Evelio Garcia Morales
Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Evelio Garcia Morales
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual informa que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, aceptó la competencia y se avocó el conocimiento del juicio de amparo 456/2022-VII, del índice del Juzgado oficiante, originado con motivo de la incompetencia del presente asunto remitida por éste órgano jurisdiccional, el cual quedó radicado bajo el número 340/2022-II-A del aludido juzgado décimo. SE REMITEN CONSTANCIAS Finalmente, como se advierte del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveídos de cuatro, siete y once de abril del año en curso, se reservó remitir el exhorto devuelto por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos y los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables; hasta que se tuviera conocimiento del órgano que aceptara la competencia, lo cual aconteció en párrafos que anteceden. Por tanto, previa copia que se deje en autos, remítanse las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. En razón de lo anterior, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Aun cuando éste juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, por medio del cual, devuelve las constancias relativas al exhorto 66/2022 orden 103/2022, índice de este órgano jurisdiccional, en virtud de que el domicilio señalado para su diligenciación se encuentra ubicado fuera de los límites de su jurisdicción e informa que remitió el referido exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, para su diligenciación. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por el que acusa recibo del citado exhorto y hace del conocimiento que se avocó a la diligenciación del mismo y giró despacho vía correo electrónico, al Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz. En consecuencia, este Juzgado toma conocimiento de lo comunicado por las autoridades oficiantes para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** en favor de ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan. 2.- Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Acayucan, Veracruz. A quienes les reclama los siguientes actos reclamados: 1.- La orden de deportación del país, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por parte de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras. 2.- La orden de expulsión del país por parte de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras. 3.- El cumplimiento de la orden dada por las autoridades señaladas como ordenadoras consistente en la orden de detención, deportación y expulsión del país, así como demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por parte de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras y; 4. La privación de la libertad e incomunicación. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 315/2022. Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación del ahora quejoso (extranjero), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: (.) De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de deportación fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que ponga en peligro la vida del disconforme. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: (.) SUSPENSIÓN DE PLANO Previo a resolver sobre la media cautelar solicitada respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad dado que ha sido sujeto de alojamiento con motivo de esa privación, es conveniente destacar las consideraciones siguientes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal; sin embargo, dicha detención no puede ser bajo ninguna circunstancia de carácter punitivo y siempre deberán tener presente el respeto de los derechos humanos, por ello, es esencial que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para lograr ese fin. En relación con la privación de la libertad, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Sobre este artículo, la Corte Interamericana ha sostenido que contiene una regulación general, establecida en el primer numeral, según la cual toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y otra regulación de carácter específico, que se compone de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados contra el detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5) y a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6). Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación." Por su parte, el artículo 4.2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que: "A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente." Ahora, desde el enfoque del sistema americano de derechos humanos, la Corte Interamericana estableció estándares mínimos para la privación de la libertad por razones migratorias, como que ésta se realice de conformidad con el derecho a la libertad personal y sus garantías específicas, así como ajustada a los principios de excepcionalidad de la detención y de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida en cada caso. Además, ha señalado que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a las personas migrantes documentadas en relación con las indocumentadas, o bien, entre migrantes y nacionales siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos; asimismo, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se trata de personas migrantes, la detención y privación de la libertad por su sola situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando sea necesario y proporcional en el caso concreto, solamente admisible 1) durante el menor tiempo posible y 2) en atención a fines legítimos. Ahora, en relación con la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en cita, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Al respecto, el tribunal interamericano ha resaltado que "corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al detenido de manera consecuente con la presunción de inocencia", como una "garantía tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones." Con base en ese criterio interpretativo, la Corte Interamericana ha considerado que, con el fin de que se constituya un verdadero mecanismo de control frente detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél. Así, tomó como referencia el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el que sostuvo que "todo inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad." No obstante, también ha fijado la regla que, en materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En ese sentido, la Corte ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos, ya que en relación con esa garantía corresponde al funcionario de migración la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria. Conforme a la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de la libertad de las personas migrantes, este Juzgado de Distrito determina que resulta improcedente conceder la suspensión por la parte quejosa respecto del acto que el quejoso refiere como privación de la libertad dado que ha sido sujeto de alojamiento por más de treinta y seis horas. Para justificar lo anterior, es necesario tener en cuenta los precitados artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. Estos artículos se refieren a la presentación de las personas extranjeras en estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, lo cual implica el acuerdo de su alojamiento temporal, la posibilidad de quedar bajo custodia y los requisitos para seguir el procedimiento en libertad. Disposiciones que en términos generales representan una limitación al derecho a la libertad de las personas migrantes; sin embargo, de conformidad con lo señalado por la Corte Interamericana y en atención a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2013156, de rubro: "TEST DE PROPOCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL."), en primer lugar, se debe analizar si dicha medida persigue un fin constitucionalmente válido y, en el caso, la respuesta es afirmativa, pues dicho fin es el control y la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro de territorio nacional prevista en el artículo 11 de la Constitución federal. Dicho precepto constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; no obstante, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, en el sentido de que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal. Con base en ello, se considera que la limitación de la libertad de las personas migrantes prevista en los artículos citados persigue una finalidad legítima y no viola el artículo 1° de la Constitución Federal, ni vulneran el derecho a la libertad de tránsito, pues el artículo 11 señala que el ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad administrativa en los casos en él previstos, dentro de los cuales se encuentran los relativos a la migración. De ahí que, para que la autoridad migratoria ejerza su facultad de revisión y posterior alojamiento si es que el extranjero no demuestra su legal estancia, no se requiere que exista un procedimiento judicial de donde derive tal situación, o que se haya emitido previamente una orden de aprehensión dictada por un Juez o autoridad competente para ello, que la detención se haya verificado en flagrancia en la comisión de un delito o que exista denuncia alguna contra el extranjero, como lo estima la parte quejosa. Ello, pues como se vio, si bien es cierto que el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, también lo es que, en materia migratoria, la Corte Interamericana ha fijado los alcances del término "otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.", en el sentido de que, la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias es una función que puede depositarse en un funcionario migratorio que esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria; ello, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención, las cuales no están limitadas a los órganos estrictamente jurisdiccionales. Esto es, de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, no menos cierto es que otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo; por lo que, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. A partir de ese criterio interpretativo dispuso que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a los derechos del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellos derechos destinados a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Con base en el marco jurisprudencial interamericano expuesto, se deduce que el hecho de que en el procedimiento migratorio, previsto en los artículos invocados, no se disponga de un control judicial de la detención de las personas migrantes o en movilidad internacional, es decir, que su presentación no esté supervisada por un Juez, sino a cargo de servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, no hace inconvencional las porciones normativas en comento. Porque, para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de la Convención Americana, la persona detenida debe comparecer ante la autoridad competente, la cual debe oírla personalmente y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad, sin que esa decisión sea exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, sino de cualquier autoridad pública, entre ellas las administrativas, que cuenten con facultades y el deber de cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Condición que se cumple en la Ley de Migración y, en específico, en los artículos ya precisados. Lo anterior, debido a que el artículo 19 de la Ley de Migración dispone que el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. En ese tenor, el numeral 20 de la legislación en comento contempla, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: [.] II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; [.]" Como parte de su atribución de tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, los servidores migratorios tienen el deber de observar los principios que sustentan el debido proceso y la defensa adecuada de las personas migrantes, previstos en los artículos 13, fracción I, 66, párrafo primero, 67 y 70 de la Ley de Migración, esto es, comunicarles el derecho que tienen a: a) Estar asistidos o representados legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio; b) Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; c) Ofrecer pruebas; d) Alegar lo que a su derecho convenga; e) Tener acceso a las constancias del expediente; f) Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; y, g) Las resoluciones de la autoridad estén fundadas y motivadas debidamente. Así, el Instituto Nacional de Migración, a través de su personal adscrito, tiene el deber de observar las garantías que aseguren, según el procedimiento, el derecho al debido proceso que, conforme con la interpretación del artículo 8.1 de la Convención, no se aplica solamente a Jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esa norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa pretende evidenciar que, el hecho de excederse de las treinta y seis horas de la privación de la libertad, se torna inconstitucional, ya que viola lo dispuesto en el artículo 21, párrafo cuarto Constitucional, debe decirse que tal pretensión carece de sustento lógico y jurídico, si se toma en cuente que en el tercer párrafo del precepto constitucional referido, el Constituyente Permanente concedió a la autoridad judicial la facultad monopólica para imponer penas derivadas de delitos, así como su modificación y duración y, en el cuarto, en cuanto a las sanciones administrativas, no obstante su equiparación con las penas, dispuso una excepción a esa regla, al posibilitar su imposición por la autoridad administrativa en los casos de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. En estas condiciones, si bien es cierto que la potestad conferida a la autoridad administrativa sólo se circunscribe a la imposición de sanciones, no así para preverlas y regularlas normativamente, también lo es que el propio cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una excepción al principio de reserva de ley, pues cuando habla de sanciones como multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, hace una remisión y autorización expresa para que éstas puedan estar previstas en reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, por antonomasia, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. De lo anterior se desprende que, en el particular, el alojamiento del quejoso en una estación migratoria, no representa una infracción a reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, sino que responden a la contravención de una ley de carácter formal y material, como lo es la Ley de Migración. En efecto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Migración, una vez que la persona es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración en las estaciones migratorias, se dictará en el plazo de treinta y seis horas el acuerdo de presentación, respecto de toda persona que no comprueba su estancia regular. Así, el artículo 99 de la Ley de Migración, prevé que la presentación de extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, es una medida de orden público, dictada por el Instituto, mediante el cual se acuerda su "alojamiento" temporal, ya sea para la regularización de su estancia o la asistencia para su retorno. Por su parte, el artículo 3°, fracción X de la Ley de Migración, establece que una Estación Migratoria es: "la instalación que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria". En ese sentido, el "alojamiento" o "aseguramiento" de una persona migrante se trata de una medida excepcional que contempla la Ley de Migración, sea asistencial para protección y apoyo al migrante, así como evitar que las personas se sustraigan de sus procedimientos administrativos migratorios. Además, es necesario tener presente que el artículo 111 de la Ley en comento, dispone: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." Del texto transcrito se obtiene que la duración máxima de la detención es de quince días, contados a partir de su presentación, tiempo máximo también para resolver el procedimiento migratorio; no obstante, dicho artículo prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias hasta por sesenta días, entre los que se encuentran: 1) Que no se cuente con información que permita identificar a la persona; 2) Que las secciones consulares o embajadas requieran más tiempo para la expedición del documento de identidad; y, 3) Que hayan interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional. Así las cosas, al no representar la Ley de Migración (que sustenta la detención del quejoso) un reglamento gubernativo y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, entonces no es factible alegar violación al artículo 21, párrafo cuarto Constitucional. Por su contenido, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 200343, que establece lo siguiente: "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO. SU ARTÍCULO 140, FRACCIÓN II, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. (.) Igualmente se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 181271, que establece lo siguiente: "SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICÍA, SÓLO PODRÁN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO, LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY. (.) Luego, si en el caso particular en el capítulo de antecedentes el promovente expone que el directo quejoso se encuentra detenido en la prisión del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Acayucan, Veracruz; por lo que hasta este momento no hay elementos suficientes para tener por actualizado un alojamiento prolongado, por tal motivo no se justifica otorgar la suspensión en el sentido de terminar con la retención por alojamiento del que se duele la parte quejosa. Pues así como pudo verse, el artículo 111 de la Ley de la materia, prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias que van desde quince hasta por sesenta días. Sustenta lo anterior, la Tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por Los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el diario oficial de la Federación, con registro digital 2024119, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve. Debe decirse que, si aún no se actualiza una injustificada prolongación del alojamiento temporal del quejoso, entonces no aplica al caso la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." En tales condiciones, respecto del acto reclamado consistente en privación de la libertad, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Respecto del acto reclamado consistente en la posible deportación, incomunicación y expulsión y los demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. (.) Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. (.) Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. (.) Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: (.) En consecuencia, analizado lo expuesto por el quejoso y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el directo quejoso ***, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación ilegal de la libertad, con fines de deportación, expulsión o repatriación fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que el quejoso deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentre, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. En el entendido que la autoridad migratoria responsable deberá observar las medidas y garantizar los cuidados a la parte quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre del directo quejoso por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (.) Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10a.) , emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. (.) Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le de trámite a la solicitud que plantee el quejoso respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO URGENTE En consideración a que en el escrito de cuenta se advierte que el quejoso se encuentra en la Ciudad de Acayucan, Veracruz, en consecuencia, con fundamento en el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa (ESTÁ DE GUARDIA), para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de Acayucan, Veracruz, a fin de que localice al directo quejoso ***; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar al quejoso, en el lugar respectivo; Notificarle el presente auto; Dar fe del estado físico en que se encuentre el agraviado. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Así también se solicita al actuario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, entregue los oficios, notificando la presente suspensión de plano, de los cuales se anexa un juego, solicitando de la manera más atenta al Juzgado exhortado, lo imprima tantas veces sea necesario, a fin de notificar a las siguientes autoridades: 7662/2022.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan. 7663/2022.- Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Acayucan, Veracruz. De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 Constitucional, se faculta al referido actuario, de ser necesario, testar la denominación incorrecta, y colocar, a puño y letra, el nombre correcto de cada autoridad a fin de notificar a las autoridades señaladas en el escrito de demanda, o la autoridad donde sea localizado el directo quejoso. Hecho lo anterior, sírvase devolverla la brevedad posible, junto con la constancia de notificación que al efecto haya recabado. INCOMPETENCIA Sin que se estime necesario proveer sobre la admisión de la demanda, debido a que el suscrito considera que no es competente para conocer del juicio por las siguientes razones: Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el juez de Distrito en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las notas diferenciales de las reglas de competencia establecidas por el artículo en cita fueron precisadas por la Tercera Sala del alto tribunal jurisdiccional del país, en la tesis 3ª. XLIX/93, publicada en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que textualmente dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. (.) De lo anterior, se advierte que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, a efecto de detener la ejecución, si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Esa finalidad ha quedado plasmada en diversas tesis de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, como la sustentada por la entonces Segunda Sala, publicada en la página ciento treinta y cuatro, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. (.) En esa tesitura, debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, debido a que de esa manera el gobernado tiene un pronto acceso a la protección de sus derechos y porque la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio, aun ya concluido, al cumplimentar la sentencia; aunado a que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Como en la especie, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en 1.- La orden de deportación del país, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por parte de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras. 2.- La orden de expulsión del país por parte de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras. 3.- El cumplimiento de la orden dada por las autoridades señaladas como ordenadoras consistente en la orden de detención, deportación y expulsión del país, así como demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por parte de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras y; 4. La privación de la libertad e incomunicación. En tales condiciones, es de concluir, indudablemente, que el suscrito carece de competencia para conocer de este asunto, puesto que son los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, los que tienen jurisdicción en el territorio en que se quiere se ejecute el acto reclamado por parte de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Acayucan, y otra autoridad; ello en razón que el promovente refiere que el directo quejoso se encuentra detenido en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Acayucan. Máxime que de la lectura integra de la demanda no se advierten actos ejecutables en este distrito judicial. Por tanto, con apoyo en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado estafeta y a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus ***, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma el teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1109. Lo anterior, a efecto de .realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CREACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- ETNIEL ADOLFO GONZÁLEZ AGROMONTE y Otros.1497/2023
- Euberlys Ethel Martinez Montiel1000/2022
- Eulises Díaz Cruz892/2022
- Eury Luis Santos Garcia15/2022
- Eva Díaz de la Cruz187/2023
- EVELING ANDREA ROMERO VELAZQUEZ y Otros.1147/2022
- EVELYN PAMELA MUÑOZ BONILLA y Otros.907/2023
- EVER ERNESTO LEIVA ZAMORA y Otros.1249/2023
- Ever Nehemias Domínguez López690/2023
- Everaldo Ramírez Hernández508/2022
- Everardo De Hoyos Garza501/2023
- Exequiel Reyes Pantaleon111/2021