a través del dictamen 27081, relativo a la ficha descriptiva respecto al Funcionamiento e indicios remitidos a través de cadena de custodia relativo a las armas, cargadores y casquillos que fueron remitidos para su análisis; dato de prueba que sirvió para establecer que en efecto los objetos o los instrumentos encontrados en poder de quienes tienen el carácter de imputados, fueron los que utilizaron para agredir y atentar en contra de la integridad Física de los elementos de policía estatal. También se señaló que se cuentan con tres dictámenes periciales, en materia de psicología emitidos por la perito ********************, quien estableció que derivados de los hechos los sujetos pasivos de la conducta presentaron daño emocional a virtud de los hechos descritos. Finalmente, el Juez de Control responsable indicó que como datos de prueba se cuenta el Oficio número 4787/2022, signado por elementos de la policía Ministerial, mediante el cual realizaron actos de investigación, y, de cuyo contenido se advierte que señalaron que al llegar al lugar de ellos hechos fueron atendidos por una persona de nombre ********************, quien dijo ser esposo de ********************, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio, solicitando los elementos a la citada persona realizara una llamada telefónica, para efectos de indicarle el motivo de su presencia, y que querían llevar a cabo una entrevista a su persona, en relación a la detención de dos personas, al momento de realizar dicha llamada, ésta le indica que no es su deseo ser entrevistada, sin que proporcionara otro domicilio para ser encontraba. En virtud de los datos de prueba antes señalados, el Juez de Control responsable determinó con plenitud de jurisdicción que en la especie, a través de los datos de prueba enunciados y valorados nuevamente, los mismos no resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la comisión de un ilícito de privación de la libertad física que se refiere el precepto 161 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Lo anterior, según lo dicho por la responsable, tomando en consideración que de acuerdo con los registros enunciados en audiencia respectiva en la carpeta de investigación, advirtió que se expuso el dato de prueba consistente en el Oficio número 4787/2022, relativo a actos de investigación realizados por elementos de la Policía Ministerial, a través del cual quedó asentado que al apersonarse en el domicilio en donde acontecieron los hechos (antes citado) fueron atendidos inicialmente por quien dijo llamarse ********************, y posteriormente vía telefónica con ********************, quien expresamente les indicó que no era su deseo ser entrevistada en relación a las dos personas detenidas que le hicieron referencia. En ese entendido, el Juez de Control estableció que en virtud de dicha manifestación no se lograba desprender de los datos de prueba expuestos únicamente por la Fiscalía, la certeza de que un sujeto activo haya realizado conductas dirigidas a la privación de la libertad de la víctima, pues a través de la versión de dicha pasivo, es que se pueden conocer las circunstancias en las que se llevó a cabo dicha privación, es decir; la forma de ejecución, los sujetos que participaron, el lugar en la que se llevó a cabo ésta, si la misma se inició en ese sitio o solo se concluyó en él, por tanto, al no contarse con esa información, estimó evidente que los datos de prueba son insuficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física. Pues señaló que a través de los datos de prueba aportados únicamente por la Fiscalía no se puede corroborar el hecho imputado por ésta, en el sentido de que ********************, a través de una conducta específica haya dado vida jurídica al ilícito que se pretende imputar, es decir, no se advierte a través de esos datos de prueba, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución para que se de vida jurídica al delito citado; por tanto, la responsable señaló que si bien el Ministerio Público, partiendo de ciertos indicios, puede demostrar un hecho desconocido (demostración circunstancial); también es cierto que debe existir certeza plena entre los indicios que se pretenden acreditar, pues de lo contrario, únicamente se cumpliría con aglutinar una serie de indicios aislados, de los que no necesariamente se puede obtener una verdad resultante, pues para la integración de la prueba circunstancial no es posible que el juzgador supla la insuficiencia de pruebas, infiriendo hechos y circunstancias que pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del imputado. Por tanto, el Juez de Control responsable señaló que, al valorarse nuevamente los datos expuestos por la Fiscalía, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió emitir un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de ********************, al no haberse acreditado fehacientemente a través de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de ********************En ese mismo acto, y toda vez que el proceso penal ******************** que se instruye a ********************, le fue imputado el hecho que la ley señala como delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, el cual no fue materia de concesión en el juicio de amparo, el Juez responsable estableció que deberá quedar intocada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prorrogada por el tiempo que dure el proceso en data cuatro de mayo del año en curso. Asimismo, la autoridad responsable señaló como plazo para la investigación complementaria, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de UN MES contados a partir de ese día, con independencia de que las partes eventualmente pudieran solicitar prueba de dicho plazo, tomando en consideración que subsistió la vinculación a proceso por el hecho de Contra las Institución y no se vio afectada. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado y, dictó otro en el que, reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, y con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto a que no existieron datos que apuntaran a que se actualizaba el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, fundando y motivando su decisión. Asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el juez de Control responsable comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, realizó la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dictó para que constara en el proceso penal respectivo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: ".para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, reiterando las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, a continuación, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto a la existencia o no de datos que apunten a que se actualiza el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, ello sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. (.) Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, ********************, por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 394/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable. En consecuencia, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 827 de treinta de mayo del año en curso la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Araceli Estrada informó que mediante oficio 856/2023, giró oficio al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa a efecto de que se comisionara y ordenara a ******************** el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al principio de inmediación que rige el actual sistema de justicia penal, tal y como lo establecen los artículo 4 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, mediante oficios 859 y 891 signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, ********************, comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante oficio 011985, para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que fue cambiado de adscripción al distrito judicial de Xalapa, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio VC06552023 correspondiente a la audiencia de fecha cinco de junio del año en curso, y copia certificada de la versión escrita de dicha resolución relativa al auto de no vinculación a proceso dictado a favor del aquí quejoso. De la resolución que nos ocupa, se advierte que el Juez de Control responsable en esa fecha misma fecha, en primer lugar; dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el día diez de julio del año dos mil veintidós, dictada en el proceso penal número ******************** del índice de ese juzgado; y reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con apariencia de delito de del delito de Contra las Instituciones de Seguridad Publica, cometido en agravio de la Seguridad Publica y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la concesión de amparo. Y, con plenitud de jurisdicción procedió al análisis de los requisitos qué refiere el contenido de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual estableció que de dicha interpretación se desprenden los requisitos mínimos necesarios, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, de las que se destacan: La existencia en la formulación de la imputación; que se hubiese otorgado al imputado la oportunidad para declarar; que de los datos expuestos por la fiscalía se establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y a falta de alguno de estos requisitos se encontraría impedido para llevar acabo la vinculación a proceso solicitada y la misma suerte correría si en la especie se acreditaba alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, el Juez de Control responsable estableció de acuerdo con los requisitos antes señalados la existencia de la formulación de imputación por parte de la fiscalía, en la cual se estableció la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como privación de la libertad física, estableciendo el nombre del acusador, por lo que se tuvo por acreditado en autos. De igual modo, el juez responsable señaló que se encuentra acreditado el requisito establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ese órgano jurisdiccional, otorgó la posibilidad a quien tiene el carácter de imputado ********************, de poder responder precisamente a ese cargo y por ende se tuvo satisfecho dicho requisito. Ahora, respecto a la existencia de los datos de prueba que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito de privación de la libertad física a que se refiere el precepto 161 del Código Penal Vigente para el Estado, el Juez de Control responsable señaló que, después de haber valorado los datos de prueba expuestos en audiencia anterior en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la especie no se encuentra acreditado dicho hecho. Ello es así, pues la autoridad responsable señaló que se hizo consistir precisamente el hecho acontecido el día 3 de julio del año 2022, aproximadamente a las dos horas con doce minutos, en donde se encontraba el imputado y otra persona portando un arma de fuego tipo escuadra, ******************** una arma de fuego tipo escuadra marca estar calibre 380 y ******************** -aquí quejoso- se encontraba portando un arma corta tipo revolver de la marca ******************** de color negro con cacha de madera de color café abastecida con dos cartuchos útiles de la marca 38 especial, lo anterior precisamente cuando se encontraban en el interior del domicilio ********************, momento en la que tenían privada de la libertad física, según se expuso a ******************** quien estaba siendo sometida con las armas de fuego que portaban y en ese momento ingresaron al interior del domicilio elementos de policía quienes le indicaron que dejaran sus armas en el suelo a los imputados quienes hicieron caso omiso y ******************** disparó en contra de elementos policía ********************, quienes en ese momento estaban ingresando en un cuarto del inmueble donde se encontraba precisamente la pasivo, y al verse superados en número de elementos de policía, dejaron sus armas de fuego en el piso y fueron detenidos, puesto a disposición de la fiscalía En relación con esos hechos, el Juez responsable estableció como datos de prueba la existencia de informe policial homologado elaborado por los elementos aprehensores, quienes detallaron de manera clara la forma de intervención de los imputados a quienes le encontraron en su poder las armas de fuego que portaban, estableciendo que fueron agredidos por uno de los imputados quien llevo a cabo un disparo en contra de elementos de policía y además se recolectaron algunos indicios consistentes en dos casquillos percutidos. Además, señaló la existencia del Dictamen 3621 realizado por la Química Farmacobióloga de la Delegación de los Servicios Periciales de Veracruz, quien con las autorizaciones respectivas, procedió a realizar la toma de muestras de ambas manos y caras de los detenidos ******************** y otro, concluyendo la perito respecto de la prueba de rodizonato de sodio que resultó positiva para la presencia de plomo, bario en la mano izquierda, brazo izquierdo y cara positiva para la presencia en plomo y bario del aquí quejoso. Asimismo, el Juez de Control refiere que obra en autos del proceso penal el DICTAMEN DE CRIMINALISTICA DE CAMPO, respecto a la existencia física del domicilio donde se verificaron los hechos ubicado en ********************, en el que se estableció la existencia física del domicilio anteriormente señalado estableciendo las características físicas de dicho inmueble y en la práctica de dicha diligencia la perito encargada fue atendida por una persona de nombre ******************** quien dijo ser propietario de dicho domicilio. De igual manera, obra el Dictamen en criminalística forense emitido a través del dictamen 27081, relativo a la ficha descriptiva respecto al Funcionamiento e indicios remitidos a través de cadena de custodia relativo a las armas, cargadores y casquillos que fueron remitidos para su análisis; dato de prueba que sirvió para establecer que en efecto los objetos o los instrumentos encontrados en poder de quienes tienen el carácter de imputados, fueron los que utilizaron para agredir y atentar en contra de la integridad Física de los elementos de policía estatal. También se señaló que se cuentan con tres dictámenes periciales, en materia de psicología emitidos por la perito ********************, quien estableció que derivados de los hechos los sujetos pasivos de la conducta presentaron daño emocional a virtud de los hechos descritos. Finalmente, el Juez de Control responsable indicó que como datos de prueba se cuenta el Oficio número 4787/2022, signado por elementos de la policía Ministerial, mediante el cual realizaron actos de investigación, y, de cuyo contenido se advierte que señalaron que al llegar al lugar de ellos hechos fueron atendidos por una persona de nombre ********************, quien dijo ser esposo de ********************, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio, solicitando los elementos a la citada persona realizara una llamada telefónica, para efectos de indicarle el motivo de su presencia, y que querían llevar a cabo una entrevista a su persona, en relación a la detención de dos personas, al momento de realizar dicha llamada, ésta le indica que no es su deseo ser entrevistada, sin que proporcionara otro domicilio para ser encontraba. En virtud de los datos de prueba antes señalados, el Juez de Control responsable determinó con plenitud de jurisdicción que en la especie, a través de los datos de prueba enunciados y valorados nuevamente, los mismos no resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la comisión de un ilícito de privación de la libertad física que se refiere el precepto 161 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Lo anterior, según lo dicho por la responsable, tomando en consideración que de acuerdo con los registros enunciados en audiencia respectiva en la carpeta de investigación, advirtió que se expuso el dato de prueba consistente en el Oficio número 4787/2022, relativo a actos de investigación realizados por elementos de la Policía Ministerial, a través del cual quedó asentado que al apersonarse en el domicilio en donde acontecieron los hechos (antes citado) fueron atendidos inicialmente por quien dijo llamarse ********************, y posteriormente vía telefónica con ********************, quien expresamente les indicó que no era su deseo ser entrevistada en relación a las dos personas detenidas que le hicieron referencia. En ese entendido, el Juez de Control estableció que en virtud de dicha manifestación no se lograba desprender de los datos de prueba expuestos únicamente por la Fiscalía, la certeza de que un sujeto activo haya realizado conductas dirigidas a la privación de la libertad de la víctima, pues a través de la versión de dicha pasivo, es que se pueden conocer las circunstancias en las que se llevó a cabo dicha privación, es decir; la forma de ejecución, los sujetos que participaron, el lugar en la que se llevó a cabo ésta, si la misma se inició en ese sitio o solo se concluyó en él, por tanto, al no contarse con esa información, estimó evidente que los datos de prueba son insuficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física. Pues señaló que a través de los datos de prueba aportados únicamente por la Fiscalía no se puede corroborar el hecho imputado por ésta, en el sentido de que ********************, a través de una conducta específica haya dado vida jurídica al ilícito que se pretende imputar, es decir, no se advierte a través de esos datos de prueba, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución para que se de vida jurídica al delito citado; por tanto, la responsable señaló que si bien el Ministerio Público, partiendo de ciertos indicios, puede demostrar un hecho desconocido (demostración circunstancial); también es cierto que debe existir certeza plena entre los indicios que se pretenden acreditar, pues de lo contrario, únicamente se cumpliría con aglutinar una serie de indicios aislados, de los que no necesariamente se puede obtener una verdad resultante, pues para la integración de la prueba circunstancial no es posible que el juzgador supla la insuficiencia de pruebas, infiriendo hechos y circunstancias que pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del imputado. Por tanto, el Juez de Control responsable señaló que, al valorarse nuevamente los datos expuestos por la Fiscalía, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió emitir un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de ********************, al no haberse acreditado fehacientemente a través de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de ********************En ese mismo acto, y toda vez que el proceso penal ******************** que se instruye a ********************, le fue imputado el hecho que la ley señala como delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, el cual no fue materia de concesión en el juicio de amparo, el Juez responsable estableció que deberá quedar intocada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prorrogada por el tiempo que dure el proceso en data cuatro de mayo del año en curso. Asimismo, la autoridad responsable señaló como plazo para la investigación complementaria, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de UN MES contados a partir de ese día, con independencia de que las partes eventualmente pudieran solicitar prueba de dicho plazo, tomando en consideración que subsistió la vinculación a proceso por el hecho de Contra las Institución y no se vio afectada. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado y, dictó otro en el que, reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, y con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto a que no existieron datos que apuntaran a que se actualizaba el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, fundando y motivando su decisión. Asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el juez de Control responsable comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, realizó la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dictó para que constara en el proceso penal respectivo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    En esta fecha se notificar por lista a la tercero interesada por así estar ordenado en autos el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: ".para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, reiterando las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, a continuación, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto a la existencia o no de datos que apunten a que se actualiza el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, ello sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. (.) Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, ********************, por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 394/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable. En consecuencia, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 827 de treinta de mayo del año en curso la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Ara********************informó que mediante oficio 856/2023, giró oficio al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa a efecto de que se comisionara y ordenara a ********************el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al principio de inmediación que rige el actual sistema de justicia penal, tal y como lo establecen los artículo 4 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, mediante oficios 859 y 891 signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, ********************, comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante oficio 011985, para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que fue cambiado de adscripción al distrito judicial de Xalapa, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio VC06552023 correspondiente a la audiencia de fecha cinco de junio del año en curso, y copia certificada de la versión escrita de dicha resolución relativa al auto de no vinculación a proceso dictado a favor del aquí quejoso. De la resolución que nos ocupa, se advierte que el Juez de Control responsable en esa fecha misma fecha, en primer lugar; dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el día diez de julio del año dos mil veintidós, dictada en el proceso penal número ******************** del índice de ese juzgado; y reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con apariencia de delito de del delito de Contra las Instituciones de Seguridad Publica, cometido en agravio de la Seguridad Publica y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la concesión de amparo. Y, con plenitud de jurisdicción procedió al análisis de los requisitos qué refiere el contenido de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual estableció que de dicha interpretación se desprenden los requisitos mínimos necesarios, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, de las que se destacan: La existencia en la formulación de la imputación; que se hubiese otorgado al imputado la oportunidad para declarar; que de los datos expuestos por la fiscalía se establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y a falta de alguno de estos requisitos se encontraría impedido para llevar acabo la vinculación a proceso solicitada y la misma suerte correría si en la especie se acreditaba alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, el Juez de Control responsable estableció de acuerdo con los requisitos antes señalados la existencia de la formulación de imputación por parte de la fiscalía, en la cual se estableció la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como privación de la libertad física, estableciendo el nombre del acusador, por lo que se tuvo por acreditado en autos. De igual modo, el juez responsable señaló que se encuentra acreditado el requisito establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ese órgano jurisdiccional, otorgó la posibilidad a quien tiene el carácter de imputado ********************, de poder responder precisamente a ese cargo y por ende se tuvo satisfecho dicho requisito. Ahora, respecto a la existencia de los datos de prueba que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito de privación de la libertad física a que se refiere el precepto 161 del Código Penal Vigente para el Estado, el Juez de Control responsable señaló que, después de haber valorado los datos de prueba expuestos en audiencia anterior en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la especie no se encuentra acreditado dicho hecho. Ello es así, pues la autoridad responsable señaló que se hizo consistir precisamente el hecho acontecido el día 3 de julio del año 2022, aproximadamente a las dos horas con doce minutos, en donde se encontraba el imputado y otra persona portando un arma de fuego tipo escuadra, ******************** una arma de fuego tipo escuadra marca estar calibre 380 y ******************** -aquí quejoso- se encontraba portando un arma corta tipo revolver de la marca ******************** de color negro con cacha de madera de color café abastecida con dos cartuchos útiles de la marca 38 especial, lo anterior precisamente cuando se encontraban en el interior del domicilio ********************, momento en la que tenían privada de la libertad física, según se expuso a ******************** quien estaba siendo sometida con las armas de fuego que portaban y en ese momento ingresaron al interior del domicilio elementos de policía quienes le indicaron que dejaran sus armas en el suelo a los imputados quienes hicieron caso omiso y ******************** disparó en contra de elementos policía ********************, quienes en ese momento estaban ingresando en un cuarto del inmueble donde se encontraba precisamente la pasivo, y al verse superados en número de elementos de policía, dejaron sus armas de fuego en el piso y fueron detenidos, puesto a disposición de la fiscalía En relación con esos hechos, el Juez responsable estableció como datos de prueba la existencia de informe policial homologado elaborado por los elementos aprehensores, quienes detallaron de manera clara la forma de intervención de los imputados a quienes le encontraron en su poder las armas de fuego que portaban, estableciendo que fueron agredidos por uno de los imputados quien llevo a cabo un disparo en contra de elementos de policía y además se recolectaron algunos indicios consistentes en dos casquillos percutidos. Además, señaló la existencia del Dictamen 3621 realizado por la Química Farmacobióloga de la Delegación de los Servicios Periciales de Veracruz, quien con las autorizaciones respectivas, procedió a realizar la toma de muestras de ambas manos y caras de los detenidos ******************** y otro, concluyendo la perito respecto de la prueba de rodizonato de sodio que resultó positiva para la presencia de plomo, bario en la mano izquierda, brazo izquierdo y cara positiva para la presencia en plomo y bario del aquí quejoso. Asimismo, el Juez de Control refiere que obra en autos del proceso penal el DICTAMEN DE CRIMINALISTICA DE CAMPO, respecto a la existencia física del domicilio donde se verificaron los hechos ubicado en ********************, en el que se estableció la existencia física del domicilio anteriormente señalado estableciendo las características físicas de dicho inmueble y en la práctica de dicha diligencia la perito encargada fue atendida por una persona de nombre ******************** quien dijo ser propietario de dicho domicilio. De igual manera, obra el Dictamen en criminalística forense emitido a través del dictamen 27081, relativo a la ficha descriptiva respecto al Funcionamiento e indicios remitidos a través de cadena de custodia relativo a las armas, cargadores y casquillos que fueron remitidos para su análisis; dato de prueba que sirvió para establecer que en efecto los objetos o los instrumentos encontrados en poder de quienes tienen el carácter de imputados, fueron los que utilizaron para agredir y atentar en contra de la integridad Física de los elementos de policía estatal. También se señaló que se cuentan con tres dictámenes periciales, en materia de psicología emitidos por la perito ********************, quien estableció que derivados de los hechos los sujetos pasivos de la conducta presentaron daño emocional a virtud de los hechos descritos. Finalmente, el Juez de Control responsable indicó que como datos de prueba se cuenta el Oficio número 4787/2022, signado por elementos de la policía Ministerial, mediante el cual realizaron actos de investigación, y, de cuyo contenido se advierte que señalaron que al llegar al lugar de ellos hechos fueron atendidos por una persona de nombre ********************, quien dijo ser esposo de ********************, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio, solicitando los elementos a la citada persona realizara una llamada telefónica, para efectos de indicarle el motivo de su presencia, y que querían llevar a cabo una entrevista a su persona, en relación a la detención de dos personas, al momento de realizar dicha llamada, ésta le indica que no es su deseo ser entrevistada, sin que proporcionara otro domicilio para ser encontraba. En virtud de los datos de prueba antes señalados, el Juez de Control responsable determinó con plenitud de jurisdicción que en la especie, a través de los datos de prueba enunciados y valorados nuevamente, los mismos no resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la comisión de un ilícito de privación de la libertad física que se refiere el precepto 161 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Lo anterior, según lo dicho por la responsable, tomando en consideración que de acuerdo con los registros enunciados en audiencia respectiva en la carpeta de investigación, advirtió que se expuso el dato de prueba consistente en el Oficio número 4787/2022, relativo a actos de investigación realizados por elementos de la Policía Ministerial, a través del cual quedó asentado que al apersonarse en el domicilio en donde acontecieron los hechos (antes citado) fueron atendidos inicialmente por quien dijo llamarse ********************, y posteriormente vía telefónica con ********************, quien expresamente les indicó que no era su deseo ser entrevistada en relación a las dos personas detenidas que le hicieron referencia. En ese entendido, el Juez de Control estableció que en virtud de dicha manifestación no se lograba desprender de los datos de prueba expuestos únicamente por la Fiscalía, la certeza de que un sujeto activo haya realizado conductas dirigidas a la privación de la libertad de la víctima, pues a través de la versión de dicha pasivo, es que se pueden conocer las circunstancias en las que se llevó a cabo dicha privación, es decir; la forma de ejecución, los sujetos que participaron, el lugar en la que se llevó a cabo ésta, si la misma se inició en ese sitio o solo se concluyó en él, por tanto, al no contarse con esa información, estimó evidente que los datos de prueba son insuficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física. Pues señaló que a través de los datos de prueba aportados únicamente por la Fiscalía no se puede corroborar el hecho imputado por ésta, en el sentido de que ********************, a través de una conducta específica haya dado vida jurídica al ilícito que se pretende imputar, es decir, no se advierte a través de esos datos de prueba, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución para que se de vida jurídica al delito citado; por tanto, la responsable señaló que si bien el Ministerio Público, partiendo de ciertos indicios, puede demostrar un hecho desconocido (demostración circunstancial); también es cierto que debe existir certeza plena entre los indicios que se pretenden acreditar, pues de lo contrario, únicamente se cumpliría con aglutinar una serie de indicios aislados, de los que no necesariamente se puede obtener una verdad resultante, pues para la integración de la prueba circunstancial no es posible que el juzgador supla la insuficiencia de pruebas, infiriendo hechos y circunstancias que pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del imputado. Por tanto, el Juez de Control responsable señaló que, al valorarse nuevamente los datos expuestos por la Fiscalía, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió emitir un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de ********************, al no haberse acreditado fehacientemente a través de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de ********************En ese mismo acto, y toda vez que el proceso penal ******************** que se instruye a ********************, le fue imputado el hecho que la ley señala como delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, el cual no fue materia de concesión en el juicio de amparo, el Juez responsable estableció que deberá quedar intocada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prorrogada por el tiempo que dure el proceso en data cuatro de mayo del año en curso. Asimismo, la autoridad responsable señaló como plazo para la investigación complementaria, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de UN MES contados a partir de ese día, con independencia de que las partes eventualmente pudieran solicitar prueba de dicho plazo, tomando en consideración que subsistió la vinculación a proceso por el hecho de Contra las Institución y no se vio afectada. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado y, dictó otro en el que, reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, y con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto a que no existieron datos que apuntaran a que se actualizaba el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, fundando y motivando su decisión. Asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el juez de Control responsable comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, realizó la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dictó para que constara en el proceso penal respectivo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    ...se notifica a la parte quejosa el siguiente acuerdo que a la letra dice:Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: ".para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado. 2). Deje insubsistente la continuación de la audiencia inicial a partir de la parte en que procede a dictar el auto de resolución de plazo constitucional, y dicte otro en el que, reiterando las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, a continuación, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto a la existencia o no de datos que apunten a que se actualiza el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, ello sin incurrir en los vicios de forma señalados con anterioridad, pudiendo resolver en el mismo sentido al anterior o en uno diverso, pero fundando y motivando su decisión. (.) Asimismo se precisa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el Juzgado deberá realizar la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dicta para que conste en el proceso penal respectivo, sin que el alcance de esta última pueda exceder de la dictada en forma oral." Inconforme con dicha resolución, ********************, por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria celebrada en sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro de los autos del toca 394/2022 de su índice, la Superioridad, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al justiciable. En consecuencia, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 827 de treinta de mayo del año en curso la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita a la Sala "B" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, Ara********************informó que mediante oficio 856/2023, giró oficio al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa a efecto de que se comisionara y ordenara a ********************el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención al principio de inmediación que rige el actual sistema de justicia penal, tal y como lo establecen los artículo 4 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, mediante oficios 859 y 891 signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, ********************, comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz mediante oficio 011985, para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que fue cambiado de adscripción al distrito judicial de Xalapa, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio VC06552023 correspondiente a la audiencia de fecha cinco de junio del año en curso, y copia certificada de la versión escrita de dicha resolución relativa al auto de no vinculación a proceso dictado a favor del aquí quejoso. De la resolución que nos ocupa, se advierte que el Juez de Control responsable en esa fecha misma fecha, en primer lugar; dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el día diez de julio del año dos mil veintidós, dictada en el proceso penal número ******************** del índice de ese juzgado; y reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con apariencia de delito de del delito de Contra las Instituciones de Seguridad Publica, cometido en agravio de la Seguridad Publica y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la concesión de amparo. Y, con plenitud de jurisdicción procedió al análisis de los requisitos qué refiere el contenido de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual estableció que de dicha interpretación se desprenden los requisitos mínimos necesarios, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, de las que se destacan: La existencia en la formulación de la imputación; que se hubiese otorgado al imputado la oportunidad para declarar; que de los datos expuestos por la fiscalía se establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y a falta de alguno de estos requisitos se encontraría impedido para llevar acabo la vinculación a proceso solicitada y la misma suerte correría si en la especie se acreditaba alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, el Juez de Control responsable estableció de acuerdo con los requisitos antes señalados la existencia de la formulación de imputación por parte de la fiscalía, en la cual se estableció la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como privación de la libertad física, estableciendo el nombre del acusador, por lo que se tuvo por acreditado en autos. De igual modo, el juez responsable señaló que se encuentra acreditado el requisito establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ese órgano jurisdiccional, otorgó la posibilidad a quien tiene el carácter de imputado ********************, de poder responder precisamente a ese cargo y por ende se tuvo satisfecho dicho requisito. Ahora, respecto a la existencia de los datos de prueba que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito de privación de la libertad física a que se refiere el precepto 161 del Código Penal Vigente para el Estado, el Juez de Control responsable señaló que, después de haber valorado los datos de prueba expuestos en audiencia anterior en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la especie no se encuentra acreditado dicho hecho. Ello es así, pues la autoridad responsable señaló que se hizo consistir precisamente el hecho acontecido el día 3 de julio del año 2022, aproximadamente a las dos horas con doce minutos, en donde se encontraba el imputado y otra persona portando un arma de fuego tipo escuadra, ******************** una arma de fuego tipo escuadra marca estar calibre 380 y ******************** -aquí quejoso- se encontraba portando un arma corta tipo revolver de la marca ******************** de color negro con cacha de madera de color café abastecida con dos cartuchos útiles de la marca 38 especial, lo anterior precisamente cuando se encontraban en el interior del domicilio ********************, momento en la que tenían privada de la libertad física, según se expuso a ******************** quien estaba siendo sometida con las armas de fuego que portaban y en ese momento ingresaron al interior del domicilio elementos de policía quienes le indicaron que dejaran sus armas en el suelo a los imputados quienes hicieron caso omiso y ******************** disparó en contra de elementos policía ********************, quienes en ese momento estaban ingresando en un cuarto del inmueble donde se encontraba precisamente la pasivo, y al verse superados en número de elementos de policía, dejaron sus armas de fuego en el piso y fueron detenidos, puesto a disposición de la fiscalía En relación con esos hechos, el Juez responsable estableció como datos de prueba la existencia de informe policial homologado elaborado por los elementos aprehensores, quienes detallaron de manera clara la forma de intervención de los imputados a quienes le encontraron en su poder las armas de fuego que portaban, estableciendo que fueron agredidos por uno de los imputados quien llevo a cabo un disparo en contra de elementos de policía y además se recolectaron algunos indicios consistentes en dos casquillos percutidos. Además, señaló la existencia del Dictamen 3621 realizado por la Química Farmacobióloga de la Delegación de los Servicios Periciales de Veracruz, quien con las autorizaciones respectivas, procedió a realizar la toma de muestras de ambas manos y caras de los detenidos ******************** y otro, concluyendo la perito respecto de la prueba de rodizonato de sodio que resultó positiva para la presencia de plomo, bario en la mano izquierda, brazo izquierdo y cara positiva para la presencia en plomo y bario del aquí quejoso. Asimismo, el Juez de Control refiere que obra en autos del proceso penal el DICTAMEN DE CRIMINALISTICA DE CAMPO, respecto a la existencia física del domicilio donde se verificaron los hechos ubicado en ********************, en el que se estableció la existencia física del domicilio anteriormente señalado estableciendo las características físicas de dicho inmueble y en la práctica de dicha diligencia la perito encargada fue atendida por una persona de nombre ******************** quien dijo ser propietario de dicho domicilio. De igual manera, obra el Dictamen en criminalística forense emitido a través del dictamen 27081, relativo a la ficha descriptiva respecto al Funcionamiento e indicios remitidos a través de cadena de custodia relativo a las armas, cargadores y casquillos que fueron remitidos para su análisis; dato de prueba que sirvió para establecer que en efecto los objetos o los instrumentos encontrados en poder de quienes tienen el carácter de imputados, fueron los que utilizaron para agredir y atentar en contra de la integridad Física de los elementos de policía estatal. También se señaló que se cuentan con tres dictámenes periciales, en materia de psicología emitidos por la perito ********************, quien estableció que derivados de los hechos los sujetos pasivos de la conducta presentaron daño emocional a virtud de los hechos descritos. Finalmente, el Juez de Control responsable indicó que como datos de prueba se cuenta el Oficio número 4787/2022, signado por elementos de la policía Ministerial, mediante el cual realizaron actos de investigación, y, de cuyo contenido se advierte que señalaron que al llegar al lugar de ellos hechos fueron atendidos por una persona de nombre ********************, quien dijo ser esposo de ********************, quien en ese momento no se encontraba en el domicilio, solicitando los elementos a la citada persona realizara una llamada telefónica, para efectos de indicarle el motivo de su presencia, y que querían llevar a cabo una entrevista a su persona, en relación a la detención de dos personas, al momento de realizar dicha llamada, ésta le indica que no es su deseo ser entrevistada, sin que proporcionara otro domicilio para ser encontraba. En virtud de los datos de prueba antes señalados, el Juez de Control responsable determinó con plenitud de jurisdicción que en la especie, a través de los datos de prueba enunciados y valorados nuevamente, los mismos no resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la comisión de un ilícito de privación de la libertad física que se refiere el precepto 161 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Lo anterior, según lo dicho por la responsable, tomando en consideración que de acuerdo con los registros enunciados en audiencia respectiva en la carpeta de investigación, advirtió que se expuso el dato de prueba consistente en el Oficio número 4787/2022, relativo a actos de investigación realizados por elementos de la Policía Ministerial, a través del cual quedó asentado que al apersonarse en el domicilio en donde acontecieron los hechos (antes citado) fueron atendidos inicialmente por quien dijo llamarse ********************, y posteriormente vía telefónica con ********************, quien expresamente les indicó que no era su deseo ser entrevistada en relación a las dos personas detenidas que le hicieron referencia. En ese entendido, el Juez de Control estableció que en virtud de dicha manifestación no se lograba desprender de los datos de prueba expuestos únicamente por la Fiscalía, la certeza de que un sujeto activo haya realizado conductas dirigidas a la privación de la libertad de la víctima, pues a través de la versión de dicha pasivo, es que se pueden conocer las circunstancias en las que se llevó a cabo dicha privación, es decir; la forma de ejecución, los sujetos que participaron, el lugar en la que se llevó a cabo ésta, si la misma se inició en ese sitio o solo se concluyó en él, por tanto, al no contarse con esa información, estimó evidente que los datos de prueba son insuficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física. Pues señaló que a través de los datos de prueba aportados únicamente por la Fiscalía no se puede corroborar el hecho imputado por ésta, en el sentido de que ********************, a través de una conducta específica haya dado vida jurídica al ilícito que se pretende imputar, es decir, no se advierte a través de esos datos de prueba, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución para que se de vida jurídica al delito citado; por tanto, la responsable señaló que si bien el Ministerio Público, partiendo de ciertos indicios, puede demostrar un hecho desconocido (demostración circunstancial); también es cierto que debe existir certeza plena entre los indicios que se pretenden acreditar, pues de lo contrario, únicamente se cumpliría con aglutinar una serie de indicios aislados, de los que no necesariamente se puede obtener una verdad resultante, pues para la integración de la prueba circunstancial no es posible que el juzgador supla la insuficiencia de pruebas, infiriendo hechos y circunstancias que pueden resultar carentes de veracidad en perjuicio del imputado. Por tanto, el Juez de Control responsable señaló que, al valorarse nuevamente los datos expuestos por la Fiscalía, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió emitir un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de ********************, al no haberse acreditado fehacientemente a través de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía la existencia del hecho que la ley señala como delito de privación de la libertad física, cometido en agravio de ********************En ese mismo acto, y toda vez que el proceso penal ******************** que se instruye a ********************, le fue imputado el hecho que la ley señala como delito de CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, el cual no fue materia de concesión en el juicio de amparo, el Juez responsable estableció que deberá quedar intocada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prorrogada por el tiempo que dure el proceso en data cuatro de mayo del año en curso. Asimismo, la autoridad responsable señaló como plazo para la investigación complementaria, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de UN MES contados a partir de ese día, con independencia de que las partes eventualmente pudieran solicitar prueba de dicho plazo, tomando en consideración que subsistió la vinculación a proceso por el hecho de Contra las Institución y no se vio afectada. En ese contexto, en estricto acatamiento al fallo amparador y con el objeto de restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales, el juez de control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de julio de dos mil veintidós reclamado y, dictó otro en el que, reiteró las consideraciones relativas a la existencia del hecho con la apariencia del delito de Contra las instituciones de Seguridad Pública y la probable participación del imputado en su comisión, las cuales no fueron motivo de la presente concesión de amparo, y con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto a que no existieron datos que apuntaran a que se actualizaba el delito de Privación de la Libertad Física, así como la probable participación del quejoso en su comisión, fundando y motivando su decisión. Asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de su emisión oral, el juez de Control responsable comisionado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, realizó la versión escrita de la resolución de plazo constitucional que dictó para que constara en el proceso penal respectivo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva como se advierte de la resolución emitida en data de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 42 a 45 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Sala "B" con sede en Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello en relación al requerimiento efectuado mediante oficio 16427 de seis de junio de pasado. Ahora, de autos se advierte que en proveídos de treinta y uno de mayo, dos y seis de junio de dos mil veintitrés, se reservó dar vista respecto de las gestiones realizadas por la citada responsable, hasta en tanto remitiera las constancias correspondientes al total cumplimiento, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con los oficios y anexos con registros 8811,8971, 9198 y 9591, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica a la tercero interesada B.G.N. por estar ordenado en autos.

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