Evaristo Chima Martínez
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Evaristo Chima Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, sin que así lo hiciera no obstante estar debidamente notificado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de La Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales respecto de los actos reclamados consistente en las omisiones que atribuye a las responsables Comandante y Jefe de la Unidad de la Policía Ministerial, con sede en el Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que refiere emanan de un procedimiento. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por ********************, en contra de las autoridades y actos consistentes en la orden de aprehensión, detención o presentación. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese por separado en cuadernillo único el incidente de suspensión de los actos reclamados al haberlo solicitado la parte quejosa. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo, 63, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: < Que rinda su informe justificado respecto de la totalidad del acto reclamado, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. < Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto que se le reclama, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. < Mencione el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, o lo hace sin remitir lo solicitado, se le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, ********************38 y ********************60, fracción II, de la ley de la materia. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO < Acompañe un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las autoridades responsables para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informen de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informen si en relación a los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto ********************51 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Resérvese el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obren en autos los informes con justificación de las autoridades responsables. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral ********************6, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección fernando.cesar@.fgr.org.mx; que fue proporcionado para tal efecto; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. Asimismo, conforme a lo establecido al acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés del cuaderno de varios ********************/********************0********************3 del índice del presente órgano jurisdiccional, en el cual se instruye a la oficial judicial "A" con base en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 1********************/********************0********************0 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que habilite el usuario ********************, para poder visualizar y consultar vía electrónica el presente juicio de amparo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 1********************/********************009 de 18 de marzo de ********************009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos ********************78 y ********************79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto ********************° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo ********************0 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral ********************1 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, ********************4 de la Ley de Amparo y ********************10-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral ********************8, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo ********************8, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral ********************37, fracción I, ********************38 y ********************43 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales ********************8, fracciones I y II, y ********************9 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia ********************a./J 176/********************01******************** (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de ********************013, Tomo ********************, página 1********************53, registro ********************00********************576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*
- Incidental
Con una copia simple de la demanda de protección de derechos fundamentales y copia del escrito de aclaración, como se ordena en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************/2023, promovido por******************** contra los actos y autoridades detallados en el escrito que se provee. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, ubicado en Su Santidad Juan Pablo II, 646, esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, Veracruz, enviándoles para tal efecto copia de la demanda; en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, asimismo, se les impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, lo anterior, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260 fracción I, de la misma legislación. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. ELEMENTOS PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA A fin de allegarse de elementos que permitan fijar el monto de la garantía a que alude el artículo 168 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables ordenadoras que al momento de rendir su informe previo señalen con la precisión debida, lo siguiente: a) La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute delito o delitos imputados; b) Las características personales y situación económica de la parte quejosa y; c) La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. También se deberá precisar por las responsables ordenadoras: a) La materia (federal o común); b) El bien jurídico tutelado (la vida, la seguridad de las personas, el honor, la libertad, el patrimonio, etcétera).; c) El elemento interno (dolo, culpa o preterintención); d) El resultado o tipo de acción (formales -de mera actividad- o materiales -de resultado- ); e) La duración (instantáneo, continuado o permanente); f) La forma de persecución (de querella o de oficio); g) El daño que causan (de lesión o de peligro), y, h) El tipo de conducta (de acción o de omisión). Del mismo modo, deberán informar a este tribunal, de tener los elementos para ello: 1. El salario de la parte quejosa; 2. Su ocupación; 3. El tipo de vivienda que habita; 4. Su edad; y, 5. Si tiene dependientes económicos o depende económicamente de otros. Informe de las autoridades responsables ordenadoras, que de no rendirse en los términos solicitados se les impondrá una multa individualizada equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia. De la misma forma y a fin de preservar el principio de equilibrio procesal entre las partes, se dejan expeditos los derechos de la parte quejosa, a efecto de que si lo considera oportuno aporte a este tribunal los elementos necesarios que permitan establecer su situación económica, lo cual servirá como un elemento de valoración adicional para fijar el monto que habrá de exhibir como garantía para que surta la suspensión definitiva, en caso de ser cierto el acto reclamado. En el entendido que de no hacerlo se resolverá con los datos con que se cuente en la incidencia. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados la orden de detención, presentación o aprehensión, así como su ejecución. SUSPENSIÓN PROVISIONAL En tales condiciones, toda vez que en la especie concurren los requisitos previstos en los artículos 128, fracciones I, II y 139 de la Ley de Amparo, pues la suspensión se solicitó por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación; consecuentemente, con fundamento en los numerales 136, 147, 150 y 163 de esa legislación, se concede a******************** la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión o presentación librada en su contra, para los efectos que se detallarán a continuación, pues si bien en la demanda se advierte que no se ha detenido a la persona quejosa, el acto pudo ejecutarse entre la presentación de la demanda y en esta fecha, por tanto, al respecto se provee: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD NO EJECUTADA): Para que no se ejecute la orden de privación de la libertad reclamada. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE AMPARO (DETENCIÓN EFECTUADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE UN DELITO): En caso de que la orden de detención de la parte quejosa sea efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, para que sin demora cese su detención, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público; Para el supuesto que la detención referida no tenga relación con la comisión de un delito, como el caso de un arresto administrativo, para el efecto que sea puesta en inmediata libertad. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO (A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE DETENCIÓN O COMPARECENCIA DEL MISMO): Si la parte quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención o comparecencia del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE O DE COMPARECENCIA EMITIDA POR JUECES DEL ORDEN PENAL): I.- Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se establecerán (fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo). II.- De igual forma, aun cuando se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión será el mismo efecto que el señalado en el párrafo anterior, y no para el efecto previsto en la fracción I, del aludido numeral 166, de la ley de la materia. Se estima de esa manera, pues si bien existe disposición expresa en la Ley de Amparo en cuanto a los efectos que deben imprimirse a la medida cautelar en esos casos, lo cierto es que, como se ha sostenido en diversos asuntos, ante la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la suspensión de los actos reclamados que se relacionen con ese tema, debe partir de la noción que un acto que afecte la libertad personal bajo ese concepto, participa de la incovencionalidad que dicha figura jurídica le traslada. Para justificarlo, procede señalar que los tribunales mexicanos -estatales o federales- tienen la obligación de observar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; circunstancia que precisamente se ve reflejada en la jurisprudencia por contradicción P./J.21/2014 (10a.), en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado, y la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1° constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En ese contexto, con el fin de justificar dicha premisa anticipada, por su capital importancia cabe destacar que en la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, consideró: "[.] 93. La Corte recuerda que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en cuanto a la violación de los artículos 7, 8.2 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación de respetar los derechos contenidos en el mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (supra párrs. 14 y 15). En ese sentido, este tribunal entendió en el capítulo IV que ha cesado la controversia con respecto a esas alegadas violaciones. Sin mengua de lo señalado, tomando en cuenta la naturaleza del caso, la Corte estima necesario referirse a algunos puntos relacionados con el derecho a la libertad personal, además de abordar el análisis de las violaciones a la Convención que no fueron reconocidas por el Estado relacionadas con las figuras del arraigo y de la prisión preventiva previstas en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo con lo anterior, en el presente acápite abordará esos puntos en el siguiente orden: 1) consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia en el marco de la investigación y del proceso penal; 2) sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana, 3) sobre la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva en el caso concreto, y 4) conclusión. [.] 95. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros. 96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que - aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de 'arbitrariedad' con el de 'contrario a ley', sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del 'test de proporcionalidad', es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia. [.] 116. Para llevar a cabo tal análisis, la Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención . Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades o porque su ejercicio se ve obstaculizado. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 117. Como este tribunal ha señalado en otras oportunidades, las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. En ese sentido, este tribunal ha indicado que los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. 118. Por último, corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. [.] 167. Por otra parte, en el acápite anterior, el tribunal determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 y en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, como la figura de la prisión preventiva contemplada en el artículo 161 del código federal procesal penal de 1999, resultaban contrarias a la Convención Americana vulnerando la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2, en relación con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia establecidas en los artículos 7 y 8.2 respectivamente del mismo instrumento. En ese sentido, no cabe duda de que, al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención Americana, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. [.]" Asimismo, la citada Corte Interamericana, al resolver el caso García Rodríguez y otro vs México, notificada al Estado Mexicano el doce de abril de este año, estableció: "[.]156. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del 'test de proporcionalidad', es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 157. En lo que se refiere al 'test de proporcionalidad', la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. A su vez, este tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo generales o preventivo especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. 158. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a larestricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 159. En lo que refiere al primer punto, el tribunal ha indicado que la medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. En ese sentido, corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la reclusión previa al juicio no puede ser preceptiva ante todo tipo de delito, sino que debe analizarse según las circunstancias de cada caso y que habrá de determinarse caso a caso cuándo la medida es razonable y necesaria. 160. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. 161. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que solo se puede imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no sea posible el uso de otras medidas para mitigar sus fundamentos, y que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal 'sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima'. Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva 'se aplicarán lo antes posible'. En un reciente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva consiste en una grave injerencia en los derechos fundamentales y solo se justifica cuando los tribunales han considerado y juzgado insuficientes otras medidas menos lesivas. 162. En el mismo sentido, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia), la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma. Sobre ese punto, corresponde recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (III) establecen que: a) La privación de libertad previo a una sentencia condenatoria debe ser por el tiempo mínimo necesario; b) la regla es la libertad del imputado y la excepción es la prisión preventiva; c) en ciertos casos, cuando se prolonga en demasía, los requisitos que se reputan normales o suficientes para justificarla devienen insuficientes y se requiere un mayor esfuerzo argumentativo, y d) se debe fundamentar y justificar en el caso concreto. 163. Asimismo, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. [.] 164. La Corte considera que en el presente caso fue aplicada la figura de la prisión preventiva de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana y lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. En ese sentido, el auto formal de prisión de 16 de abril de 2002 del Juez Quinto Penal que dispuso la prisión preventiva de Daniel García Rodríguez, así como la decisión de 30 de noviembre de 2002 del mismo juzgado mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de Reyes Alpízar Ortiz se basaron en el artículo 19 de la Constitución vigente en el año 2002 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 que preveía la posibilidad de otorgar la libertad provisional de la persona procesada bajo caución, salvo cuando se trata de 'delitos graves' (artículo 319); mientras que otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa (como por ejemplo la decisión de 24 de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia, supra párr. 81). De conformidad con lo anterior, corresponde que esta Corte analice la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, tanto en la redacción que tenía cuando las presuntas víctimas fueron objeto de la medida cautelar, como en la redacción reformada en el año 2008, con la Convención Americana. Además, corresponde analizar la figura de la prisión preventiva en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 165. Se mencionó que la Constitución Política de México vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso establecía en su artículo 19 que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado'. 166. Del mismo modo, la redacción de ese artículo 19 de la Constitución luego de la reforma del año 2008 agregó un segundo párrafo a continuación del mencionado supra en el que se establece que el 'Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud'. [.] 169. En el mismo sentido, esta Corte constata que el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 170. En ambas disposiciones legales, la preceptividad del instituto, además, limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. [.] 172. Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. A este respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto204. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana205 en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable206, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. 173. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Sobre ese punto, es preciso recordar que el artículo 8.2 de la Convención estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Para este Tribunal, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. [.] 295. En lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, artículo 19 de la Constitución mexicana que había incorporado en el año 2008 la figura de la prisión preventiva oficiosa, fue modificada en el año 2019 para incorporar más delitos a la lista de los delitos para los cuales se deberá aplicar esa figura. Su redacción actual es la siguiente: [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 296. En ese sentido, el Tribunal nota que algunos de los aspectos contrarios a la Convención Americana que habían sido señalados en el Capítulo de Fondo (supra párrs. 164 a 174), aún persisten y fueron incluso ampliados en las normatividades ulteriores. Esos aspectos serían: a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. [.] 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana [.].". Las líneas argumentativas contenidas en las resoluciones del Tribunal Internacional reflejan el espíritu del tratamiento dado a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que se prevé en el artículo 19 constitucional, toda vez que dicha figura resulta contraria a la Convención Americana, al vulnerar la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia. Además, tales criterios prevén que dicha medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. La Corte Interamericana también determinó que, en cuanto a la necesidad, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley -que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales- no son suficientes para satisfacer el fin procesal. El Tribunal Internacional también acotó que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley, vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana; y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías no sólo de la libertad personal sino del proceso debido, vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. Dichos aspectos sustantivos, que de forma puntual reflejan el criterio de la Corte Interamericana en cuanto a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, atienden precisamente a la necesidad de la cautela que debe permear en el proceso penal a efecto de garantizar la conducción del imputado, vinculado, acusado o sentenciado; y aun cuando tales medidas de cautela están previstas tanto en la Constitución Federal (artículo 19) como en la ley procesal respectiva, ha de puntualizarse que las razones de la inconvencionalidad también valen a la medida suspensional, por cuanto que el artículo 166 de la Ley de Amparo no refleja el espíritu de lo ya decidido por la Corte Interamericana, dado que únicamente deja en los tribunales de amparo la libertad personal, empero, sin establecer los estándares de ponderación a efecto de que se pueda decidir si debe o no suspenderse el acto reclamado, o sea que la ponderación -igualmente la proporcionalidad y razonabilidad- debe aplicarse por el juzgador, por regla general, en razón de que el derecho legislado debe ser consonante con la función jurisdiccional de los operadores jurídicos de corte internacional e interamericano, sin demeritarla injustificadamente y menos con intromisiones externas que la suplanten. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro electrónico 2026730, cuyo rubro y texto son: ''SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo.'' Por tanto, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las consideraciones que ha emitido respecto de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, permiten avizorar que la aplicación literal de la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, pudiera derivar en un trato diferenciado de los efectos por los que procede conceder la suspensión de una orden de aprehensión, atendiendo únicamente a la circunstancia de que el delito por el que se haya emitido el mandato de captura sea de aquellos que ameriten o no prisión preventiva oficiosa. De ahí que se estime que dicho precepto admite una interpretación conforme y pro persona, pues con ello se evita el vacío legal que pudiera generar esa norma en caso de declarar su invalidez constitucional y convencional. En conclusión se estima que es jurídicamente posible su aplicación, cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión, prescindiendo de hacer un trato diferenciado que pudiera derivar en una distinción que no se encuentre justificada, con la finalidad de darle un sentido acorde a los dispositivos 16 y 107, fracción X de la Constitución (que tutelan la libertad personal y la forma en que opera la suspensión sobre ésta), para lo cual debe interpretarse de forma armónica con el diverso 163 de la ley de la materia, ya que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo debe contextualizarse dentro del marco del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Lo anterior resulta jurídicamente relevante, porque el citado numeral 166, no sólo regula la suspensión tratándose de órdenes de captura, sino también tratándose de "medida cautelar que implique privación de la libertad"; de ahí la importancia de no expulsarlo del orden jurídico, sino realizar una interpretación conforme, como ya se dijo. En tales condiciones, como se adelantó, este juzgador estima procedente conceder la suspensión provisional solicitada contra una orden de aprehensión que se hubiera librado por una autoridad judicial contra el quejoso por un delito incluido en el catálogo de prisión preventiva oficiosa contemplado en el numeral 19 de la Ley Suprema y el numeral 167 Código Nacional de Procedimientos Penales, para el efecto de que dicha quejosa no sea detenida, pues razonar en términos contrarios, esto es, aplicar de manera irreflexiva el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, pudiera entrañar una distinción de trato susceptible de vulnerar los principios de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de Presunción de Inocencia contemplado en el artículo 20 del Pacto Federal. Dicha suspensión surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva; en la inteligencia de que la libertad del quejoso queda bajo la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el precepto 2, resulta un hecho notorio para el que suscribe que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió el I.R. 337/2023, A.R. 148/2023, A.R. 166/2023, A.R. 277/2023 y A.R. 56/2023; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito y ciudad resolvió el A.R. 377/2022, A.R. 74/2023, A.R. 185/2023, I.R. 212/2023 e I.R. 282/2023, y el criterio sustentado en ambos órganos terminales para resolverlos derivó de la inconvencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; pronunciamiento que este juzgador estima debe ser considerado respecto de la figura jurídica en sí, independientemente de la etapa procesal del juicio penal con la que se relacione. En este contexto, este juzgador considera que existe una serie de precedentes que permiten conformar jurisprudencia de un órgano de carácter terminal (Tribunal Colegiado), que resulta obligatoria para este resolutor, en términos de los artículos 217 y 224 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". "Artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias." Esto es así, porque de la interrelación de los preceptos transcritos se obtiene que la jurisprudencia por reiteración de los tribunales colegiados de circuito se obtiene cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario; y que dicha jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación que se encuentren en el circuito (lo que acontece en el caso concreto); de ahí que si bien es cierto que no existe aún una tesis de jurisprudencia formal, es factible conocer con plena certeza la expresión de un criterio que se sustenta en relación con el tema materia de la medida cautelar en comento; de ahí que este juzgador se encuentra vinculado a considerar que la figura de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y, en consecuencia, considerar que los efectos de esa declaratoria son expansivos a la figura jurídica en sí. GARANTÍA La medida cautelar concedida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el promovente no otorga dentro del término de cinco días garantía por la cantidad de $3,105.00 (tres mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional, tomando en consideración que: a) De la demanda de amparo no se advierte el delito por el cual se giró la orden de captura que reclama el peticionario; b) No existen indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia; Por tanto, con fundamento en los artículos 168 de la actual Ley de Amparo, la garantía se fija a $3,105.00 (tres mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el salario mínimo general vigente de $207.00 (doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional) según se dijo, por quince días laborables; suma que encuentra equilibrio entre el ingreso que pudiera percibir el justiciable, y la posibilidad en que se evada a la acción de la justicia por el delito motivo de la orden. Al respecto, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial de las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 68/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 377, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el Juez de Distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el Juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un Juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un Juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el Juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el Juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." Se apercibe a la parte quejosa que, de no constituir dicha caución en el término de cinco días contados a partir de la legal notificación de la presente, la suspensión dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de declaratoria del que suscribe. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 879, 883 y 899 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, si la garantía se constituye en billete de depósito, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener: La leyenda "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.". La leyenda "El deposito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicita y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.". Deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijen y, de ser el caso, también por separado respecto de cada quejoso. Deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo de la parte quejosa. El concepto dirá: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023. Como autoridad: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río. De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía. La referida garantía deberá exhibirse a disposición de este juzgado, en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley; en caso de ser póliza de fianza deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el numeral 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282 del citado ordenamiento. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO En atención a que el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que en estos casos la suspensión se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo cual tiene como finalidad evitar que la parte quejosa, abusando de la suspensión se sustraiga de la acción de la justicia o entorpezca el procedimiento, por lo que la parte quejosa deberá comparecer personalmente, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del informe que se reciba de la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, a ponerse a su disposición para el efecto de que responda de los cargos que se le atribuyen, lo que deberá demostrar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes. Asimismo, deberá comparecer ante la citada responsable cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la carpeta de investigación o causa penal respectiva, prevenida que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170579, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." En la inteligencia de que los efectos de la suspensión provisional concedida contra la orden de aprehensión reclamada, impiden que el quejoso sea detenido en caso de que comparezca al procedimiento penal para su continuación, aunque formalmente se autorice la prisión preventiva justificada. Esto, en el supuesto de la jurisprudencia PR.P.CS. J/12 P (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2027515, de rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN IMPIDEN QUE EL QUEJOSO SEA DETENIDO CUANDO COMPARECE ANTE EL JUEZ DE CONTROL, AUNQUE SE AUTORICE COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar el alcance de los efectos de la suspensión provisional concedida respecto de una orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, pues mientras uno de los Tribunales Colegiados estimó que en los casos en que el acto reclamado es una orden de aprehensión, el otorgamiento de la suspensión no puede comprender la prohibición de privar al quejoso de la libertad si ello deriva de un diverso acto procesal, como la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, por ser un acto futuro e incierto, el cual no fue reclamado en la demanda de amparo; en cambio, el otro órgano colegiado estableció que si bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada en relación con una orden de aprehensión, el quejoso comparece ante la autoridad responsable para la continuación del proceso penal seguido en su contra, siempre que se trate de los mismos hechos, carpeta y autoridad responsable, no puede ser privado de la libertad con motivo del mandamiento de captura que tenga en su contra, tampoco si durante el proceso seguido ante el Juez responsable se le impone una medida cautelar que implique la restricción a dicho derecho fundamental, como es la prisión preventiva justificada, mientras no exista una determinación procesal que supere dicha situación, en todo caso, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva y, de concederse ésta, cuando cause ejecutoria la sentencia que se dicte en lo principal del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determina que los efectos de la suspensión provisional concedida contra una orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, impiden que el quejoso sea detenido en caso de que comparezca al procedimiento penal para su continuación, aunque formalmente se autorice la prisión preventiva justificada. Justificación: En términos de los artículos 163 y 166, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional concedida contra una orden de aprehensión por delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, tiene el efecto legal de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento penal, así como que no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Así, si con motivo de lo anterior el quejoso se presenta ante el Juez de Control para la continuación del proceso penal, éste puede resolver sobre la imposición de medidas cautelares, incluso la prisión preventiva justificada, porque el procedimiento penal no debe suspenderse, pero en caso de autorizar esta última, la misma no podrá ejecutarse, ya que el quejoso se encuentra a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal, en virtud de los efectos de la suspensión concedida, siempre y cuando se encuentre vigente. Considerar lo contrario implicaría que la suspensión provisional tuviera una eficacia ilusoria, pues se abriría la posibilidad de que el quejoso sea privado de la libertad aunque cumpla con las medidas de aseguramiento impuestas por el Juez de amparo, esto es, que comparezca ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, lo que propicia inseguridad jurídica al quejoso y, desde luego, lo desalienta para cumplir con las medidas que le imponga el Juez Federal, lo que no genera más que la paralización de los procedimientos penales." Jurisprudencia que resulta obligatoria para este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En otro orden, procede conceder la suspensión provisional por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de presentación, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo o algún caso análogo; además de que no existe disposición en contrario. Se precisa que la medida provisional solicitada, se otorga en el caso de que se haya librado la mencionada orden, para el efecto que el aquí quejoso haga valer sus derechos dentro del procedimiento en la averiguación previa o carpeta de investigación, en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con la aquí impetrante, ni el procedimiento de la averiguación previa o carpeta correspondiente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 573, tomo XXXIII, febrero de 2011, registro digital 162694, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". Sin que haya lugar a fijar garantía respecto de la orden de presentación, ni alguna otra medida de efectividad, para que surta efectos la suspensión provisional decretada por cuanto hace a dichos actos, dado que conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.), tal mandamiento ministerial no tiene el alcance de privar de la libertad al quejoso, sino únicamente ". participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente.". Entonces, no se está en el supuesto del artículo 168 de la Ley de Amparo por no tratarse de un acto que afecta la libertad personal y por ello, no debe exigirse la garantía y demás medidas de efectividad. Tal jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 345, libro 47, octubre de 2017, tomo I, registro digital 2015231, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de aprehensión, la detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora bien, la detención por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de sustracción del inculpado. Por otra parte, la orden de búsqueda, localización y presentación, participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa lógica, no existe impedimento alguno para que el órgano investigador esté en aptitud de ordenar la detención por caso urgente del indiciado, al advertir de la diligencia originada por el diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, particularmente de la declaración, evidencia respecto de su probable responsabilidad penal, y se cumplan de manera concurrente los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 constitucional, a saber, se trate de un delito grave, exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la orden de detención se emita con posterioridad a que haya finalizado la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de que no se rinda declaración o aun rindiéndola no se aporten datos novedosos a la investigación, el Ministerio Público no podrá decretar la detención por caso urgente, porque no estará en aptitud de acreditar la probable responsabilidad del indiciado y, por ende, la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los efectos jurídicos de la diversa de presentación, lo que produciría injustificadamente la privación de la libertad del presentado, ya que el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para pretender justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación, pues en tal supuesto la detención material del indiciado no habría tenido como fundamento la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo que se traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a las constitucionalmente admisibles." De igual forma, se cita la tesis 1a. CLXXV/2016 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyos datos de localización son los siguientes libro 31, junio de 2016, tomo I, página 697, registro digital 2011881, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes". Cabe señalar que la determinación que aquí se toma es independiente de la que se asuma por este juzgador al resolver sobre la suspensión en forma definitiva, en la medida en que para ese momento se contará con mayor información para tomar la decisión correspondiente, derivado del informe previo que rindan las autoridades responsables y demás constancias que se alleguen a este incidente. Se precisa que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas ********************y ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Ahora, por cuanto hace a los correos electrónicos que proporciona, serán utilizados como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones, ya que no está previsto por la ley de la materia. INEXISTENCIA AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven los oficio s con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlos a las autoridades señaladas como responsables destinatarias por inexistencia de las mismas, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, y en su oportunidad se tendrán por inexistentes, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de las autoridades en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a las autoridades responsables como tales o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a las responsables o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al(los) encargado(s) de la(s) oficina(s) pública(s) de comunicaciones, que si no envía(n) el(los) oficio(s) librado(s) en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le(s) impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente les serán notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos, para que surtan los efectos legales procedentes, dos oficios y anexos, signados, respectivamente, por el Secretario de Acuerdos "B" adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por la Directora General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales, con sede en la Ciudad de México. Respecto al oficio remitido por el aludido Directora General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales, con sede en la Ciudad de México, no se considera necesario emitir mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso, se tuvo por recibido tal oficio (registro 18308) y se acordó lo conducente. Ahora, por cuanto al oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 40; téngasele informando, en atención al requerimiento efectuado en autos, que señaló las diez horas del veintinueve de noviembre del año en curso para que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio agrario, en la que se debe entregar a la parte actora 77-00-00 hectáreas de la ampliación del Ejido Ángel R. Cabada, municipio de Ángel R. Cabada, Estado de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.67 René Antonio Sorcia Galván 2 Veracruz y establece como punto de reunión, el Palacio Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, media hora antes de la fecha señalada. Asimismo, refirió la autoridad oficiante que en virtud de que ha existido oposición de un grupo de aproximadamente cien personas entre hombres y mujeres armados con palos y machetes en las diligencias de ejecución que se han pretendido realizar, solicitó el auxilio de la fuerza pública al Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, Gobernador Constitucional del Estado, con sede en Xalapa, así como al Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en Ciudad de México. Por lo anterior, mediante oficios que al efecto se libren, requiérase al Gobernador del Estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, así como al Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en Ciudad de México, David Córdova Campos, quienes, a pesar de no ser autoridades responsables en este juicio, se encuentran vinculadas con actuaciones tendentes a ejecutar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues deben prestar el auxilio de la fuerza pública, para el día y hora señalados para levar a cabo la ejecución de la sentencia, en ese sentido deberán llevar a cabo algún programa de implementación con el personal que colaborará en la diligencia de ejecución de sentencia del expediente 571/1998, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a fin de que se logre la restitución de tierras al ejido vencedor en el sumario del origen. En el entendido que las autoridades Comandante de la Guardia Nacional, Gobernador del Estado de Veracruz y Secretario de Seguridad Pública, deberán de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.67 René Antonio Sorcia Galván JUICIO DE AMPARO 220/2010-III 3 acreditar, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a este órgano jurisdiccional, la determinación que emitan para dar cumplimiento a este acuerdo. Con el apercibimiento para todas las autoridades recién precisadas, que de no acatar lo que en este acuerdo se les instruye, sin causa justificada, dentro del término que se les señala, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual equivale a la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $103.74, (ciento tres pesos, con setenta y cuatro centavos moneda nacional), y se seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo 105 de la ley de la materia aplicable en la especie. En el entendido que si dentro del término señalado la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución, este juzgador requerirá, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia. En este tenor, se precisa a las autoridades en comento que existe desobediencia en el cumplimiento a una sentencia de amparo, cuando la autoridad responsable, previamente notificada del contenido de la ejecutoria que tenga que cumplir, se abstiene de acatar los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria relativa, esto es, cuando no realiza la conducta de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida; o bien, realiza actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para lograr el cumplimiento, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5f.67 René Antonio Sorcia Galván 4 por lo que si el tribunal o juzgado de Distrito que conoció del amparo estima que la ejecutoria no se ha cumplido, a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior o superiores jerárquicos cuando los hubiere, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se continúe con el procedimiento a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable. Notifíquese.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Evaristo Chima Martínez, promovente en el presente juicio, a través del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de once de octubre pasado; por tanto, provéase lo conducente. En mérito a lo anterior, es dable precisar que la aclaración de demanda que se le realizó al promovente, versa sobre los puntos siguientes: "1. Indique cuáles son las omisiones que atribuye a las responsables Comandante y Jefe de la Unidad de la Policía Ministerial, con sede en el Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que constituyen los actos reclamados, así como el procedimiento del que emanan dichos actos. 2. Deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto o actos reclamados, para lo cual deberá realizar la narrativa de los hechos del acto o actos reclamados de manera cronológica, ordenada, clara y simplificada; precisando cuándo tuvo conocimiento de los mismos." Sin embargo, del escrito de cuenta se advierte que el promovente no desahogó cabalmente dicha prevención, pues no precisa lo requerido en el numeral 1, en el sentido de manifestar cuáles son las omisiones que atribuye a las responsables Comandante y Jefe de la Unidad de la Policía Ministerial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como el procedimiento de que emanan dichos actos, pues en su demanda de amparo refirió que dichas responsables han sido omisas en acordar sus peticiones dentro de un procedimiento del cual no proporcionó su datos de identificación; y, por consiguiente no da cumplimiento al numeral 2, pues no narra los antecedentes del acto o actos reclamados de manera cronológica, ordenada, clara y simplificada; precisando cuando tuvo conocimiento de los mismos. Se afirma lo anterior, pues en el escrito de cuenta, el promovente indicó que las responsables omiten la observancia de los principio rectores que señala en su propio escrito, al indicar que en la práctica de supuestas diligencias, preguntan por su persona con vecinos, perjudicándolo en su persona y honorabilidad; siendo que en su escrito inicial de demanda, lo que indicó como acto reclamado, fue que las responsables han omitido acordar sus peticiones dentro de un procedimiento. Por tanto, se le requiere para que de manera clara, precisa y cronológica, cumpla con la prevención formulada, pues es un requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante del amparo, ya que es crucial para realizar el estudio correspondiente y que se fije la litis constitucional, con ello verificar una posible restitución en el goce del derecho humano violentado, además de contribuir al adecuado trámite del juicio de amparo. De lo expuesto, se evidencia que el promovente no cumplió con todos los puntos planteados en el auto de prevención de once de octubre pasado, pues no señaló de manera clara, precisa lo solicitado en los numerales 1 y 2 de dicha prevención. En ese orden de ideas, se reitera que al no cumplir con las directrices establecidas en la prevención inicial, no se puede tener por cumplida la misma, significándole al promovente que el treinta y uno de octubre pasado comenzó a transcurrir el término otorgado para desahogar la prevención que le fue formulada en proveído de once de octubre del año en curso, misma fecha en la que presentó su escrito de cuenta; por tanto, a fin de no violar derechos fundamentales, se le precisa que cuenta con cuatro días para el cumplimiento de tal prevención, el cual se reanudará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este auto, en el entendido que de no hacerlo se hara efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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