Evelyn Yolanda Reyes Perez
Expediente 1805/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Evelyn Yolanda Reyes Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusion. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1805/2016-I, promovido por Evelyn Yoanna Reyes Pérez, por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobernación del Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, Evelyn Yoanna Reyes Pérez, promovió juicio de amparo, contra las autoridades responsables y acto reclamado, descritos a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1.- MAESTRO JOSÉ SERGIO JESÚS QUIROGA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO... 2. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO. 3. SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 4. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS: 1. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO... 2. JEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3. CONSEJO INTERNO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 4. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 5. C. COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. "IV. ACTOS RECLAMADOS: A) RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA PRETENSIÓN DE EJECUTAR UNA ORDEN DE TRASLADO DEL LUGAR EN EL QUE ME ENCUENTRO RECLUIDA (DEL C.P.R.S. "SANTIAGUITO") A UN DORMITORIO DISTINTO ASÍ COMO A UN CENTRO PENITENCIARIO DIVERSO, LO ANTERIOR SIN EXISTENCIA DE UNA ORDEN JUDICIAL, NI PONER EN RIESGO A LA INSTITUCIÓN. B) LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS O INDIRECTAS QUE DERIVEN O PUEDAN DERIVARSE DEL ACTO SE QUE RECLAMA: DERECHOS HUMANOS INVOCADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. La presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades señaladas como "Secretario de Gobernación del Estado de México", así como de la "Comisionado General de la Policía Federal", pues mediante proveídos de veintinueve de noviembre y veintiocho de diciembre, ambos de dos mil dieciséis, se les dejó de tener como autoridades responsables para efecto del trámite subsecuente del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La orden de traslado del lugar donde se encuentra recluida la quejosa a un dormitorio distinto, o a un centro penitenciario diverso, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades señaladas como responsables: - Director y el Presidente del Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México. - Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México. - Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y en representación sustituta del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. - Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. - Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. - Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que les atribuye la impetrante de amparo, consistente en la orden de traslado del lugar donde se encuentra recluida la quejosa a un dormitorio distinto, o a un centro penitenciario diverso, así como su ejecución. Ahora bien, toda vez que el quejosa no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Evelyn Yoanna Reyes Pérez, en contra del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de enero de dos mil diecisiete. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta por el cual el Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, rinde su respectivo informe justificado; en esas condiciones, hágase relación de dicho informe en la audiencia constitucional. En otro orden, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las once horas con cinco minutos, como se estableció en auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, sin embargo, como se advierte del párrafo precedente la autoridad responsable de referencia se encuentra rindiendo su informe justificado; por tanto, a fin de dar oportunidad a que trascurra el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se señalan las once horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, atreves del cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa del diverso 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable en el oficio de cuenta, siempre y cuando coincida con el de su oficina principal. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como delegados a las personas que refiere la responsable en el oficio de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.
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