Evelyn Salgado Morales
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evelyn Salgado Morales
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente del amparo Evelyn Salgado Morales, interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiséis de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Evelyn Salgado Morales, por propio derecho, nueve copias y veintidós anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 879/2022-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS: Del escrito de demanda de amparo presentada por la promovente, se advierte que señala como actos reclamados: I. Del Tecnológico Nacional de México: La determinación de declarar desiertas catorce plazas de las dieciséis asignaturas, sin previo procedimiento administrativo, las cuales fueron dictaminadas dentro del procedimiento para concurso abierto con número de convocatoria D0 09/2021, D0 10/2021, D0 11/2021, D0 12/2021, D0 13/2021, D0 14/2021, D0 15/2021 Y D0 16/2021 y de acuerdo con el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual la Comisión Dictaminadora Docente da cuenta de la asignación de dichas plazas, previo al procedimiento para concurso cerrado con número de convocatoria DO 01/2021, DO 02/2021, DO 03/2021, DO 04/2021, DO 05/2021, DO 06/2021, DO 07/2021 y DO 08/2021, sin respetar la duración de su nombramiento que mediante concurso de oposición realizó la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, de conformidad con las convocatorias citadas, cuya duración era por tiempo indeterminado. La omisión de respetar su derecho de audiencia y debido proceso para realizar el acto de privación de su derecho de ejercer el nombramiento de docente de la Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara treinta horas de técnico docente asociado "A" derivada del concurso abierto con número de convocatoria DO 16/2021, del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) dependiente del Tecnológico Nacional de México. La discriminación que hizo respecto de su persona en la determinación de terminar con la relación que la une como docente con treinta horas de técnico docente asociado "A", con Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara dichas horas, que obtuvo mediante concurso de oposición abierto para ocupar una de las dieciséis plazas ofertadas. La omisión de darle una indemnización por el equivalente a los ingresos y prestaciones que le correspondían por los once meses del ejercicio de su jornada laboral. II. Del Director del Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA): La ejecución y consecuencias de los actos reclamados, relativas a haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado. Del Delegado de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reclama: La ejecución de los actos reclamados a las autoridades responsables, la cual se materializa con el hecho de dejar de prestar los servicios médicos y de asistencia médica a la que tiene derecho ella y su familia. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. A fin de sustentar dicha premisa, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y la garantía otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, conforme al contenido de los artículos en mención, el juicio de amparo también procede contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten al gobernado y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tema, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente", a la de ésta, conforme lo preceptuado en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. También sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación regula los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente del amparo y las autoridades responsables, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". En el caso, la parte peticionaria de amparo reclama de la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional de México, la determinación de declarar desiertas catorce plazas de las dieciséis asignaturas, sin previo procedimiento administrativo, las cuales fueron dictaminadas dentro del procedimiento para concurso abierto con número de convocatoria D0 09/2021, D0 10/2021, D0 11/2021, D0 12/2021, D0 13/2021, D0 14/2021, D0 15/2021 Y D0 16/2021 y de acuerdo con el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual la Comisión Dictaminadora Docente da cuenta de la asignación de dichas plazas, previo al procedimiento para concurso cerrado con número de convocatoria DO 01/2021, DO 02/2021, DO 03/2021, DO 04/2021, DO 05/2021, DO 06/2021, DO 07/2021 y DO 08/2021, sin respetar la duración de su nombramiento que mediante concurso de oposición realizó la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, de conformidad con las convocatorias citadas, cuya duración era por tiempo indeterminado, así como la omisión de respetar su derecho de audiencia y debido proceso para realizar el acto de privación de su derecho de ejercer el nombramiento de docente de la Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara treinta horas de técnico docente asociado "A" derivada del concurso abierto con número de convocatoria DO 16/2021, la omisión de darle una indemnización por el equivalente a los ingresos y prestaciones que le correspondían por los once meses del ejercicio de su jornada laboral; y del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) la ejecución y consecuencias de los actos reclamados, relativas a haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado, entre otros, que reclama a un ente que funge como patrón. De ahí que, contrario a planteado por la impetrante de amparo, dichos actos no son actos de autoridad al no dirigirse a un ente con el cual mantenga una relación de supra a subordinación, pues la responsable funge como patrón y el tópico de lo reclamado es eminentemente laboral, en tanto que se encamina a obtener el beneficio de una prestación laboral, como lo es la omisión de darle una indemnización, haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado; por ende, al tratarse de un tópico de particulares, es evidente que la relación entre la parte promovente del amparo y las autoridades responsables, en este caso, es de coordinación, esto es, entre trabajador y patrón. En efecto, la peticionaria de amparo de amparo anexó a su escrito de demanda, las documentales siguientes: 1. Constancia de participación de la peticionaria de amparo en el proceso del segundo concurso de oposición para ocupar una plaza otorgada por el Instituto Tecnológico de Boca. 2. Copia del oficio SG/0322/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, mediante el cual señalan diversas irregularidades en los procedimientos de promoción e ingreso del personal docente, presentado el dieciséis siguiente en la Oficialía de partes del Tecnológico Nacional de México. 3. Oficio ITBOCASSA/019/2022, con fecha de recibo por parte del Tecnológico Nacional de México el once de mayo de dos mil veintidós, signado por Gerardo Ramos Leyva, Subdirector de Servicios Administrativos del Tecnológico Nacional Campus Boca del Río, mediante el cual solicitó la autorización para la apertura de captura de la quincena 202214, para garantizar la continuidad y evitar la suspensión de pagos a los docentes, que por promoción consiguieron dicho beneficio, la cual contiene un listado en el que aparece el nombre de la promovente. 4. Impresión fotográfica del acta administrativa de hechos de cinco de septiembre de dos mil veintidós, respecto de la falta de pago al personal docente, y en la cual acepta la quejosa que se le pague retroactivamente en efectivo las quincenas no pagadas, documental que contiene los espacios de los datos personales de la promovente del amparo en blanco, así como la falta de rúbricas de los que en ella intervinieron. 5. Copia del Acta administrativa de hechos de cinco de septiembre de dos mil veintidós, celebrada entre la promovente y el Jurídico del Tecnológico Nacional de México, en la cual acepta que se le pague retroactivamente en efectivo las quincenas no pagadas. 6. Copia de la Convocatoria DO 16/2021 de doce de octubre de dos mil veintiuno, para cubrir la plaza de tipo interino. 7. Impresiones del expediente electrónico de la promovente de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la afiliación y vigencia de derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 8. Diversos comprobantes de pago de nómina y facturas de pago del periodo del dieciséis de enero al quince de julio del año en curso. 9. Copia del escrito de quince de agosto de dos mil veintidós, dirigido al Director de ITBOCA, firmados por los docentes de las plazas, a efecto que informe el estado de su situación laboral y la falta de pago; y, 10. Impresión fotográfica de la reunión efectuada el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Como puede advertirse de dichas documentales, el reclamo que realiza la parte promovente del juicio de protección de derechos fundamentales, está basado en la relación laboral que existe entre ella y las autoridades responsables Director General del Tecnológico Nacional de México y Director del Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA); pues incluso obran las actas administrativas en las cuales la quejosa acepta el pago de las quincenas adeudadas de forma retroactiva, con motivo de su desempeño como técnico docente asociado "A". Del mismo modo se destaca el oficio SG/0322/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, dirigido al Director General del TecNM, de cuyo contenido se obtiene lo siguiente: Que los procedimientos de promoción e ingreso del personal, deben apegarse a lo que establecen el Reglamento Interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos y el Reglamento Interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. Ante la denuncia e inconformidad presentada de manera verbal a este Comité Ejecutivo Seccional, durante la pasada visita y reunión sostenida con el persona del tecnológico de Boca del Río, así como de las diferentes solicitudes de intervención, enviadas por el personal, quienes consideran, que los procedimientos para promoción e ingreso, desde las convocatorias hasta la dictaminación, no se han apegado a lo establecido en el Reglamento Interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos y el Reglamento Interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos, incluyendo lo establecido en los acuerdos de las minutas de revisión salarial. De lo antes transcrito se obtiene que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, ha intervenido en la problemática relativa a la promoción y asenso del personal docente y no docente en el Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA); lo que pone de manifiesto que las relaciones entre el personal docente y dicho instituto es de tipo laboral. En efecto, el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos establece en sus artículos 104 y 105, lo siguiente: "Artículo 104. Para ingresar como personal docente de los Institutos Tecnológicos, deberá cumplirse siempre con el procedimiento de concurso de oposición, establecido en este Reglamento Interior." "Artículo 105. Para obtener la promoción, el personal docente deberá cumplir siempre con el procedimiento, establecido del concurso de oposición en este Reglamento Interior." Conforme a dichas disposiciones legales, para el ingreso y promoción del personal docente en los Institutos Tecnológicos, se debe cumplir con los procedimientos de concurso de oposición establecidos en el propio reglamento; advirtiéndose de lo narrado por la quejosa en su escrito de demanda de amparo, que obtuvo la promoción como técnico docente asociado "A" mediante concurso cerrado de oposición, esto es, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior antes indicado. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad para efectos del propio juicio, lo que en el caso no acontece, pues la posición de la promovente frente a las autoridades que señala como responsables no es la de un gobernado sino de un empleado, por virtud de haber sido quien le otorgó la plaza por haber sido vencedora en un concurso de oposición, dado que ese es el medio establecido en el Reglamento Interior correspondiente para el ingreso y promoción del personal docente a los Institutos Tecnológicos; por lo cual su actuación se da en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Apoya lo anterior, la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. En consecuencia, satisfecha la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como autorizados con facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Mosqueda Herrera, Yathra Alicia Campuzano Cazarín y Abraham Rodríguez Hernández, por acreditar encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional, el primero en mención, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y los dos restantes se encuentran dados de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, sin que obste que los aludidos profesionistas no estén registrados en el referido sistema computarizado, pues se considera suficiente que estén registradas sus cédulas profesionales ante la Secretaría de Educación Pública. CORREO ELECTRÓNICO: Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que indica, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará para comunicaciones no procesales a fin de brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 07 DE OCTUBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Vista la demanda de amparo presentada por Evelyn Salgado Morales, por propio derecho, nueve copias y veintidós anexos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 879/2022-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS: Del escrito de demanda de amparo presentada por la promovente, se advierte que señala como actos reclamados: I. Del Tecnológico Nacional de México: La determinación de declarar desiertas catorce plazas de las dieciséis asignaturas, sin previo procedimiento administrativo, las cuales fueron dictaminadas dentro del procedimiento para concurso abierto con número de convocatoria D0 09/2021, D0 10/2021, D0 11/2021, D0 12/2021, D0 13/2021, D0 14/2021, D0 15/2021 Y D0 16/2021 y de acuerdo con el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual la Comisión Dictaminadora Docente da cuenta de la asignación de dichas plazas, previo al procedimiento para concurso cerrado con número de convocatoria DO 01/2021, DO 02/2021, DO 03/2021, DO 04/2021, DO 05/2021, DO 06/2021, DO 07/2021 y DO 08/2021, sin respetar la duración de su nombramiento que mediante concurso de oposición realizó la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, de conformidad con las convocatorias citadas, cuya duración era por tiempo indeterminado. La omisión de respetar su derecho de audiencia y debido proceso para realizar el acto de privación de su derecho de ejercer el nombramiento de docente de la Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara treinta horas de técnico docente asociado "A" derivada del concurso abierto con número de convocatoria DO 16/2021, del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) dependiente del Tecnológico Nacional de México. La discriminación que hizo respecto de su persona en la determinación de terminar con la relación que la une como docente con treinta horas de técnico docente asociado "A", con Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara dichas horas, que obtuvo mediante concurso de oposición abierto para ocupar una de las dieciséis plazas ofertadas. La omisión de darle una indemnización por el equivalente a los ingresos y prestaciones que le correspondían por los once meses del ejercicio de su jornada laboral. II. Del Director del Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA): La ejecución y consecuencias de los actos reclamados, relativas a haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado. Del Delegado de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reclama: La ejecución de los actos reclamados a las autoridades responsables, la cual se materializa con el hecho de dejar de prestar los servicios médicos y de asistencia médica a la que tiene derecho ella y su familia. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. A fin de sustentar dicha premisa, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y la garantía otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, conforme al contenido de los artículos en mención, el juicio de amparo también procede contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten al gobernado y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tema, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente", a la de ésta, conforme lo preceptuado en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. También sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación regula los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente del amparo y las autoridades responsables, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". En el caso, la parte peticionaria de amparo reclama de la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional de México, la determinación de declarar desiertas catorce plazas de las dieciséis asignaturas, sin previo procedimiento administrativo, las cuales fueron dictaminadas dentro del procedimiento para concurso abierto con número de convocatoria D0 09/2021, D0 10/2021, D0 11/2021, D0 12/2021, D0 13/2021, D0 14/2021, D0 15/2021 Y D0 16/2021 y de acuerdo con el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual la Comisión Dictaminadora Docente da cuenta de la asignación de dichas plazas, previo al procedimiento para concurso cerrado con número de convocatoria DO 01/2021, DO 02/2021, DO 03/2021, DO 04/2021, DO 05/2021, DO 06/2021, DO 07/2021 y DO 08/2021, sin respetar la duración de su nombramiento que mediante concurso de oposición realizó la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, de conformidad con las convocatorias citadas, cuya duración era por tiempo indeterminado, así como la omisión de respetar su derecho de audiencia y debido proceso para realizar el acto de privación de su derecho de ejercer el nombramiento de docente de la Clave Presupuestal E373700.0100003, que ampara treinta horas de técnico docente asociado "A" derivada del concurso abierto con número de convocatoria DO 16/2021, la omisión de darle una indemnización por el equivalente a los ingresos y prestaciones que le correspondían por los once meses del ejercicio de su jornada laboral; y del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) la ejecución y consecuencias de los actos reclamados, relativas a haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado, entre otros, que reclama a un ente que funge como patrón. De ahí que, contrario a planteado por la impetrante de amparo, dichos actos no son actos de autoridad al no dirigirse a un ente con el cual mantenga una relación de supra a subordinación, pues la responsable funge como patrón y el tópico de lo reclamado es eminentemente laboral, en tanto que se encamina a obtener el beneficio de una prestación laboral, como lo es la omisión de darle una indemnización, haber dejado de pagar sus emolumentos, cancelando su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida y su seguro de separación individualizado, así como el pago de la cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la prima de seguro de vida que tiene contratado; por ende, al tratarse de un tópico de particulares, es evidente que la relación entre la parte promovente del amparo y las autoridades responsables, en este caso, es de coordinación, esto es, entre trabajador y patrón. En efecto, la peticionaria de amparo de amparo anexó a su escrito de demanda, las documentales siguientes: 1. Constancia de participación de la peticionaria de amparo en el proceso del segundo concurso de oposición para ocupar una plaza otorgada por el Instituto Tecnológico de Boca. 2. Copia del oficio SG/0322/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, mediante el cual señalan diversas irregularidades en los procedimientos de promoción e ingreso del personal docente, presentado el dieciséis siguiente en la Oficialía de partes del Tecnológico Nacional de México. 3. Oficio ITBOCASSA/019/2022, con fecha de recibo por parte del Tecnológico Nacional de México el once de mayo de dos mil veintidós, signado por Gerardo Ramos Leyva, Subdirector de Servicios Administrativos del Tecnológico Nacional Campus Boca del Río, mediante el cual solicitó la autorización para la apertura de captura de la quincena 202214, para garantizar la continuidad y evitar la suspensión de pagos a los docentes, que por promoción consiguieron dicho beneficio, la cual contiene un listado en el que aparece el nombre de la promovente. 4. Impresión fotográfica del acta administrativa de hechos de cinco de septiembre de dos mil veintidós, respecto de la falta de pago al personal docente, y en la cual acepta la quejosa que se le pague retroactivamente en efectivo las quincenas no pagadas, documental que contiene los espacios de los datos personales de la promovente del amparo en blanco, así como la falta de rúbricas de los que en ella intervinieron. 5. Copia del Acta administrativa de hechos de cinco de septiembre de dos mil veintidós, celebrada entre la promovente y el Jurídico del Tecnológico Nacional de México, en la cual acepta que se le pague retroactivamente en efectivo las quincenas no pagadas. 6. Copia de la Convocatoria DO 16/2021 de doce de octubre de dos mil veintiuno, para cubrir la plaza de tipo interino. 7. Impresiones del expediente electrónico de la promovente de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la afiliación y vigencia de derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 8. Diversos comprobantes de pago de nómina y facturas de pago del periodo del dieciséis de enero al quince de julio del año en curso. 9. Copia del escrito de quince de agosto de dos mil veintidós, dirigido al Director de ITBOCA, firmados por los docentes de las plazas, a efecto que informe el estado de su situación laboral y la falta de pago; y, 10. Impresión fotográfica de la reunión efectuada el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Como puede advertirse de dichas documentales, el reclamo que realiza la parte promovente del juicio de protección de derechos fundamentales, está basado en la relación laboral que existe entre ella y las autoridades responsables Director General del Tecnológico Nacional de México y Director del Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA); pues incluso obran las actas administrativas en las cuales la quejosa acepta el pago de las quincenas adeudadas de forma retroactiva, con motivo de su desempeño como técnico docente asociado "A". Del mismo modo se destaca el oficio SG/0322/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, dirigido al Director General del TecNM, de cuyo contenido se obtiene lo siguiente: Que los procedimientos de promoción e ingreso del personal, deben apegarse a lo que establecen el Reglamento Interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos y el Reglamento Interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. Ante la denuncia e inconformidad presentada de manera verbal a este Comité Ejecutivo Seccional, durante la pasada visita y reunión sostenida con el persona del tecnológico de Boca del Río, así como de las diferentes solicitudes de intervención, enviadas por el personal, quienes consideran, que los procedimientos para promoción e ingreso, desde las convocatorias hasta la dictaminación, no se han apegado a lo establecido en el Reglamento Interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos y el Reglamento Interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos, incluyendo lo establecido en los acuerdos de las minutas de revisión salarial. De lo antes transcrito se obtiene que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61, ha intervenido en la problemática relativa a la promoción y asenso del personal docente y no docente en el Instituto Técnico Nacional de México Campus Boca del Río (ITBOCA); lo que pone de manifiesto que las relaciones entre el personal docente y dicho instituto es de tipo laboral. En efecto, el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos establece en sus artículos 104 y 105, lo siguiente: "Artículo 104. Para ingresar como personal docente de los Institutos Tecnológicos, deberá cumplirse siempre con el procedimiento de concurso de oposición, establecido en este Reglamento Interior." "Artículo 105. Para obtener la promoción, el personal docente deberá cumplir siempre con el procedimiento, establecido del concurso de oposición en este Reglamento Interior." Conforme a dichas disposiciones legales, para el ingreso y promoción del personal docente en los Institutos Tecnológicos, se debe cumplir con los procedimientos de concurso de oposición establecidos en el propio reglamento; advirtiéndose de lo narrado por la quejosa en su escrito de demanda de amparo, que obtuvo la promoción como técnico docente asociado "A" mediante concurso cerrado de oposición, esto es, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior antes indicado. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad para efectos del propio juicio, lo que en el caso no acontece, pues la posición de la promovente frente a las autoridades que señala como responsables no es la de un gobernado sino de un empleado, por virtud de haber sido quien le otorgó la plaza por haber sido vencedora en un concurso de oposición, dado que ese es el medio establecido en el Reglamento Interior correspondiente para el ingreso y promoción del personal docente a los Institutos Tecnológicos; por lo cual su actuación se da en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Apoya lo anterior, la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. En consecuencia, satisfecha la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como autorizados con facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Mosqueda Herrera, Yathra Alicia Campuzano Cazarín y Abraham Rodríguez Hernández, por acreditar encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional, el primero en mención, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y los dos restantes se encuentran dados de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, sin que obste que los aludidos profesionistas no estén registrados en el referido sistema computarizado, pues se considera suficiente que estén registradas sus cédulas profesionales ante la Secretaría de Educación Pública. CORREO ELECTRÓNICO: Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que indica, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará para comunicaciones no procesales a fin de brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
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