Evelyn Hernández Amparo

Expediente 301/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
301/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
24/06/2016

Partes del expediente

  • Evelyn Hernández Amparo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio a través del cual el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, acusa recibo de las constancias devueltas por este Juzgado de Distrito, en auto de quince de los actuales (fojas 99 y 100); por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de referencia y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de veintiséis de mayo pasado (fojas 88 a 95), en el cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha causado estado. En otro orden de ideas, devuélvase al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, la copia certificada del cuaderno de ejecución relacionado con el expediente 199/2014, enviada al momento de rendir su informe justificado. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, será acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 237, fracción y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III), pues se sobreseyó en el presente asunto. 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VIII) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 301/2016-VIII, promovido por Evelyn Hernández Amparo, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Evelyn Hernández Amparo, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el actos que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez Tercero familiar del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, México." ACTO RECLAMADO "El auto dictado el día dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, dentro de los autos del expediente 199/2014, que se lleva en ese Juzgado. .La notificación de auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, dentro de los autos del expediente 199/2014. " SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 301/2016-VIII, por auto de siete de marzo de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 14). Cumplido lo anterior, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que el quejoso reclama el auto de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 199/2014, donde no se admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de doce de febrero de este año; así como la notificación de dicho auto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 26). A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con el legajo de copias certificadas que la autoridad responsable remitió, consistente en la copia certificada del cuaderno de ejecución del expediente 199/2014, el cual obra como anexo; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias de autos, valoradas anteriormente, destacan por su importancia los antecedentes siguientes: 1) En sentencia dictada el dos de junio de dos mil quince, dentro del procedimiento especial sobre divorcio incausado 199/2014, promovido por la hoy quejosa Evelyn Hernández Amparo, en contra de Enrique Jiménez Ramírez, entre otras cuestiones, se resolvió condenar al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de su hija por la cantidad resultante del importe del 20% (veinte por ciento) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias (fojas 1 a la 20 de las copias certificadas del cuaderno de ejecución del expediente 199/2014). 2) En desacuerdo con ese fallo, el demandado promovió recurso de apelación, el cual se radicó en la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el número de toca 639/2015, mismo que el veintitrés de octubre de dos mil quince se resolvió modificando la sentencia de primera instancia, empero, en la parte relativa a la condena del demandado sobre el importe del 20% (veinte por ciento) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, quedó intacta, además, también se le condenó al pago del 10% (diez por ciento), por concepto de pensión alimenticia a favor de Evelyn Hernández Amparo (fojas 68 a 91 Ídem). 3) En auto de ocho de enero de este año se tuvo por recibido un escrito signado por el demandado, donde hizo del conocimiento la interposición del juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala Familiar (foja 98). 4) Seguida la secuela procesal, mediante escrito signado por la parte actora (aquí quejosa), solicitó se ejecutara la sentencia definitiva, es decir, pidió se girara oficio para que al demandado se le descuente el 10% (diez por ciento), por concepto de pensión alimenticia (foja 105 Ídem). 5) En auto de doce de febrero de dos mil dieciséis el juez responsable consideró no acordar favorable la petición de la actora, en virtud de que tanto la sentencia del Tribunal de Alzada, como las constancias originales del expediente aún no habían sido devueltas, además, porque no se había hecho saber si se concedió o no la suspensión del acto reclamado (foja 106 Ídem). 6) En contra de dicho auto, la actora promovió recurso de revocación, el cual, en proveído de dieciocho de febrero de este año se desechó por notoriamente improcedente, ello, con el argumento de que el juez responsable debía tener conocimiento pleno de la suspensión del acto reclamado, a fin de no incurrir en responsabilidad, asimismo, de ordenó girar oficio al Tribunal de Alzada para que informara si la suspensión fue o no concedida, para estar en condiciones de proveer lo conducente respecto la ejecución de la sentencia (foja 107 a 110 Ídem). La determinación anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En el caso concreto, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y" En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. El análisis de la transcripción anterior, evidencia que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora, para que se actualice este motivo de improcedencia, deben reunirse necesariamente los elementos siguientes: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y b) Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos identificar como objeto del acto reclamado al derecho, situación o circunstancias sobre la cuales el acto tuvo plena eficacia, estableciendo una situación jurídica en relación con estos últimos, del tal manera que al modificarse ese derecho o circunstancias o bien, al dejar de existir, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, éste ya no puede surtir efecto legal alguno, pues el ámbito de su afectación ha desaparecido con posterioridad a su emisión. Por su parte, la materia del acto reclamado se entiende como una cosa o bien específico sobre el cual incide o lo afecta, de tal manera que si éste se destruye o deja de existir, el acto no podría seguir surtiendo sus efectos. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir al quejoso en el goce pleno de las garantías que le hayan sido violadas, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del registro 173858, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, la quejosa acudió a esta instancia constitucional para reclamar el auto de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 199/2014, donde no se admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de doce de ese mismo mes y año. Ahora, el proveído de doce de febrero de dos mil dieciséis impugnado mediante recurso de revocación, el cual fue desechado, el juez responsable consideró no acordar favorable la petición de la actora (de ejecutar la sentencia de segunda instancia y se girara oficio a la fuente de trabajo del demandado para que se le descuente el 10% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias a título de pensión alimenticia a favor de la actora), en virtud de que la sentencia del Tribunal de Alzada, como las constancias originales del expediente aún no habían sido devueltas, además, porque no se había hecho saber si se concedió o no la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, mediante oficio 1474, recibido en este juzgado el dieciocho de mayo anterior (fojas 84 y 85), el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, hizo del conocimiento el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, donde expuso que se había resuelto el recurso de revocación propuesto por la hoy quejosa en contra del auto de doce de febrero de este año, asimismo, envió copia certificada de la resolución de veintisiete de abril de este año, donde entre otras cuestiones determinó: "(.) También se encuentra en este cuaderno la respuesta que hace la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca al oficio 551 que este juzgado le envió, en el que en la tramitación del juicio de garantías promovido por Enrique Jiménez Ramírez, no ha solicitado la suspensión del acto reclamado, por lo que esa autoridad auxiliar de amparo no ha realizado pronunciamiento alguno, de acuerdo con lo establecido a lo dispuesto por el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo. En esa tesitura y al encontrarse expeditas las facultades de esta autoridad para ejecutar la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, en el toca de apelación 639/2015, por lo tanto con independencia de la pensión alimenticia provisional que se está descontando a favor de la menor Cely Anayantzin Jiménez Hernández, se ordena girar atento oficio al representante de la empresa denominada GATES DE MÉXICO S.A. DE C.V., para que ordene a quien corresponda realice el descuento el 10% (diez por ciento) de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene en esa fuente laboral el deudor alimentario Enrique Jiménez Ramírez, por concepto de pensión alimenticia definitiva decretada a favor de Evelyn Hernández Amparo y la entregue a ésta los días de pago acostumbrados." (Lo subrayado no es de origen). Por tanto, ante lo narrado se evidencia que dejó de existir el objeto del acto reclamado, es decir, pues como lo había solicitado la hoy quejosa, se ordenó girar oficio al representante de la empresa donde labora el demandado, para que ordene a quien corresponda realice el descuento el 10% (diez por ciento) de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene en esa fuente laboral el deudor alimentario, por concepto de pensión alimenticia definitiva decretada a favor de Evelyn Hernández Amparo. En ese sentido, si en la especie la finalidad de la concesión del amparo pudiera implicar que se dejara sin efectos el acto reclamado y la consecuente restitución de los derechos de la peticionaria, esto sería posible siempre que exista el objeto de la actuación impugnada, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, promovido por Evelyn Hernández Amparo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 301/2016-VIII, promovido por Evelyn Hernández Amparo, contra el acto reclamado al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, a través del cual remite copia certificada de algunas constancias del cuaderno de ejecución relacionado con el expediente 199/2014 e informa que se actualiza una causa de improcedencia. Con las constancias de referencia, fórmese anexo, a fin de evitar su deterioro y por lo que hace a la causa de improcedencia invocada ésta se analizará al resolver en definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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